nombre reservado con COLEGIO DE TECNOLOGOS MEDICOS DE CHILE A.G.

San Miguel, trece de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el ciudadano colombiano nombre reservado, optómetra, domiciliado en domicilio reservado quien recurre de protección contra del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile A.G., representado legalmente por su presidenta, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, en razón de haber incurrido en una actuación ilegal y arbitraria que perturba su ejercicio del derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 y N°16 de la Carta Fundamental consistente en la publicación en la página web institucional de información sobre ejercicio ilegal de la profesión y venta de lentes ópticos sin receta médica.

Indica que posterior a haber obtenido su título profesional de Optómetra en la Universidad de La Salle, Colombia, en el año 2007 se trasladó a trabajar a Chile, obteniendo el certificado de reconocimiento de título visado por el Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, radicándose definitivamente en el país.

Expresa que las competencias profesionales de los optómetras, se identifican con las competencias profesionales de los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, lo que se encuentra establecido en el artículo 113 bis, del Código Sanitario, de forma que el ejercicio legal de su profesión en Chile se encuentra al amparo de la ley 3.860 de 14 de junio de 1922, sobre canje de títulos, por lo que no se encuentra sujeto a exigencias previas de convalidación ante la Universidad de Chile. En este sentido, refiere que se encuentra legalmente habilitado para otorgar las prestaciones de salud visual de la mencionada norma del Código Sanitario.

Señala que con motivo de un reportaje televisivo sobre el ejercicio ilegal de la profesión y venta de lentes ópticos sin receta médica, la recurrida mantiene publicada en su página web un comunicado en el que señala “fuera de los TMO y médicos oftalmológicos ningún otro está facultado para facultado para el diagnóstico de vicios de refracción, con complejas consecuencias que podría traer el no atenderse con personal adecuado, las cuales podrían generar serios problemas a la salud pública.”

Indica que habiendo tomado conocimiento de dicha publicación, a través del Colegio de Opticos, Contactólogos y Optómetras de Chile A.G., realizan el envío de un correo electrónico a la recurrida a fin de que rectifique dicha información al tenor de los argumentos expuestos anterioremente, sin embargo a la fecha, no han obtenido respuesta y en definitiva se ha negado a acceder a la solicitud, en su opinión, sin razón o justificación, manteniendo por tanto publicado el comunicado en su página web.

Sostiene que la referida publicación es falsa, arbitraria e ilegal, vulnerando la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2 del artículo 19 y la libertad de trabajo consagrado en el numeral 16 del referido articulado, de la Constitución Política de la República toda vez que en su calidad de optómetra, tendría derecho a ejercer dicha profesión, sin necesidad de convalidar dicho título ante la Universidad de Chile, como lo exige el artículo 113 bis del Código Sanitario, por aplicación de la Ley N° 3.860, que aprobó la convención sobre canje de títulos con Colombia.

Pide, que se ordene a la recurrida abstenerse de seguir publicando el comunicado o rectificarlo, con costas.

Segundo: Que comparece el abogado Sebastián Rodoni Palma, en representación del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile quien viene en informar al tenor del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, solicitando que el arbitrio sea rechazado con costas.

Expone que la referida publicación que se pretende censurar se encuentra amparada en la libertad de expresión, y que conforme el estatuto del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile - Artículo Tercero- se establece que la entidad “tiene por objeto principal, promover la racionalización, desarrollo, protección, progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de Tecnólogo Médico, su regular y correcto ejercicio y bienestar de sus miembros.”

Argumenta que la entidad precisamente tiene por finalidad informar acerca de cómo está regulada la profesión de tecnólogo médico con mención en oftalmología, en los mismos términos que establece el antes referido artículo 113 bis del Código Sanitario, y dar cuenta, de que determinadas personas sin estar legalmente habilitadas, se encontrarían diagnosticando ilegalmente a clientes de algunas ópticas, circunstancia que en opinión de la recurrida constituye un riesgo para la salud.

Señala que el comunicado es de carácter informativo, en el que se reproduce una disposición legal, de forma que no puede de modo alguno ser considerado como contrario a derecho, agregando que dicha publicación se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución.

