Protección contra Ilustre Municipalidad de Talagante

San Miguel, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 18 de enero de 2016, comparece nombre reservado, factor de comercio, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Talagante, representada por su alcalde Sebastián Rosas Guerrero, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la clausura de su local comercial, de su mismo domicilio. Pide que se acoja el presente arbitrio, retirando los candados, sellos y letreros que impiden el acceso al inmueble, restableciendo el libre acceso al mismo.

Expone que el 26 de diciembre pasado, la recurrida dictó el Decreto Exento NºNUM000, mediante el cual se dispuso la clausura de su local, instalando candados, sellos y letreros, impidiéndole el acceso al inmueble que alberga su local, el cual es, además, su domicilio particular, situación conocida por la municipalidad dado el contrato de arriendo de carácter habitacional y comercial que había suscrito.

Destaca que el decreto dictado no hace referencia al uso del inmueble en carácter de domiciliario, por lo que resulta ilegal que la municipalidad le impida el acceso a su hogar. Ante ello, realizó el 16 de enero pasado una solicitud de alzamiento de la medida dispuesta solo respecto al uso domiciliario del inmueble, lo que no ha sido resuelto.

Finalmente, refiere que el acto atacado conculca el derecho fundamental contenido en el numeral 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistente en el derecho a la inviolabilidad del hogar.

Pide que se acoja el recurso en los términos descritos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, encargado del Departamento de Inspección de la Municipalidad de Talagante que el 16 de diciembre de 2025, se fiscalizó el local comercial del recurrido, notificándolo de la denuncia por mantener una patente de centro de internet, bazar, salón de pool, juegos electrónicos que poseía máquinas de juegos de azar.

Destaca que consultadas dos trabajadoras del lugar, indicaron que el recurrente no vivía en dicho inmueble.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, parta una acertada resolución de este asunto, deben tenerse por establecidas las siguientes circunstancias, en base a los antecedentes acompañados al proceso, y apreciados conforme a las reglas de la sana crítica: a.-) Que el inmueble de DIRECCION000, comuna de Talagante, es arrendado por el recurrente nombre reservado, desde el año 2013, con destino habitacional y comercial; b.-) Que en dicho inmueble el recurrente ejercía actividades comerciales, amparado por la patente rol NUM001. c.-) Que igualmente, dicho inmueble constituía, además, la casa habitación del recurrente; d.-) Que, con fecha 26 de diciembre de 2025, la I. Municipalidad de Talagante dictó el Decreto NUM000, por el cual se ordenó la clausura del “local comercial” ubicado en DIRECCION000, comuna de Talagante, clausura que se materializó. e.-) Que desde la materialización de la clausura, el recurrente no tiene acceso a su habitación, con excepción de la autorización temporal que le dio la Municipalidad para proceder al retiro de enseres.

Quinto: Que, el inciso 2º del artículo 59 del decreto ley 3063 sobre rentas municipales, faculta a los Alcaldes para decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes.

De la lectura de la norma citada, aparece que el objetivo de la sanción allí contemplada, es impedir la continuación de la operación de un negocio en los casos que ella contempla, sanción que por regla general se materializará mediante el cierre del acceso al negocio y el aviso al público de la circunstancia de encontrarse clausurado; no obstante lo anterior, existirán casos, como el que motiva la presente acción tutelar, en que el inmueble, además de servir como dependencia para el ejercicio del negocio, tiene además otros destinos, como sería el de servir de casa habitación.

Sexto: Que, de lo reseñado en el motivo anterior, se desprende una aparente colisión entre las legítimas prerrogativas de la autoridad edilicia, por una parte, en la especie la de decretar la clausura de un negocio en los casos en que la ley lo dispone, y por otra parte, el derecho básico de toda persona consistente en la inviolabilidad de su hogar y el poder acceder al aquél sin restricciones.

Séptimo: Que, tal como se indicó, la colisión sería aparente, por cuanto los derechos en conflicto pueden ser armonizados, sin que la solución propuesta suponga el desconocimiento de alguno de ellos. En efecto, es la propia Ley de Rentas Municipales, que en el inciso final de su artículo 59, nos da una luz acerca de la forma de resolver este conflicto. Dicha norma dispone que “La violación de la clausura decretada por el Alcalde será sancionada con una multa de hasta el equivalente a cinco unidades tributarias mensuales cada vez que sea sorprendido abierto el local o ejerciendo el giro”.

La frase final que se ha destacado contempla dos hipótesis que suponen violación de la clausura: la apertura del local o el ejercicio del giro. De lo que se desprende que es factible autorizar la apertura parcial del local, que se limite a permitir que el recurrente pueda hacer ingreso a su casa habitación, manteniendo la prohibición de ejercicio del giro.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Talagante, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá adoptar las medidas pertinentes, para que el recurrente pueda acceder libremente al inmueble en que funcionaba el negocio clausurado, con el único objeto de ser destinado por aquél a casa habitación.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°212-2026 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora María Alejandra Rojas Contreras y señora Silvana Vera Riquelme y abogado integrante señor Ivo Skoknic Larrázabal.

No firman la Ministro (s) señora Vera ni el abogado integrante señor Skoknic, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por haber cesado en sus funciones en esta Corte la primera de los mencionados y por no haber integrado Sala, el segundo de ellos, respectivamente.