Protección contra Caja de Compensación –en adelante CCAF- Los Héroes

9 San Miguel, siete de octubre de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece nombre reservado e interpone acción constitucional de protección en contra de Caja de Compensación –en adelante CCAF- Los Héroes, invocando la vulneración de sus derechos fundamentales, específicamente, aquellos “establecidos en los numerales segundo, tercero, cuarto y vigésimo cuarto del artículo N° 19 de la Constitución Política de la República”.

Explica que es empleado de la empresa Keylogistic Chile S.A, para la que trabaja en el cargo de auxiliar de flota desde el 8 de marzo de 2022, y que en agosto último su empleador le informó que se comenzarían a realizar descuentos sobre sus remuneraciones por instrucción de la recurrida, conforme al detalle que se le refirió y que corresponde a dos créditos, uno por el pago de la cuota 11 de un total de 48, por la suma de $35.929, y otro que indica que debe pagar la cuota 34 de un total de 55, por $42.099.

Afirma que no ha solicitado créditos a la Caja de Compensación Los Héroes por lo que le requirió información sobre el particular, obteniendo solo respuestas generales en cuanto a una deuda por un préstamo solicitado en el 2012, sin darle más detalles. Señala que ese crédito tiene más de diez años de antigüedad, por lo que su acción de cobro estaría prescrita, y no fue solicitado a la Caja Los Héroes, sino que a su similar Gabriela Mistral.

Sostiene quien recurre que se ha vulnerado el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, contenido en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, lo mismo que los derechos de igualdad ante la ley y al debido proceso contenidos en los números 2 y 3 de aquella norma, puesto que la recurrida hace uso indiscriminado de la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Hace presente que la contraria dedujo una demanda ejecutiva en su contra en 2012, ante el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago en causa Rol C-26.223-2012, la que se encontraría prescrita, por lo que su acreedor debe utilizar los procedimientos judiciales que la legislación contempla para hacer efectivo el cobro y ejercicio de sus acciones, quedando sometido a la prescripción de la acción si es que no es diligente, pero además, si demanda queda regido a la decisión y normas de procedimiento bajo las cuales está reglado el procedimiento ejecutivo.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare que la actuación de la recurrida es arbitraria e ilegal y se ordene que no se efectúen descuentos, la restitución de los montos de dinero descontados o que se puedan descontar a futuro a través del pretendido acto arbitrario o ilegal, todo lo anterior con costas.

Al informar el recurso deducido en su contra, la recurrida expresa que las cuotas descontadas a las que se alude en el recurso corresponden a dos créditos distintos solicitados por el actor. Más específicamente, explica que:

1.- El 18 de enero de 2012, el recurrente solicitó a la CCAF Gabriela Mistral un crédito social signado con el número 772877, por un monto total de $2.337.300, más gastos de otorgamiento y seguro de desgravamen; pactado en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $38.955, con vencimiento la primera de ellas el 25 de marzo de ese mismo año; sin que el deudor pagase ninguna de tales mensualidades, por lo que se inició en su contra una acción ejecutiva ante el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-26223-2012, cuya demanda no fue notificada y que actualmente se encuentra archivada.

2.- Posteriormente, el 3 de febrero de 2015, el señor nombre reservado solicitó un nuevo crédito, esta vez directamente a CCAF Los Héroes, signado con el número 102265438, por un monto total de $950.466, más gastos de otorgamiento y seguro de desgravamen; crédito se pactó en 48 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $37.798 cada una, salvo la última fijada en $37.799, con vencimiento la primera mensualidad el 31 de marzo de 2015; y de las que el ahora recurrente pagó únicamente hasta la cuota 9, mediante descuento de su remuneración mensual; sin que se hubiera incoado algún juicio ejecutivo en su contra.

Hace presente que el Decreto Supremo Nº 103 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2018, aprobó la fusión de CCAF Gabriela Mistral con CCAF Los Héroes mediante la absorción de la primera por esta última, y declaró la disolución de la CCAF Gabriela Mistral. Por lo tanto, en su carácter de continuadora legal, CCAF Los Héroes se hizo cargo de todo el activo y pasivo registrado en los libros, en el inventario y en el balance de CCAF Gabriela Mistral, quedando obligada la absorbente a cumplir y solucionar todas las obligaciones y deudas pendientes de la entidad absorbida por fusión. Asimismo –prosigue-, por efectos de la fusión, CCAF Los Héroes se hizo cargo y quedó como parte de todos los contratos, convenios, juicios y negociaciones pendientes y titular de los derechos y obligada al cumplimiento de las obligaciones de la CCAF Gabriela Mistral, cualesquiera sean los títulos y calidades de esta, sea dueña, poseedora o mera tenedora, acreedora, deudora u obligada, demandante, demandada u otros; quedando como su sucesora legal para todos los efectos contractuales, administrativos, judiciales, extrajudiciales y legales.

Continúa señalando que, estando en conocimiento de que el deudor retomó su trabajo, conforme lo permite el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y la Ley 17.322, su parte solicitó reiniciar los descuentos de las cuotas de los créditos sociales antes aludidos, mediante el envío de nómina al empleador del actor. Añade que si bien estos descuentos se ordenaron en agosto del actual, no ha recibido pago alguno.

