nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE

San Miguel, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que Roxana Muñoz Molina, abogada en representación de nombre reservado, psicóloga, empleada pública, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, interpone acción de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°449/4/2025, de 8 de abril de 2025, notificada el 30 del mismo mes y año, que declaró la vacancia del cargo que servía la recurrente por supuesta salud incompatible, vulnerando sus garantías establecidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la resolución recurrida fundamenta la decisión en la circunstancia de que la actora habría hecho uso de licencias médicas, por un período continuo o discontinuo superior a seis meses, dentro de los últimos dos años, omitiendo de forma deliberada e injustificada que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), mediante Resolución Exenta N°137, de 6 de septiembre de 2024, concluyó expresamente que la salud de su representada es recuperable.

Así, argumenta que en la especie no se verificó el presupuesto legal habilitante para declarar la vacancia por salud incompatible, conforme lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia administrativa y judicial.

Añade que la resolución se notificó con posterioridad al reintegro de la recurrente a sus funciones, las que se encontraba desarrollando en comisión de servicio en el Servicio de Salud Metropolitano Central, y pese a encontrarse vigente su contrata hasta el 31 de diciembre de 2025 la que, destaca, fue decidida con pleno conocimiento por parte de la recurrida de los antecedentes médicos y administrativos de la funcionaria.

Indica que la recurrente ingresó al Servicio el 2012, bajo la modalidad de honorarios a suma alzada; precisando que, desde el 2013 en adelante, se desempeñó en calidad de funcionaria a contrata profesional. Sostiene que, a lo largo de más de una década, cumplió funciones dentro del Departamento de Calidad de Vida Laboral, particularmente en la Unidad de Trato Laboral, donde llegó a ejercer como Encargada de Unidad.

Menciona que, desde el 2021 en adelante, la funcionaria fue objeto de una progresiva degradación profesional y hostigamiento sistemático por parte de sus superiores jerárquicos, específicamente de la jefa del departamento, doña nombre reservado, y de la subdirectora de gestión y desarrollo de personas, doña nombre reservado.

Especifica que tales hechos incluyeron la degradación de su grado profesional desde el 7º al 10º sin fundamento técnico ni proceso válido, exclusión de tareas propias de su rol, invisibilización institucional, descalificaciones en público y en privado, y cambio arbitrario de su puesto físico de trabajo.

Agrega que, en diciembre de 2022, como medida de protección en el marco de un sumario administrativo por acoso laboral, el fiscal a cargo gestionó una comisión de servicio para doña nombre reservado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, la cual rigió desde enero hasta julio de 2023, periodo durante el cual su salud se mantuvo estable. Al ser reincorporada, en agosto de 2023, indica que el acoso laboral se reactivó.

Puntualiza que las licencias médicas derivadas del acoso laboral comenzaron en el 2022 y que éstas fueron analizadas por la COMPIN mediante carta de notificación N.º 307/2024, en la cual se concluyó que la salud de actora era recuperable. Dice que de aquella revisión se excluyó expresamente el año 2023, dado que sólo hubo 3 días de licencia médica, vinculados a un accidente del trabajo, que califica como una caída.

Asevera que, a comienzos de 2024, solicitó el cambio de dependencia funcional, sin que existiera respuesta por parte del Servicio, lo que le provocó un alto nivel de estrés que produjo la reactivación del Lupus Eritematoso Sistémico que padece, pormenorizando que el 12 de agosto de 2024 inició tratamiento biológico para tratarlo, manteniendo hasta la fecha atención psiquiátrica y terapéutica en UC Christus con su médico tratante, la Dra. nombre reservado, quien además, la derivó en marzo de 2024 al centro de salud mental de dicha institución, por un cuadro depresivo severo y sintomatología ansiosa, que motivó sucesivas licencias médicas psiquiátricas durante los años 2022 y 2023.

Hace saber que los hechos descritos fundaron una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, ingresada bajo el RIT T-104-2024, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, proceso que concluyó por conciliación el 12 de marzo de 2025, por medio de la cual el servicio pagó una suma compensatoria y se comprometió a mantener las facilidades administrativas y condiciones laborales adecuadas para el ejercicio del cargo, incluyendo la posibilidad de mantener comisiones de servicio conforme a las necesidades del caso.

