nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 10: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Daniel Ortega Cadena, quien deduce acción constitucional en favor de Belyber nombre reservado, nacional de Venezuela, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Administradora de Pensiones Provida S.A. (AFP Provida), con motivo del acto que tilda de ilegal y arbitrario, consistente en no acoger a trámite la solicitud de fondos para extranjero, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Refiere que con fecha 23 de abril pasado, su representada solicitó ante la AFP recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Indica que la recurrida rechazó la petición, toda vez que, de acuerdo con los antecedentes presentados, estimó que no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 en los siguientes términos: “Constancia de Afiliación presentada se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud de devolución de fondos superando la vigencia indicada en dicho documento. Por lo que, no es posible acreditar que se encuentra cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero.”

Señala que al pie del documento cuestionado se consigna: “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve) con el código de verificación N° 4084241012023009.”. Afirma, entonces, que cuenta con una verificación electrónica y además se encuentra debidamente legalizado y con declaración bajo fe de juramento de que se encuentra cubierta por éste, en un periodo anterior al de comenzar a cotizar en los fondos de pensiones de AFP de Chile.

Añade que también acompañó una constancia electrónica de cotizaciones obtenida en abril de 2025, con código de verificación, la que tampoco fue aceptada.

Plantea que la actuación de la recurrida deviene en un acto arbitrario e ilegal, ya que exige la actualización de un documento que no sólo cuenta con plena validez, sino que además puede ser verificado electrónicamente.

Invoca el artículo 1 en relación con el 7 de la Ley N°18.156, señalando que la recurrente ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la ley.

Refiere que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la recurrente, consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, al realizar una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado y estableciendo una exigencia no contemplada en la ley que actualmente es imposible de cumplir.

Pide que se ordene a la recurrida acceder a la solicitud de la recurrente, haciéndole devolución de sus fondos previsionales, con costas.

Segundo: Que informa Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de carácter previsional que requieren un conocimiento de fondo y que el actuar de la AFP no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha ajustado estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Reconoce que ProVida rechazó solicitud del recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Añade que, por instrucciones del órgano regulador, ProVida tiene la obligación de verificar el cumplimiento estricto de los requisitos para proceder a una devolución de fondos en estos casos.

Reitera que la documentación presentada por el recurrente no acreditó debidamente los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, indicando que el requisito de encontrarse afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, condición que debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, lo que en este caso no ocurre.

Afirma que no ha existido en consecuencia una acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna del recurrente, por lo que debiera ser desechado el recurso que motiva esta presentación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

En este sentido, mediante el Oficio Ord. N°20294, de 8 de octubre de 2020, señala: “(…) según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. (…) resulta pertinente clarificar que se ha resuelto que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley”.

Séptimo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen que cumpla con los requisitos establecidos en la ley 18.156.

Para ello, acompañó fundamentalmente una “Constancia de Afiliación al IVSS”, de fecha 23 de enero de 2023, misma documentación que da cuenta que venció el 28 de febrero de 2023, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, y que además, no da cuenta en ninguna parte de ella de que se cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la citada Ley, ya que no permiten acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales realizada por la AFP ProVida responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Noveno: Que, por las razones antes dichas el recurso se advierte carente de todo fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de Belyber nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2031-2025 Protección