nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

San Miguel, dos de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, profesor, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, por la acción ilegal y arbitraria de aplicarle como sanción disciplinaria el término de la relación laboral, en su calidad de Director de la Escuela Hugo Morales Bizama, dependiente de dicha entidad, medida impuesta a través de la Resolución N°65/2022, de 30 de mayo de 2022, y confirmada mediante la Resolución N°71/2022, de 13 de junio del 2022, notificada el 14 de junio de 2022, mediante correo certificado, que rechazó el recurso de reposición del recurrente contra la primera resolución referida, vulnerando los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República.

Expone que el año 2019 fue seleccionado para desempeñarse como Director de la Escuela Hugo Morales Bizama, dependiente de la Corporación Municipal de San Miguel, que se organiza al interior del Centro de Detención Preventiva Femenino San Miguel, suscribiendo el respectivo contrato por el plazo de 5 años, a contar del 1 de abril de 2019 hasta el 1 de abril de 2024.

Indica que, mediante la Resolución Nº28/2022, de 17 de febrero de 2022, de la Secretaria General de la Corporación de San Miguel, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo en su contra, a fin de indagar las eventuales responsabilidades administrativas por malos tratos y actos vulneratorios en contra de algunos docentes del establecimiento, así como respecto de cualquier otro hecho que tome conocimiento el fiscal instructor durante la investigación, proceso en el cual declaró el 24 de marzo de 2022, en calidad de inculpado. Declarándose cerrado el periodo de investigación el 28 de marzo de 2022.

Por resolución N°16/2022, de 14 de abril de 2022, del Fiscal instructor, se le formularon los siguientes cargos: “Cargo I: Director incurre en actos de maltrato laboral, reiterados y permanentes, en contra de la docente de la escuela Hugo Morales Bizama , doña nombre reservado y la ex docente doña nombre reservado, durante el periodo académico que comprende desde el mes de abril de 2019, 2020, 2021 e inicios de 2022, los que se expresan en una serie de malos tratos, hostigamientos, burlas, aislamiento en las labores inherentes al cargo, conductas desplegadas por el director don nombre reservado, los que han constituido una amenaza y perjuicio laboral u oportunidades de empleos de la funcionaria y ex funcionaria aludida, afectado también su integridad psíquica”.

“Cargo II: Director sigue manteniendo como alumnas vigentes de la Escuela Hugo Morales Bizama en el sistema de información general de estudiantes (SIGE), durante los meses de noviembre del 2020 y marzo del 2022 a internas que han sido dadas de baja del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, ya sea por sentencia absolutoria, condenatoria, o traslado, pese a que dicha información relativa a las internas dadas de baja fue entregada oportuna y mensualmente al establecimiento por parte de Gendarmería de Chile, lo que podría haber implicado que la Corporación Municipal de San Miguel haya obtenido indebidamente subvenciones por internas que ya no eran alumnas de dicha escuela”. (27 internas).

Agrega que el 14 de abril de 2022, mediante la Resolución Nº17/2022, del Fiscal nombre reservado, se dispuso la suspensión de funciones del recurrente, notificándolo el mismo día; y que, recién el 18 de abril de 2022 tuvo acceso al expediente del presente procedimiento administrativo disciplinario.

Refiere que el 29 de abril del corriente, presentó sus descargos y solicitó abrir término probatorio, ofreciéndose la realización de diligencias de prueba y acompañando documentos. Así, el 2 de mayo de 2022, el Fiscal nombre reservado, mediante la Resolución N°20/2022, tuvo por presentados los descargos, abriendo un término probatorio de 10 días admitiendo parcialmente las diligencias de declaración testimonial aduciendo “(…) que implicarían a este Fiscal dedicar una excesiva cantidad de tiempo a la toma de dichas diligencias”. Contra dicho acto administrativo interpuso recurso de reposición, por estimar que le causaba indefensión, el cual fue rechazado por el señor Fiscal nombre reservado, el 5 de mayo del corriente, mediante la Resolución N°21/2022.

