nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

CERTIFICO: Que se anunció, escuchó relación y alegó contra el recurso el abogado señor Javier Muñoz. San Miguel, 9 de septiembre de 2022. Natalia Álvarez Villarroel, Relatora. (Hora de inicio 09:37 am. - hora de término 09:48 am).

San Miguel, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

Proveyendo escrito folio 8:

A lo principal y primer otrosí: Téngase presente.

Al segundo otrosí: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen la abogada Nicole Alejandra Torres Opazo y el habilitado en derecho nombre reservado deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjero N° RUT reservado, de nacionalidad dominicana, todos domiciliados en domicilio reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, actual Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, pues sostienen que se incurrió en una afectación ilegal y arbitraria de su derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al rechazar la solicitud de nacionalización chilena.

Exponen que el 14 de junio de 2019 el recurrente solicitó la nacionalidad chilena, cumpliendo con los requisitos requeridos, según da cuenta el ordinario de calificación de la carta de nacionalización. Afirma que luego de tres años de efectuada su solicitud, la autoridad administrativa decidió rechazar su solicitud por mantener los siguientes antecedentes:

1. En causa RIT N° 9047-2015 RUC N° 1501217142-8 del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, se condena a nombre reservado por el delito de porte de arma cortante o punzante, a una multa de un tercio de unidad tributaria mensual y el comiso del arma incautada.

2. En causa RIT N° 3779-2015 RUC N° 1500165940-2 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de nombre reservado se suspendió condicionalmente el procedimiento por el delito de robo por sorpresa, con prohibición de acercarse a las víctimas, firma mensual, fijar domicilio y acreditar trabajo o estudios.

3. En causa RIT N° 10671-2019 RUC N° 1900459772-1 del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, se condena al recurrente por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar a cinco penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, y por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, y, asimismo, prohibición de acercarse a las víctimas.

4. En causa RIT N° 3030-2020 RUC N° 2000468372-3 del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, se condena en procedimiento monitorio al recurrente por el delito del artículo 318 del Código Penal, al pago de una multa de una unidad tributaria mensual, que se suspendió de acuerdo al artículo 398 del Código Procesal Penal.

Sostiene que el rechazo de la nacionalización sería ilegal por infringir el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 18.575, sobre los principios que deben regir el actuar de la Administración del Estado. A su vez, sería arbitrario por cuanto carece de fundamento fáctico, al considerar que en la actualidad no subsiste la anotación de la condena penal.

Alega falta de proporcionalidad en la decisión del Servicio, por cuando se funda en causas penales cumplidas, y destaca que de las cuatro causas mencionadas sólo dos corresponden a sentencias condenatorias, que se encuentran cumplidas y las otras dos corresponden a causas con suspensión condicional del procedimiento, que a su entender, no merecen reproche penal.

Acusa que con el acto recurrido se vulnera lo establecido en el inciso 2° del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dado que la decisión de la autoridad es arbitraria por no responder a un parámetro actual ni reprochable.

Piden, se ordene a la autoridad migratoria resolver a más tardar en el término de cinco días la solicitud de la recurrente.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Camila Cortés Palma, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando su rechazo.

Expone que el recurrente solicito beneficio migratorio de permanencia definitiva ante dicha autoridad migratoria, la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta N°150659 de fecha 09 de abril de 2015. Lo anterior, no obstante que constaba en parte Policial N°841 por Policía de Investigaciones que el recurrente mantiene una denuncia grave por robo o hurto en dicho año, lo cual es efectivo tal como señala la contraria en su recurso.

Refiere que el recurrente vuelve cometer delitos, tal como consta en Parte Policial N°6217 de fecha 27 de agosto de 2021.

Manifiesta que el 25 de octubre de 2018 el recurrente solicitó al Servicio Nacional de Migraciones que se le otorgara la nacionalidad chilena. A lo anterior, mediante Decreto Exento N°4209 de fecha 02 de diciembre de 2021 se informa al actor que al mantener antecedentes negativos en territorio nacional y debido a su reincidencia, la solicitud nacionalización es denegada, esto en conformidad con el Artículo 3° N°1 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960 del Ministerio del Interior.

Destaca que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones termina una vez analizada la documentación, sugiriéndole a la autoridad respectiva, la aprobación o rechazo de la solicitud, como lo dispone el artículo 157 N°8 de la ley 21.325 el Servicio Nacional de Migraciones es la autoridad competente para determinar la admisibilidad de la solicitud de nacionalización. En ese sentido, hace presente que según el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, “La nacionalización se otorgará por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior.” Por otra parte, señala que el legislador determina quienes no podrán obtener la nacionalización, lo que se encuentra contemplado en el artículo 3 N°1.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que el recurrente actualmente se encuentra completamente regular en el país, ya que cuenta con permiso de permanencia definitiva vigente.

Por lo que, considera que no existe acción u omisión arbitrario o ilegal por parte de dicho Servicio que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente, toda vez que la autoridad ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es la decisión de la autoridad de denegar la solicitud de nacionalización presentada por el actor, resolución que se funda en la causal legal del artículo 3 número 1 del Decreto Supremo 5.142 de 1960 del Ministerio del Interior, así en los antecedentes que registra el solicitante.

Sexto: Que, el artículo 3° número 1 del Decreto Supremo N°5.142 de 1960 del Ministerio del Interior, señala: “No podrán obtener esta gracia: 1. Los que hayan sido condenados y los que estén actualmente procesados por simples delitos o crímenes, hasta que se sobresea definitivamente a su respecto.”

Séptimo: Que, por consiguiente la decisión ha sido dictada por la autoridad competente, fundada en la aplicación de una causal contemplada en la ley, y teniendo en cuenta los antecedentes particulares del recurrente.

Octavo: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la decisión, aparece que la autoridad migratoria ha ejercido sus facultades de acuerdo a la hipótesis contemplada en la normativa pertinente, dado que consideró los cuatro antecedentes penales que constan en su registro, los que han sido reconocido por el recurrente, por lo que no se vislumbra arbitrariedad en la decisión.

Noveno: Que, por lo anteriormente razonado, el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Protección Nº 19.393-2022