FUNDACION ORIGEN ESCUELA AGROECOLOGICA DE PIRQUE CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORDILLERA

81/ochenta y uno San Miguel, dieciocho de agosto de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 9 comparece don Rachid Dante Ruiz Cuellar, abogado, quien deduce recurso de protección en representación de Fundación Origen Escuela Agroecológica de Pirque en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera-Puente Alto, representada por el Inspector Provincial don nombre reservado, solicitando que se declaren ilegales y arbitrarias las multas cursadas por la recurrida contenidas en la resolución multa Nº 1180/14/25-1 que la sanciona con $5.805.000 (140 UTM) por separación ilegal de nombre reservado y en la resolución multa Nº 1180/14/26-1 que la sanciona con $11.611.320 (280 UTM) por separación ilegal de nombre reservado, ambos actos administrativos de fecha 17 de abril notificados el 27 de mayo de 2014. Señala que con fecha 15 de abril de 2014 en visita inspectiva realizada por la recurrida a su domicilio, el fiscalizador Sebastián Soto Astudillo le ordenó el reintegro a sus labores de las dos ex trabajadoras bajo apercibimiento de aplicar una multa administrativa y que al no cumplir con su reincorporación se le aplicaron las multas por las que recurre, actos que conculcarían las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 3 y 24 de la Constitución Política, el primero por haber procedido arrogándose facultades jurisdiccionales actuando como un tribunal de facto, en materias de competencia de los tribunales de justicia en un procedimiento de lato conocimiento y el segundo al conculcar el derecho de propiedad de la Fundación sobre sus fondos, al distraerlos al pago de las multas, y respecto de la libre administración de su empresa en cuanto a determinar la plantilla de personal del establecimiento.

Sostiene el recurrente que la relación laboral con las dos ex trabajadoras se inició mediante contrato a plazo fijo el cual concluyó el día 28 de febrero de 2014 fecha en que suscribieron el respectivo finiquito laboral, renunciando a toda acción y derecho en contra de la Fundación, sin reserva alguna. Indica que informó a las trabajadoras mediante comunicación escrita que no perseveraría en los respectivos contratos de trabajo más allá del plazo estipulado en ellos, cartas que fueron recibidas por éstas el 27 de diciembre de 2013. Agrega que tanto al momento de entregar las cartas-aviso, como de concluir el contrato y hasta la visita de la inspección el día 15 de abril de 2014, la Fundación no tenía conocimiento de que las referidas trabajadoras se encontraban embarazadas, ignorando hasta la fecha, la época probable de la concepción.

Manifiesta que de la diligencia se levantaron actas denominadas “Actas de Fiscalización por separación ilegal de trabajadora con fuero laboral”, en las que se afirma que las trabajadoras detentan fuero maternal y que se requirió fueran reintegradas a sus funciones en el mismo acto, atendida la conducta ilegal que habría cometido la Fundación y que ordena cesar de inmediato. Frente a la sorpresiva situación, el Director del establecimiento no se allanó por no constarle la fecha probable de concepción, la que no fue informada por el fiscalizador, pudiendo ser posterior a la fecha de término del contrato. Refiere que producto de la conducta del empleador el funcionario procedió a emitir dos resoluciones de multa incurriendo en una actuación ilegal que perturba la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad, lo que no ha sido el caso, ya que el Servicio recurrido asumió, en la práctica, la función que le corresponde a los Tribunales de Justicia, al negar poder liberatorio a los finiquitos suscritos, pretendiendo hacer renacer una relación laboral fenecida, sin presentar a la recurrida todos los antecedentes fácticos que demostraran que las trabajadoras eran titulares de fuero oponible al empleador, lo que supone un acto previo de juzgamiento, a efectuarse en el curso de un proceso jurisdiccional que posibilite a las partes efectuar sus alegaciones, pruebas y recursos que estimen y, en definitiva, acogerse a un justo y debido proceso que demuestre que las trabajadoras detentaban el referido fuero atendida la naturaleza a plazo de sus contratos ya terminados y finiquitos firmados, elemento fundamental para que éste determinare si se allana o no al requerimiento de la inspección del trabajo, toda vez que sólo se enteró del estado de gravidez de las trabajadoras al momento de la visita inspectiva.

En cuanto a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, señala que vulnera la garantía del derecho de propiedad toda vez que los actos impugnados obligan al propietario a distraer sus fondos al pago de la multa en vez de destinarlos al fin ordinario de funcionamiento de la institución. Además esta garantía se ve conculcada por cuanto se afecta la libre administración de su empresa toda vez que los actos recurridos se inmiscuyen en la determinación de la plantilla del personal, cuestión que resulta privativa del titular del establecimiento.

Por otra parte señala que las resoluciones impugnadas adolecen de ilegalidad, que obsta a su convalidación, en relación al monto de las sanciones aplicadas pues excede con creces el máximo legal lo que las invalida, además de sancionarse con dos multas una misma hipótesis infraccional, transgrediendo el principio del non bis in ídem. Agrega que el tope máximo de multa de acuerdo al artículo 208 es de 70 UTM y, tratándose de una pequeña empresa, lo que ha sido reconocido en la resolución, no corresponde duplicar ni triplicar el monto, además de que no existe reincidencia y, sin embargo, aun así se le ha aplicado multas de 140 y 280 UTM sin corresponder reincidencia tratándose de una misma conducta infraccional pero respecto a trabajadoras distintas, ya que para que ella exista es necesario una nueva infracción dentro del período de dos años.

