nombre reservado con nombre reservado

San nombre reservado, catorce de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

Primero: Que comparecen doña nombre reservado y don nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado y doña nombre reservado, por los actos que reprochan de arbitrarios e ilegales consistentes en la publicación en redes sociales y, en específico en las plataformas de YouTube y de Facebook, de expresiones y contenidos que los recurrentes califican de deshonrosos hacia sus personas, afectando sus derechos a la honra y vida privada, así como a la propiedad respecto de la propia imagen, denunciando vulneradas las garantías de los numerales 1, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Exponen resumidamente que, con ocasión de acuerdos fallidos para la adquisición en conjunto de una parcela en la comuna de Buin, actualmente inscrita a nombre de nombre reservado, subsisten desavenencias económicas con los recurridos que detallan, por pagos e inversiones en el predio, las que han derivado en amenazas verbales y en la publicación en redes sociales de expresiones y contenidos lesivos en contra de ellos, ejecutando persistentemente una conducta que califican con la expresión coloquial de “funa” y de la cual tomaron conocimiento a partir del 14 de agosto del presente año.

En tal sentido, refieren que en su cuenta en la red social Facebook, nombre reservado publicó el 15 de agosto del año en curso:

Antes las constantes amenazas de nombre reservado y nombre reservado, hoy nos vemos envueltos en esta situación.

En Abril de 2022 aproximadamente, frente al poco compañerismo, a piedras en el camino y trabas que nombre reservado y nombre reservado ponían en nuestro desarrollo, tomamos la decisión de vender, a los primeros que les comunicamos nuestra decisión fue a ellos, a lo que respondieron que ellos nos comprarían. Ese indefenso ofrecimiento con el tiempo se fue convirtiendo en amenazas.

Durante mucho tiempo se trato sanamente de llegar a un acuerdo, el mejor acuerdo para ambas familias, ellos nunca lo aceptaron... Tenían su plan decidido.

Es ahí donde ellos comienzan a dilucidar su verdadera intención y muestran su verdadera cara.

A medida que pasaba el tiempo, esta pareja tomo una posición desafiante, humillante y arbitraria. Donde el beneficio fue para ellos y el perjuicio para nosotros. NUNCA NOS QUISIERON PAGAR LO JUSTO, ARGUMENTANDO QUE NO TENIAN MAS Y NOS PONDRÍAN “DE PATITAS EN LA CALLE”.

Al querer desistir de la venta, dado que no llegamos a acuerdo, ellos arbitrariamente nos indicaron que ellos quieren que nos vamos … Poniéndonos entre la espada y la pared.

En resumen...

La Intención de esta pareja era mediante amenazas que aceptáramos su insuficiente pago o tirarnos a la calle.

Gente sin empatía, sin corazón, sin remordimiento.

POR FAVOR COMPARTIR #Chile #estafa #amenazas #robo delincuentes #tvn #mega #canal13 #chilevision #lared #justiciaparatytayfaby #justicia #gobiernodechile #bienesacionales #viviendayurbanismo #ministerioviviendayurbanismo #diputado #senador #camaradiputados #tudia #muchogusto #contigoenlamañana #ayuda #familia (sic).

Agregan que luego se efectuaron publicaciones con una serie de videos en la plataforma YouTube con las leyendas “NOS QUIEREN ROBAR NUESTRA CASA, TRABAJO Y PROYECTO DE VIDA” (sic) y “!! 8 DIAS SIN AGUA¡¡ REPORTAJE BUIN CHILE 2022” (sic), las que a la fecha de interposición de la acción registraban 3608 visitas y 1185 reproducciones.

A lo anterior, señalan, se suman publicaciones del 16 de agosto en la cuenta de WhatsApp de nombre reservado, solicitando testimonios en contra de nombre reservado que serían grabados asegurando reserva de identidad.

Exponen los recurrentes que las publicaciones de los recurridos han incitado comentarios lesivos para su honra por parte de terceras personas que citan, incluyendo amenazas según detallan.

Refieren que la conducta de los recurridos daña gravemente sus entornos familiar, social y laboral, dada la entidad de los delitos que los recurridos les imputan, los que han incluso publicado el domicilio de los actores y los han denostado con sus empleadores.

