Protección contra Inspección Provincial del Trabajo del Maipo

Santiago, veinticinco de julio de dos mil dieciséis.- Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que a fojas 11, don nombre reservado, ingeniero comercial, en representación de Química Hewstone S.A., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, ha deducido la presente acción de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, representada legalmente por su Inspector Provincial del Trabajo don nombre reservado, y en contra de la Fiscalizadora de la misma entidad pública, doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que esta I. Corte adopte las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la empresa recurrente, toda vez que se ha ejecutado en contra de ésta un acto administrativo que constituye una clara perturbación de su legítimo derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, sino por el tribunal que la ley le señale y que se haya establecido con anterioridad por ésta; y su derecho de propiedad, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, derechos todos consagrados en el artículo 19 № 3 inciso 5º y № 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente y garantizados por el artículo 20 de la misma Carta Fundamental.

Funda su recurso refiriéndose previamente a la admisibilidad del mismo, indicando que en este caso la Fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, doña nombre reservado, se constituyó en comisión especial al fijar el sentido y alcance de los contratos de trabajo suscritos por los trabajadores individualizados en el acto administrativo, resolviendo un tema de absoluta dificultad, que requiere la rendición de prueba, ponderación de la misma y calificación de los hechos a partir de la posibilidad procesal que las partes en litigio tengan el debido proceso, para formular sus posiciones jurídicas.

Expone que, en efecto, la fiscalizadora y la institución fiscal recurrida, han sobrepasado sus atribuciones al fijar el sentido y alcance de la cláusula contractual relativa a las remuneraciones variables y la posibilidad que éstas devenguen el beneficio de la semana corrida, interpretación que importa que por la vía administrativa se establezcan y constituyan derechos y obligaciones para las partes contratantes.

Agrega que, por otro lado, Química Hewstone S.A. se encuentra perturbada con la aplicación de una multa por no haber pagado el beneficio de la semana corrida a los trabajadores individualizados en la multa, lo cual importa imponer a su representada el pago de sumas de dinero, afectando de manera directa su patrimonio. Todo lo anterior perturba su derecho constitucional de propiedad.

Indica en relación al plazo que, en este caso, consta de la Resolución de Multa Administrativa № 3151/16/022, de fecha 29 de Abril de 2016, que se acompaña en el primer otrosí de su libelo recursivo, que ésta se puso en conocimiento de la recurrente y se le notificó, vía carta certificada, el día 10 de mayo de 2016.

Explica en lo relativo a la conculcación al derecho constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales consagrada en los artículos 6, 7 y 76 de la Constitución Política del Estado, 420 v 505 del Código del Trabajo; y Decreto con Fuerza de Ley № 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que mediante la Resolución de Multa Administrativa № 3151/16/022, de fecha 29 de abril de 2016, la Fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo sancionó a la empresa por una supuesta infracción en que habría incurrido, la que dice relación con no pagar el beneficio denominado "semana corrida" a los trabajadores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en el período que va desde octubre de 2015 a marzo de 2016, habiéndose constatado que dichos trabajadores son remunerados por comisiones.

Señala que la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, al cursar la multa administrativa, incurrió en una clara ilegalidad que lesiona la garantía constitucional recién indicada y que se encuentra protegida por el recurso de protección, establecida en el artículo 19 № 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, lo que hace procedente que dicho acto administrativo sea dejado sin efecto.

Refiere que sobre el particular cabe señalar que el artículo 7º de la Constitución Política de la República establece que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señala".

Expresa que de la disposición legal transcrita resulta que los órganos del Estado, entre los que se encuentran la Dirección del Trabajo y las diversas Inspecciones que funcionan a lo largo del país, actúan válidamente sólo si lo hacen dentro del ámbito de sus competencias, no pudiendo arrogarse otras atribuciones distintas de aquellas que la ley les señala, conclusión que se fortalece con lo indicado en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, disposición que señala en su inciso lº que la facultad jurisdiccional, es decir, la de conocer, resolver y ejecutar lo resuelto, es una atribución exclusiva y radicada exclusivamente en los Tribunales de Justicia.

