nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

San Miguel, catorce de mayo del año dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad colombiana, quien interpone recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Policía de Investigaciones de Chile y del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en la omisión ilegal y arbitraria consistente en la demora excesiva en resolver su solicitud de carta de nacionalización ingresada con fecha 4 de octubre de 2024, bajo código de trámite N°71467846, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que el recurrente ingresó a Chile en el año 2014, cuando tenía seis años de edad, junto a su madre, quien actualmente posee nacionalidad chilena, señalando que cursa cuarto año de enseñanza media en el Colegio Manuel José Irarrázabal y que se siente “un chileno más”. Refiere que presentó la solicitud de nacionalización a través de la plataforma electrónica del Servicio Nacional de Migraciones, acompañando toda la documentación requerida, sin haber recibido noticias acerca del avance del procedimiento ni haber sido citado por la Policía de Investigaciones para la entrevista e informe contemplados en el artículo 5 del Decreto Supremo N°5142 de 1960.

Añade que al momento de recurrir habían transcurrido quince meses sin que la autoridad administrativa hubiese dictado un acto terminal, situación que califica de injustificada, excesiva y desproporcionada, manteniéndolo en estado de incertidumbre e intranquilidad. Sostiene que dicha omisión vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, denunciando además infracción a los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental, inexcusabilidad, transparencia y publicidad contenidos en la Ley N°19.880.

Argumenta que el procedimiento de nacionalización se encuentra reglado por el Decreto Supremo N°5142 y por las bases de los procedimientos administrativos, destacando que el artículo 27 de la Ley N°19.880 establece un plazo máximo de seis meses para emitir decisión final, salvo caso fortuito o fuerza mayor, hipótesis que estima no concurren en la especie. Finalmente, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema relativa a la ilegalidad de las demoras excesivas en procedimientos administrativos migratorios y de nacionalización, solicitando acoger el arbitrio.

Segundo: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo íntegro del recurso, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere garantías constitucionales del recurrente. Señala que don nombre reservado, nacional de Colombia, ingresó regularmente al país con fecha 26 de marzo de 2014, por el Aeropuerto Internacional nombre reservado, por motivos de trabajo, y que posteriormente obtuvo Permanencia Definitiva mediante Resolución Exenta N°82.628, de fecha 5 de abril de 2017, permiso actualmente vigente.

Expone que el recurrente presentó solicitud de carta de nacionalización con fecha 4 de octubre de 2024, mediante el Portal de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones, bajo ID N°71467846, encontrándose actualmente el procedimiento en etapa de “Primer Análisis”. Refiere que la carta de nacionalización constituye una concesión otorgada por el Estado de Chile en razón del mérito del solicitante, cuya concesión corresponde al Presidente de la República, mediante decreto firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, conforme al artículo 10 N°3 de la Constitución Política de la República, al Decreto Supremo N°5142 de 1960 y al artículo 84 de la Ley N°21.325.

Agrega que el Servicio Nacional de Migraciones sólo posee competencia para tramitar las solicitudes de nacionalización, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, pero no para resolverlas, indicando además que uno de los trámites esenciales del procedimiento corresponde al informe que debe evacuar la Policía de Investigaciones de Chile. Señala que la solicitud del recurrente aún no supera la etapa de elaboración de informe por parte de la PDI y que el procedimiento continúa en tramitación regular. En cuanto a la alegación de demora, sostiene que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no posee carácter fatal, sino meramente referencial y prudencial, agregando que el aumento exponencial de solicitudes migratorias y de nacionalización constituye caso fortuito o fuerza mayor que justifica mayores tiempos de tramitación. Invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y dictámenes de Contraloría General de la República en orden a que el plazo del artículo 27 no produce caducidad ni invalidez de los procedimientos administrativos, afirmando además que el recurrente mantiene residencia regular en el país y no ha acreditado afectación concreta de derechos fundamentales derivada de la pendencia de su solicitud.

