nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

CERTIFICO: Que se anunció, oyó relación y alegó contra el recurso el abogado señor Julián Salviat. San Miguel, 12 de septiembre de 2022. Camila Galle Aravena, Relatora. (Hora de inicio 09:57 – Hora de término 10:02 am).

San Miguel, doce de septiembre de dos mil veintidós.

Proveyendo escrito folio 10:

A lo principal: Téngase presente.

Al otrosí: A sus antecedentes.

Proveyendo escrito folio 11:

A lo principal y primer otrosí: Téngase presente.

Al segundo otrosí: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Mauricio Alejandro Canales Rojas, habilitado en derecho, en representación de nombre reservado, venezolano, cédula nacional de identidad para extranjeros número RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, pues sostiene que se incurrió en una afectación ilegal y arbitraria de su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al omitir pronunciarse sobre la regularización migratoria solicitada el 6 de enero de 2022.

Expone que pese al tiempo transcurrido, no ha recibido ninguna comunicación por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre, además de generarle diversos inconvenientes al tener su cédula de identidad vencida, vulnerándose el derecho a la igualdad ante la ley en virtud de lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en especial el principio de celeridad que debe regir en el actuar de la autoridad pública.

Pide, en definitiva, que se ordene al organismo recurrido resolver, sin más trámite, la solicitud, emitiendo la resolución que en derecho corresponda en un plazo no superior a 10 días hábiles, con costas.

Segundo: Que informan al tenor del recurso Antonio Henríquez Beltrán y Nicolás Cornejo Montenegro, abogados del del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando su rechazo y alegando la improcedencia de la condena en costas.

Exponen que el 6 de enero de 2022, el actor solicitó ante dicha autoridad regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325, desistiéndose de todo migratorio anterior. Contra la presentación de su solicitud indican que se emitió certificado de solicitud de regularización migratoria en trámite, el que conforme al artículo 1° número 25 de la Ley N°21.325, acredita la residencia regular de la recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud.

Agregan que la autoridad migratoria dictó la Resolución Exenta N°22026803, de fecha 6 de enero de 2022, que admite a trámite la solicitud, y otorga permiso de trabajo al extranjero de marras.

En cuanto al tiempo de tramitación, sostienen que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no corresponde a un plazo fatal para la Administración, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del mismo.

Indican que la tramitación de la solicitud de regularización del recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

Alegan la improcedencia del recurso, señalando que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Finalmente agregan que el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante dicha autoridad migratoria ha implicado dar prioridad a los recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad, lo que pugna con el derecho a la igualdad ante la ley.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que la recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión de pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en relación con la regularización migratoria solicitada. Por esa razón, pide que se ordene a la recurrida pronunciarse al respecto a fin de restablecer el imperio del derecho.

Sexto: Que esta Corte advierte que, dada la fecha de inicio de la tramitación administrativa, lo planteado en el presente recurso no admite ser encuadrado en un actuar ilegal que infrinja lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880 y los principios que rigen la Administración, toda vez que es un hecho público y notorio el alto número de ingresos de peticiones que ha experimentado desde hace algún tiempo el Servicio recurrido, y su antecesor legal, toda vez que en la especie se computa un tiempo de sustanciación de ocho meses que no deja entrever un tratamiento discriminatorio respecto del actor, como tampoco que ello obedezca a alguna determinación arbitraria o simplemente discrecional de parte de la recurrida.

Séptimo: Que por consiguiente, la acción constitucional ejercida en autos será desestimada.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección Nº 19591-2022