SOCIEDAD ALIMENTICIA DEPARTAMENTAL LIMITADA con AFP HABITAT S.A.

1 San Miguel, siete de octubre de dos mil veintidós.

Vistos:

Comparece el abogado señor Leonardo Fuentes Quinteros en representación de Sociedad Alimenticia Departamental Limitada, y recurre de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., invocando la vulneración de sus derechos fundamentales, específicamente, aquellos estatuidos en el artículo 19, números 3, inciso quinto; 4, 21 y 24, de la Carta Fundamental.

Explica que el 15 de junio del actual, su representada, empresa dedicada al rubro alimentario, intentó realizar una compra a crédito a uno de sus proveedores habituales, sin embargo, aquello no se concretó debido a que, según se le dijo, mantenía deudas vigentes publicadas en Dicom, razón por la que solicitó a esta última un informe completo y pudo constatar que efectivamente había una deuda publicada por imposiciones no declaradas, en favor de AFP Habitat, entidad a la que solicitó un detalle de la supuesta deuda existente y fue informado de que ascendía a $99.467.960, y además, que mantendría una segunda deuda con la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile AFC por un total de $23.651.420, por concepto de cotizaciones previsionales de don nombre reservado, con origen en una sentencia dictada en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo.

Ante ese tribunal –prosigue el recurso- se tramitó la causa RIT O-361-2020, que se inició por una demanda por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones, interpuesta por don nombre reservado contra Luis Fernando Concha Benavides Elaboración y Distribución de Alimentos EIRL (Alimab EIRL), Sociedad Alimenticia Departamental Ltda. y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), todas ellas como empleador único conforme al artículo 3º del Código del Trabajo.

Expone que el 29 de enero del año pasado, el tribunal dictó sentencia definitiva en la que acogió parcialmente la demanda solo contra Alimab EIRL y la recurrente, declarando que entre el demandante y las demandadas existió una relación laboral que se inició el 18 de marzo de 2013, con las demandadas como un solo empleador y solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de instrumentos colectivos, de acuerdo al artículo 3°, incisos cuarto y sexto, del Código del Trabajo; y rechazando tanto la demanda dirigida contra Junaeb, como la demanda por despido injustificado, lo mismo que el cobro de feriado legal, gratificación legal y remuneraciones.

Sostiene el recurrente que la referida sentencia –firme y ejecutoriada- no condenó a su representada al pago de prestación alguna, tampoco declaró la existencia de una deuda previsional o bases para su liquidación, pero pese a ello, la recurrida en forma autónoma, sin una resolución del tribunal que así lo determine, ha dado por establecida una supuesta deuda de su parte con don nombre reservado, iniciando su cobro y publicándola en Dicom.

Alega que las actuaciones ilegales y arbitrarias de AFP Habitat han vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, puesto que, atribuyéndose facultades jurisdiccionales, ha decretado la existencia de una deuda previsional de la recurrente, calculando el monto y los períodos adeudados, con su respectiva publicación en Dicom; que, asimismo, se ha vulnerado la garantía constitucional del derecho a la honra, prevista en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, porque al publicar esta deuda previsional en la plataforma señalada, los proveedores han perdido la confianza en la recurrente y, como consecuencia de ello, no puede acceder a créditos, que son esenciales para desarrollar su giro, afectando también su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, contemplado en el numeral 21 del artículo 19 ya citado; y por último, que también se ha amenazado el ejercicio legítimo de su derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, dado que se persigue el pago de una deuda, esto es, un acto de disposición patrimonial, que carece de causa y que proviene de las actuaciones ilegales y arbitrarias de la recurrida.

Termina solicitando que se ordene a AFP Habitat dejar sin efecto la deuda que se atribuye a la actora y cualquier otra gestión de cobro, retirar la publicación de la deuda morosa respecto de don nombre reservado desde la plataforma Dicom, así como adoptar cualquier otra medida que se estime pertinente para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Al informar al tenor del recurso, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., expresa que el 26 de abril pasado, el afiliado don nombre reservado presentó un reclamo, signado CREC 417756, solicitándole formalmente el ejercicio de las acciones de cobranza de sus cotizaciones previsionales por el lapso de marzo de 2013 a mayo de 2020, en contra de las empresas Alimab y Sociedad Alimenticia Departamental Ltda., responsables solidariamente de su pago, y para ese efecto, acompañó la sentencia dictada el 21 de agosto de 2021 por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo en la causa RIT O-361-2020; fallo que determinó que entre el afiliado y los demandados Alimab y Sociedad Alimenticia Departamental Ltda. existió una relación laboral iniciada el 18 de marzo de 2013, constituyendo ambas demandadas un solo empleador, por lo que son solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o instrumentos colectivos.

