Protección contra Ilustre Municipalidad de Melipilla

San Miguel, diez de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Guillermo Martínez Concha, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde, Paula Andrea Gárate Rojas, por mantener en funcionamiento el denominado “Vertedero Controlado de Popeta” sin autorización sanitaria vigente.

Expone que dicho recinto, de dominio municipal, recibe residuos sólidos domiciliarios provenientes de las comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, y se emplaza en un predio colindante con los lotes de propiedad de los recurrentes, quienes son, los primeros afectados por su operación. Señala que, conforme a respuesta entregada por la SEREMI de Salud Región Metropolitana en el marco de una solicitud de acceso a la información pública, acompañando el Acta de Fiscalización N°375724, de 16 de abril de 2025, se constató que el vertedero continuaba recibiendo residuos domiciliarios pese a no contar con autorización sanitaria vigente, toda vez que la última Resolución N°868 expiró el 15 de mayo de 2025. Afirma que esta circunstancia transforma al recinto en un “vertedero municipal ilegal”, generando un foco de insalubridad, con presencia de roedores, descomposición de basura y malos olores, todo lo cual afecta gravemente la calidad de vida de los recurrentes y pone en riesgo la salud de los recurrentes y la de sus familias.

Sostiene que la Municipalidad de Melipilla incumple las obligaciones que le imponen la Constitución Política de la República, la Ley N°18.695 y el Código Sanitario. Señala que, conforme al artículo 1° y al artículo 3 letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde a los municipios satisfacer las necesidades de la comunidad local, especialmente en materias de aseo y ornato, lo que incluye adoptar medidas para impedir la existencia de vertederos ilegales. Añade que el Código Sanitario, particularmente en sus artículos 4, 11 y 80, impone a las municipalidades deberes específicos en materias de orden sanitario y establece que corresponde a la autoridad de salud autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación o disposición final de basuras. En ese contexto, afirma que la recurrida no sólo omite velar por el adecuado estado sanitario de la población, sino que además opera directamente un vertedero municipal sin autorización sanitaria vigente, actuando con total desprecio a la legalidad y causando un perjuicio directo al bien jurídico salud pública que está llamada a proteger. Afirma que esta actuación evidencia una transgresión inexcusable de las obligaciones municipales, a lo menos por descuido inexplicable o ineptitud en el cumplimiento de sus funciones legales.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, invoca la amenaza y perturbación de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y N°8 de la Constitución, esto es, la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Señala que la operación del vertedero sin autorización sanitaria expone a los actores a malos olores derivados de la descomposición de la basura, así como a la presencia de roedores, cucarachas, pulgas y garrapatas que ponen en riesgo su salud y la de sus animales.

Solicita acoger el recurso de protección y ordenar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección sanitaria de los recurrentes y sus familias, disponiendo específicamente el cierre y clausura del “Vertedero Controlado de Popeta” e impidiendo su funcionamiento y operación mientras no cuente con autorización sanitaria, con expresa condena en costas.

nombre reservado: Que, al evacuar informe, Carolina Verónica López Galdames, abogada en representación de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por los recurrentes, con costas.

Sostiene, en primer término, la improcedencia de la acción por no concurrir los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, afirmando que no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal atribuible al municipio ni una afectación actual de garantías constitucionales que pueda ser reparada por esta vía. Señala que la actuación municipal ha estado siempre orientada al bien común, a la seguridad, al cuidado del medio ambiente y al cumplimiento de la normativa vigente relativa al cierre del Vertedero Popeta y a la construcción del relleno sanitario en el mismo sector.

Expone que la Municipalidad ingresó en 2021 una Declaración de nombre reservado ante el Servicio de Evaluación Ambiental, la que culminó con la dictación de la Resolución Exenta N°202213001595, de 20 de octubre de 2022, que calificó favorablemente el proyecto “Plan de Cierre, Sellado y Reconversión a Relleno Sanitario del Vertedero Popeta, comuna de Melipilla”, autorizando la ejecución de las obras correspondientes. Añade que lo dispuesto en esa resolución se ha ido cumpliendo íntegramente, sin infracción legal alguna.

