ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE PADRE HURTADO con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

San Miguel, dieciocho de enero de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente Primero: Que el 31 de agosto de 2022 comparece don Jorge Roa Kruger, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, para interponer acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada por el Contralor General don Jorge Bermúdez Soto, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón de haber incurrido en una acción arbitraria e ilegal que perturba el ejercicio del derecho de igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a la defensa y la garantía constitucional que establece que los derechos no podrán afectarse en su esencia, consagrados en los numerales 2, 3 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, consistente en la dictación del Oficio E248066 de 22 de agosto de 2022, que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra del Oficio N°E216050/2022, que ordena la reincorporación laboral de don nombre reservado y el pago de sus remuneraciones que median entre el despido y dicha reincorporación.

Explica que el 16 de agosto de 2021 la recurrente puso término a la relación laboral que mantenía con nombre reservado, quien estaba contratado bajo las normas del Código del Trabajo y que era funcionario dependiente de la Dirección de Administración en Educación Municipal DAEM, fundada en la causal de necesidades de la empresa, precisando que aquello se debió a que por la actual situación sanitaria y el retorno a clases, el municipio tuvo que disponer de recursos extras, siendo necesario reestructurar y racionalizar el personal del Departamento de Educación, con el objeto de solventar los mayores gastos y poder cumplir de manera óptima con el servicio educativo, debiendo prescindir de los servicios de nombre reservado.

Señala que ese mismo día se suscribió el finiquito respectivo, en que se le pagó al trabajador la suma de $5.384.526 por concepto de indemnización por años de servicio, sustitutiva de aviso previo, feriado legal, feriado proporcional y remuneración, suma a la cual se le descontó el aporte del empleador al seguro de cesantía, de acuerdo al artículo 13 de la ley 19.728.

Sostiene que posteriormente el trabajador recurrió ante la Contraloría General de la República a fin de que se revisara el término de su contrato de trabajo, dictando la contraria el Oficio N° E 132268/2021, que solicitó informe al municipio, el cual fue notificado por la casilla de correo electrónico municipal correo reservado, remitiéndose el respectivo informe al correo electrónico del órgano contralor correo reservado.

Esgrime que más tarde se dictó el acto recurrido Oficio N° E216050/2022, que ordena la reincorporación laboral de don nombre reservado, y el pago de remuneraciones que median entre el despido y su reincorporación, por no haberse acreditado en la especie las condiciones invocadas como argumento para el término del contrato de trabajo, sin hacer mención a los dineros percibidos por concepto de finiquito ni al hecho que el funcionario prestó servicios en otras reparticiones públicas.

Aduce que el acto recurrido recién se le notificó al municipio a través de los correos electrónicos correo reservado y correo reservado, el pasado 16 de junio, a través del oficio N°E225297 por medio del cual la Contraloría Regional Metropolitana, solicita informe al municipio acerca del cumplimiento de lo resuelto en el oficio N° E216050. Afirma que, en virtud de esa notificación, el municipio se tuvo por tácitamente notificado del acto impugnado y, en razón de ello, dedujo recurso de reposición y, en subsidio recurso jerárquico, alegando en primer lugar falta de emplazamiento y luego los vicios en los que incurrió el ente contralor, al omitir la normativa vigente -las normas del Código del Trabajo- y, al extralimitarse en sus atribuciones.

Luego, el 22 de agosto pasado, la Contraloría General de la República dicta el Oficio N° E248066, notificado en la misma fecha, que rechaza el recurso de reposición por ser extemporáneo, dado que el acto objeto del recurso de reposición se habría notificado a la Municipalidad el 23 de mayo de 2022 a través de los correos electrónicos correo reservado; correo reservado; correo reservado. Sin embargo, indica que no se tiene acceso a esos correos electrónicos porque pertenecían a funcionarios que detentaban cargos de confianza de la administración municipal anterior; añade que el 24 de mayo de 2022 se informó al ente fiscalizador que al parecer no se estaban notificando de forma correcta todos los oficios y, hace presente que, todos los demás oficios remitidos por la recurrida han sido debidamente notificados en los correos electrónicos correo reservado y correo reservado, por lo que estima que no ha podido hacer valer sus pretensiones por los canales establecidos en la ley por falta de emplazamiento.

