nombre reservado con AFP MODELO S.A.

San Miguel, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representado por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, deduciendo recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A., representada por don nombre reservado, y de la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, impugnando como acto ilegal y arbitrario la decisión comunicada mediante correo electrónico de 23 de abril de 2026, por la cual se declaró rechazada su solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que solicitó la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual en calidad de técnico o profesional extranjero, acompañando la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la citada ley, entre ellos su título profesional apostillado, contratos y anexos de trabajo que contienen la manifestación de voluntad de mantener afiliación previsional extranjera, certificado de afiliación al sistema previsional venezolano y declaración jurada notarial.

Refiere que la AFP rechazó la solicitud argumentando que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumplía con los requisitos exigidos, decisión que considera carente de fundamentación suficiente. Señala que la referida constancia emana de la autoridad previsional competente de Venezuela, contiene un código electrónico de validación y puede verificarse directamente en el portal oficial del IVSS mediante el código “7f7e80995-2026309” o mediante su número de identidad venezolana, permitiendo corroborar la autenticidad del documento y su condición de afiliado al sistema de seguridad social de su país de origen.

Afirma que las recurridas omitieron efectuar cualquier verificación de los antecedentes acompañados y descartaron la validez del certificado sin expresar razones jurídicas suficientes, pese a existir medios electrónicos oficiales para comprobar su autenticidad. Añade que otras administradoras previsionales, particularmente AFP Cuprum, habrían aceptado documentación similar para tramitar solicitudes de devolución de fondos.

Sostiene además que la Ley N°18.156 sólo exige que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y que manifieste contractualmente su voluntad de mantener dicha afiliación, sin imponer requisitos adicionales de legalización o apostilla, por lo que estima que las recurridas incorporan exigencias no contempladas por el legislador.

Agrega que la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile dificulta o impide la obtención de documentos apostillados, configurándose una situación de caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil, circunstancia que no puede perjudicar al solicitante.

Invoca como fundamentos de derecho los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, los artículos 19 N.os 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República y diversa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que, según sostiene, han rechazado interpretaciones excesivamente formalistas de la normativa relativa a técnicos extranjeros, privilegiando la acreditación efectiva de la afiliación previsional extranjera y reconociendo el derecho de propiedad del trabajador sobre los fondos previsionales acumulados.

Esgrime que la actuación de las recurridas vulnera la igualdad ante la ley al exigir formalidades adicionales no previstas legalmente y afecta su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales cuya restitución solicita.

En mérito de lo expuesto, pide que se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud, se reconozca validez a la documentación acompañada, se ordene a las recurridas emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho respecto de la solicitud de devolución de fondos previsionales y se disponga la restitución de dichos fondos dentro de un plazo razonable, adoptándose además todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuó informe AFP Modelo S.A., representada por el abogado don Rodrigo Montero Atria, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas, por estimar que su actuación se ajustó plenamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Expone que el recurrente presentó el 23 de abril de 2026 una solicitud de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, respecto de cotizaciones enteradas por su empleador Coasin Chile S.A., acompañando para dicho efecto su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), una declaración jurada y antecedentes laborales.

Señala que, una vez revisados los documentos presentados, la Administradora constató que el solicitante no acreditó los requisitos exigidos por los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, por cuanto no acompañó un certificado de afiliación a un sistema de seguridad social extranjero debidamente apostillado o legalizado, emitido por la autoridad previsional competente, que acreditara cobertura efectiva durante toda la relación laboral respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni tampoco acreditó válidamente la manifestación de voluntad requerida para acogerse al régimen excepcional previsto por dicha normativa. Agrega que la constancia electrónica de cotizaciones y la declaración jurada del propio interesado no constituyen medios idóneos para acreditar afiliación y cobertura previsional extranjera, razón por la cual se solicitó complementar la documentación exigida, requerimiento que no fue cumplido, procediéndose en consecuencia al rechazo de la solicitud.

En cuanto al derecho, sostiene que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional y de interpretación restrictiva, cuyo artículo 7° permite la devolución de fondos previsionales únicamente cuando el trabajador extranjero acredita copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°, esto es, afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestación expresa, en el contrato de trabajo, de voluntad de mantener dicha afiliación. Añade que, conforme al artículo 94 del D.L. N°3.500 y a las facultades legales de la Superintendencia de Pensiones, las Administradoras están obligadas a sujetarse a las instrucciones impartidas por dicho organismo, especialmente aquellas contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en el Oficio N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, que exigen para acreditar cobertura previsional extranjera la presentación de documentos debidamente legalizados o apostillados.

Agrega que tal exigencia resulta además concordante con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil respecto del valor probatorio de instrumentos públicos otorgados en el extranjero. Invoca abundante jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones dictada entre los años 2024 y 2025, las que han concluido que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS sin apostilla ni legalización carecen de mérito suficiente para acreditar los requisitos de la Ley N°18.156 y que la negativa de las AFP a aprobar solicitudes fundadas en documentos de esa naturaleza no constituye un acto ilegal ni arbitrario. Asimismo, cita los Oficios N.os 26.288, de 15 de noviembre de 2017, y 12.088, de 3 de julio de 2024, ambos de la Superintendencia de Pensiones, que señalan que la voluntad de mantenerse afiliado a un régimen previsional extranjero debe constar expresamente y sin contradicciones en el respectivo contrato de trabajo.