Manifiesta que, establecido lo anterior, corresponde determinar entonces, cuales son las atribuciones de la Inspección del Trabajo y al respecto, señala que el artículo 29 del Código del Trabajo, en sus incisos primero y último disponen: "Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. (...). Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios" y por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley № 2 que contiene la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en su artículo l2, y el artículo 505 del Código del Trabajo, establecen las funciones que corresponden a la Dirección del Trabajo, que en su artículo l2 señala expresamente: a) La fiscalización de la aplicación de la legislación laboral; b) Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo; c) La divulgación de los principios técnicos y sociales de la legislación laboral; d) La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de conciliación, de acuerdo con las normas que los rigen, y e) La realización de toda acción tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo. De lo expuesto resulta que a la Dirección del Trabajo y a las diversas Inspecciones del país, la ley le otorgó facultades principalmente fiscalizadoras, las que la habilitan para aplicar sanciones administrativas sólo cuando se encuentre frente a situaciones objetivas de infracción a las normas laborales, es decir, cuando sorprenda en sus labores de fiscalización ilegalidades claras, precisas y determinadas, facultades fiscalizadoras que pueden ser ejercidas a través de las diversas Inspecciones del Trabajo, comunales o provinciales, existentes a lo largo del país, y no se extienden, por lo tanto, a la de interpretar cláusulas de carácter convencional (contratos individuales y colectivos de trabajo) y a la de dar soluciones a controversias entre empleador y trabajador respecto a los mismos temas, porque de ser así, dicho organismo se estaría arrogando potestades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dichas materias, esto es, los Juzgados del Trabajo.

Señala que en este sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo l9 del Decreto con Fuerza de Ley № 2 de 1967, a la Dirección del Trabajo le corresponde la fiscalización de la aplicación de las leyes laborales, sin embargo tal facultad no puede hacerse extensiva a la interpretación de los contratos individuales y colectivos de trabajo ni a la calificación jurídica del vínculo laboral, facultad que es privativa y excluyente de los Tribunales Ordinarios de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, que señala que corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales, o bien, las derivadas de la interpretación de los contratos relacionados con el área laboral, con lo que queda en evidencia que la Dirección del Trabajo no puede extraer de hechos o circunstancias externas, cuya existencia o real alcance se controvierte entre los propios involucrados, la conclusión en el sentido que la remuneración de carácter variable que perciben los siete trabajadores devenga el beneficio de la semana corrida.

Añade que, respecto de la multa aplicada, la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo actuó fuera del ámbito de sus facultades fiscalizadoras, ya que interpretó los contratos de trabajo suscritos por los trabajadores individualizados en el acto administrativo, estableciendo que aquella remuneración de carácter variable que perciben los referidos dependientes, le otorga a éstos el derecho al pago del beneficio de la semana corrida, conclusión que constituye una cuestión que se encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo, la que por su naturaleza debe ser conocida y resuelta por la judicatura laboral que justamente es la que conoce de estos asuntos.

Afirma que la facultad de jurisdicción, que ilícitamente un funcionario de la Dirección del Trabajo se ha arrogado, implica conocer, resolver y ejecutar lo resuelto. En este caso, la Dirección del Trabajo ha procedido a interpretar cláusulas de los contratos individuales de trabajo de siete dependientes, situación que requiere, tal como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, la labor de rendir prueba, ponderarla y calificar los hechos a partir de la posibilidad procesal que las partes en litigio tengan de ejercer el debido proceso para formular sus posiciones jurídicas (principio de la bilateralidad de la audiencia), todo lo cual requiere de un proceso de lato conocimiento, y ello en caso alguno ha ocurrido en el caso de autos, puesto que la Inspección del Trabajo recurrida, sin cumplir ni siquiera con los elementos básicos del debido proceso, ha calificado y declarado el derecho que le asiste a los siete trabajadores, en un asunto del todo controversial, que requiere prueba y bajo la tutela jurídica de un tribunal con facultades de jurisdicción, facultad que el ente fiscalizador no posee.

