nombre reservado con HOSPITAL Y CRS EL PINO

Dejo constancia que alegó en contra del recurso la abogada Pamela Jiménez Vargas. San Miguel, 4 de octubre de 2022.

San Miguel, cuatro de octubre de dos mil veintidós.

Al folio 9: A lo principal, primer, segundo y tercer otrosíes: téngase presente; al cuarto otrosí: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 19 de agosto último, comparece el abogado don Ignacio Arteaga Casanova, en favor de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del HOSPITAL EL PINO, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la suspensión de sus funciones el día 19 de agosto del actual, en función de una pena accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, a la que fue condenado en causa penal, lo que afecta su derecho al trabajo y de propiedad consagrado en el artículo 19 numero 24 de la Constitución Política del Estado.

Expone que el recurrente se desempeñaba como auxiliar a contrata grado 23 para la recurrida, desde octubre de 2020 hasta el 19 de agosto de 2022.

Indica que en procedimiento abreviado de 3 de agosto de 2022, en la causa RIT 5620-2020 del Juzgado de Garantía de San Bernardo, fue condenado a la pena de 3 años y 1 día por el delito de porte ilegal de arma de fuego, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, concediéndosele la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y aplicando, además, el artículo 38 de la Ley 18.216 para que dicha condena no figurara en sus antecedentes penales.

Expresa que la Contraloría General de la Republica notificó posteriormente su condena al Hospital El Pino, el que decretó la suspensión de sus funciones a contar del 19 de agosto del año en curso, lo que considera ilegal, por cuanto no reviste la calidad de funcionario público a pesar de recibir remuneraciones por parte del estado, además de ejercer funciones netamente relativas a aspectos técnicos de mantención de equipos para el Hospital, y tampoco desempeña funciones administrativas que requieren un resguardo en la fe pública, siendo su calidad más bien de empleado semipúblico regulado por el artículo 2° inciso 3° del Estatuto Administrativo, razón por la cual no existe causal legal para su separación de funciones por el sólo hecho de ser sujeto de una sentencia penal.

Solicita que se acoja el presente recurso, ordenando al recurrido su reincorporación al cargo de auxiliar a contrata grado 23 en mantención de infraestructura y de máquinas.

Segundo: Que informa el Hospital El Pino, representado por la abogada Pamela Jiménez Vargas, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que el 17 de agosto último, la Contraloría General de la República notificó al Servicio de Salud Metropolitano Sur la sentencia penal que afecta al recurrente, la que contiene una pena accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, lo que motivó la suspensión de funciones del mismo mediante la dictación de la Resolución Exenta N°2103 de 18 de agosto último, la que le fue notificada al actor el 19 de agosto pasado. Además de ordenar la apertura de un sumario administrativo a su respecto, mediante Resolución Exenta N°2104 de 18 de agosto del actual. Lo anterior, se hizo en cumplimiento a lo establecido en Dictamen N°3833 de 2019 del citado órgano contralor, que se refiere al Estatuto Administrativo y esta temática de penas accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos que afecten a funcionarios públicos.

Señala que, de acuerdo al artículo 3° letra a) del D.F.L. N°29 que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.823 sobre Estatuto Administrativo, el recurrente, al pertenecer al Hospital El Pino como funcionario en calidad de contrata, sí es funcionario público, lo que devino en su suspensión de funciones, la que actualmente se plasma en su hoja de vida por medio de la respectiva “inhabilitación” para ejercer cargos u oficios públicos a contar de su notificación.

Plantea que, en tal contexto, no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de La República, respecto del recurrente, solicitando el rechazo de la acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que por la presente vía se denuncia de ilegal y arbitraria el actuar de la recurrida, consistente en la dictación de la resolución exenta N°2104 de 18 de agosto del año en curso, por la cual se ordenó la suspensión de sus funciones del recurrente para ejercer el cargo de auxiliar grado 23, del Hospital El Pino de San Bernardo.

Sexto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la Resolución Exenta indicada precedentemente, la que a su juicio no es procedente por no ser un funcionario público propiamente tal y no realizar funciones en resguardo de la fe pública.

Séptimo: Que, según se desprende de los antecedentes, el Hospital El Pino ha dictado el acto recurrido por instrucción de la Contraloría General de la República, teniendo para ello presente el Dictamen N°3833 de 2019 del citado órgano contralor, el cual indica en lo atingente que “la jurisprudencia administrativa contenida, por ejemplo, en el dictamen N° 77.312, de 2016, de este origen, ha concluido que la circunstancia de no ser condenado por crimen o simple delito es una de las condiciones establecidas por la ley, tanto para el ingreso como para la permanencia en un cargo público” para, luego, referir que “de acuerdo con el dictamen N° 7.986, de 2018, de este origen, quien ha sido condenado a una pena privativa o restrictiva de libertad, que es sustituida por alguna de las que menciona el artículo 1° de la ley N° 18.216, en principio, debe dar cumplimiento a las penas accesorias que le sean impuestas, salvo que el tribunal señale expresamente lo contrario.”; instruyendo posteriormente que, ante penas accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, lo que corresponde en derecho es dictar un acto administrativo que haga efectiva la pena accesoria de suspensión del cargo u oficio público durante el lapso que la propia sentencia señala, con las consecuencias que el artículo 40 del Código Penal contempla.

Octavo: Que, lo obrado por la recurrida dice relación con hacer efectiva la pena accesoria a la cual fue condenado el recurrente, consistente, precisamente, en la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, lo que se traduce en la suspensión –no desvinculación o despido- de sus funciones mientras dure la condena que le afecta, no siendo óbice para ello el hecho de que se haya concedido una pena sustitutiva o que se haya otorgado el beneficio del artículo 38 de la Ley 18.216.

Noveno: Que, en consecuencia, siendo el recurrente un funcionario público afectado por una condena penal con la pena accesoria ya señalada, se desprende que la suspensión de funciones decretada por la recurrida es precisamente la forma de hacerla cumplir, no avizorando este juzgador en ello un actuar ilegal o arbitrario en este caso, que vulnere la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso de protección interpuesto debe ser desestimado por no existir el acto arbitrario e ilegal denunciado por esta vía.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Hospital El Pino.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°20.915-2022 Protección.

No firma la ministra señora Rojas no obstante concurrir a la vista y al acuerdo, por presentar problemas de conexión con el sistema de tramitación de la Corte.