Protección contra Corporación Municipal de Isla de Maipo para la Educación y la Salud

Foja: 56 Cincuenta y Seis San Miguel, dos de junio de dos mil quince.

VISTOS:

PRIMERO: Que a lo principal de fojas 8, don nombre reservado, técnico en enfermería, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Isla de Maipo para la Educación y la Salud, domiciliada en domicilio reservado, por cuanto indica que don nombre reservado, en su calidad de Alcalde y Presidente del directorio de la Corporación Municipal y el Secretario General de ésta última entidad don nombre reservado procedieron a despedirlo en forma arbitraria y discriminadora al no fundamentarse los motivos de tal decisión, conculcando la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción cautelar en que desde el 24 de marzo del año 2008, presta servicios para la recurrida en diversos centros de salud dependientes de ésta, en el cargo de Técnico en Enfermería, en virtud de contrato de trabajo de plazo fijo, que vencía el 31 de diciembre de cada año, renovándose su contratación durante el curso del mes de enero del año siguiente. Acota que durante todos esos años fue calificado con buenos resultados, registrando incluso notas de mérito por su sobresaliente desempeño.

Refiere que pese a lo anterior y encontrándose a la espera de la renovación de su contrata que había vencido el 31 de diciembre de 2014, mediante carta de 31 de marzo pasado el Secretario General de la recurrida le comunicó la decisión de poner término a su vínculo laboral a contar de esa fecha, por la causal contemplada en artículo 48 letra c) de la Ley Nº 19.378, esto es, por vencimiento del plazo convenido en el contrato.

Agrega que en febrero pasado, un paciente cuestionó la atención de salud que se le brindó por lo cual presentó un reclamo en contra del equipo médico que lo intervino y que integraba el recurrente, por lo que se inició un sumario administrativo en contra de todos los involucrados. Indica que, a la fecha de interposición de la presente acción aún se encontraba pendiente ese sumario y pese a ello, sin haberse establecido ningún tipo de responsabilidad a su respecto fue el único que resultó desvinculado, siendo ese el motivo principal para proceder a su despido, sin perjuicio de reconocer que tal argumento no fue invocado en la carta que se lo comunicó.

Dice que tales hechos son manifestación de la actuación arbitraria de la recurrida y constituyen una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que se cometieron en uso de la discrecionalidad sin ninguna clase de limitaciones ni parámetros objetivos. En efecto, se trataría de un acto que vulnera la igualdad ante la ley por cuanto se le sometió a un proceso arbitrario, sin comunicársele los motivos por los cuales no se prorrogaría su contratación ni los criterios por lo que se decidió la permanencia de los demás funcionarios en la dotación de los centros de salud. Alega que ni siquiera se fundamentó su desvinculación en razones de buen servicio y aún cuando se trata de funcionarios regidos por un estatuto especial, igualmente se aplican las normas del Código del Trabajo en lo previsto por su Estatuto, aplicándose la norma del artículo 2 del citado cuerpo legal, que lo protege de la discriminación. Además aduce la vulneración de los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 que exigen la motivación de los actos administrativos y la actuación en conformidad a los principios de objetividad y probidad, los que estima, no se han respetado.

En definitiva estima que la decisión carece de fundamentos, tanto en lo referente a la decisión de no renovar su contratación, pese a la habitualidad que durante años se venía practicando, a su desempeño funcionario y a que las contrataciones de los demás funcionarios fueron regularizadas y por tanto renovadas, incluyendo a aquellos que, como el recurrente, mantenían un sumario administrativo pendiente, todo ello atentando contra su garantía de igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación.

Concluye solicitando que se deje sin efecto la decisión de no renovación de su contratación, procediéndose a su reincorporación a la dotación de atención primaria de salud hasta el 31 de diciembre de 2015.

Adjunta a su acción los siguientes antecedentes: a) Copia de carta de fecha 31 de marzo de 2015, en el que se comunica la decisión del Secretario General de la Corporación Municipal de Isla de Maipo de no renovación de la contratación del recurrente; b) Copia de contrato de trabajo Ley 19.378 período enero a diciembre 2014; c) Copia de Liquidación de Remuneraciones correspondientes al período Enero a Marzo de 2015.

SEGUNDO: Que a lo principal de fojas 41, don nombre reservado, Alcalde y Presidente del directorio de la Corporación Municipal de Isla de Maipo, en representación de ésta última, solicita el rechazo del recurso por cuanto su representada no ha vulnerado garantía constitucional alguna del recurrente y además por estimar que el asunto es materia de un juicio de lato conocimiento.