Manifiesta que el municipio ha sido juzgado por una comisión especial, ya que en el caso concreto, quien detenta la competencia para conocer de estos asuntos son los tribunales de justicia con competencia laboral, agregando que la sanciones son de derecho estricto, no pudiendo aplicarse por analogía y, no correspondiendo a la Contraloría General de la República conocer de estos asuntos, más aun cuando las partes suscribieron un finiquito, el que detenta poder liberatorio, confiriéndose ambas partes excepción de cosa juzgada.

Declara que dio estricto cumplimiento a las normas del Código del Trabajo para poner término a la relación laboral con el trabajador señor nombre reservado y estima que la sanción impuesta por el órgano de control es desproporcionada e incluso es aún más gravosa que la indicada en el Código del Trabajo porque ordena el pago de las remuneraciones que hubiere percibido el funcionario entre el periodo del despido y de la reincorporación.

Pide en definitiva se acoja el recurso de protección, dejando sin efecto el Oficio E248066/2022, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del Oficio NºE216050/2022 y a su vez se deje sin efecto este último oficio, que ordenó la reincorporación del funcionario don nombre reservado, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña nombre reservado, en representación de la Contraloría General de la República, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Hace presente que el recurso de protección no es la vía para eludir el cumplimiento del control de legalidad que debe ejercer la Contraloría General de la República por mandato legal y constitucional, agregando que la acción constitucional de protección no puede servir como instrumento para que un organismo se exima de sus obligaciones porque desvirtúa el sentido de este tipo de acciones, cuyo objeto está definido para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección frente a una acción u omisión que prive, perturbe o amenace derechos constitucionales.

Luego, expone que los actos que pretenden dejarse sin efecto con la acción constitucional fueron emitidos a favor y a requerimiento de una persona que no ha sido debidamente emplazada en estos autos, lo cual resulta improcedente.

Expone que los actos recurridos han sido dictados en virtud el control de legalidad que debe ejercer la Contraloría respecto de los actos de la Administración, entre los que se encuentran los municipios, de conformidad al artículo 1 inciso segundo de la Ley N°18.575, y señala que aquellos no constituyen una acción u omisión que pueda ser calificada de arbitraria, toda vez que no obedecieron a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituyen el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada y de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia.

Por otro lado, afirma que el recurso de reposición deducido por el municipio en contra del oficio N° E216.050, de 2022, fue interpuesto extemporáneamente el 24 de junio pasado y los correos electrónicos mediante los cuales se efectuó la notificación corresponden a los que obraban en poder de esta Entidad Fiscalizadora, que fueron informados por el municipio y respecto de los cuales -al momento de la notificación- no se había informado a la Contraloría su eventual sustitución por otras casillas aptas al efecto. Agrega que se notificó el citado oficio a la casilla electrónica correo reservado, entre otros, el 23 de mayo pasado, por lo que no resulta razonable sostener por parte del Municipio de Padre Hurtado el desconocimiento de la notificación dirigida a esa dirección electrónica.

Hace presente que la Municipalidad de Padre Hurtado comunicó sus correos electrónicos de contacto con posterioridad a la notificación efectuada por la Contraloría Regional, en circunstancias que es responsabilidad de los órganos de la Administración del Estado, en su relación con el Órgano de Control, la de informar oportunamente sus correos de contacto, haciendo presente que el actual alcalde de esa municipalidad asumió el cargo el 26 de junio de 2021.