Concluye solicitando que se declare que las resoluciones de multas cursadas por la recurrida, son actos ilegales y arbitrarios, y en consecuencia, se les deje sin efecto, con costas.

A fojas 65 informa al tenor del recurso el Inspector Provincial de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera-Puente Alto, don nombre reservado, solicitando tener por evacuado el informe y con su mérito, rechazar el recurso por carecer de fundamento legal, con costas.

Señala el recurrido que la legislación laboral entrega a la Inspección del Trabajo la función de fiscalizar su cumplimiento y sancionar las infracciones, a través de actos de autoridad que se contienen en un acto administrativo denominado resolución de multa el que es impugnable, siendo su vía natural de impugnación la reclamación judicial de multa, de competencia del Juez de Letras del Trabajo y, que además puede impugnarse por la vía de la reconsideración administrativa del beneficio de la sustitución de multa y, en estos últimos casos, la decisión del órgano administrativo debe contenerse en la respectiva resolución, la que también es susceptible de reclamación, sin perjuicio de los recursos de invalidación y el extraordinario de revisión de la ley de bases Nº 19.880 por lo que le llama la atención que se recurra por la vía del recurso de protección disponiendo de los otros medios de impugnación. Hace presente que el empleador también ejerció el derecho de reclamación judicial de multa ante el juzgado de letras del trabajo de Puente Alto en el RIT I-41-2014.

En cuanto al fondo señala que el empleador no contraría los hechos constatados por el fiscalizador, sólo expone que no se allanó a la reincorporación de las trabajadoras porque no le constaba la fecha de la concepción, en circunstancias que en ambas resoluciones de multa el fiscalizador alude a los certificados en que consta el fuero maternal, siendo incuestionable que dicha circunstancia le fue intimada en el curso del procedimiento por el funcionario actuante y, el desconocimiento que el empleador alega resulta irrelevante. Es más, el legislador amparó con fuero a la trabajadora embarazada que, en desconocimiento de su estado de embarazo, hubiese accedido al término de su contrato, sin cumplir con el artículo 174 del Código del Trabajo.

Agrega que las resoluciones de multa contenían un segundo reproche consistente en que el empleador no compareció ante la Inspección del Trabajo, sin causa justificada, habiendo sido legítimamente citado.

Concluye señalando que el procedimiento administrativo se apegó estrictamente a derecho, dentro del ámbito de la competencia otorgada por los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo y su Ley Orgánica; que el fiscalizador se encuentra investido como Ministro de fe; que las resoluciones de multa son actos administrativos y se encuentran amparados con presunción de legalidad, imperio y exigibilidad; que la función juzgadora de la Inspección del trabajo en ningún caso involucra juzgamiento y menos comisión especial y, por lo tanto, el fiscalizador no invadió terreno jurisdiccional ni interpretó finiquito alguno, sino que se limitó a corroborar los presupuestos legales del fuero maternal invocado y exigir del empleador el cumplimiento del artículo 201 en relación al 174, ambos del Código del Trabajo y ante cuya negativa, cursó la sanción que en derecho correspondía.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido establecido como una herramienta eficaz para impugnar los actos arbitrarios e ilegales que amenacen o amaguen alguna garantía constitucional, que se origine en un derecho indubitado, en que la ley no haya establecido otro mecanismo o recurso para que se restablezca el imperio del derecho.

Que como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, surge de lo consignado precedentemente, que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que como se expuso, las garantías que el recurrente estima conculcadas son las consagradas en el artículo 19 Nº 3, referido a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, calificación que otorga a la Inspección de Trabajo, por haber ejercido a su juicio, facultades jurisdiccionales y la garantía establecida en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad sobre sus fondos, toda vez que en virtud de las multas aplicadas estos dineros deberán distraerse para estos fines en vez de destinarse a pagar sueldos y gastos propios de funcionamiento de la institución que representa.

TERCERO: Que resultan hechos indubitados que ambas trabajadoras afectadas tenían contratos de trabajo a plazo fijo, los cuales terminaron con fecha 28 de febrero de 2014, siéndoles comunicada esta circunstancia con fecha 27 de Diciembre de 2013. En segundo término, ambas trabajadoras habrían estado embarazadas a la época en que se efectuó la fiscalización, sin estar claro si el empleador tenía conocimiento de este hecho al momento de notificarles el término del contrato. En tercer lugar, el recurrente ejerció el derecho de reclamación judicial de multa ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto en el RIT I-41-2014, lo que significa que dicho Tribunal está conociendo de los mismos hechos expuesto en el recurso. Así las cosas y estimado que la discusión está radicada en un procedimiento racional y justo, en el cual las partes pueden ejercer todas las garantías de un debido proceso con el objeto de obtener una tutela judicial efectiva, motivo por el cual se rechazará el recurso de protección deducido, por no existir medidas urgentes que adoptar atendido que por la interposición del reclamo se encuentra suspendido el pago de las multas.

Y visto, además, lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 9, sin costas, por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado nombre reservado señor Juan Kadis Cifuentes.

N° 198-2014 – PROT.

Pronunciado por los Ministros de la Cuarta Sala Sr. nombre reservado, Sra. nombre reservado Sr. Juan Kadis Cifuentes.

San Miguel, dieciocho de agosto de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.