En atención al reclamo formulado –continúa exponiendo- y a lo resuelto en la sentencia, se constituyó la deuda y se emitió la resolución de cobranza judicial N° 2447139, iniciándose luego la causa RIT P-529-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto, que se encuentra en etapa de notificación del demandado.

Aduce que la solicitud de cobro del señor nombre reservado se realizó presentando un CREC, es decir, un reclamo nominativo, que se encuentra regulado por la normativa de la Superintendencia de Pensiones, por el cual un trabajador plantea formalmente una anomalía sobre materias específicas que afectan a su situación previsional y que las administradoras tienen la responsabilidad de entregar una solución oportuna a los reclamos, mediante procedimientos legalmente establecidos.

Afirma que, de acuerdo al artículo 19 del DL 3.500, de 1980, las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones adeudadas, aun cuando el afiliado se hubiere cambiado de ella y, conforme al artículo 2º de la Ley 17.377, el gerente general de la administradora respectiva está legalmente facultado para dictar la resolución fundada que determine el monto de las cotizaciones y/o aportes previsionales adeudados por los empleadores a sus trabajadores, resolución que tiene mérito ejecutivo. En razón de ello, sostiene que su parte está obligada a emitir las resoluciones de cobranza, a fin de cumplir con su deber fiduciario respecto de sus afiliados, debiendo velar porque sus cotizaciones se encuentren pagadas por los empleadores morosos.

Según lo anterior –dice la recurrida-, no se ajusta a la verdad lo dicho por la recurrente en cuanto a que AFP Habitat no tendría atribuciones para decretar la existencia de una deuda previsional, hacer los cálculos, iniciar el proceso de cobranza, y todas las demás acciones que ha efectuado, en las que en todo momento se ha ajustado a la legislación vigente, sin atribuirse facultades jurisdiccionales, puesto que la resolución y determinación de la deuda se hicieron sobre la base del reclamo de un afiliado que presentó una sentencia, en tanto que la demanda de cobranza se presentó ante los tribunales de justicia; por lo que la recurrente tiene la posibilidad de presentar su defensa en el proceso judicial iniciado, acorde dispone el artículo 5º de la Ley 17.322, pero no mediante un recurso de protección, por tratarse de una vía que no es idónea a ese efecto.

Por último, recalca que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4º bis de la Ley 17.322, las administradoras de fondos de pensiones incurren en responsabilidad legal si no ejercen diligentemente las acciones de cobranza.

También, informa el juez del Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, señor Arturo Briceño Rivera, quien explica, en síntesis, que:

a) El 3 de junio de 2020 se inició la causa RIT O-361-2020, por demanda deducida por nombre reservado contra Luis Fernando Concha Benavides Elaboración y Distribución de Alimentos EIRL, Sociedad Alimenticia Departamental Limitada y Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones.

b) Por sentencia de 21 de agosto de 2021, en cuyo considerando noveno se lee: “Que, en lo relativo al Estado de pago de las cotizaciones de seguridad social del actor por todo el tiempo trabajado: Tocaba a la parte demanda acreditar su pago, pero al no haberse acreditado se concluye que se adeudan. Sin embargo, no opera la nulidad del despido, porque para que ello proceda es necesario que exista un despido, lo cual en autos no se acreditó, razón por la cual la demanda no prosperará”, se resolvió el acogimiento parcial de la demanda, solo en cuanto se declara que entre el demandante y las demandadas Luis Fernando Concha Benavides Elaboración y Distribución de Alimentos EIRL y Sociedad Alimenticia Departamental Ltda. existió una relación laboral que se inició el 18 de marzo de 2013, constituyendo ambas un solo empleador, siendo solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emanadas de la ley, de los contratos individuales o de instrumentos colectivos, de acuerdo al artículo 3°, incisos 4° y 6°, del Código del Trabajo; se rechazó la demanda dirigida en calidad de demandada solidaria y/o subsidiaria en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; se rechazó la demanda por despido injustificado; se rechazó la demanda por cobro de feriado legal, gratificación legal y 4 días de remuneración de mayo 2020; y se ordenó a cada parte soportar sus costas;

c) Según ello, se rechazó la demanda por nulidad del despido, de manera que no se ha condenado a parte alguna en esos autos al pago de cotizaciones previsionales, ni se ha sancionado de acuerdo al artículo 162, incisos 5° y siguientes, del Código del Trabajo, motivo por el que, una vez firme la sentencia, el 13 de enero de 2022 se ordenó el archivo de los autos.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del perjudicado.

