nombre reservado con nombre reservado

1 San Miguel, uno de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

nombre reservado, obrero, domiciliado en domicilio reservado, deduce acción de protección de garantías sus garantías constitucionales consagradas en los números 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en contra del nombre reservado, representada por el Superintendente Roberto Antonio Valenzuela Monzón, por el acto consistente en disponer su separación de la Compañía durante 364 días.

Expone que ingresó como voluntario el 17 de mayo de 1990 a la Primera Compañía de nombre reservado, para lo cual aprobó exámenes de rendimiento físico y psicológico y luego, en el transcurso de los años realizó distintos cursos, desempeñándose en diversos cargos, con una hoja de vida intachable.

Reseña que en 2018, mientras era Director de la Primera Compañía, con la autorización de la I. Municipalidad de Peñaflor, se realizó una actividad para recaudar fondos mediante el cobro de estacionamientos en el parque comunal El Trapiche durante las fiestas patrias. Añade que la tesorera de la época, nombre reservado, era quien debía cobrar las entradas y en función de su cargo mantener un orden y registro de lo recaudado.

Explica que si bien la tesorera y su marido, nombre reservado, también bombero, participaron activamente en la recaudación, luego se excusó por falta de tiempo de depositar las sumas. Señala que se reunió la suma de $35.000.000, con los que se pretendía comprar un nuevo carro.

Refiere que el 19 de septiembre vio un fajo de billetes en el carro que era conducido por nombre reservado, situación que comunicó al Capitán nombre reservado, quien sólo le respondió “hay que tener más ojo”. Indica que, pasados los días, revisó las grabaciones del evento, en las que apareció nombre reservado cobrando las entradas sin entregar el vale, guardando el dinero en un banano y a veces en su bolsillo. Expresa que en su calidad de Director le pidió el cargo a la tesorera, quien se negó a ello, y denunció lo ocurrido al Superintendente, sin que se le diera la debida importancia.

Señala que, posteriormente, la I. Municipalidad de Peñaflor solicitó el depósito del dinero y, dado que la tesorera no lo había hecho, procedió a hacerlo personalmente con lo que se mantenía en bolsas que indicaban montos de $5.000.000 a $6.000.000, pero que al momento de hacer el depósito arrojaron un faltante en cada fajo de alrededor de $300.000; por lo que consultó a la tesorera, quien se justificó en haber contado mal. Indica que envió un correo informativo al Superintendente Dante Bianco López, al que adjuntó las grabaciones referidas precedentemente.

Hace presente que en 2018 se había producido un robo en la caja fuerte de $4.200.000, por el que tampoco se tomó medida alguna; hecho denunciado a la PDI por otro voluntario el 11 de enero de 2019.

Aduce que lo expuesto dio origen a una investigación, en la que fue suspendido de sus funciones el 11 de diciembre de 2020.

Alega que ese proceso adoleció de irregularidades, tales como no haberse tomado su declaración ante el Consejo Superior de Disciplina, por falta de tiempo, en circunstancias que la tesorera y el Capitán sí pudieron realizar sus descargos; no pudo conocer los informes emitidos por el Director de la Primera Compañía, de la oficialidad de la Primera Compañía y de la Superintendencia, en los que se le hicieron acusaciones que no conoció.

Precisa que el Honorable Consejo Superior de Disciplina –en adelante HCSD- le impuso la sanción de suspensión en diciembre de 2020, lo inhabilitó y separó del nombre reservado.

Indica que luego, mediante Oficio N°013/2021, 29 de marzo de 2021, se le reintegró en sus funciones bomberiles, pero el 12 noviembre de 2021 fue citado nuevamente a comparecer ante la sala resolutiva del HCSD, instancia en que fue oído por primera vez y pudo conocer las acusaciones en su contra por el extravío de $4.100.000; no enterar $376.286 a la I. Municipalidad de Peñaflor; responsabilidad como Director en el resguardo efectivo de dineros y la supervisión de oficiales bajo su mando en las contabilidades de dineros; todo ello sin que se considerara su correo electrónico de 20 de noviembre de 2018 a nombre reservado, ni que fuera él quien solicitó la intervención de la Compañía con motivo de estos hechos.