Menciona que el 9 de mayo de 2022, se tomó la declaración de sólo 2 de los testigos ofrecidos por su parte, a saber, doña nombre reservado y don nombre reservado, dejando fuera a otros 4 testigos, docentes de la escuela; y que, el 13 de mayo de 2022 se presentó el resto de su prueba documental, la que incluyó declaraciones juradas, con firma autorizada ante notario, de los profesores a quienes el Fiscal no quiso tomar declaración en calidad de testigos. Lo anterior, dado lo relevante que resultaba para el esclarecimiento de los hechos la declaración de los miembros de la comunidad docente de la Escuela, en atención a que los cargos se fundaban en supuestos hechos vinculados al clima laboral al interior del establecimiento educacional, sumado a un sumario tramitado básicamente con el solo tenor de las declaraciones de las propias denunciantes.

El día 23 de mayo de 2022, el Fiscal nombre reservado emitió su dictamen, denominado vista fiscal, mediante la Resolución N°24/2022, y de conformidad a la Resolución N°65/2022, de 30 de mayo de 2022, de la Secretaria General de la Corporación de San Miguel, se ordenó la aplicación de sanción de término de relación laboral, acto administrativo notificado por correo electrónico.

Indica que el 6 de junio de 2022, recurrió de reposición administrativa en contra de la resolución precitada, argumentando severos yerros fácticos y jurídicos de la misma, solicitando se deje sin efecto la Resolución N°65/2022, de 30 de mayo de 2022, y se ordene que se resuelva el sumario administrativo conforme a un procedimiento racional y justo, que garantice cabalmente el derecho fundamental de gozar de un debido proceso o, en su defecto, se ordene la reapertura del mismo con el objeto de rendir prueba. También planteó la incompetencia de la Corporación Municipal de San Miguel para sancionar en un sumario administrativo como el referido, disponiendo se remitan los antecedentes a la Señora Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, a fin de que se resuelva el sumario administrativo en cuestión conforme a un procedimiento racional y justo.

Así el 13 de junio de 2022, la Secretaría General de la Corporación Municipal de San Miguel emitió la Resolución N°71/2022, mediante la cual rechazó el recurso de reposición presentando, confirmando la sanción de término de relación laboral. Dicha resolución fue notificada mediante correo certificado el 14 de junio de 2022 y es el acto respecto del cual se presenta recurso de protección, indicando que dicha resolución se limita a confirmar someramente algunas de las alegaciones contenidas en el recurso de reposición, pero que no agrega ni modifica la resolución sancionatoria, sino que reitera de manera resumida sus argumentos, sin dar razón de los mismos, por lo cual estima no se hizo cargo de las alegaciones esgrimidas por su parte.

Menciona, además, que a la fecha de interposición de la acción de protección no ha podido firmar el respectivo finiquito, con reserva de derechos, dado que por negligencia de la Corporación Municipal de San Miguel éste no ha sido puesto a disposición, indicando que la carpeta dejada para firma en la notaría no incluía el certificado de pago de cotizaciones previsionales y el texto del finiquito se encontraba con omisiones y saltos evidentes de texto, indicando que envío correos electrónicos dando cuenta de ello, sin recibir respuesta.

Alega que todas estas vulneraciones a sus derechos fundamentales le han provocado un cuadro de afección psíquica desde hace meses, viéndose comprometida seriamente mi salud mental como consecuencia de este proceso sumarial llevado adelante de manera arbitraria e ilegal por la recurrida, siendo diagnosticado médicamente con un trastorno mixto de ansiedad y depresión.

