Protección contra resolución del Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto

Foja: 26 Veintiséis En Santiago, treinta de marzo del año dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 1 comparece don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la resolución del Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, dictada en la causa Rol N° 531.506-4, por el Juez don nombre reservado, que ordena desarmar la estructura que mantiene para la venta de frutas y verduras, por cuanto aquella vulnera la garantía constitucional contenida en el numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, afectándolo a él y a su grupo familiar.

Funda su recurso indicando que tiene una microempresa familiar de comercialización de frutas y verduras, la que funciona en su casa habitación ubicada en México 3233, Puente Alto, y que en diciembre de 2015 su vecino nombre reservado, interpuso una denuncia en su contra fundada en que su microempresa funcionaría sin autorización municipal y sanitaria.

Indica que el referido vecino constantemente efectúa denuncias en su contra, discriminando a su familia por profesar la creencia Cristiana Evangélica, profiriéndoles improperios y deshonrando a su familia.

Señala que el domicilio donde funciona la frutería no pertenece a ningún condominio, por lo cual no debe contar con la autorización de Comité alguno, cuenta con permiso de edificación de fecha 17 de noviembre de 2015, emanado de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Puente Alto, posee patente municipal e inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y Resolución Sanitaria como local para expendio de frutas y verduras, por lo que cumple con todos los requisitos para su funcionamiento.

Expresa que la microempresa es el sustento de su familia y que su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, está siendo conculcado diariamente por actos imputables al señor Juez de Policía Local recurrido.

Pide, finalmente se acoja el presente recurso de protección, y se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida proteccion del afectado, especialmente ordenar el inmediato “cese del desarme”, con costas.

Segundo: A fojas 20 informa al tenor del recurso, don nombre reservado, juez titular del Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, que en la causa Rol N° 531.506-4, don nombre reservado, quien se individualizó como vecino del recurrente, interpuso una denuncia en su contra con fecha 26 de noviembre de 2015, fundándola en que el puesto de frutas que explota no tendría regularizada la ampliación.

Indica que el 21 de diciembre de 2015 el recurrente declaró tener un negocio de ventas de frutas y verduras, contando con la correspondiente patente comercial, admitiendo que el cobertizo en que funciona el negocio, ubicado en el antejardín del inmueble “se está regularizando”.

Añade que en el comparendo de estilo, celebrado el 13 de enero de 2016, el denunciante acompañó 4 fotografias que muestran que el cobertizo se adosa al límite de la vereda de la Avenida Mexico, advirtiéndose que difiere notoriamente con el resto de los inmuebles que se aprecian en las fotografías. En la misma oportunidad, indica, que otorgó al denunciado un plazo de 30 días para desarmar la estructura, lo que se hizo sin fijar apercibimiento alguno y con la esperanza de que la regularización que el recurrente sostuvo estar realizando, prosperaría.

Agrega que el 12 de febrero de 2016 se ofició a la Dirección de Obras Municipales de Puente Alto a fin de que informara si las obras existentes en el inmueble en que funciona el comercio denunciado, cuenta con permiso de construcción. Explica que vencido el plazo de 30 días otorgado con fecha 16 de febrero de 2016 comparecieron ambas partes dejando constancia el denunciante que el denunciado “no dio solución al problema materia de autos”.

Finalmente expresa que a la fecha no se ha recibido respuesta de la Dirección de Obras Municipales, y que estima que no ha existido resolución alguna que conculque garantías constitucionales del recurrente.

Acompaña a su informe la causa Rol N° 531.506-4.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía resulta conveniente consignar que en el petitorio del libelo correspondiente se ha solicitado tener por interpuesto un recurso de protección de garantías constitucionales, el cual según lo consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que en el presente caso, aparece que el acto que se estima arbitrario o ilegal por el recurrente, es la resolución judicial que se ha dictado en el marco de la tramitación de la causa seguida ante el Juzgado de Policía Local de Puente Alto, Rol N° 531.506-4.

Sexto: Que en consecuencia, el acto que se denuncia como arbitrario o ilegal se encuentra -con anterioridad a la presente acción- sometido al imperio del derecho, toda vez que el libelo constitucional fue interpuesto con posterioridad a lo ordenado en la resolución impugnada por esta vía, sin que se vislumbre ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión de disponerse un plazo de 30 días para el desarme de la estructura donde funciona el comercio del denunciado por no contar con permiso de construcción. De ello se infiere que no puede el actor pretender por esta vía que se le exima de cumplir con una obligación que es propia del procedimiento que se ventila ante un tribunal de la república como lo es el Juzgado de Policía Local de Puente Alto.

Quinto: Que por lo razonado precedentemente la presente acción no puede prosperar.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema; se rechaza el recurso deducido a fojas 1 por don nombre reservado, en contra del juez titular del Juzgado de Policía Local de Puente Alto.

Devuélvase el expediente traído a la vista.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro Sra. Catepillán.

N° 199-2016-PRO Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San nombre reservado integrada por los Ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora María Carolina Catepillán Lobos y señora Dora Mondaca Rosales. No firma el Ministro señor Contreras, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.

En Santiago, treinta de marzo del año dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.