Sostiene que su actuación se ajusta plenamente al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, pues ha actuado dentro de su competencia y conforme a la normativa aplicable. Afirma que ha dado cumplimiento a la legislación relativa a la construcción del relleno sanitario y al cierre del actual vertedero, observando especialmente la Ley N°19.300, el Decreto N°40, la Constitución y el Código Sanitario, todo lo cual permitió obtener una Resolución de Calificación Ambiental favorable. Explica además que el cierre y clausura del vertedero no puede materializarse de forma inmediata, ya que requiere una serie de etapas y autorizaciones necesarias para resguardar el medio ambiente, la salud de la población y la seguridad de quienes trabajan en el lugar. Añade que, tratándose de permisos ambientales sectoriales mixtos, la propia resolución de calificación ambiental certifica el cumplimiento de los requisitos ambientales, de modo que los órganos competentes no pueden denegarlos por esas mismas razones ni imponer nuevas exigencias ambientales. Indica también que el municipio ha tramitado y obtenido diversos permisos sectoriales vinculados al proyecto, encontrándose algunos aprobados y otros en actual tramitación, como el de cambio de uso de suelo y el relativo a cauces naturales.

Señala que los recurrentes no precisan de qué manera concreta se habría afectado la garantía de integridad física y psíquica, ni acompañan antecedentes que lo demuestren, agregando que el vertedero existe en ese lugar desde 1992. En cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, refiere que el municipio precisamente está ejecutando el plan de cierre del Vertedero Popeta y cumpliendo las exigencias para iniciar el funcionamiento del relleno sanitario, ambas medidas orientadas a resguardar dicha garantía, de modo que la inactividad, y no el actuar municipal actual, sería la que podría afectarla.

Concluye que no ha existido acto ilegal ni arbitrario de su parte, que el petitorio del recurso pierde sustento porque el municipio ya ha realizado las gestiones necesarias para autorizar el cierre del vertedero y que la actual administración ha dado cumplimiento a las normas legales y a las instrucciones de los organismos supervisores, por lo que solicita rechazar íntegramente la acción de protección, con costas.

Tercero: Que, al evacuar informe, Matías Francisco Leal Espinoza, abogado en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, expone que, dentro de sus atribuciones de fiscalización sanitaria respecto del “Vertedero Controlado Popeta y obras en construcción relleno sanitario”, ubicado en Altos de Popeta, parcela N° 371, comuna de Melipilla, realizó diversas inspecciones durante los años 2024 y 2025, las que dieron origen a los expedientes sanitarios N°EXP24131014 y N°EXP25131288, este último acumulado al primero.

Señala que, en la fiscalización de marzo de 2024, contenida en Acta N°0357562, se constató, entre otros hechos, que la instalación seguía operativa recibiendo residuos domiciliarios de las comunas de Alhué, San Pedro y Melipilla; que se había sobrepasado la cota de relleno autorizada; que existía gran presencia de aves y moscas, configurándose condiciones de insalubridad; que uno de los camiones recolectores presentaba documentos vencidos y revisión técnica rechazada por fallas graves; y que las obras del futuro relleno sanitario mostraban escaso avance, pese a que debía entrar en operación para permitir el cierre del vertedero. Añade que, frente a ello, la Municipalidad de Melipilla presentó descargos, indicando la realización de trabajos correctivos, medidas de control de vectores, regularización del vehículo observado y avances en el proyecto de cierre, sellado y reconversión a relleno sanitario.