Arguye que no existe un actuar “caprichoso” o “injustificado” de su parte al cobrar la deuda pasado un tiempo después de haber recibido el último pago de cuota, pues se reinició el cobro extrajudicial, tal cual lo permite la citada disposición del Código de Procedimiento Civil.

Enfatiza que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social sin fines de lucro, como las define el artículo 1º de la Ley 18.833, y tienen como objeto exclusivo administrar los regímenes de seguridad social que la ley establece, entre los cuales figuran aquellos que corresponden a prestaciones de bienestar social y seguridad social, incluido el crédito social regulado, entre otros, en el referido artículo 19, número 3, y artículo 22 de la mencionada Ley 18.833, en particular el inciso primero de este último, en cuanto prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Por consiguiente –sostiene-, en esta materia la recurrida puede actuar al alero de la Ley 17.322, al tratarse el crédito social, equivalente a una cotización previsional.

Agrega que, para cumplir con su objetivo, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar administran un Fondo Social, con el cual financian diversas prestaciones en favor de sus afiliados, las prestaciones que forman parte de sus regímenes de bienestar social, esto es, prestaciones adicionales, prestaciones complementarias y crédito social; y se encuentran sujetas a la fiscalización directa de la Superintendencia de Seguridad Social, entre cuyas funciones, tiene la de impartir instrucciones para proteger y evitar el desmedro del Fondo Social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y regular su funcionamiento; y estas últimas, a su vez, tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que le permite la ley y le ordena su ente fiscalizador, para obtener el recupero del crédito social, para evitar el desmedro del Fondo Social. Al efecto, cita el dictamen de 3 de septiembre de 2021 de la aludida Superintendencia, en que señala: “(…) a las C.C.A.F. les asiste la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social, entre ellas, la de efectuar la cobranza de las cuotas de estos créditos a través del descuento en las remuneraciones de los trabajadores”.

Concluye sosteniendo que CCAF Los Héroes no ha incurrido en ningún hecho arbitrario e ilegal, pues sólo ha descontado las cuotas según lo acordado legalmente con el recurrente; que tampoco ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, ni libertad de trabajo (sic), por cuanto solo se ha limitado a realizar un cobro de dinero respaldado por un contrato cuyas condiciones se ajustan plenamente a la ley y fueron aceptadas por el actor, mientras que lo pedido por este transgrede su derecho, en la medida que solicita la devolución de cuotas de crédito social descontadas legalmente, las que, por lo demás, aún no han sido enteradas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo;

2º) En síntesis, la acción cautelar interpuesta por don nombre reservado se endereza en su alegato de haberse reactivado por la recurrida los descuentos correspondientes a sendos créditos obtenidos conforme al régimen estatuidos para las CCAF; el primero concedido por la CCAF Gabriela Mistral, en tanto que el segundo le fue otorgado por la recurrida, continuadora legal de la antedicha; deudas que se pactaron en cuotas mensuales sucesivas, las que se hicieron exigibles a partir de 2012 y 2015, respectivamente, “por lo que toda acción legal de cobro se encontraría prescrita”, redundando en que tales rebajas en sus remuneraciones resultan ilegales y arbitrarias, por lo tanto improcedentes, al incurrir en un uso indiscriminado de la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley 18.833.

Frente a ello, la recurrida aduce que el actor no ha pagado cumplidamente los créditos a que se viene haciendo referencia y que, al saber su parte que mantenía el pago de remuneraciones de parte de un nuevo empleador, instruyó el descuento de las cuotas conforme se estipulara y de acuerdo lo autoriza la normativa que rige en la materia y que estriba en la modalidad prevista en el artículo 22 de la Ley 17.322;

3º) Atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

4º) Una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Agaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

5º) De lo anotado en el motivo 2º), se desprende que el postulado de protección que se examina gira en torno a la ilegalidad, o en su defecto arbitrariedad, de la medida de descuento de las cuotas impagas correspondientes a dos créditos otorgados respectivamente al recurrente por dos CCAF, hoy reunidas en una sola; deudas que se han mantenido pendientes por varios años y con relación a las cuales no se ha instado por alguna otra vía idónea de cobro, habida cuenta que la vía judicial iniciada por CCAF Gabriela Mistral en diciembre de 2012, esto es, a poco andar de haberse generado la primera de dichas obligaciones, no registra notificación ni avance alguno y decayó totalmente a poco de comenzar, por lo que fue archivada;

6º) Para resolver el recurso en estudio -arbitrio extraordinario y cautelar o de urgencia-, es necesario consignar que del mérito de los escritos principales del actor y la recurrida, y sus documentos adjuntos, se desprenden los siguientes hechos:

a) En 2012, el actor solicitó a CCAF Gabriela Mistral –fusionada en 2018 con CCAF Los Héroes- un crédito social por la suma de $ 2.337.300, pagadero en sesenta cuotas, iguales y sucesivas, de $38.955, con vencimiento a partir de marzo de ese año.

b) En razón del crédito mencionado en la letra precedente, se presentó una demanda ejecutiva en contra del recurrente ante el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, con el Rol 26.223-2012, actualmente archivada sin que se hubiese notificado.

c) Posteriormente, en 2015, el señor nombre reservado solicitó un crédito a CCAF Los Héroes por la suma de $950.466, pagadero en cuarenta y ocho cuotas, mensuales, iguales y sucesivas, de $37.798 cada una, a excepción de la última, ascendente a $37.799, cuyos sucesivos vencimientos corrieron a partir de marzo de aquel año.