Expone que refuerza lo expuesto, la reiterada jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, quienes en relación a la competencia de la Inspección del Trabajo que cita, pide en definitiva se deje sin efecto la Resolución de Multa Administrativa № 3151/16/022, de fecha 29 de abril de 2016, emanada de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, que aplicó a Química Hewstone S.A. una multa a beneficio fiscal por 9 Unidades Tributarias Mensuales.

Agrega en relación al derecho constitucional de propiedad que como se señaló anteriormente, la empresa recurrente ha sido perturbada en su derecho de propiedad con la aplicación de una multa, por incumplir una supuesta cláusula contractual, lo cual importa imponer a su representada el pago de sumas de dinero, afectando de manera directa su patrimonio, convirtiéndose en un sujeto pasivo de eventuales obligaciones laborales, sin que medie un acto o declaración de voluntad que lo convierta en sujeto pasivo de tales obligaciones, sin perjuicio que el hecho de aplicar una multa, como la que aplicó la recurrida, vulnera abiertamente esta garantía, por lo que se debe dejar sin efecto la Resolución de Multa Administrativa № 3151/16/022, de fecha 29 de abril de 2016, emanada de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo (San Bernardo), que aplicó a Química Hewstone S.A. una multa a beneficio fiscal por la cantidad 9 Unidades Tributarias Mensuales, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos: a)

Copia de la escritura pública en la que consta la personería del compareciente para representar judicialmente a la empresa Química Hewstone S.A. y b) Copia de la Resolución de Multa Administrativa № 3151/16/022, de fecha 29 de abril de 2016, notificada a la empresa recurrente el día 10 de mayo de 2016, vía carta certificada, y documento extraído de la página web de Correos de Chile № 1170019621752 que acredita la entrega de la carta a la recurrente en la fecha ya indicada.

SEGUNDO: Que las recurridas, informando a fs. 35, han solicitado el rechazo del presente recurso, en primer término, por cuanto la acción de protección sería improcedente, habida consideración a la existencia de recursos específicos para reclamar de la resolución en cuestión.

Refiriéndose al fondo del recurso, las informantes solicitan asimismo el rechazo de éste, en atención a que la fiscalizadora habría actuado dentro de la esfera de sus atribuciones y una vez constatado el hecho que el empleador habría dejado de pagar al trabajador la totalidad de sus remuneraciones.

Exponen que en el caso que nos ocupa, se ha interpuesto recurso de protección, acción cautelar de indudable significación en la protección de los derechos y garantías fundamentales en contra de la Resolución de Multa № 3151/16/022, de fecha 29 de abril de 2016, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de las resoluciones que emanan de la Inspección del Trabajo, los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo, para los efectos de reclamar judicialmente sobre las resoluciones que se pronuncian respecto de una reconsideración administrativa, en virtud de las normas establecidas en los artículos 511 y 512 del mismo texto legal, o bien derechamente sobre la resolución de multa mediante los dispuesto en el artículo 503, del mismo texto legal y en estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados, por lo que acudir a sede de protección para estas materias complejas, que requieren por su especial condición, aportar pruebas de distinta naturaleza, en oportunidades procesales específicas, que exigen también un juicio de lato conocimiento para su acertada y legal tramitación, significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica por el legislador, haciéndolo inútil y prescindible, transformando la ley en letra muerta, en definitiva, llegando por esta vía a un desuso de la práctica legal tan fuertemente arraigada en la cultura jurídica chilena.

Agregan que dicho criterio es compartido por diversas sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, que cita y señala que esta tendencia jurisdiccional, es compartida por la propia Corte Suprema, la que fallando en el sentido precedentemente descrito, ha reconocido que: "Es la propia institucionalidad laboral la que al reconocer las facultades de fiscalización y de sanción, establece los órganos y procedimientos destinados al derecho de defensa de los particulares a los actos de la Administración", redefiniendo de paso el concepto de fiscalización, haciendo más vigorosa la labor que cumple el Servicio.

Explican que, de todo lo precedentemente expuesto, es posible sostener que se ha ido formando un criterio para declarar inadmisibles los recursos de protección, no sólo porque existan procedimientos especiales que permiten reclamar, sino porque lo recurrido no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante el Recurso de Protección, toda vez que se trata de una materia contenciosa administrativa.