Como conclusiones y fundamentos de su acción señala los siguientes: (i) que los actos impugnados fueron dictados por una entidad privada que la ley no le ha encomendado funciones públicas, actuando fuera de toda competencia; (ii) que la forma en que se llevó adelante el sumario administrativo instruido en su contra le impidió ejercer el derecho a defensa jurídica; (iii) que los actos impugnados le imputan una vulneración del principio de probidad administrativa, sin especificarla ni acreditar su existencia, razón por la cual la sanción impuesta es ilegal y arbitraria en razón que vulnera lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, así como lo establecido en el inciso sexto del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República; (iv) que los actos impugnados no dan cumplimiento al principio de proporcionalidad establecido en la Constitución Política de la República ni al deber de motivación especificado en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880, y tampoco aprecian correctamente la prueba rendida en el sumario; y, (v) Que la sanción impuesta es desproporcionada vulnerando lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

En base a lo anterior, solicita se declare que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria, ordenando dejar sin efecto la Resolución N°71/2022, de fecha 13 de junio del 2022, con costas.

Segundo: Que, Informando al tenor del recurso, doña nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de San Miguel, solicita el rechazo del recurso, con costas, atendido que el actuar de su representada no ha sido arbitrario ni ilegal.

Alega en primer lugar que, la acción de protección incoada en autos no es la vía idónea para revisar el mérito del Sumario Administrativo instruido en contra de don nombre reservado, las facultades disciplinarias de las autoridades, ni revisar la ponderación o la valoración de la prueba, ni la acreditación de presupuestos fácticos en las investigaciones disciplinarias, buscando el recurrente convertir esta sede jurisdiccional en una nueva instancia de discusión acerca de los hechos investigados y acreditados en el Sumario Administrativo, pretensión que escapa del fin cautelar de la acción de protección, por cuanto el recurrente contó con todas las oportunidades previstas en la normativa aplicable para ejercer su defensa, no siendo la acción constitucional en cuestión la vía idónea para revivir instancias fenecidas.

En segundo lugar, señala que la acción de protección de autos es improcedente por cuanto no constituye un sustituto jurisdiccional y el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento especial para dirimir la controversia existente entre las partes, no siendo la vía para reclamar supuestas ilegalidades en el término de una relación laboral regida por el Estatuto Docente, contenido en la Ley Nº19.070, que en su artículo 71 señala: “Los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las normas del Código del Trabajo y sus leyes complementarias”. Agregando lo dispuesto en el artículo 75 de la misma ley, que indica: “Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal del trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el juez ordenará la reincorporación del reclamante”, siendo esta última la vía legal especial procedente en este caso, lo que indica ha sido confirmado por pronunciamientos de la Contraloría General de la República.

En tercer lugar, señala que la Secretaria General de la Corporación Municipal de San Miguel es competente para imponer medidas disciplinarias en contra de los funcionarios de su dependencia, ya que tratándose las Corporaciones Municipales de personas jurídicas distintas a las Municipalidades, y que, pese al ejercicio por su parte de funciones públicas, a diferencia de las Municipalidades, no pertenecen al complejo orgánico de la Administración del Estado, según se desprende de la naturaleza privada de estas entidades, y de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Agregando que la única vinculación entre ambas instituciones es que la Alcaldesa es la Presidenta del Directorio de la Corporación Municipal de San Miguel, mas no actúa dentro de esta entidad en calidad de Alcaldesa, ya que quién detenta la calidad de autoridad máxima de la Corporación Municipal, es precisamente la Secretaria General en quién el Directorio de la Corporación, de forma unánime, ha delegado las facultades económicas, administrativas, judiciales y extrajudiciales.

Que, en el presente caso, no estamos ante el ejercicio de la potestad sancionadora que las leyes N°18.695 y N°18.883 confieren a la Alcaldesa en la Municipalidad, facultad sancionadora que es indelegable de acuerdo a lo dispuesto en la letra j) del artículo 63 de la Ley N°18.695, pues dicha potestad sancionatoria le corresponde a la Alcaldesa en su calidad de Jefa de Servicio, representante judicial y extrajudicial de la Municipalidad, calidad y posición, que como se ha señalado, no detenta en la Corporación Municipal.

