nombre reservado con AFP PROVIDA S.A Y OTRO

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Al folio 14: Estese al mérito de autos.

A los folios 16 y 17: Téngase presente, a sus antecedentes.

Vistos:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos previsionales deducida por su representado al amparo de la Ley N°18.156, lo que vulnera sus garantías constituciones consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Expone que el 22 de abril de 2025 se le informó que la petición había sido rechazada por no haberse acompañado documentación que acredite que el afiliado se ha encontrado cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero.

Refiere además que en la indicada información se le indicó que, si bien presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de 09 de abril de 2025, ésta no indica que, en caso de enfermedad, cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias. Agrega que se le señaló que esta constancia manifiesta que su fecha de ingreso al IVSS corresponde al 09 de octubre de 2006, pero que su estatus actual es de asegurado cesante con fecha de egreso 08 de abril de 2016. por lo que no queda claro que haya estado afiliado a este sistema durante la vigencia de la relación laboral acreditada, lo que se ruega aclarar. Se hace presente además que el referido documento no se encuentra debidamente legalizado.

Alega que es de público conocimiento la imposibilidad de obtener documentación actualizada ante la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Chile y Venezuela.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Indica que otras AFP han aceptado documentos similares, y que el rechazo de Provida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Reclama que la decisión de la recurrida se basa en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo el sentido y finalidad de la ley y la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, en cuanto a la suficiencia de los documentos acompañados.

Sostiene que el acto impugnado incorpora requisitos no establecidos en la ley, sin motivación adecuada, sin verificación de los antecedentes y sin dictación de resolución escrita, lo que vulnera el debido proceso administrativo.

Solicita acoger el recurso de protección y ordenar a la AFP Provida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, reconociendo la validez de la documentación acompañada y disponiendo la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes con expresa condenación en costas, por cuanto la acción no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y porque su representada ha actuado conforme a derecho.

Sostiene que la acción de protección no resulta procedente, en tanto no se configura en la especie un derecho indubitado ni la concurrencia de acto ilegal o arbitrario que justifique la intervención cautelar del tribunal, siendo improcedente intentar discutir, en sede de protección, materias reguladas por el Decreto Ley N°3.500 y la Ley N°18.156.

Explica que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, presentada en calidad de técnico extranjero, fue fundado en que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encontraba vencido, conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Acompaña el Oficio Ordinario N°5621 de 1 de abril de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, que ratifica la legalidad del rechazo de solicitudes similares, y alega que la recurrente no ha recurrido al órgano regulador para impugnar lo resuelto, omitiendo una vía administrativa habilitada para revisar este tipo de materias.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°11027 de13 de junio de 2025, evacúa el informe señalando que la recurrente no registra ante ese Organismo Fiscalizador reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección que se informa. Agrega que esta situación queda corroborada, toda vez que la parte recurrente no hace referencia alguna ni individualiza el acto en contra del cual recurre respecto de la Superintendencia de Pensiones.

Precisa que, conforme a su jurisprudencia administrativa, no basta con acreditar una afiliación genérica ni con presentar constancias que no evidencien cobertura efectiva en los términos exigidos. La documentación debe ser emitida por la entidad previsional competente del país de origen, y debe acreditar, en forma específica, protección por todos los riesgos señalados durante el tiempo trabajado en territorio nacional. Asimismo, dicha certificación debe ser legalizada o apostillada.

Reafirma que la norma en comento, al tratarse de una excepción, debe ser aplicada de manera restrictiva, y que sólo procede autorizar la devolución de fondos en la medida en que se acredite íntegramente el cumplimiento de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por la recurrida, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

En este sentido, mediante el Oficio Ord. N°20294, de 8 de octubre de 2020, se señala: “(…) según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. (…) resulta pertinente clarificar que se ha resuelto que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley”.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “constancia electrónica de cotizaciones”, otorgada por el Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales el 22 de mayo de 2025, sin que se encuentre debidamente legalizada.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos que demuestren que la interesada se ha encontrado cubierta durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Décimo: Que, en consecuencia, la acción constitucional intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., sin perjuicio de su derecho a reiterar la solicitud con la debida documentación vigente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1899-2025 Protección.