nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Al folio 14 y 15: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de nombre reservado, ingeniera mecánica, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto ilegal y arbitrario de haber rechazado el 16 de mayo de 2025, la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero presentada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que presentó solicitud de devolución de fondos previsionales y fue rechazada, indicándole que el motivo del rechazo es “Falta Constancia de afiliación el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por la afiliada corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado...”

Señala que es de público conocimiento la imposibilidad de obtener documentación actualizada ante la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Chile y Venezuela, lo que configura una fuerza mayor o caso fortuito, destacando que la normativa especial no exige documento legalizado.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, ya que realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Indica que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, ya que la recurrida además le ha dado a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias el servicio recurrido ha otorgado respuestas favorables.

Solicita acoger el recurso de protección, declarar ilegal y arbitraria la decisión de 16 de mayo de 2025 y ordenar a la AFP ProVida S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por estimar que la acción interpuesta resulta improcedente y que su representada ha actuado conforme a derecho.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de carácter previsional que requieren un conocimiento de fondo, y que el actuar de la AFP no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha ajustado estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Reconoce que el 16 de mayo de 2025, ProVida rechazó solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Añade que, por instrucciones del órgano regulador, ProVida tiene la obligación de verificar el cumplimiento estricto de los requisitos para proceder a una devolución de fondos en estos casos.

Reitera que la documentación presentada por la recurrente no acreditó debidamente los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, indicando que el requisito de encontrarse afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, condición que debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, lo que en este caso no ocurre.

Afirma que no ha existido, en consecuencia, una acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna de la recurrente, por lo que debiera ser desechado el recurso que motiva esta presentación.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 9 de julio de 2025, informa que la recurrente no registra ante este Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley y, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada solo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece y de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la informante.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que es en el ejercicio de dicha facultad legal, que la Superintendencia ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y ha dictado la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la ley N°18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal, de ese modo, su jurisprudencia administrativa ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero del trabajador este debe aportar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde y que acredite en forma específica que en el caso de que se trata el extranjero ha contado con un seguro durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Además, señala que dicho documento debe especificar que la cobertura de salud es integral, es decir, que comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral de origen común y esa cobertura debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales.

Señala que en la especie, la recurrente acompañó, para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, que habría sido emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con fecha 27 de marzo de 2025 y, al respecto informa que, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por la recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no ha sido firmado, apostillado ni legalizado y, además, dicho documento tampoco especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

Finaliza indicando que, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma en que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, y considerando que tanto nuestro país como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión de la recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que la recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen que cumpla con los requisitos establecidos en la ley 18.156. Para ello, acompañó fundamentalmente una “Constancia de Afiliación al IVSS”, de fecha 27 de marzo de 2025, misma documentación que da cuenta que venció el 31 de marzo de 2025 y que no está legalizada ni apostillada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, y que, además, no da cuenta en ninguna parte de ella de que se cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la citada Ley, ya que no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

A mayor abundamiento, esta Corte no puede soslayar la circunstancia de que la devolución de los fondos solicitados no se relaciona en forma alguna con los fines que el espíritu de la ley -plasmado en la historia fidedigna de su establecimiento- pretendió alcanzar.

Décimo: Que, por las razones antes dichas el recurso se advierte carente de todo fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1912-2025 Protección.