Puntualiza que en el sumario dirigido en contra del Sr. nombre reservado, nos encontramos ante el ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador, la que ha ejercido la Secretaria General, atendida su calidad de represente legal, sostenedora y administradora de una entidad de derecho privado sin fines de lucro, como lo es la Corporación Municipal de San Miguel, y conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 72 del DFL N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación, del año 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070, que establece que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella: “b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”, norma que se encuentra inserta dentro de aquellas agrupadas bajo la denominación “Término de la relación laboral de los profesionales de la Educación”.

En cuarto lugar, alega la inexistencia de actuación arbitraria o ilegal que puedan imputarse a la Corporación Municipal de San Miguel durante la tramitación del Sumario Administrativo, motivo por el cual no se han vulnerado las garantías constitucionales denunciadas en autos, por cuanto: (i) no resulta efectivo que el fiscal instructor del sumario administrativo haya limitado la prueba del sumaria, alegando que la limitación de número de testigos, no es una falta al debido proceso y el derecho a la defensa, ya que los mismos no implican que deban recibirse todas las pruebas solicitadas, sino únicamente aquellas que guardan relación con los fines del procedimiento, teniendo presente además con que no basta con ofrecer los medios de prueba, sino que debe especificarse los aspectos o puntos específicos sobre los cuales recaerán, de forma que la autoridad instructora pueda ponderar su pertinencia y conducencia.

Luego, no es efectivo que se haya limitado de manera arbitraria la prueba testimonial, sino que se admitió en orden a la pertinencia, Resolución que por lo demás fue motivada y razonado al tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N°19.880.

Señala también que la resolución de Secretaria General que impone la sanción de término de la relación laboral cumple cabalmente con el deber de motivación de los actos administrativos, cuestión que se ve reflejada en los considerandos N°17, 19 18, 20 y 22, razonamientos a través de los cuales se realiza una mención y fundamentación de todos hechos en relación con el derecho aplicable, los que han sido esenciales para la decisión adoptada, señalando fundadamente las razones, motivos y medios que han permitido a la Secretaria General de la Corporación Municipal adoptar la decisión de poner término a la relación laboral de don nombre reservado, por haber este incurrido en una falta de probidad y en una conducta inmoral, de acuerdo a lo previsto en la letra b) del artículo 72 del Estatuto Docente, cuyas hipótesis fueron debidamente acreditadas en el proceso administrativo.

Por su parte, alega que resulta erróneo sostener que la resolución N°71/2022 emitida por la secretaria general afecta el principio de proporcionalidad, señalando que la autoridad en un Sumario Administrativo regido por el Estatuto Docente tiene dos opciones, absolver o sancionar con el término de la relación laboral, sin que pueda aplicar al efecto alguna otra sanción, y que en el caso concreto, habiéndose acreditado falta de probidad y conducta inmoral por parte del Sr. nombre reservado, la Secretaria General de la Corporación Municipal de San Miguel procedió a aplicar la sanción de término de la relación laboral del ex funcionario En relación a la vulneración de la integridad psíquica del recurrente, indica que no existe ningún nexo causal entre ambas situaciones, ya que el Sumario Administrativo se inicia con fecha 17 de febrero de 2022, se notifica personalmente en el mes de marzo del mismo año al sumariado. Luego, el actor, acompaña dos certificados médicos de fecha 12 de mayo de 2022 y 28 de junio del mismo año, respectivamente, motivo por el cual es posible concluir que las afecciones que denuncia dicen relación a hechos ajenos al procedimiento disciplinario dirigido en su contra, máxime cuando el empleador ejerce sus facultades con estricto apego a la legislación vigente.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que para elucidar el problema de que trata esta protección conviene reflexionar en cuanto a si la actuación denunciada es ilegal o arbitraria. A estos efectos es recomendable precisar el significado de las expresiones “ilegal” y “arbitrario” contenidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que éste lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el Derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (nombre reservado, Derecho constitucional chileno, tomo II, Ed. Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y ausencia de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho constitucional, tomo I, Ed. Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, de la revisión del recurso de protección deducido, se desprende que el acto que se reprocha como ilegal o arbitrario consiste en el término de la relación laboral de don nombre reservado, entonces Director de la Escuela Hugo Morales Bizama, a través del sumario administrativo instruido por Resolución N° 28/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, lo que derivó en la Resolución Nº 65/2022, de fecha 30 de mayo pasado, que ordenó la aplicación de la sanción de término de la relación laboral y que concluyó a través de la Resolución Nº 71/2022, de fecha 13 de junio de 2022, notificada el mismo día, que rechazó el recurso de reposición.

