Protección contra Prefecto de la Prefectura de Carabineros Santiago Cordillera

Fojas 63/sesenta y tres En Santiago, dos de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que a fojas 21 doña nombre reservado, cesante, ex cabo 2° de Carabineros, domiciliada en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros Santiago Cordillera, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por haber dictado la resolución de Baja N° 6 de 24 de mayo de 2016, la que a su vez se funda en las resoluciones exentas N° 356 de 17 de marzo de 2016 y N° 905 de 12 de mayo de 2016, ambas de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, afirmando que ha vulnerado las garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expresa la recurrente que luego del nacimiento de su hija nombre reservado el 17 de julio de 2013 debió prolongar su licencia médica por enfermedad de ésta hasta que cumplió un año, volviendo a trabajar portando un nuevo embarazo, en el curso del cual sufrió nuevos problemas de salud que obligaron a su hospitalización, luego de la cual continuó trabajando hasta los 7 meses de gestación; la segunda hija nació el 24 de febrero de 2015 y con posterioridad se le extendieron licencias médicas por depresión post parto desde agosto de 2015; al cabo de tres meses fue citada en primera instancia por la Comisión Médica, siendo atendida por el médico teniente Menéndez, quien le informó que el médico que le había dado las licencias por depresión no era psiquiatra, cosa que la recurrente ignoraba. Posteriormente sufrió un accidente doméstico, diagnosticándosele “tendinitis en la muñeca derecha” por lo que comenzó un tratamiento y tuvo nueva licencia. Dice que el 22 de enero de 2016 fue citada por la Comisión Médica en pleno, donde sólo se le mencionaron las licencias por tendinitis y se le preguntó si volvería a trabajar el 24 de enero, fecha en que vencía su licencia y ante su respuesta de que consultaría al médico, la amenazaron que si no volvía propondrían su retiro temporal; por esas amenazas –dice- volvió a trabajar el 25 de enero de 2016, desempeñando sus servicios en forma normal hasta el mes de abril en que llegó a la Unidad en que prestaba sus servicios un documento en que se decretaba su retiro temporal, contra el cual presentó reposición en tiempo y forma. El 23 de mayo de 2016, encontrándose de turno en la población y cumpliendo servicios normales se le ordenó regresar de inmediato a su Unidad, donde el comisario le informó que la Comisión Médica sin citación ni evaluación médica, mucho menos informe de su jefe directo decidieron decretar su retiro temporal, procediendo en ese momento a retirarle todas sus especies fiscales, quedando sin fuente laboral, sin sueldo y sin sistema de salud para ella y su hija mayor, que era carga suya.

Impugna, como se dijo, la resolución de baja N° 6 de 24 de mayo de 2016, que se funda en las resoluciones exentas N° 356 de 17 de marzo de 2016 y N° 905 de 12 de mayo de 2016, ambas de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile.

Estima que las resoluciones que sirven de fundamento a la resolución de baja son arbitrarias, arbitrariedad que en el caso de la Resolución Exenta N° 365 está dada por la inexistencia de fundamentos coherentes, particularmente cuando cita el informe del médico teniente Menéndez que alude a sus licencias médicas históricas y luego consigna que fue vista por un médico no especialista con tratamiento inadecuado según peritaje efectuado por el informante (que nunca lo realizó) y señala que sigue después con reposo y tratamiento traumatológico, refiriendo, conforme a las licencias emitidas por un médico no especialista “que se ha configurado entidad crónica de origen natural no invalidante, que aleja a la funcionaria del perfil requerido para continuar desempeñándose en Carabineros de Chile”, sin hacer mención a ningún subtipo de trastorno, ni tratamiento a seguir, estimando la recurrente que dicho informe sólo enfatiza las prolongadas licencias médicas, debidas a dos embarazos continuos; en cuanto a la “tenosinivitis”, no hay informe que determine su origen y si ella es invalidante o no, en circunstancias que la actora volvió a trabajar el 25 de enero de 2016 sin problemas, lo que indica que la supuesta lesión ya había cesado, lo que no fue considerado por la Comisión Médica al resolver la reposición. En suma, dice que la arbitrariedad de dicha resolución está dada por el fundamento inexistente en lo referente al peritaje que no se realizó, sólo un sencillo informe carente de rigurosidad técnica para determinar consecuencias tan relevantes en la labor realizada por la recurrente, y sobre todo, por carecer de antecedentes que digan relación con la “tenosinovitis” supuestamente diagnosticada.