Expone que el 26 de noviembre 2021, la mencionada instancia resolvió la medida de expulsión del nombre reservado, decisión que apeló, alegando que solo él había sido objeto de una sanción; que uno de los juzgadores era parte de la Primera Compañía al momento de ocurrencia de los hechos; que cuatro de los seis consejeros ya habían conocido el caso en 2020, por lo que no eran imparciales; y lo desproporcionado de la sanción. Añade que su recurso fue resuelto rebajándose la sanción a la de separación durante un período de 364 días.

Esgrime que esa sanción sigue siendo excesiva, considerando que se le aplicó el nuevo reglamento de 30 de agosto de 2021, que no existía al momento de los hechos investigados; que no se tuvo en cuenta la responsabilidad de otros funcionarios, en circunstancias que la responsabilidad de recaudar y depositar los fondos radicaba en la tesorera, conforme al reglamento vigente al ocurrir las irregularidades.

Alega que no existió un proceso previo y no se llevó a cabo la investigación con todos los antecedentes suficientes para una acertada resolución, puesto que en un inicio no fue oído y cuando lo fue, tres años más tarde, fue sancionado por un Consejo Superior de Disciplina conformado con posterioridad a los hechos ocurridos, compuesto por miembros parciales. Hace presente que el único consejero nuevo, nombre reservado, estuvo por sancionarlo con suspensión por 90 días y tenerla por cumplida con el mayor tiempo que estuvo sujeto a la medida disciplinaria de inhabilidad por los mismos hechos.

En lo que respecta la igualdad ante la ley, esgrime que pese a haber denunciado los hechos, ninguna investigación se inició y, por el contrario, fue el único sancionado.

Sostiene que también se le vulneró su garantía del respeto a la vida privada y su honra, en la dimensión de su derecho al buen nombre y a su reputación.

Pide que se acoja su recurso y se deje sin efecto la medida de separación por 364 días tomada por el Consejo Superior de Disciplina; se le restituya como funcionario activo de la Primera Compañía del nombre reservado; y se le pidan disculpas públicas por el Superintendente Roberto Valenzuela Monzón.

El actor acompaña junto a su recurso los siguientes documentos:

a) Copia simple de su hoja de vida del Registro Nacional de Bomberos.

b) Copia del correo electrónico informativo dirigido por el recurrente al Superintendente Dante Bianco López con fecha 20 de noviembre de 2018.

c) Copia simple del comunicado del Presidente Sala Resolutiva, de 11 de diciembre de 2020, Memo: 031/2020.

d) Copia simple del comunicado de Superintendencia, de 29 de marzo de 2021, Oficio N°013/2021.

e) Copia simple del comunicado del Presidente de la Sala Resolutiva, de 26 de noviembre de 2021.

f) Copia simple de la carta enviada el 1 de diciembre a la Sala de Apelaciones del HCSD.

g) Copia simple de la resolución de la sala de Apelaciones del Consejo superior de Disciplina, enviada al actor por el presidente de la Sala de Apelaciones HCSD nombre reservado el 8 de enero de 2022.

h) Reglamentos del nombre reservado.

i) Copia simple de la denuncia a la Policía de Investigaciones de Chile, de 11 de enero de 2019.

Informando al tenor del recurso, el nombre reservado expone las funciones del cargo de Director de la Compañía de acuerdo a los artículos 22° y 25° del Estatuto General y los artículos 21° y 29° del Reglamento General, citando, a modo ilustrativo, la de “administrar el nombre reservado, cumplir y hacer cumplir las normas internas de la Institución, ser la primera autoridad del nombre reservado.”

Asimismo, hace presente que, conforme al artículo 84º del citado reglamento, los directores de compañías son los jefes superiores de la compañía a la cual pertenecen y deben velar por la disciplina y el buen nombre de la misma. Agrega que el Director de compañía es apoyado por el secretario y tesorero de la misma.