Por consiguiente, se trata de un procedimiento extraordinario, ágil, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes;

2°) Así, entonces, la acción de protección supone la existencia de derechos indubitados que posibiliten actuar de forma extraordinaria y por vía de emergencia para su pronta y eficaz cautela. Ello la dota de una naturaleza jurídica diversa a las demás acciones dirigidas a obtener un pronunciamiento de mérito, ya en sede ordinaria o especial, previa sustanciación de un procedimiento que contemple fases de debate, prueba y decisión o sentencia;

3°) En el presente caso, la recurrente hace consistir la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada, en que la AFP recurrida mantiene en Dicom una deuda informada a su nombre a título de cotizaciones previsionales y de seguro de cesantía impagas con respecto a un trabajador que, si bien interpuso una demanda en su contra, la sentencia que obtuvo no condena a su parte a pago alguno, razón por la que la conducta de la entidad previsional no es sino un acto unilateral por el que genera una deuda que no ha sido declarada, acarreando para su parte las desfavorables consecuencias financieras y empresariales que describe en el recurso.

La recurrida, a su vez, aduce que el proceder que se le reprocha por la contraria no es más que el reflejo del requerimiento que recibió del afiliado interesado a raíz de cotizaciones previsionales impagas y el mandato que tiene dado en la preceptiva legal y reglamentaria que regula el quehacer de las asociaciones de fondos de pensiones, así como en las directrices emanadas del ente fiscalizador del ramo;

4°) Un primer aspecto a resaltar es que, de acuerdo al mérito de los antecedentes, la decisión de la recurrida de comunicar a la empresa Dicom una deuda morosa a nombre de la recurrente, y que es el acto que se cuestiona, aparece adoptada como consecuencia del tenor de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo en causa RIT O 361-2020, cuyo entendimiento, en concepto de la recurrida, daba pábulo para incoar la cobranza relativa a los períodos de cotizaciones impagas por los que instó ante ella por el afiliado interesado; proceder que tiene autorizado, al menos formalmente, en el marco del ejercicio de sus atribuciones legales y como parte de los objetivos institucionales que tiene asignados. Sobre el particular, es útil dejar consignado que, tal y como se transcribió en lo expositivo de la presente resolución, en el considerando noveno de dicho fallo, refiriéndose el juzgador al “Estado de pago de las cotizaciones de seguridad del actor por todo el tiempo trabajado”, se lee: “Tocaba a la parte demandada acreditar su pago, peor al no haberse acreditado se concluye que se adeudan. Sin embargo, no opera la nulidad del despido, porque para que ello proceda es necesario que exista un despido, lo cual en autos no se acreditó (…)”;

5°) Con base en eso último, otro elemento que es pertinente poner de relieve a propósito de lo indiscutible que ha de ser el o los derechos que se invocan a la luz de los antecedentes que se hacen valer en esta sede extraordinaria, es que la recurrente no ha despejado en su libelo si la deuda correspondiente al período que se le atribuye como no pagado efectivamente está solucionada o cubierta por algún otro modo de extinguir la obligación correlativa;

6°) Por sobre todo lo anterior, el elemento de juicio que se vuelve capital para resolver el recurso en estudio, es que, al informar, la recurrida refirió que con motivo de la cobranza que le fuera solicitada por el afiliado interesado en la deuda materia del postulado de protección, inició una causa ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto bajo el RIT 529-2022, y revisada la tramitación virtual respectiva, se advierte que el título presentado por la ejecutante para los efectos de la cobranza encuentra correlato con el informe de Dicom allegado a los presentes autos, y junto con ello, que se encuentra en fase de discusión a propósito de las excepciones a la ejecución promovidas el 14 de septiembre pasado por la ejecutada, aquí la recurrente;

7°) A la luz de lo antedicho, esto es, atendido que el asunto en discusión ya está sometido a la jurisdicción de los tribunales de justicia, desaparece el contexto en que esta Corte esté en situación de adoptar medidas de protección al respecto, debido a que el asunto en torno al cual gira el reclamo de Sociedad Alimenticia Departamental Limitada se encuentra radicado ante la judicatura competente, según se anotó más arriba, y por consiguiente, bajo el imperio del derecho; tesitura que hace inconducente que este tribunal se aboque al análisis de los derechos y garantías constitucionales que la recurrente dice conculcados;

8°) En las condiciones descritas, no queda más que concluir que la acción constitucional intentada no puede prosperar, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer en la causa antes referida o, eventualmente, en un procedimiento diverso.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por Sociedad Alimenticia Departamental Limitada en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 19.270-2022 Protección.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Adriana Sottovia Giménez, señora Alejandra Pizarro Soto y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.