nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE

San Miguel, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Elio Olcese Rojas, abogado, deduce Recurso de Protección en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, en razón del actuar ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Señala que el 16 de noviembre de 2015, el recurrente contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado crédito social, pactado en 49 cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, transcurridos un par de meses fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos y, en consecuencia, los pagos realizados mediante descuentos por planilla dejaron de efectuarse.

Indica que, tras diversas conversaciones, fue imposible para las partes llegar a un acuerdo sobre la forma de proseguir con el pago de las cuotas, por lo que el recurrente quedó en mora. Tenía conocimiento que repactar la deuda lo dejaría en una situación financiera crítica, por lo que insistió en buscar otra solución, pero la recurrida expuso que si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales que en derecho correspondieran.

Agrega que, durante los últimos años, el recurrente trabajó con diversos empleadores suscritos a cajas de compensación, sin que en ningún momento se le descontara monto alguno a través del sistema Intercaja. No obstante, en octubre de 2025, recibió en su remuneración un descuento de $88.569 por el crédito mencionado, el que se ha mantenido mes a mes hasta la fecha.

Sostiene que la recurrida está reviviendo de manera unilateral un derecho que el artículo 22 de la Ley N°18.833 otorga a las cajas de compensación para cobrar oportunamente sus créditos. Luego de más de cinco años desde que la obligación cayó en mora, un porcentaje importante de su remuneración le será arrebatado de forma intempestiva y arbitraria, quedando el recurrente en un estado de total indefensión.

Refiere que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las cajas de compensación para efectuar descuentos por planilla directamente de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, dichas entidades están sujetas a la Carta Fundamental y a las leyes, de modo que no pueden hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere. Resulta irracional, abusivo y arbitrario que la recurrida haga uso de dicha norma sin previo aviso y sin que el recurrente tenga posibilidad de defenderse ante una deuda susceptible de ser declarada parcialmente prescrita.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema conforme a la cual las cajas de compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso lapso entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Asimismo, sostiene que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando unilateralmente un beneficio que la ley contempla para el cobro oportuno de los créditos sociales, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.

Expone que este actuar vulnera el derecho de propiedad del recurrente respecto de su remuneración, atentando contra el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Por ello, solicita ordenar que la recurrida se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos de sus remuneraciones; el reintegro y devolución de todas las sumas descontadas, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de la devolución; y la condena en costas.

Segundo: Que, la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre evacúa informe al tenor del recurso, haciendo presente antecedentes de hecho y derecho que, a juicio de esa parte, deben conducir al rechazo de la acción constitucional.

En primer lugar, y respecto del crédito social contratado por el actor con la recurrida, señala que, con fecha 21 de enero de 2014, el señor nombre reservado contrató una operación de crédito social, en cuya virtud se le otorgó en mutuo la suma de $2.330.332, pagadera a una tasa de 2,59%, en 49 cuotas mensuales de $93.696 cada una, incluida la prima de un seguro de cesantía por $5.127 y del seguro de desgravamen por $4.087. La operación quedó registrada bajo el folio 1310123489.

Agrega que el recurrente pagó las primeras cinco cuotas del crédito, incurriendo en mora a partir de mayo de 2017. Una vez advertido que el crédito se encontraba moroso, se activaron los mecanismos de cobro extrajudiciales correspondientes y se incorporó la operación en la base de créditos morosos que pueden y deben ser cobrados mediante descuentos en las remuneraciones, tanto por la Caja acreedora como por las demás cajas que forman parte del sistema integrado de recaudación denominado Intercajas, en estricto apego a la normativa que regula la actividad.

En cuanto a la inexistencia de una actuación ilegal o arbitraria, sostiene que el cobro de la cuota del crédito se realizó en estricto apego a derecho. El artículo 58 del Código del Trabajo dispone que el empleador deberá deducir de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. A su turno, el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Asimismo, mediante la cláusula 10 del pagaré, el señor nombre reservado otorgó mandato y facultó a su actual empleador y a sus futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda. De este modo, el descuento efectuado en cobro y pago de la operación no podría constituir una actuación arbitraria, pues la institución de seguridad social sólo estaría cumpliendo con el mandato legal de proteger el fondo social mediante la recuperación del crédito por la vía que la ley impone, esto es, mediante el descuento en las remuneraciones del deudor. Ello, además, en el escenario en que la vigencia de la acción ordinaria para el cobro del crédito no ha sido siquiera discutida.

En consecuencia, la recurrida rechaza haber efectuado una actuación ilegal o arbitraria que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Luego, respecto del cese de los descuentos y la restitución de las sumas descontadas, expresa que, sin perjuicio de lo señalado y sin reconocer de forma alguna los fundamentos que esgrime el actor, dispuso mantener el cese del cobro del crédito y restituir las sumas descontadas de las remuneraciones de nombre reservado desde octubre de 2025 y remesadas a la C.C.A.F. acreedora.

Señala que el cese del cobro fue registrado, de forma que la operación será excluida de la planilla de cobros de junio de 2026. Como la cuota de mayo ya fue informada a cobro vía Intercajas, personal de la Corporación tomará contacto con la C.C.A.F. Los Andes, con el objeto de que informe por escrito al empleador que debe abstenerse de efectuar el cargo en las remuneraciones de mayo de 2026.

Finalmente, indica que la restitución comprometida abarcará todo dinero descontado de las remuneraciones desde octubre de 2025 y remesado a la C.C.A.F. Para materializar la devolución, solicita al actor informar al correo correo reservado una cuenta bancaria de su titularidad, con el fin de disponer una transferencia electrónica, de la que se dará cuenta a la Corte.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que constituye un hecho no controvertido que el recurrente mantiene un crédito social vigente con la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, otorgado el 16 de noviembre de 2015, respecto del cual incurrió en mora por falta de pago de las cuotas pactadas.

Quinto: Que, por su parte, el inciso primero del artículo 21 de la Ley N°18.833 dispone: “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial”.

Asimismo, el inciso primero del artículo 22 del mismo cuerpo legal establece: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, de lo transcrito se obtiene que el recurrente no puede oponerse al descuento por planilla de la deuda que mantiene con la recurrida y que se encuentra vigente, por ser dicho mecanismo inherente a la naturaleza del crédito social y a su marco normativo, razón por la que tampoco requiere de un aviso o notificación especial, desde que la normativa que regula la materia contempla expresamente que la forma de pago de este tipo de créditos se efectúe mediante el denominado “descuento por planilla”, mecanismo que precisamente permite otorgar condiciones más favorables al trabajador al disminuir el riesgo de incumplimiento para la entidad acreedora.

Sexto: Que, en consecuencia, los descuentos efectuados en las remuneraciones del recurrente por instrucción de la recurrida se enmarcan dentro de las facultades que han sido conferidas a las Cajas de Compensación por la Ley N°18.833, por lo que no cabe sino concluir que aquella ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de obligaciones vigentes derivadas de los créditos sociales que mantiene el actor con la recurrida.

Séptimo: Que, revisados los antecedentes que obran en autos, consta que la recurrida ha dado cumplimiento a la restitución de dinero comprometida en su informe, acompañando copia de una transferencia electrónica a la cuenta del recurrente por la suma de $619.983. Asimismo, consta que ha informado al empleador de la recurrente que debe cesar en los cobros de las cuotas adeudadas, conforme consta en notificación realizada por C.C.A.F Los Andes de 5 de mayo del presente año.

Octavo: Que, en consecuencia, no verificándose en la actualidad la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

N°2137-2026 Protección.