En cuanto a los hechos acaecidos en el 2018, explica que el actor estaba a cargo de la cuenta en que debían ser depositados los dineros recaudados y que, atendido que se pidió la renuncia a la tesorera, él quedó a cargo de la custodia de dichos fondos, es decir, de los $4.100.000 faltantes, en razón de los cuales se interpuso denuncia criminal ante la Policía de Investigaciones de Chile (investigación RUC 1900063112-7 de la Fiscalía local de Talagante).

Expresa que ante la gravedad del hecho, se remitieron los antecedentes al organismo disciplinario del nombre reservado para determinar las responsabilidades bomberiles del Sr. nombre reservado en razón de su alto cargo administrativo, dando inicio entonces a un procedimiento de carácter disciplinario interno con doble instancia. Manifiesta que el 29 de marzo de 2021, con motivo de la reforma estatutaria que se llevaba a cabo, se suspendió la potestad disciplinaria de los organismos disciplinarios internos y, por consiguiente, el reintegro al servicio activo de todos quienes a esa fecha se encontraban sujetos a alguna inhabilidad por procesos pendientes de resolución definitiva, como fue el caso del recurrente.

Señala que una vez reanudada la función disciplinaria de la institución, se revivió la investigación por el organismo disciplinario institucional, el que aplicó la sanción de expulsión el 26 de noviembre de 2021, decisión que fue apelada y derivó en la resolución de 8 de enero pasado que rebajó la sanción a 364 días, imputándose a aquél tiempo los 108 días en que previamente estuvo inhabilitado.

Afirma que su parte desarrolló la actividad procesal de acuerdo a las normas institucionales correspondientes y que el recurso busca crear una “tercera instancia”, fuera de todo procedimiento interno.

Sostiene que los videos invocados por el actor fueron examinados por los oficiales generales de la institución y por el organismo disciplinario competente, y que al momento de la realización de los depósitos de los fondos recaudados, la tesorera ya no ejercía el cargo.

En cuanto a la alegación relativa a que uno de los consejeros había pertenecido a la oficialidad de la compañía del actor, alega que la persona indicada ocupaba el cargo de teniente, es decir, un subordinado operativo del capitán de compañía sin tareas administrativas y relativas al manejo y uso de dineros.

Hace presente que otro de los argumentos para solicitar la revisión disciplinaria del actor fue la falta de entrega de la información fehaciente y correcta a la I. Municipalidad de Peñaflor, por cuanto no informó un saldo de $376.286 que debía rendir al municipio, generándose una revisión por la autoridad comunal en mención, pesquisando el monto mencionado como deliberadamente no rendido e informado.

A continuación, niega que se haya afectado alguna de las garantías invocadas por el recurrente y dice que la dirección administrativa de una compañía recae de forma exclusiva y excluyente en su director.

Señala que el recurso no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende que por esta vía se dirima una cuestión que es controvertida y que debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento, lo que constituye una cuestión ajena a la naturaleza cautelar de la acción de marras.

Afirma que el nombre reservado actuó de acuerdo a las potestades disciplinarias entregadas por mandato legal y estatutario, en razón de circunscribir el análisis de los hechos en establecer responsabilidades institucionales.

Hace presente que la ex tesorera sí fue sancionada con suspensión por 90 días, por gestiones deficientes durante el período en que ocupó ese cargo.

La recurrida acompañó los siguientes documentos:

a) Copia de denuncia e investigación de Policía de Investigaciones de Chile.

b) Declaración policial del recurrente.

c) Informe acusatorio y citación a comparecencia del Sr. nombre reservado.

d) Solicitud de información de la I. Municipalidad de Peñaflor, relativo a la recaudación de fondos cobro parque “El Trapiche”.

e) Copia de cheque de 12 de febrero de 2020, de la cuenta corriente de la recurrida, por $376.286, nominativo a la Tesorería Municipal de Peñaflor y Orden de ingreso folio 53, de esa misma fecha, bajo el concepto de “ingreso por $376.286.- correspondiente a saldo no enterado por estacionamientos parque El Trapiche año 2018.

f) Copia de resolución de la Sala Resolutiva Consejo Superior de Disciplina, dirigida al recurrente.