Respecto de la resolución exenta N° 905, expresa que ella contiene la respuesta al recurso de reposición deducido contra la anterior, repitiendo sus mismos yerros y arbitrariedades, porque no incorpora nuevos argumentos, limitándose a cumplir solo de manera formal con el acto, sin hacerse cargo en forma precisa y detallada de las alegaciones vertidas en la reposición. Tampoco se hace cargo del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, limitándose a señalar que éste es improcedente “en virtud de la normativa legal y reglamentaria que regula esta Comisión Médica Central y la jurisprudencia de la Contraloría General de la República emitida al respecto”, sin mencionar cuáles son las normas legales invocadas y vulnerando el principio de impugnación de los actos administrativos consagrado en el artículo 15 inciso primero de la ley 19.880 que establece dicho recurso, con las excepciones mencionadas en el artículo 59 de la misma ley, cuyo no es el caso. Ello infringe la legalidad del juzgamiento consagrado en el Artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política.

Sostiene que la resolución de Baja N° 6 de la Prefectura Santiago Cordillera es arbitraria porque los antecedentes fácticos en que se funda son falsos o erróneos, al incorporar las resoluciones exentas ya nombradas antecedentes carentes de fundamentos técnicos mínimos que hagan inteligible y puedan permitir el ejercicio al derecho a la defensa de la paciente, las que causan agravio o restricción en el normal ejercicio de las garantías constitucionales aludidas.

Adicionalmente menciona como vulneradas las normas que protegen la maternidad, pues se encuentra amparada por fuero maternal desde el nacimiento de su segunda hija hasta junio de 2016, conforme dispone el artículo 201 inciso primero del Código del Trabajo, aplicable en la especie conforme al artículo 194 del mismo código. Tal inamovilidad no es absoluta, pero el beneficio solo cesará si el tribunal competente autoriza el desafuero de la afectada, lo que en su caso nunca ha sido solicitado ni autorizado por tribunal alguno.

Formula algunas reflexiones teóricas sobre la vulneración al principio de igualdad ante la ley para concluir que se trata de un derecho fundamental implícito en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política que prohíbe que autoridad alguna pueda establecer diferencias arbitrarias, lo que es congruente con la igual dignidad de todas las personas reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución chilena. De ello se colige –dice- que la Comisión Médica Central, al fundar sus resoluciones en antecedentes fácticos insuficientes y la Prefectura Santiago Cordillera al dictar un acto administrativo que vulnera las normas que protegen la maternidad, han incurrido en acciones arbitrarias e ilegales que vulneran la garantía constitucional mencionada.

Respecto de la vulneración a la garantía constitucional del derecho de propiedad, hace mención a la evolución histórica del concepto hasta incorporar la protección sobre toda clase de bienes corporales e incorporales y cómo se ha discutido en sede de protección la vulneración a estos últimos en conflictos producidos entre el ciudadano y la Administración del Estado, particularmente ante actos de la administración dictados en ejercicio de su potestad revocatoria o invalidatoria, que explica, como también las formas procedimentales que permiten su impugnación, concluyendo que por tales consideraciones los hechos descritos privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio del derecho de igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad del recurrente.

Pide se deje sin efecto las citadas resoluciones y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, con costas;

2°) Que a fs. 49 informa la recurrida alegando, como consideración preliminar, que la Resolución de Baja N° 6 en contra de la cual se recurre únicamente formalizó la determinación adoptada por la Comisión Médica Central de Carabineros en uso de sus atribuciones, decisión en la cual no tiene injerencia el prefecto recurrido, quien suscribió la Resolución de Baja por Circunstancias Obligadas de la recurrente en cumplimiento de sus funciones como Prefecto de la repartición.

