nombre reservado con AFP PROVIDA S.A Y OTRO

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Al folio 15 y 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., y la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario de haber rechazado el 7 de mayo de 2025 la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero presentada por su representado al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que presentó solicitud de la devolución de fondos previsionales y fue rechazada, indicándole que el motivo del rechazo es la falta de la constancia de afiliación la cual debía estar apostillada en el país de origen en que fue otorgado.

Refiere que el sentido de la ley 18.156 en sus artículos 1° y 7° es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, manifestar en el contrato de trabajo o en sus anexos la voluntad de mantener la afiliación referida y en el caso de que ellos registraren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, por lo que la recurrida desatiende el sentido literal de la ley, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal, ya que realiza una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Indica que es de público conocimiento la imposibilidad de obtener documentación actualizada ante la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Chile y Venezuela, lo que configura una fuerza mayor o caso fortuito, destacando que la normativa especial no exige documento legalizado, menos aún, que el mismo no pueda ser expedido de forma electrónica, siendo que lo que pretende el legislador es que simplemente que el peticionario se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar sin mayores formalidades.

Indica que el rechazo de la recurrida desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo contrato de trabajo, título profesional apostillado, Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Solicita acoger el recurso de protección, declarar ilegal y arbitraria la decisión de 7 de mayo de 2025 y ordenar a la AFP ProVida S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos.

Segundo: Que Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por estimar que la acción interpuesta resulta improcedente y que su representada ha actuado conforme a derecho.

Sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver controversias de carácter previsional que requieren un conocimiento de fondo, y que el actuar de la AFP no ha sido ilegal ni arbitrario, sino que se ha ajustado estrictamente a las disposiciones de la Ley N°18.156 y a la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Reconoce que ProVida rechazó solicitud del recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones. Añade que, por instrucciones del órgano regulador, ProVida tiene la obligación de verificar el cumplimiento estricto de los requisitos para proceder a una devolución de fondos en estos casos.

Reitera que la documentación presentada por el recurrente no acreditó debidamente los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, indicando que el requisito de encontrarse afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza, condición que debe cumplir el trabajador extranjero con anterioridad a la fecha de su contrato en Chile, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, lo que en este caso no ocurre.

Afirma que no ha existido en consecuencia una acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya privado, perturbado ni amenazado garantía constitucional alguna del recurrente, por lo que debiera ser desechado el recurso que motiva esta presentación.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 19 de junio de 2025, señala como cuestión previa que la situación reclamada excede el ámbito de un recurso de protección, ya que el objeto de esta acción cautelar no es otro que poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente.

Indica que en este caso el tenor literal del recurso refleja que lo que pretende el recurrente no es otra cosa que una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, porque no está conforme con lo resuelto por la Superintendencia, olvidando que no acreditó que cumple con los requisitos normativos para acceder a tal devolución.

Refiere que lo que existe es una controversia acerca de los certificados presentados por el recurrente, lo que demuestra con claridad que ésta debiera ser materia de un juicio declarativo por lo que es improcedente la acción de protección.

Respecto del fondo informa que el recurrente no registra ante la Superintendencia reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley y, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada solo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece y de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la informante.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que es en el ejercicio de dicha facultad legal, que la Superintendencia ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y ha dictado la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la ley N°18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal, de ese modo, su jurisprudencia administrativa ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero del trabajador este debe aportar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde y que acredite en forma específica que en el caso de que se trata el extranjero ha contado con un seguro durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Además, señala que dicho documento debe especificar que la cobertura de salud es integral, es decir, que comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral de origen común y esa cobertura debe existir al momento en que el trabajador técnico extranjero comienza a prestar servicios en Chile y durante todo el tiempo en que se ejecute el contrato de trabajo respecto del cual solicita la devolución de fondos previsionales.

Da cuenta que hasta el cierre de la embajada venezolana, la delegación consular de ese país extendía a los afiliados venezolanos las certificaciones respectivas para los efectos de acreditar la cobertura previsional en el extranjero y que ante el cierre y frente a la imposibilidad de que las Administradoras de Fondos de Pensiones pudieran validar las Constancias de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Social (IVSS) para el Retiro de Fondos, la Superintendencia envió diversos oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno destinados a obtener toda la información necesaria y pertinente con la finalidad de que los afiliados venezolanos pudieran continuar tramitando las solicitudes para la obtención de sus fondos previsionales en el marco de la Ley N°18.156.

Agrega que la Superintendencia puso en conocimiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones la información entregada por el Oficio Reservado N°4488, de 3 de octubre de 2024, del Ministerio de Relaciones, con la finalidad de que consideraran los nuevos antecedentes proporcionados por ese Ministerio para el análisis y la resolución de las solicitudes presentadas por los afiliados venezolanos; y, en particular, pudieran verificar la validez de las legalizaciones y apostillas emitidas por las autoridades venezolanas competentes, mediante el sitio web https://mppre.gob.ve/.

Señala que, en la especie, la recurrente acompañó para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, que habría sido emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no estaba vigente, refiriendo que cuando dicho documento tiene una validez de 120 días con posterioridad a la forma por el funcionario autorizado y es presentado después de vencido ese plazo no sirve para acreditar que se contó con cobertura.

Concluye que, de lo expuesto, queda establecido que la Superintendencia no ha cometido arbitrariedad ni ilegalidad, toda vez que no ha intervenido de modo alguno en los hechos que motivan la acción cautelar, sin haber emitido ningún pronunciamiento rechazando el beneficio requerido. En efecto, esto queda corroborado, toda vez que la parte recurrente no acompaña ni individualiza el acto en contra el cual recurre respecto de esta Superintendencia.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso referido por las recurridas, esta será desestimada desde que el recurrente reclama como conculcados los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, los cuales se encuentran comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, haciendo procedente la revisión de los antecedentes por parte de este tribunal.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen que cumpla con los requisitos establecidos en la ley 18.156. Para ello, acompañó fundamentalmente una “Constancia de Afiliación al IVSS”, de fecha 17 de mayo de 2025, misma documentación que da cuenta que venció el 31 de mayo de 2025 y que no está legalizada ni apostillada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, y que además, no da cuenta en ninguna parte de ella de que se cumplan los requisitos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la citada Ley, ya que no permiten acreditar que el solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales realizada por la AFP ProVida responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos vigentes, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. Por otra parte, la Superintendencia de Pensiones no ha emitido procedimiento particular alguno respecto de la solicitud del recurrente, por lo que la presente acción cautelar no puede prosperar respecto de ninguna de las recurridas.

A mayor abundamiento, esta Corte no puede soslayar la circunstancia de que la devolución de los fondos solicitados no se relaciona en forma alguna con los fines que el espíritu de la ley -plasmado en la historia fidedigna de su establecimiento- pretendió alcanzar.

Décimo: Que, por las razones antes dichas el recurso se advierte carente de todo fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°1855-2025 Protección.