Piden en definitiva se declare derechamente la improcedencia del recurso interpuesto en contra de su representada.

Exponen en relación a la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, que de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 20 de la Constitución Política, y de lo sustentado reiteradamente por nuestros tribunales superiores de justicia, por la doctrina constitucional y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación del presente recurso, el recurso de protección, que en estricto rigor jurídico es una acción de protección de rango constitucional, debe reunir ciertos y determinados presupuestos o requisitos en forma copulativa para su procedencia, los que indica y conforme a los cuales corresponde desvirtuar las alegaciones de la contraria, toda vez que ellas carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida, puesto que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios como señala.

Explican que se ha sostenido que es requisito sine qua non para la procedencia del recurso que nos convoca, la existencia de una amenaza, perturbación o privación de un derecho protegido por la acción constitucional a consecuencia de un acto arbitrario o ilegal, en la especie, el cursar la Resolución de Multa № 3151/16/022, cuestiones que no puede ser tildada de ilegal o arbitraria, toda vez que se ha llevado a cabo el procedimiento de fiscalización en atención a las facultades expresamente conferidas al Servicio por el Código del Trabajo y demás leyes complementarias. De este modo, no puede ser nominado de ilegal, en tanto no se actuó de manera contraria a la ley, según la definición de ella establecida en el artículo 1º del Código Civil y no puede señalarse que es arbitrario, ya que, se ha iniciado el procedimiento en base a una denuncia efectuada por un trabajador de la empresa, presentando antecedentes que exigen la fiscalización del Servicio, generándose un procedimiento de fiscalización, ajustado a derecho. De este modo es insostenible aseverar que sea producto del mero capricho de la fiscalizadora actuante.

Exponen que en la especie, se ha recurrido contra una actuación efectuada en virtud de las facultades expresamente conferidas por la ley al Servicio, en virtud de un mandato legal expreso, el cual debe ser cumplido por su representada, so pena de incurrir en falta funcionaria, y, así las cosas, la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente, con costas.

En subsidio de lo anterior, informan los hechos y circunstancias que dan origen a la presente acción, manifestando al efecto que con fecha 13 de enero de 2016, el trabajador don nombre reservado, denunció ante la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo que la empresa no cancela semana corrida. Luego, el procedimiento de fiscalización se comprende en Carátula de Fiscalización, el que comprende en lo pertinente: "b) Hechos constatados en relación a las materias fiscalizadas: ...No pagar semana corrida: Mediante la revisión de comprobantes de pago de remuneraciones es posible constatar que los trabajadores que realizan funciones de vendedores perciben en sus remuneraciones un estipendio denominado "Comisiones", la forma de pago de este concepto se encuentra pactado en Contratos de Trabajo, se verifica que por el pago de este concepto, la empresa no paga semana corrida en circunstancias que por la modalidad de éste pago corresponde su pago y por tratarse de empresa Mypes, se otorga plazo de corrección, lo que queda consignado en formulario 8-4, en donde la representante de la empresa se allana y manifiesta su conformidad en corregir las infracciones constatadas.

Sostienen que por otra parte, con fecha 15 de febrero de 2016, se ingresó otra denuncia contra la misma empresa, motivo por el cual se procedió a unificar la investigación en la fiscalización № 1313/2016/24, y en base a los antecedentes recabados, se cursa la siguiente infracción: multa de 9 UTM. Transcribe resolución.

Indican que la recurrente yerra al señalar que la Inspección del Trabajo pretende arrogarse facultades jurisdiccionales, ya que como se ha dicho, las resoluciones que emanan del Servicio, son reclamables judicialmente, según lo establecido en el Código del Trabajo, ya sea por vía directa mediante el artículo 503, o bien por reconsideración administrativa en virtud de los establecido en los artículos 511 y 512 del mismo texto legal. Por otra parte, destaca que los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo, ubicados en el Título II del Libro V del Código del Trabajo, otorga facultades a los Inspectores del Trabajo para sancionar las infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos y que el Título IV del D.F.L. №2 de 1967, (ley orgánica del Servicio), denominado "Del Ejercicio de las Funciones y de las Atribuciones de los Inspectores", se refiere a las acciones o diligencias que los Inspectores del Trabajo les compete realizar en el desarrollo de su cometido de control, y que al tenor de sus artículos 24 y 31, pueden visitar los lugares de trabajo, acceder a todas las dependencias o sitios de faenas, tomar declaraciones a empleadores y trabajadores, y revisar toda la documentación relacionada con las relaciones de trabajo. Ahora bien, respecto a las facultades que la recurrente desconoce en el obrar de la Inspección del Trabajo, menciona jurisprudencia, en este sentido y señala que ante la claridad de los hechos, la fiscalizadora actuante, no pudo sino, que cursar la multa № 3151/16/22 de fecha 29 de Abril de 2016.