g) Copia de resolución de la Sala de Apelaciones del Consejo Superior de Disciplina, dirigida al actor.

h) Copia de resolución de sanción a ex tesorera de la Primera Compañía.

i) Estatutos del nombre reservado, reducidos a escritura pública de 30 de agosto de 2021.

j) Reglamento General del nombre reservado

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo;

2º) Conforme a lo anotado en lo expositivo, la acción cautelar interpuesta se endereza en contra de una sanción de separación por 364 días aplicada al actor por el HCSD del nombre reservado, a modo de acto de término de un proceso disciplinario iniciado en su contra y en que, primeramente, fue inhabilitado con fecha 11 de diciembre de 2020 y luego sancionado por la Sala Resolutiva del referido Consejo con la expulsión del nombre reservado.

En concepto del recurrente ese procedimiento presenta diversas irregularidades consistentes en haber sido sancionado en un inicio sin haberlo escuchado y sin comunicarle los hechos que se le atribuían, y después nuevamente sancionado por un órgano integrado por una mayoría de miembros que ya habían intervenido en su caso, sin que se hubiese considerado su conducta en relación con lo investigado, como tampoco que existían otros responsables directos en los faltantes de dinero detectados, pero que no habían sido merecedores de sanción, culminando todo ello en la aplicación de una medida disciplinaria que, aun cuando fue rebajada con ocasión de la apelación que interpuso, resulta igualmente excesiva y fundada en un reglamento que no estaba vigente a la época de la infracción.

La recurrida, por su parte, sostiene que el procedimiento no se encuentra afectado por ilicitud o arbitrariedad alguna y obedeció a la responsabilidad que cupo al recurrente en su calidad de Director de la Primera Compañía de nombre reservado;

3º) Atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

4º) Una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Agaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

5º) De lo anotado en supra 2º), se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno a reparos al procedimiento disciplinario que arribó a disponer la separación del recurrente de su calidad de miembro del nombre reservado por el término de 364 días, de los que derivaría la ilegalidad y arbitrariedad de la sanción, con afectación a las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, derecho a la honra y la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, todas con reconocimiento de rango constitucional.

Desde ya, se recalcará que el foco de estas consideraciones estará puesto específicamente en la medida de separación y los rasgos del procedimiento disciplinario que condujo a ella, toda vez que allí radica la medida de cautela urgente que se pide y, también, porque es claro que la inhabilitación temporal del recurrente en diciembre de 2020 en sus funciones de bombero, como voluntario honorario-activo, “hasta esclarecer el proceso que compromete a ambas partes”, es un aspecto que, por una parte, está fuera del radio temporal del recurso de protección, cuya interposición fue muy posterior al vencimiento de los treinta días corridos contados desde su adopción, y de otro lado, corresponde a una medida provisional reglamentaria –conforme aparece expresado en el punto 7.a del documento emitido el 8 de enero de 2022 por el Presidente de la Sala de Apelaciones del HCSD- que se vio superada por la secuela de la tramitación, vale decir, con el mérito de la sentencia sancionatoria;

6º) Valga recordar en este punto que la ley 20.564 que establece la Ley marco de los Bomberos de Chile, publicada el 3 de febrero de 2012, dispone en su artículo 1º: “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y , en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. Más adelante, el artículo 3º de dicha ley prescribe: “Existirá un nombre reservado por comuna o agrupación de comunas, los que estarán conformados por Compañías y Brigadas, según requiera el trabajo de la institución (…)”;