Sin perjuicio de lo anterior, informa sobre el fondo en base a los datos requeridos de la Comisión Médica Central, aseverando que en octubre de 2015 se dispuso la evaluación médica de la actora, al encontrarse a esa fecha con licencia desde diciembre del año anterior, acumulando 221 días de reposo médico. Fue evaluada por el asesor siquiátrico de la Comisión Médica, Dr. nombre reservado, quien informó que la paciente presentaba un “trastorno de adaptación prolongado” y “tenosinovitis” con pronóstico malo, habiendo presentado 670 días de reposo médico desde 2011, que fue tratada por un médico no especialista, con un tratamiento inadecuado, concluyendo que dado el tiempo de evolución, estructura de personalidad y rasgos de carácter de la paciente, así como también factores psicosociales asociados a su cuadro, considera que se ha configurado una entidad crónica de origen natural no invalidante, que aleja a la funcionaria del perfil requerido para continuar desempeñándose en Carabineros de Chile. El caso fue visto por la Comisión Médica Central el 22 de enero de 2016, con asistencia de la funcionaria-paciente, dictándose al efecto dos actos administrativos: la resolución exenta N° 356 de 17 de marzo de 2016 que declaró la nombre reservado de la cabo segundo nombre reservado por las razones indicadas por el Dr. Menéndez que la imposibilitan temporalmente para continuar prestando servicios en Carabineros de Chile, proponiéndosele, en consecuencia, su Retiro Temporal de la Institución, y la resolución exenta N° 357 que le autorizó 168 días de licencia médica hasta el 24 de enero de 2016. La recurrente dedujo recurso de reposición en contra de la resolución exenta N° 356, petición que fue derivada al Dr. Menéndez, profesional que emitió un nuevo informe de evaluación, en el que no varía el diagnóstico anterior, mencionando además la citación de la funcionaria al pleno de la Comisión Médica y la consideración de los demás factores tenidos en cuenta por la Comisión, condiciones que no son susceptibles de modificarse en el tiempo; además, el citado profesional manifestó sobre los nuevos antecedentes aportados al recurso que se trataba de un “alta” certificada en Datos de Atención de Urgencia del Hospital de Carabineros, firmado por un médico no especialista y un certificado de “aptitud” emitido por médico no registrado como especialista que no fue el tratante de la actora durante su enfermedad ni quien le otorgó el reposo médico. Con tales antecedentes se analizó nuevamente el caso de la actora en sesión de 22 de abril de 2016, dictando la Comisión Médica Central la resolución exenta N° 905 de 12 de mayo de 2016, que mantuvo a firme la declaración de nombre reservado y su proposición de Retiro Temporal, ratificándose así la resolución anterior. En consecuencia, el 24 de mayo de 2016, la Prefectura de Carabineros Santiago Cordillera emitió la Resolución de Baja N° 06, que dispuso el retiro temporal de la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 N° 3 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, a contar del 26 de mayo de 2016, en la que se deja establecido que la recurrente puede solicitar en el plazo de dos años una nueva evaluación médica a la Comisión Médica Central, en conformidad al artículo 11 inciso segundo del D.S. N° 4 de 1988 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Carabineros, Reglamento de las Comisiones Médicas de Carabineros de Chile.

Menciona a continuación la normativa que rige la materia y la forma en que ella es aplicada, así como diversos pronunciamientos de la Contraloría General de la República relativos a la Comisión Médica Central. Refiere también jurisprudencia de distintas Cortes de Apelaciones sobre la materia.

Alega también la extemporaneidad del recurso, teniendo en cuenta que la resolución que causa el agravio de la recurrente es la N° 356, que le fue notificada el 31 de marzo de 2016, de modo que al presentar el recurso de protección había vencido largamente el plazo a que se refiere el Auto Acordado sobre Tramitación de tales recursos.

Agrega, en lo que concierne a la falta de pronunciamiento sobre el recurso jerárquico deducido por la recurrente en subsidio de la reposición, que éste es improcedente porque la Comisión Médica Central ejerce una potestad desconcentrada, careciendo de superior jerárquico para esos efectos, como lo ha ratificado la Contraloría General de la República.

En lo que se refiere al fuero maternal, menciona dictámenes de la Contraloría General de la República relativos a que los ceses de servicio que dispone la ley operan con prescindencia de las normas sobre inamovilidad en el empleo, como ocurre con el fuero maternal, porque dichas normas se relacionan con la facultad de ciertas autoridades para poner término a las funciones, pero no tiene cabida en los casos en que el alejamiento del organismo se origina en un imperativo legal, como ocurrió precisamente en el caso de la Sra. nombre reservado.

Niega, por las razones que indica, haber afectado las garantías constitucionales mencionadas en el recurso, por lo que pide el rechazo del mismo, acompañando los documentos que dan cuenta de lo actuado;

3°) Que para delimitar el ámbito del recurso es preciso dejar establecido que el acto impugnado por la recurrente es la Resolución de Baja N° 6 de 24 de mayo de 2016, que dispuso su retiro temporal de las filas de Carabineros de Chile, por nombre reservado, la cual pide sea dejada sin efecto por esta Corte, acto respecto del cual la presente acción cautelar se encuentra oportunamente ejercida. Adicionalmente reprocha que tal resolución vulnera la protección a la maternidad, al haber estado amparada por fuero maternal a la época de la baja.

