nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, quince de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto ilegal y/o arbitrario que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, notificado mediante correo electrónico de 24 de abril de 2026, solicitando adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, siendo rechazada por cuanto faltaba constancia de afiliación vigente, apostillada o legalizada, señalándose que el documento acompañado correspondía a una constancia de cotización y no al documento requerido. Sostiene que el recurrente cumple íntegramente los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, pues acompañó el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al sistema de seguridad social venezolano, agregando que la propia recurrida reconoce implícitamente su afiliación al señalar que el documento aportado corresponde a una constancia de cotización.

Afirma que la constancia electrónica de cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, puede verificarse mediante el código de validación disponible en el sitio oficial del organismo y que, además, acompañó un certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, verificable mediante código QR. Sostiene que la recurrida omitió verificar dichos antecedentes e incorporó requisitos no contemplados en la ley, pese a que otras administradoras, como AFP Cuprum, validan la afiliación mediante el mismo procedimiento.

Alega que el rechazo constituye un acto arbitrario e ilegal, vulnerando las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política, al efectuar una interpretación excesivamente formalista de la Ley N° 18.156, incorporar exigencias no previstas por el legislador y exigir documentos imposibles de obtener debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, pese a que la afiliación puede acreditarse por distintos medios. Invoca, además, el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección, declarar ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, reconocer como válida la documentación acompañada, ordenar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y disponer la devolución de los fondos previsionales dentro del plazo de 5 días, o el que la Ilustrísima Corte estime procedente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, Ana María Herrera Brummer, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa informe y solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con expresa condenación en costas, por cuanto la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y porque ProVida ha dado estricto cumplimiento a la Ley N° 18.156 y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que con fecha 24 de abril de 2026 rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales, debido a que el recurrente acompañó una constancia de cotización y una declaración jurada, documentos que no constituyen un certificado de afiliación válido, por no encontrarse firmados, apostillados o legalizados, no acreditar cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período de prestación de servicios en Chile y no emanar de la autoridad previsional competente. Agrega que el contrato de trabajo no contiene originalmente la manifestación de voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional extranjero.

Sostiene que la devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción, cuyos requisitos deben cumplirse copulativamente, y que ProVida se encuentra obligada a aplicar las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Añade que el Decreto Ley N° 3.500 destina los fondos previsionales al financiamiento de las prestaciones que establece la ley.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones, que sostiene que las administradoras deben exigir el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156 y que la constancia electrónica de cotizaciones no constituye un certificado suficiente cuando no cumple las exigencias legales. Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, ni vulneración de garantías constitucionales, por lo que solicita rechazar el recurso de protección, con costas.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones evacúa informe al tenor del recurso de protección Rol 2104-2026, deducido en favor de nombre reservado, e informa que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, siendo notificado el 24 de abril de 2026 del rechazo de su solicitud por no acompañar una constancia de afiliación vigente, apostillada o legalizada. Agrega que el recurrente no registra trámite ante esa Superintendencia en esta materia.

Expone que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que cumplan los requisitos copulativos del artículo 1°, entre ellos, acreditar afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Añade que el artículo 7° permite solicitar la devolución de fondos sólo a quienes acrediten el cumplimiento de dichos requisitos.

Señala que, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, el trabajador debe acompañar una certificación de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada, que acredite la cobertura durante todo el período trabajado en Chile. Afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la declaración jurada no sirven para acreditar dicho requisito, por no encontrarse firmadas, apostilladas o legalizadas, no especificar las coberturas exigidas y no emanar de la autoridad previsional competente.

Concluye que la Ley N° 18.156 debe interpretarse de manera restrictiva, que el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales no se encuentra controvertido y que todos los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros, sin excepción de su país de origen, deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales. En consecuencia, solicita tener por cumplido lo ordenado.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a A.F.P Provida constituye un acto arbitrario e ilegal que afecte los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley 18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada; y una declaración jurada que emana del propio trabajador y no de la Institución de Seguridad Social, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley 18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Así, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2104-2026 Protección.