Más adelante explica que la Contraloría General de la República tiene competencia para interpretar el Código del Trabajo cuando se trata de trabajadores que se desempeñan en instituciones afectas a su control al ser funcionarios municipales, pese a que el vínculo laboral que los rija sea el Código del Trabajo. Explica que ello se sustenta en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, los artículos 1°, 5° y 6° de la ley N° 10.336, y los artículos 51 y 52 de la ley N° 18.695, al encargar al órgano fiscalizador controlar que los actos de la Administración del Estado -entre ellos, los de los municipios-, se ajusten a derecho, lo que implica examinar que las actuaciones que las municipalidades desarrollan en relación con sus funcionarios se hagan en conformidad al estatuto jurídico que los rige, de manera que no afecten los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los empleados de dichas entidades comunales.

Afirma que el municipio no acreditó los motivos invocados como argumentos para poner término a la relación laboral que mantenía con nombre reservado al no acompañar antecedentes que permitieran advertir las razones por las cuales los mencionados mayores gastos y la reestructuración y racionalización del personal, generaron el despido del señor nombre reservado. Asimismo, relata que la suscripción de un finiquito entre el funcionario municipal y la recurrente no impide a la Contraloría General de la República para efectuar un análisis de legalidad del despido, afirmar lo contrario podría implicar que los servicios públicos fiscalizados pudieran vulnerar el principio de legalidad al encontrarse ajenos a la debida fiscalización de sus actuaciones.

En lo que respecta a las supuestas garantías fundamentales conculcadas, sostiene que el recurrente no proporciona elementos de juicio para estimar afectado su derecho a la igualdad; por otro lado, en cuanto al derecho a la defensa indica que éste no se encuentra consagrado dentro del catálogo de garantías tuteladas por el recurso de protección y, no se vislumbra cómo pudo haber actuado como una comisión especial, toda vez que la Contraloría ha actuado con estricto apego a los artículos 98 de la Carta Fundamental; 1°, 5°, 8° y 9° de la ley N° 10.336, y 51 y 52 de la ley N° 18.695, sin atribuirse funciones jurisdiccionales al emitir el mencionado oficio.

Finalmente, en lo relativo a la garantía del numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ese precepto legal tampoco se encuentra dentro las normas protegidas por la acción constitucional de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, considerando los antecedentes reunidos y alegaciones efectuadas por las partes en estrados, es posible dar por sentado lo siguiente:

a) Que, a requerimiento de don nombre reservado, la I Contraloría General Metropolitana de Santiago, mediante el oficio N° E216.050, de 20 de mayo de 2022, determinó que no estaban acreditadas las circunstancias invocadas como argumento para el cese del contrato de trabajo, y ordenó a la Municipalidad de Padre Hurtado proceder a la reincorporación del señor nombre reservado a sus funciones y pagar a éste las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se ha visto separado de sus labores.

b) Que el oficio antes referido fue notificado por la oficina de partes del órgano contralor, a la Municipalidad de Padre Hurtado, mediante correo electrónico de 23 de mayo de 2022 remitido a las casillas de correo electrónico: correo reservado, correo reservado, correo reservado y correo reservado.

c) Que mediante el oficio N° E225.297, de 16 de junio de 2022, de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, se reiteró la orden de dar cumplimiento a lo resuelto en el oficio N° E216.050, de 2022, a fin de regularizar la situación funcionaria del señor nombre reservado.

d) Que el 24 de junio de 2022 la Municipalidad de Padre Hurtado interpone un recurso de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, alegando falta de notificación en la fecha en la que fue emitido el citado oficio N° E216.050, de 2022, manifestando que esa entidad habría tomado conocimiento de aquel solamente con la remisión del oficio N° E225.297, de 2022.

e) Que mediante oficio N° E248.066, de 22 de agosto de 2022, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago rechazó el recurso deducido por ese municipio por haber sido interpuesto de manera extemporánea, haciendo presente la efectividad de la notificación del oficio N° E216.050, de 2022, que tuvo lugar el 23 de mayo de esa anualidad, puesto que dicho pronunciamiento fue remitido a las casillas de correo electrónico que estaban en poder de ese Órgano de Control a la época en que se puso en conocimiento este último oficio.

f) Que la Municipalidad de Padre Hurtado informó a la entidad fiscalizadora el día 24 de mayo de 2022, mediante el oficio N°100/11/590, otros correos electrónicos para efectos de notificar a dicho municipio.