Concluyen que la actuación de las recurridas, no viola de ninguna forma el derecho o garantía establecida en el artículo 19 № 3 inciso 5º de la Constitución Política, que garantiza que: "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho." Y que la recurrente señala que: "...la ley le otorgó facultades principalmente fiscalizadoras, las que la habilitan para aplicar sanciones administrativas sólo cuando se encuentre frente a situaciones objetivas de infracción a las normas laborales, es decir, cuando sorprenda en sus labores de fiscalización ilegalidades claras, precisas y determinadas", lo que exactamente ocurre en este caso, pues y qué situación más clara, precisa y determinada que una activación de denuncia por un trabajador, respecto del no pago de la Semana Corrida, constatando la fiscalizadora actuante, la existencia del estipendio “Comisión”.

Esgrimen que luego de todo lo analizado, es posible apreciar con total claridad, que la actuación que ha motivado el presente recurso de protección, se enmarca dentro de la competencia que la ley claramente (artículo 505 del Código del Trabajo) artículos 1, 5, 29 y 30, del D.F.L. №2 de 1967) atribuye a toda Inspección del Trabajo para conocer de un hecho como el que nos convoca, y luego, en base a los antecedentes pertinentes debidamente ponderados, pronunciarse respecto de él y que el recurrente quiera ver en la actuación administrativa una sentencia judicial y en el procedimiento administrativo un procedimiento judicial, sin cambiar en nada la naturaleza jurídica diferente de ambos procedimientos, así como tampoco altera el absoluto respeto a la norma de competencia otorgada por la ley, de que da cuenta la actuación de los fiscalizadores, por la que se recurre.

Añaden que una característica de la jurisdicción, es resolver conflictos entre partes con carácter de cosa juzgada, lo cual no ha sucedido en la especie, puesto que la resolución de multa, constituye un acto administrativo que sólo verifica hechos concretos, los cuales constituyen infracción a la legislación laboral y no puede producir efecto de cosa juzgada, ya que es absolutamente reclamable y revisable por el tribunal competente. Cita fallo del tribunal constitucional en este sentido refiriendo que de los considerandos que indica, se colige claramente, que las actuaciones administrativas, como las que se discuten en esta sede de protección, no tienen el carácter de acto jurisdiccional, puesto que pueden ser revisadas a posteriori por el juez competente, de suyo entonces, no gozan del carácter de cosa juzgada, apreciando con nitidez la improcedencia del argumento del recurrente en cuanto a fundar su recurso en la afectación de la garantía establecida en el artículo 19 № 3 inciso 5, de la Constitución.

Agregan que la resolución recurrida, que motivó este Recurso de Protección, no viola de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 № 24 de la Constitución Política, al no amenazar el derecho de propiedad del recurrente, ya que el derecho de propiedad asegura a los particulares la posibilidad jurídica de usar, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales e incorporales, siempre y cuando, el uso, goce y disposición de dicho derecho, se realice conforme a la ley. De ello se desprende, que para ser afectado un derecho garantizado por nuestra Constitución, éste no puede ser ejercido vulnerando la ley. De este modo, no se divisa como podría verse conculcada esta garantía constitucional con la resolución administrativa recurrida, máxime, si ella sólo engloba la obligación de cumplir con la ley, sin perjuicio que la fiscalización se realizó dentro de un procedimiento totalmente ajustado a derecho y en virtud de facultades expresamente conferidas por la ley, tal y como se ha señalado en los acápites anteriores. En definitiva, el acto de fiscalizar y la fiscalización cuestionada, no pueden significar una afectación al patrimonio del recurrente, cuando esa declaración se ha realizado con sustento legal.

