Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S

San Miguel, seis de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, de 23 de diciembre de 2025.

Señala que cumple con los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, por cuanto es profesional extranjera afiliada al sistema de seguridad social de su país de origen, lo que acredita mediante constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, documento que —afirma— es verificable en línea mediante código de validación.

Sostiene que la recurrida ha incurrido en una interpretación excesivamente formalista al exigir requisitos no contemplados en la ley, como la apostilla o legalización del documento, lo que resulta además de imposible cumplimiento por la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurándose una situación de fuerza mayor.

Agrega que la negativa de la AFP a ingresar su solicitud, sin verificar los antecedentes acompañados, vulnera sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad sobre sus fondos previsionales, al impedirle disponer de éstos pese a haber acreditado su afiliación al sistema previsional extranjero.

Segundo: Que, la recurrida AFP Modelo S.A. solicita el rechazo del recurso, indicando que la actuación impugnada se ajusta a la normativa vigente, toda vez que la solicitud de devolución de fondos fue rechazada por no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en la Ley N°18.156. Expone que la recurrente acompañó únicamente una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada, documentos que no constituyen certificados idóneos de afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, por cuanto no consignan de manera específica las prestaciones cubiertas, no se encuentran debidamente firmados y carecen de apostilla o legalización.

Señala que, conforme al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones y a la normativa sobre valor probatorio de instrumentos públicos extranjeros, la afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, que dé cuenta de la cobertura durante todo el período laboral. Añade que su actuación se ha limitado a dar cumplimiento a las instrucciones del ente fiscalizador y a la jurisprudencia administrativa y judicial existente, descartándose la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en el rechazo de la solicitud.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones solicita igualmente el rechazo del recurso, oponiendo en primer término la improcedencia de la acción de protección por tratarse de una materia que excede su ámbito cautelar, al no existir un derecho indubitado y requerirse un pronunciamiento de lato conocimiento respecto del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos.

En cuanto al fondo, señala que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción, cuyos requisitos deben cumplirse copulativamente, entre ellos, acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero mediante certificación emitida por la autoridad competente que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Indica que la documentación acompañada por la recurrente —consistente en una constancia electrónica de cotizaciones— no cumple con dichos estándares, por no constituir un certificado idóneo ni encontrarse debidamente legalizada o apostillada, conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico y a las normas administrativas vigentes.

Asimismo, hace presente que no consta que la recurrente haya formulado reclamo previo ante dicho organismo respecto de los hechos expuestos, y que su actuación se ha limitado a ejercer sus facultades de interpretación normativa y fiscalización del sistema, concluyendo que no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de la AFP recurrida.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, como se señala ut supra, el acto impugnado mediante la presente acción constitucional es la negativa de AFP recurrida de acceder a la petición de la actora -trabajadora extranjera- de devolverle los fondos previsionales que depositó en la referida AFP, comunicada el 23 de diciembre de 2025, por no cumplir con lo dispuesto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Por consiguiente, el objeto de la presente controversia consiste en determinar si la referida negativa resulta arbitraria e ilegal.

Sexto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255; N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3 del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, dicho organismo ha emitido una serie de disposiciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el órgano fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°NUM000 de la Superintendencia de Pensiones, de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: “[…] se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 […]”. En esta misma línea, ha indicado el Oficio N°NUM001, de 15 de diciembre de 2023: “Ahora bien, el mencionado certificado de afiliación a un régimen de seguridad social en su país debe venir debidamente apostillado y si dicho documento es ratificado por la Oficina Consular de su país, deberá constar que el certificado ha sido extendido en representación de la autoridad competente de la seguridad social de ese país”.

Octavo: Que cabe señalar, que las normas citadas precedentemente deben ser interpretadas de manera restrictiva, por cuanto la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y, como tal, debe aplicarse solo cuando se cumplen todos sus requisitos. Al efecto, la ley dispone que se otorgará el derecho de devolución de los fondos previsionales en la medida que “a) el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

Sin embargo, consta que los documentos que fueron acompañados por la actora al impetrar el beneficio rechazado no tienen la aptitud para acreditar los requisitos del artículo 1° tantas veces referido.

Noveno: Que, de tal forma, no se advierte acto u omisión arbitrario o ilegal, por cuanto, la decisión adoptada por la recurrida se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, no existiendo un actuar caprichoso o antojadizo, ya que, la Superintendencia de Pensiones ha fijado una interpretación obligatoria para las AFP y en tal sentido, no puede apartarse de lo dispuesto por el ente fiscalizador sin incurrir en responsabilidad administrativa. Cabe considerar además que el recurrente no se encuentra imposibilitado de obtener la documentación legalizada que se le exige dado que, según se ha indicado por la Excma. Corte Suprema en causa rol 54.247-2025 “… el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Décimo: Que, así las cosas, las exigencias formuladas por la recurrida, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente, como sostiene la actora; de contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza como la efectuada por la parte recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°191-2026 Protección