En cumplimiento de lo anterior, relata que pidió ser enviada en comisión de servicio para evitar la reincidencia del acoso sufrido, detallando que a la fecha de esa comisión su contrata se encontraba prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025.

Da cuenta de que, pese a encontrarse desempeñando funciones bajo la modalidad de comisión de servicio, con contrato vigente y con dictamen médico de salud recuperable emitido por la COMPIN el 6 de septiembre de 2024, el Servicio de Salud dictó la Resolución Exenta RA N°449/4/2025, de 8 de abril de 2025, declarando vacante su cargo por salud incompatible, de conformidad a lo prescrito en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Estima que la circunstancia de existir un dictamen de la COMPIN que concluye que la salud de la recurrente es recuperable, desautoriza por completo la aplicación de la causal del artículo 151 en comento, y que, además de desconocer un pronunciamiento médico vinculante, la resolución impugnada vulnera el principio de seguridad jurídica, el respeto por los actos propios de la administración, el principio de buena fe, y el compromiso judicial asumido por el propio Servicio de Salud ante sede jurisdiccional, constituyendo, en definitiva, una represalia institucional encubierta.

Argumenta que para que proceda válidamente la declaración de vacancia deben concurrir dos elementos copulativos, a saber, que el funcionario haya estado con licencias médicas continuas o discontinuas por más de seis meses en los últimos dos años, y la existencia de una evaluación previa de la COMPIN que determine la irrecuperabilidad de la salud que no le permite desempeñar el cargo. Arguye que, al existir un pronunciamiento claro de salud recuperable, ello impide al jefe del servicio aplicar la causal en análisis.

Aduce que estos antecedentes permiten sostener que no sólo existe una ilegalidad normativa, sino un acto administrativo viciado por desviación de poder y carente de motivación válida.

Asimismo, hace presente que la facultad para declarar la vacancia está sujeta a criterios de razonabilidad temporal, los que no se satisfacen en la especie, al haberse declarado la salud recuperable el 6 de septiembre de 2024 y haberse prorrogado su contrata en enero de 2025, lo que evidenciaría lo ilegal y arbitrario del acto.

De igual manera, denuncia que el acto administrativo vulnera el principio de confianza legítima, atendida la existencia de contratas sucesivas por más de 11 años, periodo durante el cual nunca fue objeto de calificación deficiente ni sumarios disciplinarios que pusieran en duda su idoneidad o desempeño.

Respecto de los fundamentos de derecho, evidencia que se ha vulnerado su integridad psíquica, toda vez que, sin advertencia ni fundamentos, se ha puesto término a su relación funcionaria, lo que ha afectado su salud emocional al privarla abruptamente de su única fuente de ingreso, siendo jefa de hogar y sostén económico de su familia.

Acto seguido, afirma que se ha infringido la garantía de igualdad ante la ley, puesto que el Servicio ha ejercido la facultad del artículo 151 del Estatuto Administrativo en contra de una funcionaria con salud declarada recuperable, lo que constituye una diferencia de trato injustificada respecto de otras situaciones funcionales similares que no han sido objeto de vacancia, pese a tener evaluaciones médicas o antecedentes análogos, desconociéndose además la conciliación judicial a la que arribaron las partes.

También, estima que se ha afectado su derecho de propiedad, en tanto se la ha privado de su remuneración mensual, feriados, bonos de desempeño, asignaciones familiares y acceso a licencias médicas, así como del ejercicio de su cargo.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita se acoja la presente acción constitucional y se ordene al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente: i) dejar sin efecto la resolución impugnada; ii) ordenar la reincorporación inmediata de la recurrente, en iguales condiciones a las existentes al momento de su desvinculación; iii) disponer el pago íntegro, a la actora, de las remuneraciones y beneficios por el tiempo intermedio; iv) establecer que la recurrida no podrá adoptar nuevos actos de terminación del vínculo funcionarial con la recurrente por causas discrecionales o sin motivación suficiente y específica, mientras subsista el proceso de revisión judicial de la legalidad de sus decisiones. Todo ello con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso, la abogada Marcela Vera Leiva, en representación del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, solicitando su rechazo, con costas.

