Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes representada legalmente p

San Miguel, once de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Fredy Moreno Moran, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado, RUT reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes representada legalmente por nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos, con domicilio en domicilio reservado, a fin que se adopten las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y cautelar el ejercicio legítimo de aquellos contemplados en el Art. 19 N° 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 21 de noviembre del año 2016, el recurrente suscribió el pagaré N° 103228604 por la suma capital de $9.521.568.- a causa de un préstamo de dinero solicitado a la Caja de Compensación recurrida, el que se pagaría en 60 cuotas mensuales, sucesivas e iguales, cada una de un valor de $286.021.- y una cuota final de $286.043, incluidos el interés de 1.96% mensual, con vencimiento el último día hábil de cada mes, a partir del mes de 31 de diciembre del año 2016.

Indica que, por un hecho ajeno a su voluntad, el recurrido cayó en mora a partir de la cuota N° 23, con vencimiento el día 21 de octubre del año 2018, ante lo cual la recurrida, manifestando su intención de aplicar la cláusula de aceleración facultativa contenida en el pagaré ya individualizado, con fecha 9 de julio de 2019, interpuso demanda ejecutiva en contra del señor nombre reservado ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, autos Rol C-21677-2019, demanda que fue rechazada en definitiva, declarando a su vez la prescripción de la deuda o de la acción ejecutiva, la que fue notificada a la Caja recurrida con fecha 16 de marzo del año en curso.

Acusa el recurrente que, al recibir su liquidación de remuneraciones fechada el 22 de junio del corriente, se percató que había sido, en su opinión, arbitrariamente privado de la suma de $286.021.- (doscientos ochenta y seis mil veintiún pesos) a causa de un descuento efectuado por Caja de Compensación Los Héroes. Al solicitar a su empleador las liquidaciones de meses anteriores, advirtió que existían diversos descuentos hechos de forma, abusiva, unilateral y, por sobre todo, ilegal, en su parecer.

Refiere que si bien la ley 18.833 en su artículo 22 dispone que lo adeudado por un trabajador afiliado a una Caja de Compensación en razón de prestaciones de crédito social, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, en este caso la Caja recurrida, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito con el empleador del protegido, considerando que ejerció ante el Juzgado Civil correspondiente la acción de cobro ejecutiva con el resultado ya señalado.

Concluye que el actuar de la recurrida resulta del todo antojadizo, voluble e injustificado, ya que lo priva de su derecho de propiedad sobre una parte de su salario adquirido con motivo de su actividad laboral, vulnerándose tajantemente el derecho contenido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, de manera que, tal situación, amerita la adopción de todas y cada una de las medidas necesarias y conducentes para restablecer el imperio del derecho y poner fin a la vulneración de marras, ordenándose el cese y la restitución inmediata de los dineros descontados.

Pide se acoja con costas el recurso, ordenando a la recurrida el cese efectivo e inmediato de aquellos descuentos y/o retenciones que ha efectuado desde las remuneraciones del señor nombre reservado y a su vez la restitución de todos aquellos dineros descontados con ocasión del crédito señalado, incluyendo aquellos que se descuenten y/o retengan hasta que se dicte sentencia;

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, solicitando su rechazo con costas.

Alega primeramente que es efectivo que el recurrente que con fecha 21 de noviembre de 2016 adquirió un crédito social con su representada, del que pagó 25 cuotas de 60; respecto a las otras 35 cuotas el deudor no procedió con la prestación de lo que debía.

Luego, refiere que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar disponen de dos acciones, distintas e independientes, y de un mecanismo extrajudicial fundado en el artículo 22 de la Ley 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social, una de las cuales es la que nace del pagaré -la mencionada acción cambiaria- y la otra, aquella que nace del contrato de mutuo. De este modo la prescripción a la que alude el recurrente dice relación con la acción cambiaria derivada del pagaré, cuya prescripción es de un año desde la fecha de vencimiento del documento, esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N° 18.092. Sin embargo, indica que no ha habido un tribunal que declare la prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo; esta última prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil opera en el plazo de 5 años desde que se hiciera exigible la obligación y en la medida que sea alegada como acción o excepción, pues no opera de pleno derecho. Bajo esta lógica, arguye, de conformidad al contrato de mutuo, existen cuotas vigentes hasta el día de hoy. Para enervar dicha situación se debería accionar en contra del referido contrato.

Esgrime que la caja recurrida no comete un acto ilegal o arbitrario ni tampoco una especie de autotutela al proceder con el descuento por planilla de la deuda vigente que mantiene el señor nombre reservado, toda vez que está actuando dentro de sus márgenes legales, esto de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18.833, en el Código del Trabajo y en la Ley 17.322. Argumenta en esta línea señalando que la Superintendencia de Seguridad Social, entidad reguladora del área, sostiene en el Dictamen 42792-2018 de 23 de agosto de 2018 que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social las que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22 de la Ley 18.833 y en el artículo 58 del Código del Trabajo, “deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. En mérito de lo antes expuesto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora las sumas que su trabajador adeude por crédito social, y, por ende, no se requiere la autorización del deudor.”