Agrega que, en una nueva fiscalización practicada el 16 de abril de 2025, contenida en las Actas de Inspección Folios N°0375724 y 0375725, se constató que el vertedero continuaba operando y recibiendo residuos sólidos domiciliarios y asimilables de las comunas de Alhué, San Pedro y Melipilla, que la plataforma superior presentaba una cota superior a la autorizada, que existían materiales livianos dispersos en el perímetro y que el sector autorizado para disposición de residuos no estaba siendo utilizado. Señala además que se verificó el incumplimiento de la Resolución N°868, de 14 de marzo de 2025, en varios aspectos: recepción de residuos sin autorización vigente, disposición de residuos en sector no autorizado, superación de la cota máxima permitida, ausencia del plan de contingencia exigido y afectación de la estabilidad del vertedero, con riesgo para la seguridad del personal. Como medida sanitaria inmediata, se prohibió la disposición de residuos en la plataforma superior. Añade que la Municipalidad formuló descargos, indicando que reubicaría el frente de trabajo al talud oriente, continuaría con la limpieza del perímetro, presentaría estudios topográficos y de estabilidad, y había ingresado una solicitud de extensión de plazo e informe complementario de contingencia para continuar operando.

Explica que para resolver el procedimiento, la SEREMI solicitó un informe técnico a su unidad competente, el que el 10 de junio de 2025 concluyó que el vertedero seguía recibiendo residuos sin autorización sanitaria vigente, que no contaba con un informe actualizado que permitiera acreditar condiciones de estabilidad conforme al Decreto Supremo N°189/2005 del Ministerio de Salud y que existía riesgo de deslizamiento de la masa de residuos bajo condición sísmica, con factores de seguridad inferiores a los exigidos por la normativa, comprometiendo tanto la seguridad de los trabajadores como la estabilidad de los taludes. Añade que la autoridad sanitaria concluyó que no era posible autorizar la disposición de residuos en ninguno de los sectores propuestos del Vertedero Controlado Popeta.

Señala que mediante Resolución N°25134791, de 13 de junio de 2025, la SEREMI de Salud ratificó lo obrado por sus fiscalizadores, mantuvo la prohibición de disponer residuos en la plataforma superior, prohibió además a la Municipalidad de Melipilla la recepción y disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables en el Vertedero Controlado Popeta, ordenando que dichos residuos fueran enviados a un lugar debidamente autorizado por la autoridad sanitaria, y aplicó una multa de 20 UTM, entre otras medidas.

Cuarto: Que, el recurrente, solicita una ampliación de informe tanto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana como a la Ilustre Municipalidad de Melipilla. Funda su petición en que, con posterioridad al informe evacuado por la autoridad sanitaria, la SEREMI dictó la Resolución N°25134791, de 13 de junio de 2025, por la que prohibió a la Municipalidad de Melipilla la recepción y disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables en el Vertedero Controlado de Popeta, ordenando que fueran enviados a un lugar debidamente autorizado y aplicando además una multa de 20 UTM. Sin embargo, añade que sólo cinco días después, el 18 de junio de 2025, la propia SEREMI publicó un comunicado de prensa en que informó haber autorizado un “Plan de Emergencia” presentado por la Municipalidad de Melipilla para disponer residuos, en forma transitoria y por treinta días hábiles, en una “Zona de Emergencia” colindante al Vertedero Controlado de Popeta y al costado nororiente del proyecto del nuevo relleno sanitario.

Esgrime que esa nueva autorización amenaza y perturba directamente sus garantías constitucionales. Señala que la exigencia de ejecutar obras para instalar una capa de impermeabilización en el “Relleno Sanitario” y la autorización para disponer residuos en la “Zona de Emergencia” recaerían sobre parte del predio denominado Lote A-3, y eventualmente también sobre el Lote A, que afirma es de dominio de los recurrentes.

Sostiene que ello los privaría del uso y goce de una parte significativa de su inmueble, convirtiéndolo, por autorización de la autoridad sanitaria, en receptor de basura domiciliaria de las comunas de San Pedro, Melipilla y Alhué durante treinta días hábiles, afectando de ese modo el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución. Añade que también se ven nuevamente amenazados el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por la exposición a malos olores, presencia de roedores, cucarachas, pulgas y garrapatas asociadas a la acumulación de basura.