7º) Asimismo, resulta pertinente traer a colación que, según se propone en el Estatuto tipo para la concesión de personalidad jurídica de los cuerpos de bomberos –fijado antes por el Decreto 2.640 de 1968, del Ministerio de Justicia, y en la Resolución exenta 1.617 de 16 de mayo de 2012, de la misma cartera de Gobierno, emitida a propósito de la ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana- la potestad disciplinaria de los cuerpos de bomberos, asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, será ejercida por el Consejo Superior de Disciplina, los Consejos de Disciplina de las Compañías y la Asamblea General, y se regulará por sus estatutos, el Reglamento General y los reglamentos propios de cada una. Añade el artículo décimo segundo de ese modelo que en la dictación de tales normas, lo mismo que en su aplicación, debe garantizarse un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución las leyes y los estatutos confieren a sus asociados. El artículo cuadragésimo quinto prevé que habrá un Consejo Superior de Disciplina al que, entre otras funciones, le corresponderá conocer de las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de los Consejos de Disciplina de las Compañías y de las demás atribuciones que el Reglamento General determine. Y postula el modelo, también, que de las resoluciones disciplinarias que el Consejo Superior de Disciplina dicte en primera instancia, podrá siempre apelarse ante la Asamblea General, acorde al procedimiento que prescriba el Reglamento, el cual deberá observar las condiciones inherentes a un debido proceso;

8º) Para un mejor entendimiento de las motivaciones que seguirán, es útil dejar expresado los siguientes antecedentes que no se encuentran discutidos:

a) La vía disciplinaria incoada respecto de don nombre reservado se originó en los antecedentes remitidos al HCSD del nombre reservado por la Superintendencia de dicho nombre reservado en mayo de 2020, dando cuenta de faltas administrativas que habría cometido el Director de la Primera Compañía asociadas al extravío desde sus oficinas de la suma aproximada de $4.100.000 logrados en una actividad de recaudación y la mala gestión de la suma de $376.286, que no fue rendida a la I. Municipalidad de Peñaflor, por una deficiente administración de la primera autoridad y jefe máximo de la compañía.

b) El 11 de diciembre de 2020 la Sala Resolutiva del Consejo Superior de Disciplina comunicó al recurrente la inhabilitación de sus funciones bomberiles, como voluntario honorario-activo, hasta esclarecer el proceso que compromete a la Superintendencia y oficialidad de la 1ª Compañía y al señor nombre reservado;

c) Mediante Oficio N° 13/2021, de 29 de marzo de 2021, el Superintendente del nombre reservado, comunicó, de manera general, a oficiales, bomberos y bomberas que, a contar de esa fecha, se ordenaba suspender las sesiones y actuar de los Honorables Consejos Superiores de Disciplina Sala Resolutiva – Sala de Apelaciones y Honorables Consejos de las seis compañías del nombre reservado, así como el reintegro de los bomberos y bomberas del mismo que se encontraban inhabilitados por el organismo superior de disciplina por procesos pendientes de resolución definitiva. Fundó lo anterior, en los ajustes a la normativa que la Superintendencia y oficiales generales se encargarían de realizar, a fin de establecer la disciplina y el buen comportamiento.

d) Mediante documento de 26 de noviembre de 2021, el Presidente de la Sala Resolutiva del HCSD del nombre reservado comunica al recurrente la decisión de aplicarle la sanción de expulsión de dicha entidad. Lo anterior aparece precedido en el tenor del mismo documento de una pormenorizada narración de los antecedentes del asunto disciplinario tramitado respecto al señor nombre reservado, desde el inicio del mismo; los elementos allegados; el mérito del informe acusatorio, reafirmado por el tesorero general; la defensa invocada por el ahora recurrente de protección al comparecer a la citación que se le cursó y los documentos que presentó en abono de la misma -pero que, según señala el órgano disciplinario, no desacreditan el informe acusatorio-; los hechos que fundan la responsabilidad que se le atribuye; y la conclusión a la que se arriba –que no ejerció las obligaciones del cargo de director de la compañía, al no realizar gestión alguna tendiente al resguardo de los dineros, ni supervigiló la acción de su contabilización-, sobre cuya base termina por asignarle responsabilidad en la violación gravísima a la normativa institucional, por haber desatendido los deberes de su cargo; de resguardar el patrimonio monetario, ejercer la supervigilancia de los oficiales y voluntarios de las compañías, resguardar la integridad, funcionalidad e imagen de la institución, con lo que se vio perjudicado y comprometido el bienestar económico de la Primera Compañía;

e) Esa decisión de expulsión fue apelada por el recurrente y por medio de documento datado el 8 de enero de 2022, el Presidente de la Sala de Apelaciones del HCSD del nombre reservado le comunicó la resolución de esa instancia, en la que tras abordar los fundamentos de la apelación, decide rebajar aquella medida a la de separación durante un período de 364 días, a computarse del modo que indica;