Solicitan que, acogiéndose el recurso con costas, a) Se prohíba a los recurridos toda comunicación contra sus personas y entorno familiar, sea personal o a través de cualquier otro medio, ya sea celular, correo electrónico o cualquier otro medio o soporte; b) Se les ordene eliminar todo el contenido publicado en descrédito de sus personas en la red social Facebook, Youtube y en cualquier otra que hayan compartido dicha información y que eviten seguir realizándolas en el futuro; c) Se les ordene eliminar todas las imágenes de los actores que almacenen en todos sus dispositivos computacional y digital, y de cualquier especie; d) Se ordene su eliminación a los administradores, representantes y/o agentes de las redes sociales Facebook y YouTube, sin perjuicio de otras medidas; y e) Se ordene a los recurridos efectuar dos publicaciones en un diario de circulación nacional ofreciendo disculpas públicas respecto a las imputaciones infundadas propinadas en su contra, las que deberán también formular en sus redes sociales, a su costa.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso por los recurridos, don nombre reservado, abogado, solicita su rechazo, con costas.

Explica que es efectivo que se acordó por ambas partes comprar una parcela en conjunto y que en ella los recurridos ejecutaron las obras que refiere con conocimiento y aceptación de los recurrentes. Asimismo expone que es efectiva la subsistencia de un conflicto entre las partes, originado en la voluntad de los recurrentes de desalojar del inmueble a los recurridos, sin alcanzar un acuerdo para la restitución de los gastos e inversiones realizados por sus representados, motivo por el cual éstos dedujeron una acción de in rem verso en procedimiento ordinario en contra de doña nombre reservado, a cuyo nombre figura inscrita la propiedad, la que se sigue ante el 1° Juzgado de Letras de Buin, en los autos Rol: C-985-2022, caratulados “nombre reservado con nombre reservado”.

En lo que toca al fondo de la presente acción, niega la existencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarias por parte de los recurridos, por cuanto tanto la demanda civil como la publicación en sus redes sociales respecto de la preocupación por el desalojo forzado del cual están siendo presionados por parte de los recurrentes no revisten el carácter antijurídico que se les atribuye.

Agrega que no existe tampoco vulneración, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, los que no precisan el contenido y modo en que se habría conculcado la garantía del numeral 1 del artículo 19 de la carta fundamental, sin que en el propio relato de los recurrentes se contenga algún antecedente, no constando denuncia alguna ante las autoridades competentes, que se acompañe al proceso. Adiciona que, en relación con la garantía del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, sus representados no han publicado en sus redes sociales nada que la vulnere, limitándose a contar su historia y lo que han tenido que vivenciar por la amenaza de desalojo, puntualizando que son comentarios de terceras personas o “seguidores”, como se indica y relata en el recurso, los que afectarían tales derechos sin responsabilidad de sus representados.

Arguye que esta Corte no es la sede para establecer responsabilidades penales por injurias y calumnias, las que deben ser ejercidas por los afectados por los comentarios en redes sociales de “seguidores” de sus representados en los Tribunales de Garantía.

Finalmente, en lo que toca al derecho de propiedad que se denuncia vulnerado, refiere que las imágenes de los recurrentes que se encuentran publicadas por los recurridos han sido obtenidas de redes de carácter público y abiertas a terceros.

Tercero: Que de conformidad a lo que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción cautelar de protección tiene jurídicamente una naturaleza cautelar y está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte resulta preciso tener presente que la cuestión planteada dice relación con la integridad psíquica, la honra y el derecho a la propia imagen, los que habrían sido vulnerados por los recurridos a través de las publicaciones en redes sociales de contenidos e imágenes de los recurrentes, en los que, de acuerdo con los antecedentes documentarios allegados al proceso, se manifiesta de modo explícito la intención de denunciarlos públicamente a fin de resolver en su favor una conflictiva entre las partes, incentivando con ello que fueran sometidos a la crítica y juzgamiento públicos.