Séptimo: Que en cuanto a la arbitrariedad de la decisión adoptada, la terminación de la relación laboral del recurrente, cabe señalar que la Resolución N° 28/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, suscrita por la Secretaria General de la Corporación Municipal de San Miguel, que ordenó la instrucción de un sumario administrativo en contra de don nombre reservado, Director de la Escuela Hugo Morales Bizama, para investigar la efectividad de la denuncia efectuada en su contra consistente en su responsabilidad administrativa por supuestos malos tratos y actos vulneratorios en contra de dos docentes del establecimiento, los que podrían afectar su integridad psíquica y física, y constituir eventualmente acoso laboral, así como de cualquier otro hecho que tome conocimiento el Fiscal durante la investigación, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 72 letra b) del D.F.L. Nº1 de 1997, y la decisión contenida en aquella aparece revestida de seriedad y plausibilidad, por lo que no resulta ser caprichosa o arbitraria.

A lo anterior conviene agregar que, en el contexto del sumario, mediante la Resolución N° 16/2022, el Fiscal nombre reservado formula dos cargos al sumariado, a saber: Cargo I: “Director incurre en actos de maltrato laboral, reiterados y permanentes, en contra de la docente de la escuela Hugo Morales Bizama, doña nombre reservado y la ex docente doña nombre reservado, durante el periodo académico que comprende desde el mes de abril de 2019, 2020, 2021 e inicios de 2022, los que se expresan en una serie de malos tratos, hostigamientos, burlas, aislamiento en las labores inherentes al cargo, conductas desplegadas por el director don nombre reservado, los que han constituido una amenaza y perjuicio laboral u oportunidades de empleos de la funcionaria y ex funcionaria aludida, afectado también su integridad psíquica”; y, Cargo II: “Director sigue manteniendo como alumnas vigentes de la escuela Hugo Morales Bizama en el sistema de información general de estudiantes (SIGE), durante los meses de noviembre del 2020 y marzo del 2022 a internas que han sido dadas de baja del centro penitenciario femenino de San Miguel, ya sea por sentencia absolutoria, condenatoria, o traslado, pese a que dicha información relativa a las internas dadas de baja fue entregada”.

Ambos cargos, más allá de lo que señala el recurrente, fueron debida y legalmente tramitados, se escuchó al sumariado, se presentó prueba de cargo y de descargo y el Fiscal realizó un acucioso dictamen en que propuso la sanción de término de la relación laboral, respecto del sumariado don nombre reservado.

En cuanto a la Resolución Nº 65/2022, de 30 de mayo del presente año, que ordena la aplicación de una sanción, en este caso el término de la relación laboral, de su revisión es posible verificar, por los argumentos que en ella se detallan, que contiene los antecedentes y fundamentos necesarios para estimarla motivada y por tanto ajena a la arbitrariedad que acusa el recurrente. En efecto, en dicha resolución se detallan los hechos atribuidos al sumariado, la forma como se dan por probados, aludiendo a los distintos testimonios prestados en la investigación y se exponen las razones por las cuales ambos cargos pueden prosperar, como se advierte de los considerandos 19, 20, 22 y 23 de la resolución ya individualizada.

Por último, la Resolución Nº 71/2022, de fecha 13 de junio de 2022, por medio de la cual se rechaza el recurso de reposición intentado por el recurrente, tampoco aparece revestida de arbitrariedad, toda vez que contiene argumentos que permiten comprender la decisión adoptada, los que se exponen con claridad y precisión, haciéndose cargo de cada una de las alegaciones vertidas en la reposición, en especial en los considerandos 10 al 16.

