Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de San Miguel San Miguel, veinticinco de junio de dos mil veintiséis Al escrito folio N°19: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, dueña de casa, en representación de su hija nombre reservado, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del Colegio nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en las diversas agresiones de las cuales es objeto su hija por parte de alumnas del establecimiento referido, solicitando que se acoja el presente arbitrio, ordenando que el establecimiento educacional cumpla las medidas de protección impuestas y garantice la seguridad de su hija.

Refiere que su hija sufrió golpes por parte de alumnas del establecimiento y que a pesar de que el colegio adoptó medidas de resguardo, estas no se han cumplido.

Añade que dicha situación vulnera el derecho a la educación y a la vida de su hija, ya que el colegio la expone constantemente a las agresiones referidas, agregando además que ella cuenta con una credencial de discapacidad -de carácter física, en un 50%- lo que implica que tiene menos posibilidades de acciones frente a situaciones de peligro.

Segundo: Que Paulina Natalia Sepúlveda Contreras, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur informa al tenor del recurso que el 8 de abril pasado se recibió una denuncia por parte de la actora figurando como víctima la adolescente aludida por hechos ocurridos en el interior del establecimiento educacional el 6 de abril pasado, consistentes en agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de dos estudiantes en contra de la adolescente, configurándose en la especie los delitos de lesiones leves y amenazas simples.

Posteriormente, el 22 de abril, se recibió otra denuncia por hechos constitutivos del delito de amenazas simples, ocurridos el 20 de ese mes, por medio del cual la adolescente volvió a recibir amenazas de muerte por una de las denunciadas, en horas de la mañana y al interior de un baño.

Indica que, contactado el establecimiento educacional, este le da baja credibilidad a los hechos denunciados, habiéndose terminado los protocolos escolares sin sanción alguna a las denunciadas. Agregan que realizan un acompañamiento psicosocial y educativo a la denunciada, como entregar facilidad en las evaluaciones por su inasistencia ante la suspensión, pero no indican la entrega de apoyo a las víctimas, sin tener conocimiento sobre las inasistencias al establecimiento educacional ante el temor de ser agredidas o amenazadas por la imputada. Precisa que si se adoptó la medida de cambio de curso entre ambas alumnas como medida de protección y que su representada adoptó las medidas de contacto prioritario con el cuadrante de Carabineros respectivo, la entrega de un botón de pánico y línea directa con la Fiscalía.

Tercero: Que informa al tenor del recurso la Fundación nombre reservado, que el 6 de abril de 2026, aproximadamente a las 14:00 horas, la estudiante recurrente habría sido abordada en el baño de mujeres por dos estudiantes, una de las cuales la habría tomado del cuello y amenazado, mientras que la otra la amenazó de muerte si volvía al colegio. Dicha situación implicó la presentación de una denuncia por parte de la madre de la estudiante.

Añade que, ante ello, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur decretó una medida de protección a favor de la adolescente por el plazo de 30 días, contemplando -entre otras acciones- contacto telefónico prioritario con la víctima y rondas periódicas de Carabineros. Además, y luego de la denuncia formulada por la estudiante, el colegio inició una investigación, activando el “protocolo frente al acaso o maltrato escolar entre estudiantes y/o entre cualquier otro miembro de la comunidad educativa”, específicamente en lo relativo a la agresión física y/o psicológica entre estudiantes. Producto de lo anterior, el establecimiento educacional también formuló una denuncia ante fiscalía respecto de los mismos hechos.

Señala que, como medidas adoptadas por el establecimiento educacional, se suspendió a una de las estudiantes involucradas, no asistiendo a clases la otra estudiante implicada, asegurando la continuidad pedagógica de ambas. Junto con ello, se adoptaron medidas a fin de esclarecer los hechos denunciados, recolectando testimonios de quienes presenciaron los hechos, como asimismo evidencia audiovisual de lo ocurrido, destacando que no se logró identificar el ingreso de las estudiantes involucradas a los baños a la hora indicada. Esta situación implicó que se cerrara la investigación concluyendo que no resultaba posible corroborar los hechos denunciados en los términos expuestos, sin que ello descartara la existencia de un conflicto entre las estudiantes.

Expone que, dadas las conclusiones referidas, se propuso brindar apoyo y seguimiento a la estudiante recurrente, cambiar de curso a las estudiantes presuntamente agresoras, evaluando una intervención psicológica de las mismas y su derivación a un taller de resolución de conflictos. Además, se determinó implementar talleres, intervenciones y actividades formativas enfocadas en la resolución de conflictos junto al sometimiento a las medidas de protección dispuestas por Fiscalía, consistentes en atención prioritaria ante llamados de la víctima o su familia al cuadrante y/o Carabineros del sector, por 60 días, y rondas periódicas una vez al día al establecimiento educacional de la víctima por el mismo plazo.

Destaca que finalmente el establecimiento reforzó dichas medidas en la instancia de conciliación realizada ante la Superintendencia de Educación el 7 de mayo último, en la cual el establecimiento, la entidad sostenedora y la apoderada de nombre reservado acordaron medidas concretas de resguardo y seguimiento. En particular, se dejó constancia de que las estudiantes sindicadas como involucradas habían dejado de asistir durante el desarrollo del protocolo, que luego serían reintegradas en cursos y pisos distintos, y que la inspectoría de piso y nivel mantendría especial atención respecto de la seguridad de la adolescente.

Asimismo, se designó una profesional de referencia y una inspectora de nivel para efectuar seguimiento semanal, contacto permanente con la apoderada y reporte de antecedentes relevantes.

Por último, estima que su representada adoptó todas las medidas necesarias para velar por la integridad física y psíquica de la estudiante, por lo que no existe vulneración a las garantías fundamentales referidas además de no ser procedente el presente recurso, teniendo en especial consideración que el asunto objeto de la acción cautelar se encuentra bajo el imperio del derecho, a través de la investigación seguida por el Ministerio Público.

Cuarto: Que informa la Superintendencia de Educación que en cuanto a los hechos denunciados, el 21 de abril de 2026 recibió una denuncia dando cuenta de los mismos, iniciándose una instancia de conciliación el 25 de abril pasado, arribándose a la misma el 7 de mayo pasado.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la parte recurrente consiste en la falta de medidas de protección adoptadas por parte del establecimiento educacional recurrido que velen por los derechos de la adolescente presuntamente agredida.

Séptimo: Que de los antecedentes acompañados al presente recurso aparece que el 7 de mayo último la apoderada y el establecimiento educacional arribaron a un acuerdo ante la Superintendencia de Educación, a través de la cual la recurrida acordó adoptar medidas de resguardo a favor de la estudiante recurrente, lo que se consigna en el acta suscrita por las partes.

Octavo: Que, en atención a lo precedentemente expuesto, aparece que no existe medida cautelar alguna que adoptar a favor de los derechos de la estudiante recurrente, desde que las partes acordaron las medidas pertinentes que velen por los derechos de ésta.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, por si y a favor de su hija nombre reservado en contra dl Colegio nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°2077-2026-Protección