A su vez, expresa que del examen del recurso de protección deducido no permite comprender cómo se afectan los derechos de igualdad ante la ley, o la libertad de trabajo, o bien el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que el comunicado no se refiere al recurrente en forma individual, por tanto, ni desconoce, ni insinúa nada, de forma que dicha publicación no guarda relación con los optómetras, por lo que mal podría producir la afectación de algún derecho del recurrente o de los optómetras en general.

Refiere que el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, no es un órgano público con competencias que puedan afectar al recurrente en los términos denunciados, por lo que no le es posible impedir que desarrolle su trabajo, ni aun en la eventualidad que no se encontrara habilitado para hacerlo, de conformidad con las normas aplicables ya que el comunicado es meramente informativo.

Concluye que no existe privación, perturbación o amenaza de un derecho que pueda ser tutelado por medio del presente recurso por lo que solicita el rechazo del arbitrio deducido en autos, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Cuarto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para una acertada resolución de la acción deducida, cabe precisar que la parte recurrente tilda de ilegal y arbitraria el acto de comunicación publicado por el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile, en la que se indica que sólo tales profesionales y los médicos oftalmólogos están facultados para el diagnóstico de vicios de refracción, agregando que el no atenderse con el personal adecuado podría traer complejas consecuencias, especificando que podrían generarse serios problemas a la salud pública.

Sexto: Que el artículo 113 bis del Código Sanitario prescribe que “…el tecnólogo médico con mencióń en oftalmologíá podrá detectar los vicios de refraccióń ocular a travéś de su medida instrumental, mediante la ejecucióń, análisis, interpretacióń y evaluacióń de pruebas y exámenes destinados a ese fin. Para los fines señalados en el inciso anterior y con el objeto de tratar dichos vicios, el tecnólogo médico con mención en oftalmología podrá prescribir, adaptar y verificar lentes ópticos, prescribir y administrar los fármacos del área oftalmológica de aplicación tópica que sean precisos, y controlar las ayudas técnicas destinadas a corregir vicios de refracción. Podrá, asimismo, detectar alteraciones del globo ocular y disfunciones visuales, a fin de derivar oportunamente al médico cirujano especialista que corresponda.”

Y agrega en su inciso tercero “Quienes cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero podrán desarrollar las actividades a que se refiere este artículo, siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus actividades curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile”

Séptimo: Que , de esta forma, la publicación efectuada por el Colegio de Tegnólogos Médicos en su página web resulta arbitraria, desde que carece de fundamentos, y es contraria a lo que prescribe nuestra legislación al respecto. Si bien se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento la libertad de expresión, ello no importa que se trate de un derecho absoluto, desde que reconoce límites en los demás derechos, también consagrados constitucionalmente, y debe ejercerse en armonía con nuestro ordenamiento jurídico. En este caso se hace una aseveración inexacta puesto que además de los médicos oftamólogos y de los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, de acuerdo a lo que expresamente dispone el Código Sanitario en la norma ya citada, pueden también las personas que hayan obtenido el título de optómetra en el extranjero y que estén habilitados para ejercer en nuestro país, cuyo es el caso de actor según consta de los antecedentes agregados a esta acción cautelar, realizar diagnósticos de vicios de refracción, y desempeñar en general las mismas funciones que la ley permite a los tecnólogos médicos con mención en oftalmología.

Octavo: Que desde luego esta actuación arbitraria por parte de la recurrida afecta los derechos del actor, específicamente el de la libertad de trabajo y su libre elección y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, por cuanto la publicación en cuestión, hecha por una asociación de profesionales del rubro de la salud, en su página Web, genera credibilidad en los lectores, y de esa forma se limita o restringe la posibilidad del actor de ejercer la actividad para la que está expresamente facultado por la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile A.G., debiendo rectificar el comunicado objeto del presente arbitrio publicado en su página web, incluyendo también a los optómetras entre los profesionales facultados para realizar las funciones que en él se describen; o, en su defecto, eliminar tal publicación, todo dentro de tercero día de ejecutoriado este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 18576-2022 Protección.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Liliana Mera Muñoz y María Alejandra Rojas Contreras y la abogada integrante señora Yasna Bentjerod Poseck. No firma la ministra señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar ausente.