Señala que la referida entidad fiscalizadora de la materia, refrenda lo indicado en el párrafo anterior mediante el Dictamen 06274-2019 de 11 de abril de 2019, señalando: “Que, para que la deuda derivada de un crédito social tenga el carácter de prescrita, es necesario que haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción ordinaria (5 años), lapso que debe contabilizarse desde la última gestión útil de cobro efectuada por la Caja acreedora, siendo necesario, además, que la prescripción haya sido declarada por los tribunales de justicia.”.

Afirma que, la recurrente concurrió libre y voluntariamente, a contratar un crédito social, en virtud de lo cual suscribió un pagaré y un contrato de mutuo. Si bien existe declaración de prescripción respecto de la acción emanada del pagaré, el contrato de crédito no se encuentra invalidado por alguna sentencia judicial, por tanto, surte sus efectos jurídicos. En este sentido expone que para las partes el contrato suscrito constituye una ley, y que no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales, en los términos del artículo 1545 del Código Civil.

Enfatiza que la Superintendencia de Seguridad Social, ha señalado en diversos dictámenes, que la prescripción de la acción ejecutiva extingue únicamente el medio de apremio que la ley le confiere al acreedor, dejando vigente la obligación para su cobro a través de la acción ordinaria e incluso aquélla subsiste como obligación natural, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 1470 del Código Civil, por lo que una vez cumplida, autoriza a retener lo dado o pagado en razón de ellas. Consecuentemente, y de acuerdo a las reglas generales que rigen esta materia, la prescripción, para que produzca sus efectos, debe ser alegada por el deudor y declarada judicialmente. Mientras esto no suceda, el acreedor puede seguir ejerciendo acciones de cobranza extrajudicial.

Por otra parte, argumenta que la vía jurídica intentada por la recurrente para objetar el accionar de la Caja de Compensación no es la idónea, toda vez que, la misma naturaleza cautelar del recurso de protección impide que pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, para el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos, resultando claramente ajeno un pronunciamiento judicial declarativo a las condiciones procesales en que se desarrolla y decide un recurso de protección.

Concluye que el asunto que la recurrente ha propuesto al análisis y resolución excede los objetivos del recurso de protección de garantías constitucionales, y que debe ser declarado en un procedimiento de lato conocimiento, contradictorio, por lo que el presente recurso debe ser rechazado, con costas;

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él;

Cuarto: Que el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario es el descuento de las remuneraciones del recurrente de las cuotas insolutas de un préstamo en dinero que le había concedido la Caja de Compensación recurrida, acción para la cual ésta considera estar facultada al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sin perjuicio de haber pretendido el pago del total de la deuda mediante el ejercicio de una acción ejecutiva, que fue rechazada en sede civil al acogerse una excepción de prescripción opuesta por el actor;

Quinto: Que, el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.” de manera que, en principio, el acto que motiva el presente recurso le viene impuesto a la recurrida por dicha disposición, atendido su tenor imperativo. La discrepancia surge del hecho de haber optado la Caja con antelación por el cobro de la deuda por la vía ejecutiva que le franqueaba el pagaré suscrito con el recurrente con ocasión del mutuo referido -circunstancia en que el tribunal civil acogió la excepción de prescripción-, y si ello le impide proceder a la cobranza del saldo insoluto en conformidad a la norma citada;

Sexto: Que, en sede de protección resulta necesario, previo a dilucidar si se ha afectado o no el libre ejercicio de garantías constitucionales, analizar la legalidad del acto que las habría quebrantado y, en ese sentido, no puede calificarse de ilegal el que se denuncia por el presente recurso, puesto que la norma antes transcrita dispone imperativamente el sistema de descuentos de la remuneración para el pago de las prestaciones de crédito social como la de la especie, involucrando inclusive al empleador, que no puede dejar de practicar esas deducciones.

Tampoco puede calificarse de arbitraria tal conducta, puesto que el actor no discute el hecho de haber cesado en el pago de las cuotas, al que se obligó voluntariamente, sino que solamente pretende que la declaración judicial de prescripción de la acción cambiaria que emana del pagaré ha extinguido la deuda, lo que no puede ser dilucidado mediante la acción de protección intentada, puesto que requiere de un pronunciamiento que excede el ámbito cautelar para el cual fue concebida. En efecto, si estima que la deuda misma está prescrita, puede provocar tal declaración en sede judicial ordinaria y, de obtenerla, procurar las acciones de reembolso que estime pertinentes, pero no cabe por esta vía emitir tal declaración;

Séptimo: Que, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro Sra. Cienfuegos.

Rol N° 19.409-2022 protección Pronunciado por la Quinta Sala de esta Corte, integrada por la ministra señora Ana Cienfuegos Barros, fiscal judicial señor nombre reservado y abogado integrante señora Yasna Bentjerodt Poseck.