Refiere que su representada no ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental ni ha efectuado ninguna acción ilegal y/o arbitraria respecto del término de los servicios del recurrente ya que este se fundó en la causal legal establecida en el artículo 48 letra c) de la Ley 19.378, esto es, el vencimiento del período del contrato. Precisa que el señor nombre reservado se desempeñó desde el 24 de marzo de 2008 al 31 de marzo del año en curso como técnico de enfermería a contrata, en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19.378 que establece que se considerarán funcionarios a contrata aquellos con contrato a plazo fijo, que presentan servicios por períodos iguales o inferiores a un año calendario. En razón de ello es que sostiene que no ha existido ni terminación anticipada ni tampoco un accionar arbitrario en contra del recurrente, teniendo en especial consideración que las contrataciones a plazo fijo por su propia naturaleza no establecen derechos permanentes para su titular, y en el caso de autos el término de la relación laboral obedece a una causal legal de terminación, como lo es el vencimiento del contrato, y no una decisión administrativa inexistente. Agrega que en el evento de renovaciones de contratos a plazo fijo, e incluso ante la situación de que el funcionario continúe prestando servicios una vez vencido el plazo del contrato, dicha situación no altera la naturaleza del contrato a plazo fijo, el cual en el caso, fue renovado hasta el mes de marzo del presente, lo que ha sido ratificado por el dictamen Nº 5313/351 de 02 de noviembre de 1998 de la Dirección del Trabajo.

Por otra parte, en relación al marco normativo aplicable, expone que el recurrente confunde los requisitos y normativas aplicables a los Municipios y a las Corporaciones Municipales. Refiere que ésta última, al tratarse de una persona jurídica de derecho privado, si bien la relación laboral se encuentra sujeta a normas estatutarias de la Ley 19.378, existen diferencias sustanciales respecto de aquellos servicios de salud administrados directamente por Municipalidades, por cuanto el organismo competente para la fiscalización en materia laboral es la Dirección del Trabajo y no la Contraloría General de la República, lo que fundamenta en dos dictámenes; Nº 5317/205 y Nº 188/11, de la primera de esas entidades. Agrega que de acuerdo con lo dispuesto por la letra b) del artículo 2 de la Ley 19.378, la competencia de los Servicios del Trabajo para fiscalizar la aplicación del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal e interpretar el mismo cuerpo legal y sus reglamentos, se ejerce sólo respecto de los funcionarios afectos a esa normativa que se desempeñan en las entidades de derecho privado sin fines de lucro, constituidas al amparo del decreto № 1-3063, del Ministerio del Interior de 1980, que reguló el traspaso de los servicios de educación, salud y atención al menor, a la administración municipal.

Sostiene que tal criterio, además, ha sido ratificado por la Contraloría General de la República en dictamen № 29.730, de 21 de septiembre de 1995, mediante el cual resolvió que la competencia de la Dirección del Trabajo en el área de la salud se limita al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sólo cuando dicho cuerpo legal es aplicado "a servidores que laboran en las entidades de derecho privado, conforme a lo dispuesto en el D.F.L. № 2, de 1967, del Ministerio del ramo", ley orgánica de la Dirección del Trabajo.

Asimismo, descarta la vulneración a la Ley 19.880 alegada por el recurrente, por cuanto su representada es una persona jurídica de derecho privado, regida por las normas del Código Civil, que no está enumerada en el artículo 2 de aquella ley, por lo que no dicta actos administrativos y en consecuencia no resultan aplicables a su respecto los requisitos de los actos administrativos que sólo son aplicables a los servicios de salud directamente administrados por las municipalidad y no a las Corporaciones que no son servicios traspasados.

De otro lado, señala que no se puede fundamentar el actuar discriminatorio, arbitrario e ilegal en la decisión de no prorrogar la contratación o de no renovar el contrato, por cuanto la causal de término fue el vencimiento del plazo del contrato, a la cual la ley le atribuye el efecto de poner término a la relación laboral. Explica que no se trata de un término anticipado del contrato de plazo fijo en el que prima la voluntad del empleador y en que efectivamente debe fundamentarse cuales son las razones del buen servicio o bien la situación de no ser éstos necesarios. Sostiene que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria Municipal, la naturaleza de la relación laboral de los funcionarios que se desempeñan en estos servicios públicos traspasados, cambió de contractual a estatutaria, porque atendida la naturaleza de dicho cuerpo legal, el personal regido por éste ha quedado sometido a un régimen estatutario especial, en que es la ley y no el contrato la que fija los derechos y obligaciones de este personal en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, la Ley 19.378 establece en su artículo 4 que en todo lo no regulado expresamente se aplicarán en forma supletoria las normas de la Ley №18.883 sobre Estatuto de los Funcionarios Municipales.

Afirma que dicha distinción resulta fundamental de plantear, toda vez que el recurrente don nombre reservado, con fecha 23 de Abril de 2015 interpuso reclamo por despido injustificado ante la Inspección Provincial del Trabajo Talagante, terminando dicha gestión con comparendo de fecha 05 de mayo de 2015, en el cual al no existir acuerdo entre las partes, se señaló expresamente que debía recurrirse a los Tribunales de Letras del Trabajo, siendo evidente que la controversia de autos, en cuanto a la procedencia de la causal de término de contrato aplicada, debe ser materia de un juicio de lato conocimiento a través del procedimiento ordinario laboral vigente, lo cual manifiesta que fue ratificado por la sentencia de la Excma. Corte Suprema dictada en Rol Nº 4.719-2008 a propósito de la causal de vencimiento del contrato contemplada en el artículo 48 letra c), respecto de la que estimó que no cabía la aplicación supletoria de las normas del Código del Trabajo.

