nombre reservado con nombre reservado

5 San Miguel, uno de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada María José Boegel Soto e interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de nombre reservado por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios consistentes en realizar una “funa” en su contra, a través de las redes sociales “Instagram” y “Tik Tok”, denostándolo y vulnerando las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 numerales 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representado, desde mediados de noviembre del año 2020, inició una relación sentimental con la recurrida, la que se mantuvo hasta principios de agosto del año 2022. Es así como el 3 de agosto del año 2022 la Sra. nombre reservado realizó publicaciones en sus redes sociales de Instagram y Tik Tok, haciendo una “funa” al señor nombre reservado.

Precisa que dichas publicaciones constan en conversaciones que ellos mantuvieron por “WhatsApp” después de haber terminado su relación, en las que se observa la discusión de una ex pareja, sin embargo, en sus publicaciones se lo denomina como un abusador, lo que claramente implica una vulneración a su honra. Agrega que en la publicación la recurrida deja visible el número de teléfono del Sr. nombre reservado y realiza una publicación, indicando el usuario de su Instagram personal y de su empresa de servicio técnico, la que es su fuente de trabajo.

Indica que, luego de esta acción, el recurrente ha sido víctima de acoso y amenazas por diversas redes sociales por parte de la Sra. nombre reservado, quien constantemente ha denostado su imagen pública imputándole delitos y conductas moralmente reprochables, lo que le ha causado graves perjuicios y menoscabo a su vida y a la de su familia. Señala que la última publicación realizada fue el 23 de agosto pasado, en que la recurrida se refiere a su representado como “su agresor”, indicando su página de Instagram personal.

Plantea que se ha vulnerado su integridad física y psíquica ya que, dado este acoso, se encuentra con tratamiento psicológico debido a las publicaciones ya señaladas, y también se ha visto afectado su instrumento de trabajo, ya que las redes sociales del servicio técnico de telefonía y computación que tiene el Sr. nombre reservado son esenciales para el funcionamiento de su emprendimiento.

De igual forma se vulnera su honra desde un punto de vista objetivo y subjetivo; desde el primero, porque las diversas publicaciones afectan su autoestima al verse expuesto a “funas” permanentes que tienen como único objeto destruir el valor intrínseco de su persona con la sociedad, afectando su imagen y la apreciación de su persona que pueda tener la sociedad: asimismo, dichas publicaciones afectan su vida privada en cuanto se utiliza una imagen de su persona y publica conversaciones privadas sin su consentimiento, lo que afecta el derecho de propiedad sobre la propia imagen al compartir también los datos de su empresa; y desde el punto de vista objetivo lo ha hecho afectando definitivamente la apreciación que terceros pueden hacerse de la persona de su representado.

Solicita acoger la presente acción, ordenando la eliminación de la publicaciones y comentarios que mantengan en contra de su representado en la red social “Tik Tok” e “Instragram” por parte de la recurrida, y abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del tenor de la que motivó el presente recurso de protección, en las redes sociales Facebook, Instagram u otra, además de disponer de todas las medidas que esta Corte considere conducentes al restablecimiento del derecho, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que habiendo sido notificada personalmente la recurrida y no evacuando informe se hizo efectivo el apercibimiento decretado en la resolución de veintisiete de septiembre de 2022 y, en consecuencia, se prescindió de dicho trámite.

Tercero: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es “ilegal” o “arbitraria”. A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, en consecuencia, de lo razonado se colige que para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Séptimo: Que, del examen de los antecedentes, resulta que el hecho en que se sustenta la acción cautelar consiste en un diálogo entre dos personas, cuyas identidades no se encuentran acreditadas, que se habría verificado en alguna red social que tampoco es posible individualizar, y cuyo tenor es el siguiente:

Persona 1: “Sabí que me carga hacer estas weas pero estoy chata. Llevo más de medio año con depresión por culpa de estos tratos de un weon enfermo de narcisista y que no es capaz de dejarme en paz. Cada cuánto aparece pa putearme porque sus cercanos le inventan cada verz weas más random que la otra. Estoy colapsada, ya no sé como arrancar y afronta la situación y a este ser humano.

He tenido días tan grises que me asusto de mi propia mente porque sumado a otros problemas familiares, he rogado por no despertar más.

He querido cambiar mi número pero la mayoría de mis clientes, me contacta por wpp y llamado. Y me parece injusto tener que arrancar yo por culpa de un weon.

La vdd no se porque subo esto, pero en caso de que ya no pueda aguantar más, ya saben a quién culpar”.

Persona 2: “Así que fuiste a la playa xon un weon.

Y me mebtiste a la cara.

Y te burlaste de mi fiwico.

Por que no te vas bien a la cobchstumadre.

Mentirosa de mierda.

Cara de raja wn […]”.

Posteriormente, continúan intercambios de palabras de similar tenor, para concluir con los siguientes mensajes:

Persona 1: “Antes de hablar mierdas de mi, cuenta cómo era cuando me conociste, lo mucho que brillaba antes de que reaparecieras en mi vida. […]

De verdad sorry pero no puedo guardarme mas esta wea.

Abusador de mierda te odio, Ojalá te manden esta wea también”.

Octavo: Que, en primer término, es del caso señalar que, con los antecedentes acompañados en la causa, no es posible establecer la identidad de las personas que mantienen el diálogo precedentemente transcrito, por lo que no resulta posible atribuir a la recurrida la autoría de las expresiones que allí se vierten. Tampoco es posible determinar si este diálogo se desarrolló en una red social abierta a terceros que pudieron conocer su contenido o tuvo lugar en alguna red privada, accesible solo a quienes protagonizan tal diálogo.

Noveno: Que la circunstancia precedentemente señalada resulta suficiente para desestimar el presente arbitrio constitucional, desde que no puede atribuirse a la recurrida la autoría de las expresiones que el actor reclama como vulneratorias de las garantías constitucionales que aduce como conculcadas.

Décimo: Que, por lo demás, de la lectura del diálogo que se acompaña en imágenes en estos autos, y que se reproduce parcialmente más arriba, no se aprecia vulneración a los derechos a la intimidad, privacidad y honra de la persona a quien van dirigidas tales expresiones, desde que se trata de un diálogo entre personas que, aparentemente, mantuvieron una relación sentimental, en que se utilizan expresiones fuertes, pero que no son de la entidad suficiente como para conculcar las referidas garantías constitucionales.

En efecto, la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, cuyo artículo 2°, letras f) y g), señala que “[p]ara los efectos de esta ley se entenderá por: [...] f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual [...] “.

Por su parte, el artículo 4° de la citada ley, dispone que “[e]l tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito...". En el mismo sentido, el artículo 10 establece: "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”.

En este contexto, no se aprecia que las expresiones cuestionadas por quien recurre hayan infringido los preceptos legales antes transcritos, afectando los derechos a la intimidad, privacidad y honra de la persona a quien van dirigidas, toda vez que tales publicaciones no atribuyen la comisión de hechos ilícitos o moralmente reprobables, sino que se enmarcan en el ámbito de una discusión entre personas que, aparentemente, mantuvieron en el pasado una relación sentimental.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por la abogada María José Boegel Soto en favor de don nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Comuníquese.

Redacción del abogado integrante Sr. Misseroni.

Rol 21005-2022-pro Pronunciado por la primera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por las ministras Ana Cienfuegos Barros y Celia Catalán Romero, y por el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.

No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma la ministra Cienfuegos por estar con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, tampoco lo hace el abogado integrante señor Misseroni por haber cesado en sus funciones.