Afirma que la única inscripción de dominio a favor de la Municipalidad de Melipilla corresponde al predio del actual Vertedero Controlado de Popeta, de 10 hectáreas, mientras que el relleno sanitario y la zona de emergencia sólo podrían emplazarse dentro del Lote A-3, que dice pertenece a los recurrentes. Para ello acompaña certificados de dominio y planos, y refiere que en las imágenes incorporadas en las páginas 4, 5 y 6 se aprecia gráficamente que el “Relleno Sanitario” sería colindante al vertedero y se ubicaría dentro del Lote A-3, mientras que el actual vertedero aparece delimitado en otro sector.

Quinto: Que, al ampliar su informe, Carolina Verónica López Galdames, abogada de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, insiste en solicitar el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas, sosteniendo en primer término que la acción es improcedente por no reunir los requisitos constitucionales para su procedencia, por falta de legitimación activa de los recurrentes y por ausencia de legitimación pasiva de la Municipalidad. Expone que los actores no viven en el resto de la Parcela N° 371, donde se emplaza el Vertedero Controlado de Popeta, sino en la Parcela N° 192, ubicada a una distancia considerable del recinto, lo que se aprecia tanto del mandato judicial acompañado por ellos como del plano del Proyecto de Parcelación Culiprán-Popeta (inserto en la página 3 del informe), donde se individualizan gráficamente ambas parcelas. Sostiene que no son vecinos colindantes ni pueden ser considerados los “primeros afectados” por la operación del vertedero, por lo que carecen de legitimación activa para deducir la acción constitucional. Añade que tampoco existe acto ilegal o arbitrario imputable a la Municipalidad, ya que ésta actúa al amparo de la Resolución de Calificación Ambiental contenida en la Resolución Exenta N°202213001595, de 20 de octubre de 2022, que calificó favorablemente el proyecto “Plan de Cierre, Sellado y Reconversión a Relleno Sanitario del Vertedero Popeta, Comuna de Melipilla”.

Agrega que a las municipalidades les asiste un verdadero “poder-deber” de protección del medio ambiente y de la salud pública, derivado del artículo 118 de la Constitución y de los artículos 4 y 5 de la Ley N° 18.695, lo que justifica su actuar en la gestión de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, en la operación del Vertedero Controlado de Popeta y en la ejecución de las obras necesarias para la futura habilitación del relleno sanitario. Afirma que no realizar dichas acciones sí podría generar un grave riesgo sanitario para las comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, debido a la imposibilidad práctica y económica de trasladar los residuos a otras comunas, con la consiguiente acumulación prolongada de basura en viviendas o en la vía pública. Refiere además que tal realidad fue considerada por la propia SEREMI de Salud al autorizar la continuidad de disposición en Popeta.

Cuestiona el dominio alegado por los recurrentes sobre el inmueble y sostiene que el predio donde funciona el vertedero fue adquirido por la Ilustre Municipalidad de Melipilla en el año 2000 y que la entrega material del inmueble se efectuó en octubre de 1999 y que desde entonces el municipio ha poseído el predio de forma pacífica, continua y exclusiva por más de veinticuatro años, ejecutando cerramientos, movimientos de tierra, caminos y demás obras destinadas al funcionamiento del vertedero. Aunque reconoce que la inscripción conservatoria aún no se ha perfeccionado por observaciones registrales, sostiene que el contrato de compraventa es plenamente válido, que la parte vendedora y su sucesión están obligadas a respetar la situación jurídica creada por su propio actuar y que, conforme a la teoría de los actos propios, a la buena fe contractual y a las reglas de interpretación de los contratos, el vendedor quedó obligado a transferir el dominio y dicha obligación pasa a su sucesión. Sobre esa base, afirma que los recurrentes no pueden desconocer en esta sede la posición jurídica de la Municipalidad sobre el inmueble ni omitir la existencia de la Resolución de Calificación Ambiental que autoriza el proyecto de cierre, sellado y reconversión del Vertedero de Popeta, por lo que reitera que no existe afectación de derechos fundamentales y solicita el rechazo del recurso, con ejemplar condena en costas.