Quinto: Que, indicado lo anterior, es dable tener presente que el inciso primero del artículo 59 de la Ley 19.880 establece: “El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna; en subsidio, podrá interponerse el recurso jerárquico.”

Sexto: Que, en el presente caso, conforme se desprende de la documental allegada a la causa, es posible concluir que la notificación del oficio N° E216.050, practicada el 23 de mayo de 2022, mediante el envío de un correo electrónico a las casillas que la entidad fiscalizadora tenía informadas como válidas y vigentes, a esa fecha, por parte de la Municipalidad de Padre Hurtado no puede sino tenerse como válidamente hecha en tanto es de responsabilidad de los organismos de la Administración del Estado mantener sus canales de comunicaciones formales debidamente actualizados con el ente contralor. Asimismo, dentro de las casillas de correos a los cuales se dirigió el mail comunicando el oficio E216.050/2022 se encuentra una que actualmente sigue siendo utilizada por la Municipalidad de Padre Hurtado, no resultando verosímil entonces que no tuvo conocimiento oportuno de la comunicación practicada por el ente fiscalizador con fecha 23 de mayo de 2022.

Por su parte, el municipio interpuso el recurso de reposición contra el oficio antes señalado el 24 de junio de 2022, esto es, más de un mes después de su notificación, por lo que éste resultaba extemporáneo conforme lo establece el artículo 59 de la ley 19.880 citado.

Séptimo: Que, habiéndose establecido aquello, el Oficio E248066/2022 emitido por la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago que denegó la reposición del Oficio E216050, de 2022, por extemporáneo, no es antojadizo, sino debidamente fundado y, asimismo, se ajusta a la legalidad.

Octavo: Que, ahora bien, como se anunció, corresponde examinar el obrar de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago a quien se le reprocha, además, el pronunciamiento del Oficio NºE216050, de 2022 que ordena a la Municipalidad de Padre Hurtado la reincorporación laboral de don nombre reservado y el pago de sus remuneraciones que median entre el despido y dicha reincorporación, calificándolo el recurrente como ilegal y arbitrario.

Noveno: Que, tal como ha sostenido la Excma. Corte Suprema, recae en el órgano contralor la vigilancia de la legalidad de los actos municipales que rigen a los funcionarios públicos, sin importar que éstos se encuentren vinculados por contratos regidos por el Código del Trabajo, toda vez que tal vínculo laboral tiene una esfera pública, relacionada no sólo con la función que desempeñan sino que también en relación al erario de tal naturaleza que es desembolsado para pagar sus remuneraciones. Es así, como el órgano sujeto a fiscalización, debe observar en la emisión de todos sus actos administrativos el principio de juridicidad, que es aquello que, precisamente, fiscaliza el órgano contralor.

Así las cosas, esta Corte entiende que entidad contralora recurrida actuó en el ejercicio de sus potestades legales, dentro del ámbito de su competencia y en la forma que prescribe la ley, al haber emitido el Oficio N° E216050/2022, desprendiéndose, además, del contenido del acto impugnado que en él se expresan los fundamentos en que se sustenta, los que son concordantes con los criterios sentados en su propia jurisprudencia administrativa, de modo tal que no resulta posible reprochar en su contra ilegalidad ni arbitrariedad, motivos suficientes para concluir que el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Pablo Calquín Almeyda.

N°21.161-2022-Protección.

Pronunciada por la quinta sala de esta Corte, presidida por la ministra señora Ma. Teresa Díaz Zamora, integrada por la ministra señora María Alejandra Rojas Contreras y abogado integrante señor Pablo Calquín Almeyda.

Se deja constancia que no firma la ministra Sra. Díaz y abogado integrante señor Calquín no obstante haber concurrido a la vista y posterior acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.