9º) Examinados los antecedentes reseñados en el motivo inmediatamente anterior, se colige que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario a raíz del acaecimiento de hechos que no discute -un faltante de dinero y falta de rendición de una cuenta a la Municipalidad de Peñaflor-, respecto de los cuales hace valer alegaciones con miras a deslindar su responsabilidad; procedimiento que fue conocido en primera instancia por la Sala Resolutiva del HCSD del nombre reservado y, en segundo grado, por la Sala de Apelaciones del referido órgano; y que se caracterizó por haber suspendido su curso a raíz de la modificación de los estatutos y régimen reglamentario aplicable.

De allí, entonces, que en una primera aproximación, no se divisa la efectividad de haberse afinado una primera investigación, terminada con una sanción, para luego iniciar una nueva que igualmente hubiera sancionado al investigado y con mayor severidad; al igual que tampoco se advierte una irregularidad en que haya sido el mismo órgano ante el cual se inició el procedimiento el que dispuso una medida temporal de inhabilitación para que rigiera durante esa sustanciación y más tarde dictó la resolución sancionatoria de primera instancia.

Se observa, además, que en esa tramitación el ahora recurrente fue citado, escuchado e informado de su derecho a aportar antecedentes de prueba, lo que hizo; y tanto esos elementos, como sus alegaciones y defensas aparecen suficientemente abordadas por el ente resolutor.

10º) En esa tesitura, es necesario poner de relieve que el análisis y ponderación del material de convicción recabado en la investigación en referencia no es propio de la presente sede extraordinaria y, por lo tanto, escapa de la competencia de esta Corte el avocarse a revisar la investigación con miras a establecer si los elementos inculpatorios del investigado daban efectivo mérito para sancionarlo;

11º) Junto a lo anterior, cabe coincidir con la recurrida en que la responsabilidad hecha valer frente al investigado señor nombre reservado concernía al cargo de director y jefe superior de compañía, vale decir, correspondiente o regida por un estándar diferente al de otros voluntarios con funciones específicas, verbi gracia la tesorera, o aquellos que, sin tenerlas, pudieron haber estado involucrados en los hechos indagados.

Dicho de otro modo, no obstante que no deja indiferente a este tribunal la alegación del recurrente de no haber existido otros sancionados distintos de su persona, no es pertinente confundir este hecho con una circunstancia que excluya su responsabilidad. Por lo demás, en el punto 7.e) y en lo resolutivo del documento de 8 de enero del actual de la Sala de Apelaciones del HCSD del nombre reservado, se dispone solicitar a la Sala Resolutiva que se le remitan los antecedentes que hubiera en relación con otros miembros de la institución, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, y para el caso de no haberlos, que se inicien los procesos disciplinarios internos que correspondan.

Ahora bien, la conformidad expresada en estos acápites se pierde, sin embargo, al examinar la cuantía de la sanción que en definitiva resultó aplicada. A esto se dedicarán los párrafos que siguen;

12º) Como se adelantó, no se observa anomalía en el inicio de un procedimiento disciplinario al alero de unos estatutos y reglamento, y luego continuar durante su sustanciación con arreglo a uno nuevo que reemplaza el anterior, principalmente porque lo expresado por las partes y el mérito de los documentos acompañados no revelan que con el nuevo ordenamiento se hubiese alterado, en desmedro del investigado, algún plazo que hubiese empezado a correr o actuaciones y diligencias ya iniciadas.

Las circunstancias son distintas al revisar la sanción específica que se aplicó al recurrente, y que este califica de desproporcionada.