Ataca también las dos resoluciones exentas que sirvieron de fundamento fáctico a la referida resolución de baja: la Resolución Exenta N° 356 de 17 de marzo de 2016, que declaró la nombre reservado de la recurrente por padecer de las afecciones que menciona, y la Resolución Exenta N° 905 de 12 de mayo de 2016, que rechazó la reposición que había deducido la afectada en contra de la anterior, las cuales también pide dejar sin efecto, estimándolas arbitrarias e ilegales por los motivos descritos en el recurso, lo que a su vez generaría la arbitrariedad de la resolución de baja.

Reprocha también la falta de pronunciamiento respecto del recurso jerárquico que había deducido en subsidio del de reposición rechazado por la resolución N° 905.

4°) Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

5°) Que, si bien la resolución exenta que determinó la nombre reservado de la recurrente aparece dictada conforme al mérito de los antecedentes tenidos a la vista al evaluarla el 22 de enero de 2016, estima esta Corte que ella perdió oportunidad como fundamento para disponer el alejamiento de la recurrente de las filas de Carabineros en mayo del mismo año, puesto que es un hecho no controvertido y acreditado con el informe de su jefatura directa, que no tuvo licencias médicas desde el 25 de enero de 2016, fecha en que reasumió sus servicios después de la última licencia. Entonces, la resolución N° 6 que dispone la baja de la Sra. nombre reservado por nombre reservado no resulta congruente con la circunstancia de haber desempeñado normalmente sus funciones durante los cuatro meses anteriores a su expedición. Tal falta de oportunidad priva de razonabilidad a la resolución de baja tornándola arbitraria, en términos que autorizan el ejercicio de la acción cautelar impetrada y la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho;

6°) Que, la resolución N° 6 de la Prefectura Santiago Cordillera dispuso la baja por nombre reservado de la recurrente, pero dicha imposibilidad aparece desmentida por la situación real de haberse desempeñado sin impedimentos físicos en sus funciones durante los cuatro meses anteriores a la resolución. Ello vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, que consagra el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, debiendo entenderse entre estos últimos el derecho a la función, que se traduce en la permanencia del funcionario en el cargo respectivo mientras no se configure una causal legal de cesación en el mismo.

En la especie, al momento de ser evaluada en enero de 2016, se diagnosticó a la recurrente dos patologías, las que en principio configuraban la nombre reservado a que alude la resolución y, consecuentemente, la causal legal de cesación en el cargo. Sin embargo, la propia resolución menciona que tales dolencias son de origen natural, de pronóstico curable y no invalidantes, lo que –unido a la circunstancia del desempeño efectivo de la función- permite presumir que la mejoría podría haber ocurrido entre el tiempo de evaluación y el de la resolución de baja, de modo que la causa legal con que se pretendió justificarla perdió su vigencia, dejando entonces privado de motivo al acto que dispuso la cesación en el cargo de doña nombre reservado. Tal carencia implica, por una parte, la arbitrariedad de dicho acto y, por otra, que la actora se ha visto privada en el legítimo ejercicio de su derecho a la función, quebrantándose así la garantía que le asegura el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política sobre dicho bien incorporal.

7°) Que, habiéndose configurado la anotada vulneración de una garantía constitucional, ello resulta motivo suficiente para acoger el presente recurso de protección, siendo innecesario el análisis de los demás fundamentos del referido arbitrio.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, disponiéndose que queda sin efecto la resolución de baja N° 6 de 24 de mayo de 2016 dictada por el prefecto de la Prefectura Santiago Cordillera de la Zona Carabineros Santiago Este de Carabineros de Chile, disponiéndose que la Comisión Médica Central de dicha institución deberá evaluar nuevamente a la referida funcionaria, a fin de determinar si presenta en la actualidad alguna afección que le impida prestar servicios en Carabineros de Chile y, en caso de que ello no ocurra, deberá disponerse su reincorporación a las filas en los términos establecidos en el inciso segundo del artículo 14 de la ley 18.961.

El organismo que corresponda de Carabineros de Chile adoptará las medidas administrativas que derivan de la circunstancia de haberse dejado sin efecto la resolución N° 6 de 24 de mayo de 2016 que dispuso la baja de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Devuélvase la custodia tenida a la vista.

Redacción de la Ministra Sra. Ana Cienfuegos Barros.

Rol N° 2048-2016-PRO Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor José Ismael Contreras Pérez, señora Ana Cienfuegos Barros y abogado integrante señor César Toledo Fuentes quien no firma por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.

En Santiago, a dos de septiembre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.