Reseña que la recurrente ingresó a prestar servicios en calidad de suplente el 1 de enero del año 2013, pasando a la calidad contractual de contrata en el mes de noviembre de 2013, permaneciendo en el Servicio en virtud de sucesivos nombramientos en la misma calidad jurídica, para desempeñarse como psicóloga con 44 horas, siendo su último cargo el de Encargada del Área de Trato Laboral en el Equipo de STAFF de Calidad de Vida Laboral, dependiente del Departamento de Calidad de Vida Laboral del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Precisa que, según consta del informe de ausentismo que acompaña, la funcionaria hizo uso de numerosas licencias médicas entre los años 2022 y 2024, por un total de 264 días. Añade que mediante Resolución Exenta N°137, de 6 de septiembre de 2024, la COMPIN concluyó que presenta un estado de salud recuperable.

Refiere, además, que las licencias médicas no tienen por causa un accidente en acto de servicio, enfermedad a consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones, ni reposo vinculado con la maternidad de la recurrente.

Explica que, con la determinación de la COMPIN y los antecedentes allegados desde los Departamentos de Gestión de Personas y de Calidad de Vida Laboral, se dictó la resolución impugnada.

Sustenta que no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, al haber sido dictada la resolución cumpliendo todos y cada uno de los supuestos previstos en el artículo 151 del D.F.L. N° 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Asevera que la resolución cuestionada ha sido dictada por una autoridad de la Administración del Estado en ejercicio de sus atribuciones, cumpliendo con los supuestos legales que autorizan el empleo de la facultad; debidamente fundada; y, además, con las instrucciones específicas dictadas por la Contraloría General de la República, en cuanto expresamente señala que “en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal. En la situación opuesta, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad” (Dictamen N°17.351, de 11 de julio 2018).

Aclara que se debe distinguir entre la recuperabilidad o no de una enfermedad, pronunciamiento técnico que efectúa la COMPIN, y la evaluación de incompatibilidad en el desempeño de la función, realizado por el Jefe del Servicio.

En cuanto a los fundamentos de la resolución, expresa que la decisión indica que la Administración del Estado debe actuar conforme al principio de servicialidad y bien común, asegurando el cumplimiento de las prestaciones públicas de salud en forma continua y permanente a los usuarios, incorporando que el ausentismo prolongado de la funcionaria ha impactado negativamente en la planificación y organización de la Unidad Equipo Staff Calidad de Vida Laboral, produciéndose sucesivos reemplazos y siendo dificultoso obtenerlos por la precariedad de las contrataciones.

Asegura que de no permitir al Director del Servicio ejercer la facultad de declarar la vacancia del cargo, se produciría un efecto negativo en el funcionamiento de la Unidad de Clima y Cultura de la Subdirección de Personas del Servicio y se obstaculizaría la posibilidad de dar cumplimiento al principio de servicialidad que rige al Servicio.

Descarta que la resolución obedezca a una represalia institucional por la denuncia en sede laboral, toda vez que se dictó la Resolución N°35 de 28 de noviembre de 2024, que declaró vacante el cargo de la funcionaria recurrente, pero fue observada en su tramitación en revisión de legalidad, por lo que la decisión que ahora se impugna fue dictada subsanando las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República a fines de 2024.

En relación a la supuesta transgresión a la confianza legítima, afirma que es un criterio jurisprudencial que no sería aplicable a este caso, que obedece a razones de buen servicio atendido lo ya referido. Igualmente, hace presente que por no haberse tramitado completamente el acto administrativo para terminar el vínculo en el 2024, la funcionaria debió ser incorporada en las planillas de prórrogas para la anualidad 2025, sin perjuicio de que ya se estaba tramitando la declaratoria de vacancia.

Finalmente, asegura que no ha vulnerado ninguna de las garantías que se denuncian infringidas en la acción, haciendo presente que el recurso de autos debe discutirse en un juicio de lato conocimiento o agotarse la vía administrativa correspondiente, por no ser materia de una acción cautelar urgente y excepcional.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos indubitados y preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. En este contexto, resulta que actúa ilegalmente tanto el que se aparta de la preceptiva vigente que lo obliga, como el que desconoce el derecho y obra contra ley o sin seguir lo que la ley le manda. Por su parte, actúa arbitrariamente el que decide y obra a su antojo, por mero capricho, sin razones o argumentos que apoyen su conducta.