En mérito de lo expuesto solicita se rechace, con costas, la acción de protección por no existir arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de su representada ni haberse conculcado garantía constitucional alguna.

Adjunta a su informe los siguientes antecedentes: a) Copia de los contratos de trabajo a contrata y resoluciones que aprueban la contratación entre el recurrente y la Corporación Municipal de Isla de Maipo, por el periodo comprendido entre el año 2008 y el 31 de marzo de 2015; b) Copia de Reclamo y Acta de Comparecencia y Conciliación celebrada ante la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante de fecha 23 de abril de 2015; c) Copia de Carta certificada de 31 de marzo de 2015, que comunica al recurrente el término de sus servicios por la causal contemplada en el artículo 48 letra c) de la Ley 19.378.

TERCERO: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que al efecto, de la lectura del libelo surge que se denuncia la infracción a la garantía de la igualdad ante la ley, por cuanto se instruyó un sumario y se determinó la desvinculación del recurrente aun antes de haberse puesto término al mismo y sin que se haya procedido del mismo modo respecto de otros sujetos que se encontraban en idéntica situación; pero además, se trataría de un proceso arbitrario ya que no se le informó los motivos por los cuáles no sería prorrogada su contratación, ni menos aun por qué se decidió continuar los servicios de los demás; dice que ni siquiera se fundamentó su desvinculación en razones de buen servicio, resultando el proceder discriminatorio; a lo que agrega que se trata de un acto ilegal porque no ha sido debidamente motivado.

SEXTO: Que de la comunicación de término que se guarda en custodia, se lee que se comunicó al recurrente la terminación de su contrata, con fecha 31 de marzo de 2015, expresándose que ella se haría efectiva a contar de ese mismo día “…por aplicación de la causal establecida en el artículo 48 letra c), de la Ley 19.378, esto es, por Vencimiento de plazo convenido en el Contrato”. Acto seguido se informa que las cotizaciones previsionales se encuentran al día y, por último, se contempla una frase de agradecimiento por los servicios prestados.

Por otra parte, si bien de la documental adjuntada y lo expuesto por las partes resulta que el recurrente mantenía contratos que habían sido prorrogados en ocasiones anteriores y por periodos de enero a diciembre de cada año, ocurre que su última contratación aparece hecha por Resolución N° 0348/2015 de 5 de febrero del año en curso y que corresponde al periodo 1° de enero de 2015 a 31 de marzo del mismo año, fecha en que vencía el mismo y que corresponde a la misma fecha que se notifica como de término de los servicios, precisamente por vencimiento del contrato. Dicha resolución, está plasmada también en un contrato de 5 de febrero del año en curso, en cuya copia -que se mantiene en custodia- se observa también la firma del trabajador.

SÉPTIMO: Que en el contexto señalado, la carta de término aparece suficientemente motivada de acuerdo a la realidad que se presenta a este tribunal y que es respecto de la cual puede emitir pronunciamiento, ya que guarda regularidad formal con la documental que da cuenta de la existencia de un vínculo entre las partes, que era a plazo y que vencía en fecha determinada, el que también aparece avalado por la firma del trabajador.

En estas condiciones, no aparecía pertinente ni necesario que se extendiera la autoridad, además, a las razones por las cuales no prorrogaría el contrato del recurrente, como tampoco a los motivos por los cuales se habría renovado el de otros sujetos que –según el Sr. nombre reservado- mantenían un sumario de similares características a las suyas y que habría sido la razón de su desvinculación, porque ello tampoco se advierte de la documental aparejada.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que un tribunal de la especialidad pueda establecer dentro de un proceso de lato conocimiento en el que pueda recibir la prueba que le ofrezcan las partes y confrontarlas de acuerdo a los principios que rigen ese tipo de procedimiento, con el objeto de establecer la realidad detrás de los documentos si es que aquélla era distinta a la que estos sugieren y, en su caso, los derechos que puedan corresponder al actor. Sin embargo, no es esta la vía para establecer un derecho que se encuentra discutido y que exige más que una simple calificación jurídica para su determinación.

OCTAVO: Que por las razones anotadas, el presente recurso tendrá que ser desestimado desde que, como se ha anunciado, no existe un derecho fehacientemente establecido respecto del cual tenga competencia este tribunal, por esta vía cautelar, para emitir pronunciamiento, debiendo limitarse a la sola constatación de lo denunciado en el aspecto formal de cumplir la carta de comunicación con la motivación suficiente de acuerdo a los documentos vigentes y suscritos por las partes.

En mérito de lo expuesto y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fs. 8, a favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Carolina Vásquez Acevedo.

Rol Nº 202-2015-PROT.

Pronunciada por la Segunda Sala integrada por las Ministros señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Carolina Vásquez Acevedo y la Fiscal Judicial señora nombre reservado, quien no firma no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con licencia médica.

En San Miguel, a dos de junio de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario la resolución precedente.