Octavo: Que de lo expuesto ha de concluirse que la resolución que ordenó el término de la relación laboral del recurrente, es producto del mérito que arrojó el cúmulo de antecedentes recopilados en la investigación administrativa, sin que pueda atribuirse a aquella, como ya se dijo anteriormente, ser carente de fundamentos o producto del mero capricho de quien la suscribió.

Noveno: Que respecto a la alegación argüida en cuanto a que el acto impugnado sería ilegal, no se advierte que la resolución adoptada al darse por terminada la investigación administrativa y que ordena el término de la relación laboral del recurrente, adolezca de un vicio de ilegalidad que deba ser enmendado por esta Corte pues, en cumplimiento de las disposiciones que contempla tanto la ley N° 18.883 como la ley N°19.070, se ha dado estricta aplicación a las normas que regulan la instrucción de un sumario para los docentes, desde su apertura, durante la tramitación y en su culminación.

Sobre este último punto, el de la culminación del procedimiento, cabe consignar que la infracción denunciada a la garantía del debido proceso, en rigor, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales –lo cual constituiría, además, el actuar ilegal de la recurrida-, y que la recurrente asila en que la Secretaria General de la Corporación Municipal de San Miguel carecería de las facultades legales para imponer la sanción de término de la relación laboral, lo cierto es que ella no puede ser acogida, desde que la Corporación Municipal de San Miguel es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, constituida al amparo del artículo 12° del D.F.L. N° 1-3.063 del año 1980 y sus modificaciones posteriores. Esta normativa, en lo que se relaciona con esta acción constitucional, regula dos aspectos que son fundamentales: primero, que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y, segundo, que éste puede delegar su cargo –y sus facultades- en la persona que estime conveniente. Con mayor razón, entonces, el Directorio de la Corporación puede hacerlo, como se hizo en la especie, delegando las facultades disciplinarias en la Secretaria General de dicha entidad.

Así las cosas, y a diferencia de lo sostenido por el recurrente, en el caso sub iudice se dio cumplimiento al procedimiento dispuesto en los artículos 127 y siguientes de la Ley 18.883, considerando para ello lo prescrito en el artículo 72 de la Ley 19.070, que en lo relevante dispone que los sumarios deberán ejecutarse de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 18.883 “en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”, situación que precisamente se dio en la especie.

Décimo: Que, conforme fluye de los antecedentes revisados ut supra, tampoco puede apreciarse en la especie una infracción al principio de proporcionalidad en la sanción, desde que el término de la relación laboral no aparece, en la especie, excesivo en relación con los hechos que se dieron por acreditados, considerando que en el sumario se acreditó que el recurrente había incurrido en una conducta tipificada como infracción grave, sea en cuanto a su conducta en relación con el maltrato laboral respecto de dos funcionarias como respecto de la falta a la probidad al mantener, durante algunos meses, a alumnas vigentes en la escuela, en el Sistema de Información General de Estudiantes, a pesar de que se trataba de internas que ya había sido dadas de baja en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.

Undécimo: Que, de todo lo expuesto y, en particular, de los antecedentes allegados a los autos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la tramitación del sumario que precedió a la dictación del acto terminal que se impugna por esta vía, toda vez que la medida disciplinaria fue dictada por la autoridad competente, en los casos y en la forma señalados por la ley, y sobre la base de un proceso legalmente tramitado.

Duodécimo: Que conforme fluye de lo que se viene razonando, no concurriendo el presupuesto necesario para que la acción cautelar de carácter constitucional intentada pueda prosperar, a saber, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, la deducida en el caso sub iudice será desestimada.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación de recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de San Miguel.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Ignacio Castillo Val.

N° 19095-2022 Protección Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Sylvia Pizarro Barahona, Liliana Mera Muñoz y el Abogado Integrante Ignacio Castillo Val, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.