Cuarto: Que, es útil recordar que la presente sede procesal tiene un carácter breve y sumarísimo, dado que no crea una instancia declarativa de derechos, sino que se dirige a proteger, amparar o resguardar derechos fundamentales, preexistentes e indubitados de las personas. Esto hace que su tramitación se encamine a obtener el remedio rápido y eficaz que se pretende, sin correlato en los procedimientos propios de las acciones ordinarias, y es deber de la parte que lo promueve acreditar la existencia de su fundamento fáctico.

Quinto: Que la actuación contra la cual se recurre es la Resolución Exenta N°449/4/2025, de 8 de abril de 2025, dictada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que declaró la vacancia del cargo que servía la recurrente por salud incompatible, luego de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Sur Oriente (COMPIN), en Resolución Exenta N° 137 de 6 de septiembre de 2024, resolviera que la actora presenta un estado de salud recuperable.

Sexto: Que corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado, por la presente acción de protección, es ilegal o arbitrario y si afecta las garantías constitucionales de los N° 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que se denunciaron como vulnerados por la interesada.

Séptimo: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (…)”.

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por ende, se observa, en las normas citadas, que la única limitante impuesta al Jefe de Servicio para poner término a la contratación por la salud incompatible para el cargo consiste en el hecho de que la salud hubiere sido declarada irrecuperable por la Comisión de Medicina Preventiva, puesto que, en tal situación, esa sería la causa del cese de la función.

Octavo: Que, en el caso de marras, el término de los servicios no acaeció por la invocación de salud irrecuperable, sino que se estimó que se trataba de salud incompatible para el desempeño de la función.

Noveno: Que es un hecho no controvertido que la duración de las ausencias de la recurrente, con motivo de las licencias médicas respectivas, corresponde a 264 días, entre los años 2022 y 2024.

A su vez, de acuerdo a los antecedentes concretos aportados por las partes, aquéllas no tuvieron por causa un accidente en acto de servicio, enfermedad a consecuencia o con ocasión del desempeño de las funciones, ni reposo vinculado con la maternidad de la funcionaria. A esto se suma que no medió, en este contexto, una declaración de salud irrecuperable.

Décimo: Que la situación descrita se enmarca en los presupuestos previstos en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo. De lo que, necesariamente, se sigue que el Servicio recurrido actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal.

En efecto, se infiere, de las normas precedentemente transcritas, que es facultad privativa del Jefe Superior del Servicio calificar si el goce de licencia médica por parte de un funcionario durante un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de irrecuperabilidad, importa o no tener salud incompatible con el desempeño del empleo.

Undécimo: Que tampoco el acto impugnado resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la resolución cuestionada se expresan, claramente, los motivos por los que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratada y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, esto es, se observaron los fundamentos de hecho y de derecho que le sirvieron de base de sustentación, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

A mayor abundamiento, la resolución objetada, en su oportunidad, fue sometida a control de legalidad por la Contraloría General de la República, la que previa comprobación de la concurrencia de los supuestos de hecho y de derecho que la hacían procedente, tomó razón de la misma.

Duodécimo: Que de considerarse que para aplicar lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834 debió mediar una declaración de salud irrecuperable, como postula la recurrente, tendría que aceptarse entonces que sus incisos 1° y 3° serían contradictorios, pues el primero daría la potestad al jefe de servicio de declarar vacante el cargo por salud incompatible, siempre y cuando no haya una declaración de salud irrecuperable; y el segundo le exigiría la existencia de salud irrecuperable para poder declarar vacante el cargo por salud incompatible. Esta interpretación significaría que no tendría efecto alguno aquella facultad que la ley otorga al jefe de servicio, para ejercer la prerrogativa de declarar vacante el cargo por salud incompatible de la funcionaria recurrente, careciendo de sentido la norma, al resultar abiertamente contradictoria.

Décimo tercero: Que, atendido lo razonado hasta ahora, se debe desechar la alegación de la actora en cuanto a que el acto carece de motivación válida, y de que se encuentra viciado por desviación de poder, por no haberse invocado antecedentes plausibles que permitan concluir su existencia.