Sexto: Que, Matías Francisco Leal Espinoza, abogado en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, evacúa ampliación de informe y señala que, conforme a la información proporcionada por el Subdepartamento de Control Sanitario Ambiental, tanto el “Relleno Sanitario” como la “Zona de Emergencia” se ubican dentro del terreno que la autoridad sanitaria identifica como de propiedad de la Municipalidad de Melipilla, específicamente al interior del lote A-3 resultante de la subdivisión del resto de la Parcela N°371 del Proyecto de Parcelación Culiprán e Hijuela Cuarta de la Hacienda Popeta, según el plano archivado bajo el N° 1149 del Legajo del año 2000 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla. Precisa además que la zona de emergencia se emplaza en el extremo sur del relleno sanitario en construcción y al costado del Vertedero Controlado de Popeta, acompañando un plano en que se grafica una superficie de 6,02 hectáreas para el VCP, 1,82 hectáreas para el relleno sanitario y 2.000 m² para la zona de emergencia.

Respecto de las medidas adoptadas para constatar y asegurar que el predio destinado al relleno sanitario y a la zona de emergencia no afecte la propiedad de terceros, la SEREMI informa que en la evaluación del proyecto se exigió el cumplimiento del artículo 9 del Decreto Supremo N°189 de 2005 del Ministerio de Salud, norma que establece una distancia mínima de implementación respecto de viviendas. Indica que dicho precepto exige asegurar una zona de protección de 300 metros al interior del sitio, dentro de la cual no pueden construirse edificios de uso habitacional ni de servicios durante la vida útil y el cierre de la instalación, distancia que debe medirse horizontalmente desde el menor perímetro del área de disposición de residuos y de toda instalación anexa capaz de generar olores ofensivos. Añade que solo excepcionalmente pueden aprobarse distancias inferiores, siempre que existan barreras naturales o artificiales que controlen tales efectos, sin que en ningún caso el distanciamiento pueda ser inferior a 150 metros. No obstante, aclara expresamente que la autoridad sanitaria no cuenta con las inscripciones de dominio del Conservador de Bienes Raíces, por lo que esa información debe solicitarse al órgano competente.

Agrega que tampoco dispone de antecedentes sobre la compra del sitio destinado a la construcción del nuevo relleno sanitario, por lo que esa información igualmente debe ser requerida a quien corresponda. Sin perjuicio de ello, precisa que la normativa sanitaria fiscaliza a toda persona natural o jurídica que desarrolle la actividad de disposición final de residuos sólidos domiciliarios, por cuenta propia o de terceros, sin exigir pronunciamiento sobre la titularidad registral del inmueble, sino únicamente el cumplimiento de las normas técnicas del Código Sanitario y su reglamentación. Añade finalmente que esta fiscalización y regulación debe ponderarse considerando la necesidad de dar solución a riesgos para la salud de una domicilio reservado habitantes de las comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, según cifras del Censo 2017.