Quinto: Que nuestro ordenamiento protege constitucionalmente la vida privada de las personas y su honra, a la vez que asegura a toda persona un debido proceso de ley, lo que restringe sustantivamente fórmulas de autotutela para la resolución de los conflictos de connotación jurídica. A su turno, en lo que concierne al derecho a la propia imagen que debe ser encuadrada en la garantía de privacidad del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, su contenido ha sido entendido por la Excma. Corte Suprema como: “(…) referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo” (C.S. Rol N°2506-2009), complementando el Tribunal Constitucional que la propia imagen de una persona por regla general no puede ser reproducida o utilizada sin la autorización de ésta (T.C. Rol N°2454-13).

Sexto: Que las normas tutelares antes reseñadas revisten especial importancia en la actualidad, dado el creciente desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información, en plataformas convergentes de redes y datos digitales, gracias al desarrollo de los servicios de acceso a internet, los que han transformado a las personas no solo en receptores sino también en activos emisores de contenidos, con alcance no solamente local o nacional, sino que global.

Séptimo: Que en el ámbito de la protección legal de los datos de carácter personal o personales y dentro de ellos de los datos sensibles, la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, dispone, en su artículo 2 letra f), que son datos de carácter personal o datos personales: “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables” y, en el literal g) del mismo precepto, que son datos sensibles: “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual”, de lo que se colige que la fotografía, en cuanto da cuenta de las características físicas de la persona, tiene la calidad de dato personal sensible. (C.S. Rol N°46.936-2022)

Octavo: Que, de los antecedentes reunidos en autos, apreciados conforme a las normas de la sana crítica, es posible establecer el hecho de haberse publicado en las redes sociales una denuncia pública en contra de los recurrentes, individualizándolos y atribuyéndoles una conducta ilícita, cuya existencia debe ser resuelta imparcialmente por los tribunales ordinarios a través de las acciones correspondientes, con pleno respeto y garantía de los derechos de las partes. Dichas publicaciones a su vez han incitado comentarios lesivos e incluso amenazas formuladas en las mismas redes en contra de los actores.

Noveno Que los hechos antes establecidos obligan a analizar la forma en que deben armonizarse las garantías constitucionales del derecho a la honra y a la libertad de expresión implícitas en la cuestión planteada. Para ello es pertinente tener presente que tal como recientemente ha razonado la Excma. Corte Suprema:

“(…) dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando –como en el caso de autos-, se publican en una red social afirmaciones que producen descrédito a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

Décimo: Que aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario mundo de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, como son por ejemplo el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada en un grupo, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección.

Undécimo: Que conforme a lo anteriormente razonado, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y, por cierto, queda limitada por el derecho al buen nombre que le asiste al afectado por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social pública”. (C.S. Rol N°46.936-2022, motivos noveno, décimo y undécimo)

Décimo: Que, en consecuencia, se concluye que las publicaciones efectuadas por los recurridos por medio de las redes sociales afectan la honra de los recurrentes, sin que en la especie deban tolerarse actos de autotutela parar resolver un conflicto entre las partes, el cual debe ser ventilado ante los tribunales ordinarios de justicia y quienes, por lo demás, ya han prevenido en su conocimiento, según informa el apoderado de los recurridos.

Undécimo: Que la actuación de los recurridos constituye una perturbación del derecho a la honra y a la propia imagen de los recurrentes, consagrados ambos en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón suficiente por la que ha de acogerse la presente acción cautelar, disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la protección debida a los afectados.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que se acoge el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y don nombre reservado sólo en cuanto se dispone que los recurridos don nombre reservado y doña nombre reservado deberán eliminar de inmediato todas las publicaciones realizadas en las redes sociales que contengan expresiones deshonrosas respecto de los actores.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado Roberto von Bennewitz Álvarez N°Protección-20.929-2022.

Pronunciada por la Primera Sala integrada los ministros señor Danilo Quezada Rojas señor nombre reservado (s) y el abogado integrante señor Roberto von Bennewitz Álvarez.

Se deja constancia que no firman el ministro señor Quezada y el abogado integrante señor von Bennewitz, no obstante que concurrieron a la vista y posterior acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunal, el primero y, por no integrar sala el día de hoy el segundo, respectivamente.