nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, diez de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que la abogada Ingrid Katherina Toledo Vega, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad haitiana, pasaporte haitiano número RUT reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°2600100181901 de 24 de marzo de 2026, la que tiene por desistida la solicitud de residencia temporal de la recurrente, lo que perturba las garantías fundamentales del numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Indica que el 24 de marzo de 2025 la recurrente presentó solicitud de residencia temporal en el extranjero, subcategoría sujeta a contrato de trabajo, ante el Servicio Nacional de Migraciones. Agrega que el 18 de junio de ese año, la autoridad migratoria le requirió antecedentes adicionales, consistentes en certificado de antecedentes penales legalizado, contrato de trabajo actualizado y documentación que acreditara recursos económicos del empleador.

Agrega que, en cumplimiento de lo anterior, subsanó las observaciones, remitiendo el 30 de junio de 2025, a través del portal y por correo, el certificado de antecedentes penales emitido en Haití legalizado y el contrato de trabajo de 6 de septiembre de 2024, suscrito con empleador en Chile, junto con carpeta tributaria. Señala que, además, presentó carta explicativa, informando la imposibilidad material de legalizar el contrato por el cierre del Consulado de Chile en Haití.

Afirma que, el 30 de enero de 2026 el Servicio emitió notificación de previo rechazo, señalando que no cumpliría con la presentación de un contrato de trabajo en los términos requeridos, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para acompañar nuevos antecedentes, ante lo cual envía los documentos y subsana.

Finalmente, mediante Resolución Exenta N° 2600100181901, de 24 de marzo de 2026, el Servicio rechaza la solicitud de residencia temporal, por no cumplimiento de los requisitos, en particular la inexistencia de un contrato de trabajo válido, desconociendo la documentación presentada, así como la explicación fundada sobre la imposibilidad de legalización consular, configurándose de este modo un acto administrativo basado en un error de hecho manifiesto, al prescindir de antecedentes que constan en su propio sistema.

Afirma que, se han vulnerado las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política. Respecto a la igualdad ante la ley, por cuanto, a pesar de haber enviado los antecedentes, el Servicio no los consideró válidos, a diferencia de otros administrados. En relación con el debido proceso, por habérsele notificado por correo electrónico y no por carta certificada la solicitud de subsanación, y la decisión de tener por tener por desistida la solicitud de la recurrente.

Pide se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta de fecha 24 de marzo de 2026 y se ordene reanudar la tramitación de dicha petición, otorgando la residencia temporal a su representada.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones informa que la recurrente el 24 de marzo de 2025, a través de plataforma web, solicitó una visa de residencia temporal fuera de Chile para realizar actividades licitas remuneradas. Agrega que el 18 de junio de ese año, se le solicitó a la recurrente el certificado de antecedentes de país de origen legalizado, contrato de trabajo y documentos que acreditasen recursos para su contratación. Respecto de esto último, se indica que, debe adjuntarse a la solicitud la carpeta tributaria para solicitar créditos del empleador o contratante, en caso de que el empleador sea una persona jurídica o natural con inicio de actividades. De lo contrario, debe acreditarse solvencia económica suficiente del empleador para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas.

Agrega que el 30 de junio de 2025, a título de subsanación, la recurrente remite copia de certificado de antecedentes penales y copia de contrato de trabajo. El 11 de septiembre de 2025, el Servicio le solicitó nuevamente antecedentes correspondientes al contrato de trabajo, por cuanto la información contenida en el documento es insuficiente; documentos que acrediten recursos para la contratación del trabajador y carpeta tributaria del empleador contratante. Además, se señala que el objeto del contrato de trabajo deberá ser coherente con las actividades vigentes declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuesto Internos (SII). Explica que, para ello se le otorgó un plazo de 60 días, informando que, de no subsanar, se le podría tener por desistida.

Añade que el 9 de octubre de 2025, la recurrente remite documentos correspondientes a la misma copia de contrato de trabajo, a la cual le faltaban información relevante y la carpeta tributaria de su empleador. Señala que, mediante la notificación de Previo Rechazo de 30 de enero de 2026 se le informó que correspondía rechazar su solicitud, por no presentar contrato de trabajo actualizado, firmado por el empleador en Chile, ante notario, y por el trabajador, ante el Consulado Chileno en su país. También se le indicó que disponía de 10 días hábiles para realizar los descargos.

Relata que el 9 de febrero de 2026 la recurrente remitió el mismo contrato de trabajo acompañado anteriormente y una carta explicativa por no cumplir con lo solicitado.

Finalmente, mediante Resolución Exenta N°2600100181901, de 24 de marzo de 2026, se rechaza la solicitud por no presentar contrato de trabajo vigente celebrado con una persona natural o jurídica, con domicilio o sucursal en Chile e inicio de actividad vigente ante el SII, de acuerdo al artículo 17 letra a) del Decreto 177 del Ministerio del Interior. Menciona que se reservaron a la recurrente los recursos contemplados en la Ley N°19.880 para impugnar el acto, de los cuales no se tiene antecedentes que hayan sido interpuestos.

Pide se rechace la acción de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que corresponde, dilucidar si en los hechos asentados se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al Servicio Nacional de Migraciones, consistente, según se denuncia, en el rechazo de la solicitud de residencia temporal a favor de la recurrente.

Quinto: Que, sobre el particular, cabe señalar que la autoridad informó que la solicitud de residencia temporal de la recurrente no cumplió con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal solicitada, específicamente, presentar contrato de trabajo actualizado, firmado por el empleador en Chile, ante notario, y por el trabajador, ante el consulado chileno en su país, con domicilio o sucursal en Chile, en las diferentes oportunidades que se le otorgó para que fuera debidamente subsanado.

Sexto: Que, el artículo 17, inciso primero, del Decreto Supremo N°177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establece que “Podrán solicitar este permiso aquellos extranjeros que deseen establecerse en Chile por un tiempo limitado, a fin de desarrollar actividades lícitas remuneradas bajo vínculo de subordinación o dependencia, y que cumplan los siguientes requisitos:

a. El extranjero interesado deberá presentar un contrato de trabajo celebrado con una persona natural o jurídica, con domicilio o sucursal en Chile e inicio de actividad vigente ante el Servicio de Impuestos Internos, cuando la actividad que desarrolla así lo requiera. La duración del contrato no podrá ser inferior a 3 meses.

b. El contrato deberá ser firmado por el empleador ante un notario público chileno, mientras que el trabajador extranjero, deberá firmarlo ante el Consulado que sea competente de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Consular.

c. El objeto del contrato de trabajo deberá ser coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito cuando se trate de actividades que por su naturaleza no exijan al empleador haber iniciado un giro ante dicho servicio público.”

Séptimo: Que, asentado lo anterior, no se constata la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al servicio recurrido, en la medida que la norma antes transcrita establece, en términos categóricos, la documentación que se debe adjuntar a la solicitud de residencia temporal formulada por la recurrente, carga que no satisfizo íntegramente en el caso en examen.

Octavo: Que, en consecuencia, no existen antecedentes en estos autos que acrediten la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías invocadas, razón por la cual el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2061-2026 Protección.