Tercero: Que informa la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas, señalando que la acción se funda en la supuesta omisión consistente en la falta de dictación de un acto terminal que resuelva la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente.

Expone que el otorgamiento de cartas de nacionalización constituye una facultad legalmente entregada al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de conformidad con el artículo 84 de la Ley N°21.325, el Decreto Supremo N°5142 de 1960 y la Ley N°16.436, tratándose de una concesión de carácter discrecional otorgada por gracia del Estado a quienes cumplan los requisitos legales. Añade que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de nacionalización y elevar los antecedentes para su resolución por parte del Ministerio, conforme al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325. Informa que, en el caso del recurrente, la solicitud aún se encuentra en etapa de tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa a la remisión de antecedentes al Ministerio para su resolución definitiva.

Sostiene que no existe omisión arbitraria o ilegal, por cuanto las solicitudes de nacionalización requieren un análisis exhaustivo dada la relevancia jurídica y práctica de la concesión solicitada, indicando además que el elevado número de solicitudes ingresadas en los últimos años explica la extensión de los tiempos de tramitación. Agrega que el plazo contemplado en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, conforme a reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y dictámenes de Contraloría General de la República.

Señala asimismo que el recurrente mantiene situación migratoria regular y permanencia definitiva vigente, por lo que no existe afectación concreta de derechos fundamentales. Finalmente, argumenta que acoger este tipo de acciones importaría alterar la igualdad ante la ley respecto de otros solicitantes que esperan resolución de sus solicitudes por la vía ordinaria y que el recurso de protección no constituye la vía idónea para acelerar este tipo de procedimientos administrativos.

Cuarto: Que evacúa informe la Policía de Investigaciones de Chile solicitando el rechazo del recurso, señalando que el recurrente interpuso la presente acción fundado en la supuesta demora excesiva en el proceso de nacionalización, al no haberse dictado aún el acto conclusivo respecto de la solicitud ingresada con fecha 4 de octubre de 2024, trámite N°71467846. Informa que, consultado el recurrente en el Sistema de Gestión Policial GEPOL, éste no registra órdenes de aprehensión, arrestos ni arraigos vigentes en su contra. Agrega que, conforme a lo informado por la Oficina de Enlace PDI-SERMIG, la solicitud de nacionalización del actor se encuentra actualmente en etapa de análisis por parte del Servicio Nacional de Migraciones y que aún no ha sido derivada a la Policía de Investigaciones para la entrevista e informe correspondiente. Finalmente, hace presente que, de conformidad con el artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, concluyendo que la PDI no ha incurrido en actuación ilegal o arbitraria alguna respecto del recurrente.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, debido a no haber otorgado la autoridad administrativa una respuesta oportuna de la solicitud de nacionalización de la parte recurrente.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes, y lo informado por las recurridas, consta que los antecedentes se encuentran pendiente actualmente ante el Servicio de Migraciones, no existiendo hecho alguno que le pueda ser imputable a la Subsecretaría del Interior.

Por su parte, en lo que dice relación con la Policía de Investigaciones, cabe señalar que dicha institución no es la encargada de efectuar pronunciamiento alguno respecto de la solicitud, careciendo de legitimidad pasiva en el asunto.

Octavo: Que, respecto del Servicio de Migraciones, cabe señalar que atendido que la carta de nacionalización es un beneficio constitucional que concede el Estado de Chile por gracia del Presidente de la República, que importa el otorgamiento de un reconocimiento eventual, debido al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia aparece que la parte recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de cautela por esta vía de urgencia.

Noveno: Que, además, se tiene presente que el retardo en resolver la solicitud de la parte recurrente no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, toda vez que cuenta con un permiso de residencia definitiva en nuestro país, por lo que no es necesario adoptar medida urgente alguna, lo que impide que la presente acción constitucional pueda prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se declara que, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Migraciones, Policía de Investigaciones, del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°189-2026 Protección