Concluye que su representada se limitó a aplicar la normativa legal, reglamentaria y administrativa vigente, sin privar, perturbar ni amenazar derecho constitucional alguno del recurrente, por lo que solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, informó la Superintendencia de Pensiones, solicitando que se declare improcedente el recurso de protección y, en subsidio, que sea rechazado en todas sus partes, con condena en costas.

Como cuestión previa, sostiene que la controversia excede el ámbito propio de la acción cautelar de protección, por cuanto lo perseguido por el recurrente es la declaración de un supuesto derecho a retirar fondos previsionales, existiendo controversia acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, circunstancia que requiere un procedimiento declarativo de lato conocimiento y no una acción destinada a amparar derechos indubitados y preexistentes, invocando para ello jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Talca, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas dictada entre los años 2025 y 2026.

En cuanto al fondo. señala que el recurrente no mantiene reclamos ni presentaciones previas ante ese organismo respecto de los hechos denunciados, no existiendo actuación específica de la Superintendencia que haya sido individualizada como acto recurrido.

En cuanto al marco jurídico aplicable, sostiene que la exención previsional y devolución de fondos prevista en la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional de interpretación restrictiva aplicable sólo a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que acrediten copulativamente encontrarse afiliados a un sistema previsional extranjero que otorgue cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que hayan manifestado expresamente en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Añade que, conforme a las facultades conferidas por el D.F.L. N°101 de 1980, el D.L. N°3.500 y la Ley N°20.255, corresponde a la Superintendencia interpretar administrativamente la normativa previsional e impartir instrucciones obligatorias a las administradoras de fondos de pensiones, citando especialmente el Oficio N°5.963, de 16 de abril de 2007, y el Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, que establecen que las constancias electrónicas de cotizaciones emitidas por el IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Explica que la documentación presentada por el recurrente consiste únicamente en una constancia electrónica del IVSS que menciona genéricamente las prestaciones del sistema previsional venezolano, carece de firma autorizada y no se encuentra legalizada ni apostillada, por lo que no satisface las exigencias establecidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ni en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, sostiene que el actor acompañó un contrato de trabajo de 6 de diciembre de 2023, en el cual no manifestó voluntad alguna de permanecer afiliado al sistema previsional venezolano, permitiendo por el contrario los descuentos previsionales en Chile, y un finiquito suscrito el 6 de febrero de 2025 en que se dejó constancia que sus cotizaciones previsionales se encontraban íntegramente pagadas, antecedentes que, a juicio del organismo fiscalizador, evidencian la inexistencia de una manifestación inequívoca de voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social extranjera, requisito que estima esencial para la procedencia del beneficio.

Agrega que la alegación del recurrente relativa a la imposibilidad de apostillar documentos venezolanos por ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela no configura caso fortuito o fuerza mayor, por cuanto dicha situación sólo dificulta el trámite, pero no lo torna imposible, criterio que afirma haber sido reconocido por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 24 de diciembre de 2025, Rol N°33.946-2025.

Destaca asimismo que el recurrente posee residencia permanente en Chile, circunstancia que, según jurisprudencia citada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, refuerza la necesidad de interpretar restrictivamente la excepción prevista en la Ley N°18.156.

Concluye que ni la Superintendencia ni AFP Modelo han incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, pues ambas entidades se han limitado a aplicar la normativa legal, reglamentaria y administrativa vigente, no existiendo vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

En consecuencia, solicita tener por evacuado el informe, declarar improcedente el recurso de protección por exceder el ámbito de dicha acción cautelar y, en subsidio, rechazarlo íntegramente, con condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Quinto: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, y en su artículo 7° permite la devolución de los fondos previsionales si se cumplen los requisitos del artículo 1°, en particular acreditar afiliación a un sistema extranjero que cubra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato contemple su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, como se informó en autos, la Superintendencia de Pensiones ha emitido instrucciones que refuerzan la verificación del cumplimiento de dichos requisitos.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales, pues esta consistió en una mera constancia de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la que no constituye un certificado de afiliación vigente, carece de firma de su emisor, no acredita cobertura efectiva respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y además no se encuentra apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Noveno: Que, por lo expuesto, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, ya que la negativa responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado.

Décimo: Que de esta forma, es posible afirmar que las decisión adoptada por la AFP recurrida se encuentra fundada en instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, dictadas en el ejercicio de sus facultades legales de fiscalización y regulación, lo que excluye el carácter ilegal o arbitrario del acto recurrido, pues tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado la normativa legal y administrativa obligatoria, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que puedan ser cautelados por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°2112-2026 Protección