Piden en definitiva el rechazo del recuso en todas sus partes por no existir afectación ni aún en grado de amenaza de los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Acompaña a su presentación, la siguiente documentación: Carátula de Informe de Fiscalización, № 1313/2016/245, de fecha 15/02/2016; Informe de Exposición № 1313/2016/245, de fecha 24/04/2016, suscrito por la Fiscalizadora actuante, doña nombre reservado; Resolución de Multa № 3151/16/22, de fecha 29 de abril de 2016 y su guía de despacho en Correos de Chile, de fecha 06 de Mayo de 2016; Activación de fiscalización № 1313/2016/245, de fecha 15/02/2016; Activación de Fiscalización № 1313/2016/76, de fecha 13/01/2016; Acta de entrevista y revisión documental F 4/6; Acta de constatación de hechos en terreno para Mype F 8-4, de fecha 25 de Abril de 2016; .- Anexo 4: Informe de Inicio de fiscalización de fecha 25/04/2016.

TERCERO: Que atendido lo referido y para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar, que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por lo mismo, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que en consecuencia, para la procedencia del recurso interpuesto se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia del acto u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y, d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección debida, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que al respecto, de la lectura del libelo recursivo es manifiesto, que el acto imputado a las demandadas de protección, con el que en opinión de la recurrente se conculcan los derechos y garantías con resguardo constitucional que invoca, es haberse constituido la Fiscalizadora, de la Inspección Provincial del Trabajo del Maipo, en comisión especial, al haber fijado el sentido y alcance de los contratos de trabajo de los trabajadores individualizados en el acto administrativo por esta vía impugnado.

SEPTIMO: Que, tal como lo sostiene la Inspección del Trabajo y la Fiscalizadora en sus informes, el recurso de protección no es un sustituto procesal de acciones judiciales o administrativas que el ordenamiento jurídico ha establecido.

En el caso que nos ocupa, impuesta una multa por la Dirección del Trabajo, el Código Laboral establece una forma de impugnación regulada en sus artículos 503, 504 y 511, de suerte que no puede ser esta vía cautelar, de emergencia, la idónea para resolver una cuestión como la que se ha decidido por la autoridad administrativa que, en todo caso, ha obrado de acuerdo a su ley orgánica, de manera que mal puede decirse ilegal su actuación, sin perjuicio del mérito de dicha decisión la que, como ya se dijo, debió discutirse en el procedimiento que la ley laboral ha previsto.

OCTAVO: Que, en efecto, si bien es cierto que el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el recurso de protección puede deducirse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello desde luego no importa que esta acción constitucional sea un sustituto de los procedimientos que la ley ha establecido para determinadas materias.

NOVENO: Que, en todo caso, la actuación de la recurrida no puede ser entendida como ilegal, desde que tanto el Código del Trabajo como la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, mencionadas en el informe de esta institución, la facultan para realizar fiscalizaciones y sancionar con multas a los infractores a las normas laborales, constatando la Fiscalizadora, que es Ministro de Fe para estos efectos, que la Empresa recurrente vulneró determinadas normas laborales respecto de los empleados que se indican en la resolución administrativa, aplicándose, consecuentemente, una multa, razón por la cual tampoco puede ser entendida dicha actuación como arbitraria.

De otro lado, si lo que se quiere es discutir el mérito de la decisión de la autoridad, se la debe impugnar en la forma prevista en las disposiciones ya señaladas a través de los procedimientos previamente establecidos en la legislación laboral.

DECIMO: Que, en definitiva, el recurso de protección debe ser desestimado, por no ser la vía constitucional idónea para decidir sobre la procedencia de la multa impuesta.

Por lo señalado, disposiciones legales señaladas y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida a fojas 11, sin costas.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez.

Rol I. Corte N° 1907-2016 Prot.

Pronunciada por las Ministros de la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. María Teresa Letelier Ramírez, Sra. nombre reservado y Sra. nombre reservado.

En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.