7°) Un primer aspecto a resaltar es que el acto por el que la recurrida ha requerido el descuento de una parte de las remuneraciones del actor para el servicio de una deuda que este último mantiene con ella, no admite ser tildado de ilegal, desde que el artículo 22 de la Ley 18.833 autoriza a las Cajas de Compensación a realizar tales descuentos y, en la especie, obedece al hecho cierto que el recurrente recibió, en dos ocasiones y a título de mutuo, determinados montos de dinero de la recurrida –el primero de su antecesora legal.

En efecto, al instar por tales descuentos por el valor correspondiente a las cuotas pactadas para el servicio de ambos créditos solicitados y obtenidos por el actor, la recurrida ha procedido acorde tiene autorizado por el artículo 22 de la Ley 18.883 y demás disposiciones atingentes de la misma, así como también en la Ley 17.322 que rige la cobranza de las cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, y a las directrices impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo, según el entendimiento que asigna a los diversos dictámenes que cita en su informe;

8°) Con arreglo a lo expresado en los motivos anteriores, fluye con evidencia que, así como el señor nombre reservado no ha accionado de protección esgrimiendo un derecho indubitado fundado en una declaración de prescripción formal y judicialmente alegada y luego declarada, la recurrida Caja de Compensación Los Héroes, solicitó a su empleador el descuento en sus remuneraciones mensuales de las cantidades encaminadas a cancelar las cuotas impagas de los créditos adeudados, con lo que ha actuado en el ámbito de su competencia y dentro de la esfera de sus facultades, enmarcando su accionar en la normativa establecida para las instituciones de previsión social, cual es, realizar las gestiones de cobranza que permiten las leyes 17.322 y 18.833, tendientes a recuperar los dineros que se adeudan al fondo social que administra, y cuya naturaleza asistencial hace que su pago y cobro se encuentren regidos por las normas concernientes a las cotizaciones previsionales;

9°) Así como se ha dicho que no se constata la existencia de un acto ilegal en los términos preceptuados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, tampoco se advierte un proceder arbitrario o por simple discrecionalidad de la recurrida, toda vez que se ha limitado a actuar con arreglo a la preceptiva que tiene dada en el ordenamiento que la rige, con base en las obligaciones contraídas por el recurrente, las que se encuentran vigentes, al no haber mediado algún modo previsto en la ley para extinguirlas;

10°) No obsta a lo señalado que la Caja recurrida hubiese presentado una demanda ejecutiva en relación con el crédito concedido en 2012, tanto porque ello ocurrió dentro del primer año, de un total de cinco, que abarcaban las parcialidades en que se dividió el pago de la deuda -y con mucha antelación a los descuentos que aquí se discuten-, como porque, en definitiva, aquel libelo no se llegó a notificar.

Junto con eso, es importante relevar la naturaleza social de los créditos materia del recurso, incluso -como se apuntó más arriba y por así disponerlo el artículo 25 de la Ley 18.833- con incidencia de la Ley 17.322, que precisamente estatuye normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. Es en ese contexto especial que tiene lugar el acto de la recurrida, vale decir, desenvolviendo su quehacer de forma tal de intentar agotar las gestiones necesarias para obtener la devolución de lo prestado, pero al mismo tiempo influida por el servicio de asistencia de índole social que caracteriza su función, ligada al hecho que el deudor del mutuo es un trabajador, quien, a su vez, aceptó servir sus obligaciones para con ella por medio del descuento de las cuotas de las mismas en sus remuneraciones;

11°) Amén de todo lo anterior, se dejará expresado que los eventuales cuestionamientos acerca de la validez, exigibilidad o vigencia relativas a los créditos aludidos en autos, así como los derechos que el recurrente pueda hacer valer en lo que interesa a dichas deudas, y las acciones que tiene a su disposición o las medidas que pudiera convenir con la institución acreedora, no son propios de esta sede cautelar y exceden los márgenes de la acción constitucional ejercida;

12°) Por consiguiente, en las circunstancias que han quedado descritas en los motivos que anteceden, dado que no es posible concluir que se reúnen en la especie los presupuestos que dan viabilidad a esta sede extraordinaria, no queda más que concluir que el arbitrio cautelar en estudio no está en condiciones de prosperar.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación Los Héroes.

Se dispone el alzamiento de la orden de no innovar decretada, una vez que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 21.105-2022 Protección.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Adriana Sottovia Giménez, señora Alejandra Pizarro Soto y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.