Séptimo: Que, por último, la recurrida solicita que se declare la pérdida de oportunidad del recurso de protección, por estimar que los recurrentes optaron por una vía judicial diversa y eficaz en sede civil respecto del mismo conflicto. Expone que el 18 de julio de 2025, los actores interpusieron una denuncia de obra nueva ante el Primer Juzgado de Letras de Melipilla, causa Rol C-1479-2025, caratulada “nombre reservado con Ilustre Municipalidad de Melipilla”, respecto del mismo proyecto objeto de esta acción constitucional. Indica que, en dicha causa, por resolución de 22 de julio de 2025, se decretó la suspensión provisional de las faenas de impermeabilización del vaso del futuro Relleno Sanitario Popeta, última etapa del proyecto “Plan de Cierre, Sellado y Reconversión a Relleno Sanitario del Vertedero Popeta, Comuna de Melipilla”, trabajos que se ejecutan por la empresa Politrans Geoliner SpA. conforme al Decreto Exento N°3795, de 30 de agosto de 2024, cuyo contrato asciende a $448.996.133 IVA incluido. Señala que esta paralización ha generado costos permanentes para la Municipalidad, entre ellos remuneraciones, cotizaciones previsionales, alojamiento y demás obligaciones contractuales.

Agrega que, antes de acudir a la sede civil, los recurrentes ya habían solicitado en estos autos una orden de no innovar el 8 de julio de 2025, la que fue rechazada por resolución de 11 de julio de 2025. Sostiene que, pese a ello, los actores recurrieron luego a la vía civil y obtuvieron por esa vía la suspensión de las obras que les había sido denegada en esta sede cautelar, afectando la ejecución de un proyecto que califica como de relevancia comunal para Melipilla, Alhué y San Pedro. Reitera que la Municipalidad cuenta con autorizaciones ambientales y sanitarias vigentes para el proyecto. (mencionando especialmente el Ordinario N° 2882 de 13 de julio de 2022 de la SEREMI de Salud, la Resolución de Calificación Ambiental N° 202213001595 de 20 de octubre de 2022, la Resolución N° 231392079 de 26 de septiembre de 2023 que aprueba el proyecto de ingeniería del relleno sanitario, y las Resoluciones Exentas N° 00405, de 18 de junio de 2025, y N° 00497, de 31 de julio de 2025, que permitieron transitoria y excepcionalmente la recepción y disposición de residuos sólidos domiciliarios en el sitio de disposición de emergencia ubicado en el extremo sur del relleno sanitario en construcción).

Octavo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Noveno: Que los recurrentes por medio de esta acción solicitan el cierre y clausura del Vertedero Controlado de Popeta, adoptando las medidas necesarias con el objeto de impedir su funcionamiento y operación, en tanto no se cuente con autorización sanitaria para ello, manifestando además, que la ejecución de las obras para instalar una capa de impermeabilización en el “Relleno Sanitario” y la autorización para disponer residuos en la “Zona de Emergencia” recaerían sobre parte del predio denominado Lote A-3, el que señalan ser dominio de los recurrentes.

Décimo: Que por medio de la resolución exenta N° 868 de 14 de marzo de 2025, emanada del Sub Departamento de Control Sanitario de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, se aprobó lo solicitado por la Ilustre Municipalidad de Melipilla, en el sentido de autorizar la extensión de la operación del vertedero controlado por Popeta VCP, hasta el 15 de abril de 2025, ordenándose, entre otros, a la referida municipalidad que dentro del plazo otorgado, deberá desarrollar y presentar ante la autoridad sanitaria, un plan de contingencia, para su posterior implementación, el que permita dar continuidad a la disposición de residuos de las comunas involucradas.

Constando además, de la Resolución N° 25134791 de 13 de junio de 2025, que se prohibió por parte de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, a la Ilustre Municipalidad de Melipilla efectuar la “recepción y disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables” en lo que atañe al denominado Vertedero Controlado Popeta (ubicado en Altos de Popeta, Parcela número 371, comuna de Melipilla), a lo que agrega que en tales circunstancias los residuos deberán ser enviados a un lugar autorizado por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud, aplicando a la referida municipalidad una multa ascendente a 20 Unidades Tributarias Mensuales.