Sobre el particular, es necesario resaltar que en el reglamento que a la época en que fue iniciada la investigación en contra del señor nombre reservado fijaba, tanto el procedimiento disciplinario, sus órganos, como el catálogo de sanciones posibles de imponer. En efecto, su artículo 60º estatuía que el Consejo Superior de Disciplina podía “(…) imponer a los voluntarios toda especie de penas, tales como expulsión, separación, suspensión hasta por tres meses, censura, anotaciones especiales en las hojas de servicio, amonestación verbal o por escrito e inhabilitación hasta por seis meses para el desempeño del cargo de Oficial General, de Compañía o Consejero de Disciplina. A su turno, el inciso primero del artículo 63º, preceptuaba: “El bombero separado por primera vez no podrá reincorporarse al Cuerpo, sino transcurridos seis meses desde la fecha de su separación”.

Por otro lado, los nuevos Estatutos del nombre reservado, de 30 de agosto de 2021, es decir, dictados durante el procedimiento disciplinario incoado en relación con los hechos que fundan la responsabilidad disciplinaria que se terminó por haber efectiva a su respecto, contienen en su Título XIV la normativa actual en materia de conocimiento y fallo de los asuntos disciplinarios, los que entrega al Consejo Superior de Disciplina, dividido en una Sala Resolutiva y una Sala de Apelaciones. El artículo Quincuagésimo segundo prevé las siguientes medidas disciplinarias que el Consejo Superior de Disciplina podrá aplicar en los asuntos sometidos a su conocimiento, a saber: En una escala general: Amonestación (escrita), inhabilitación, suspensión, separación y expulsión. Seguidamente, dicta varias clases de inhabilitación y, en lo tocante a la suspensión, separación y expulsión, estatuye que la suspensión puede ser simple –de 1 a 90 días-, grave –de 91 a 179 días-, separación –de 180 días a 364 días-, y expulsión –de 365 en adelante-;

13º) De lo anotado en el motivo precedente se desprende que en el reglamento vigente al inicio del procedimiento disciplinario materia de este arbitrio constitucional, la medida disciplinaria de suspensión podía extenderse hasta por tres meses y la de separación que estaba prevista para el sancionado con ella por primera vez –como es el caso del recurrente- alcanzaba el tiempo de seis meses, en cambio los nuevos estatutos prevén la suspensión máxima de 179 días y la separación hasta el máximo de 364 días.

Ya se ha dicho que al recurrente se le impuso la medida de separación por 364 días, de lo que se obtiene que le fue aplicada una sanción distinta y superior a aquella señalada en el ordenamiento vigente al tiempo de ocurrir los hechos por los que fue sancionado.

Entonces, tratándose del ejercicio de una potestad disciplinaria por responsabilidad infraccional, es directo concluir que en el aspecto que se viene describiendo el proceder del recurrido contraviene los principios que rigen el derecho sancionador, cuyo paradigma se encuentra en el artículo 18 del Código Penal y en la propia Carta Fundamental, acarreando la afectación de la garantía constitucional del artículo 19, número 2, al establecer esa diferencia respecto del actor en lo que correspondía fuese el rango máximo de la medida de separación posible de aplicar;

14º) Lo recién expresado deja ver, en forma inequívoca, que la decisión sancionatoria del HCSD del nombre reservado es ilegal y arbitraria, en la medida que sujeta al recurrente a una medida de separación de sus funciones como miembro de esa entidad que supera el límite que tenía permitido imponer, contexto que conducirá al acogimiento de la acción constitucional ejercida en estos autos, en los términos que se puntualizarán en lo resolutivo, para lo que se tendrá en consideración que no cabe que esta Corte se inmiscuya en la definición precisa sobre la pertinencia de aplicar una sanción y la determinación de la misma, por corresponder a una apreciación de mérito en la que no le toca intervenir.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del nombre reservado, solo en cuanto, se deja sin efecto la sanción disciplinaria de separación por 364 días aplicada al recurrente por el HCSD del nombre reservado, de manera que el respectivo órgano disciplinario –Sala de Apelaciones-, integrado por miembros no inhabilitados, proceda nuevamente a conocer y resolver su recurso de apelación deducido en contra de la decisión sancionatoria de expulsión aplicada por su Sala Resolutiva, comunicada el 26 de noviembre de 2021.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 212-2022 Protección.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Adriana Sottovia Giménez, señora M. Alejandra Pizarro Soto y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.