Décimo cuarto: Que se tiene presente, además, que pierde relevancia, para la decisión de este tribunal de alzada, el reproche efectuado por la actora acerca de lo estipulado en la conciliación con carácter de sentencia ejecutoriada, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, en el RIT T-104-2024, de la cual no consta un compromiso de mantener a la recurrente en funciones a todo evento; más aún cuando la recurrida esclarece que en la medida que los casos de ausentismo prolongado impactan en la efectiva prestación de las acciones de salud o interfieren en el desenvolvimiento de los procesos administrativos, son ponderados por la autoridad y se dictan las resoluciones de declaratoria de vacancia en el cargo por salud incompatible correspondientes, lo que en este caso fue considerado en la revisión trimestral del mes de mayo de 2024, dictándose una primaria Resolución N° 35, con fecha 28 de noviembre 2024, que declaró vacante el cargo de la funcionaria por salud incompatible, la que fue observada en su tramitación en revisión de legalidad, objeción que se plasmó en el oficio de representación N° E3034/2025 de 8 de enero de 2025 de la Contraloría General de la República, que solicita subsanar la documentación faltante de la primaria Resolución, dictándose –posteriormente- la definitiva Resolución TRA N° 449/4/2025 de 8 de abril de 2025, descartando con ello que el acto administrativo sea extemporáneo y que fue dictado como represalia institucional por la denuncia en juicio laboral en la causa RIT T-104-2024 ya individualizada.

Lo indicado es reforzado por el Servicio al explicitar en su informe que la recurrente tenía conocimiento de la gestión administrativa que se estaba realizando, en la COMPIN, para ejercer la facultad de declarar la vacancia del cargo por ausencias prolongadas y que dicho acto administrativo, esto es, la Resolución Exenta N° 137 de 6 de septiembre de 2024 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Sur Oriente, fue notificado a la funcionaria en el plazo establecido en la Ley N° 19.880.

Décimo quinto: Que cabe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo; ello en armonía con el objetivo de dicha labor, que implica prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, la que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado.

Décimo sexto: Que la Excma. Corte Suprema ha resuelto en este sentido sobre la materia, en la sentencia de 22 de abril de 2025, relativa al Rol 3940-2024, la que fundamenta, en lo pertinente:

“(…) Cuarto: Que, en consecuencia, esos tres cuerpos legales distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable de aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa).

En efecto, según los textos citados, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada del funcionario.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

(…) Décimo: Que, finalmente, no está de más recordar que, en virtud del principio de servicialidad, es también deber de los jefes de los servicios velar por la continuidad de la prestación de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve, de manera que dicho cargo sea proveído en forma y oportunamente para cumplir con la función pública encomendada”.

Décimo séptimo: Que la Contraloría General del República, en virtud de la petición de reconsideración del dictamen Nº 17.351, de 2018, concerniente a este tópico, emite –a su vez- el dictamen N° E188441N22, de 24 de febrero de 2022, el que concluye que: “(…) Asimismo, cabe recordar que la antedicha atribución de declarar la salud incompatible atiende a la necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas de los órganos de la Administración del Estado y, por ende, satisfacer las necesidades de la comunidad. Es esta exigencia la que justifica la separación de un funcionario que ha mantenido una ausencia prolongada, siempre que ella no obedezca a los supuestos que se encuentran excluidos para ese efecto, como sucede con las licencias otorgadas por accidente del trabajo y enfermedad profesional, por reposos vinculados con la maternidad y por cáncer.

(…) Debido a lo anterior, esta Entidad de Control no puede entender por la vía interpretativa que, frente a un informe de la COMPIN que declare que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra impedida de ejercer la facultad de declarar su salud incompatible, pues si aquella hubiese sido su intención, el legislador lo habría señalado expresamente (…)”.

Décimo octavo: Que, en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto arbitrario e ilegal denunciado, toda vez que el Servicio recurrido, frente al pronunciamiento por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur Oriente, acerca de la recuperabilidad de salud de la actora, teniendo a la vista los antecedentes médicos aportados, decidió fundadamente, en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Décimo noveno: Que, al no configurarse en la especie los presupuestos requeridos para que la acción prospere, vale decir, que el acto objetado sea ilegal o arbitrario, no es necesario emitir pronunciamiento respecto de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente, en razón de lo concluido.

Vigésimo: Que, conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sra. Manzo.

N°2047-2025 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por los ministros señora María Carolina Catepillán Lobos, señor Christian Carvajal Silva (s) y la abogada integrante señora Paula Manzo Sagüez.

Se deja constancia que no firma la abogado integrante señora Manzo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar ausente.