Siendo el caso, que la misma autoridad sanitaria, con fecha 18 de junio de 2025, ante presentación efectuada por la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, quien señaló la grave situación sanitaria y ambiental que se produciría de verificarse el cierre del vertedero, por el retraso de la habilitación del relleno sanitario y la imposibilidad de continuar disponiendo dichos residuos, afectando con ello directamente a las comunas de San Pedro, Alhué, Melipilla y su población, dicta la Resolución Exenta N° 405, la cual permite transitoria y excepcionalmente la recepción y disposición de residuos sólidos domiciliarios de las mencionadas comunas, en el denominado sitio de disposición de emergencia, ubicado en el extremo sur del Relleno Sanitario Popeta en construcción y a un costado del Vertedero Controlado Popeta, cuya superficie es de 2.000 m2, aproximadamente, fijando a continuación un plazo de 30 días hábiles para la disposición de residuos sólidos domiciliarios.

Adjuntándose además un comunicado de prensa de fecha 18 de junio de 2025, emanado de la Seremi de Salud, en el cual se informa que se autorizó un plan de emergencia presentado por la Ilustre Municipalidad de Melipilla para disponer en forma transitoria, por un periodo de 30 días hábiles en una “Zona de Emergencia” colindante al vertedero controlado Popeta y al costado nororiente del proyecto de nuevo relleno sanitario.

Existiendo también la resolución exenta N° 497, de 31 de julio de 2025, -fecha posterior a la interposición de la presente acción- que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana prorrogó por 40 días hábiles, la medida sanitaria consignada en la resolución exenta número 405, ya informada, permitiendo de forma excepcional y transitoria la recepción y disposición de residuos sólidos domiciliarios de las comunas de Alhué, San Pedro y Melipilla, en el denominado sitio de disposición de emergencia, ubicado en el extremo sur del Relleno Sanitario en construcción y a un costado del Vertedero Controlado Popeta.

Undécimo: Que los recurrentes en este caso han argumentado que el predio denominado Lote A-3, en el cual se ubicaría la “zona de emergencia” sería del dominio de ellos, pero es el caso que a folio 32 se acompañó por parte de Ilustre Municipalidad recurrida, copia de escritura pública de fecha veintiséis de julio de dos mil emanada del notario público de Melipilla don nombre reservado, donde consta el contrato de compraventa celebrado en esa fecha por el cual don nombre reservado, vende, cede y transfiere a la Ilustre Municipalidad de Melipilla, representada por su alcalde don Fernando Pérez Villagrán, el lote A-3 de la parcela N° 371 ubicada en Culiprán - Popeta, comuna de Melipilla, la cual tiene una cabida de 126,20 hectáreas, parcela que adquirió por adjudicación que le hizo la ex Cooperativa de la Reforma Agraria Culiprán y Popeta Limitada, documento en el cual se informa que el lote A-3 tiene una superficie de 12,00 hectáreas, de la que detalla sus deslindes, inmueble que se transfiere como cuerpo cierto.

Documento que, si bien no tiene inscripción conservatoria, permite entender que, en este caso, no existe un derecho indubitado, respecto del dominio del mencionado predio en favor de los recurrentes, no siendo esta la vía idónea para resolver esto, propio de una declaración de fondo ajena a este tipo de procedimiento, máxime si, como se sostuvo en estrados, la negativa a practicar la anotación registral de dicho título ha sido objeto de una reclamación judicial cuya resolución aún se encuentra pendiente.

Duodécimo: Que, en consecuencia, en este caso no existe un derecho indubitado, que permita entender que en este caso exista un acto ilegal y arbitrario, que justifique acoger la acción constitucional, motivo por el cual el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Guillermo Martínez Concha, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra en contra de la Ilustre Municipalidad de Melipilla.

Redacción del ministro Sr. Farías Pino.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°1913-2025 Protección (VISTA CONJUNTAMENTE CON INGRESO DE CORTE N°3306-2025 PROTECCION)

Pronunciada por la primera sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor Carlos Farías Pino, señor Danilo Quezada Rojas y la abogada integrante señora Yasna Otárola Espinoza.