Protección contra decisión del Director Ejecutivo de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile

Foja: 53 Cincuenta y Tres San nombre reservado, nueve de febrero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 15, con fecha 30 de diciembre de 2015, comparece don nombre reservado, suboficial (R) de la Fuerza Aérea de Chile, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la decisión del Director Ejecutivo de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), General de Brigada Aérea nombre reservado, quien mediante resolución N° 257/2015 (fs. 4), de 25 de noviembre de 2015 – notificada el 1º de diciembre de 2015 (fs. 8) – determinó, de manera arbitraria e ilegal, declarar inaplicable a su respecto el beneficio de reliquidación de pensión, con inutilidad de primera clase.

Expresa que desde el 25 de enero de 2005 prestó servicios en la Gerencia de Mantenimiento. Que el 17 de agosto de 2011, mientras efectuaba labores de mantenimiento en avión de la FACH N° 904, sufrió accidente laboral; fue atendido en el policlínico Tantauco, donde se determinó que había sufrido una luxación de su hombro derecho, con fractura de troquiter; se le trasladó de urgencia al Hospital de la Fuerza Aérea, siendo dado de alta el 20 de agosto de ese año. No obstante lo anterior, el 25 de agosto de 2011 fue internado para una nueva intervención quirúrgica en la cual se le fijó la fractura con 2 tornillo, debiendo ser intervenido nuevamente a fines de noviembre de 2011 para la remoción de los tornillos, continuando con licencia médica.

Agrega que en enero de 2012, fue derivado a kinesiólogo para rehabilitación. A su vez, el médico tratante tomó conocimiento de los intensos dolores que sufría en el hombro. Durante ese año debió enfrentar sucesivos cambios en el médico tratante, así como aplazamientos para su intervención quirúrgica, sometiéndose el 24 de octubre de 2012 a una acromioplastía, otorgándosele nuevamente licencia médica, presentándose a trabajar el 14 de enero de 2013.

Indica que el accidente sufrido dio origen a una investigación sumaria, que concluyó con la dictación de la resolución N° 26/2012 (de 26 de enero de 2012, fs. 1).

Refiere que el 28 de enero de 2013 remitió carta al Director Ejecutivo de ENAER, solicitándole se analizara su situación por una comisión médica. Que el 17 de agosto de 2013 el doctor nombre reservado emitió un informe dejando en evidencia que la lesión sufrida fue de carácter grave y que el tiempo de recuperación sería indeterminado. A su vez, en septiembre de 2013 el médico tratante, doctor nombre reservado, emitió un informe donde dejó en evidencia el daño permanente y el impedimento para efectuar su trabajo de mantenimiento de aeronaves.

Menciona que el 30 de diciembre de 2013 ENAER procedió a despedirlo, invocando como causal la contemplada en el artículo 160 N° 1 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa (finiquito a fs. 10).

Señala que en septiembre de 2014 el Comandante de Escuadrilla señor nombre reservado, en su calidad de Secretario Técnico de la Comisión de Sanidad de la FACH, remitió a ENAER el oficio DSFA CS “R” N° 3703/10363 (fs. 12), que a su vez adjunta el Acta de la Comisión de Sanidad de la Fuerza Aérea de Chile N° 132/2014, de 15 de septiembre de 2014 (fs. 13), en la que se trata su situación médica derivada del accidente a que se ha hecho referencia, destacando el punto “8” de la misma, en el que finaliza indicando que, conforme a las normas vigentes, puede reliquidar la pensión sólo si presenta secuela por accidente en acto determinado del servicio, lo que ocurre en este caso, como está clínicamente demostrado, así como el numeral “9”, en que se alude que le aplica el cambio de causal de retiro en su reliquidación de pensión con derecho a inutilidad de primera clase, a causa del citado accidente en acto determinado de servicio.

Añade que el 2 de marzo de 2015 se dictó la resolución N° 030/2015 (fs. 2), de la Dirección Ejecutiva de ENAER, que complementa lo dispuesto en la Resolución N° 026/2012, disponiendo que el afectado sufre de una inutilidad de primera clase, correspondiéndole el otorgamiento de los beneficios previsionales pertinentes.

En cuanto a la ilegalidad de la actuación de la Dirección Ejecutiva de Enaer, asevera que, no obstante haber sido claramente establecido que correspondía se le aplicara el cambio de causal de retiro en la reliquidación de su pensión, con derecho a inutilidad de primera clase, con fecha 1º de diciembre de 2015 se le notifica Resolución N° 257/2015, que aclara lo resuelto por la resolución N° 30/2015, en el sentido que, si bien es cierto que el accidente sufrido por el ex empleado nombre reservado, ocurrido el 17 de agosto de 2011, fue un acto determinado del servicio, y que por las lesiones que sufrió le corresponde una inutilidad de Primera Clase, dicha inutilidad no le da derecho a recibir beneficios previsionales distintos a los que ya tiene. De esta forma, sostiene que la actuación del Director Ejecutivo de ENAER excede el marco normativo que establece, en especial, la Ley N° 19880, al intentar por una vía absolutamente inidónea – un simple recurso de aclaración – modificar de manera sustancial los derechos que ya habían sido reconocidos y que le permitirían acceder a una reliquidación de su pensión, de modo de acceder a un derecho de inutilidad de primera clase, en los términos del artículo 192 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1968, que establece el Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, que transcribe, vulnerando de este modo su derecho de propiedad.

En lo tocante a la arbitrariedad de la actuación de la recurrida, arguye que el ejercicio de facultades no puede ser efectuado en forma abusiva, siendo evidente que la Dirección Ejecutiva de ENAER ha intentado desconocer lo que ya había resuelto, mediante la Resolución N° 030/2015, de fecha 2 de marzo de 2015, intentando revocarlo de manera indirecta a través de un recurso de aclaración ejercido de manera inidónea e inoportuna, sin que exista norma alguna que la ampare para tal actuación irregular.

Sostiene que, además de la vulneración al numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, existe una infracción al N° 2 del mismo artículo, en cuanto a los destinatarios de las normas se les deben aplicar los criterios normativos de modo imparcial y sin efectuar discriminaciones que no estén previstas en ella.

Solicita se acoja el recurso, ordenando a la Dirección Ejecutiva de ENAER que disponga los trámites pertinentes que permitan que la Subsecretaría de Aviación y CAPREDENA puedan efectuar la regularización de pensión, realizando la correspondiente reliquidación que incluya la inutilidad de primera clase desde la fecha de su desvinculación, incluyendo reajustes e intereses, con costas, o en la forma que se determine ajustada a derecho.

Que a fojas 31 y 32 corre notificación al recurrido.

Que a fojas 39 informa por el recurrido el abogado Hernán Barahona Flores, solicitando el rechazo de la acción de protección deducida en autos, con costas.

Hace presente que a la fecha del accidente –17 de agosto de 2011– el recurrente se desempeñaba como mecánico de mantenimiento de ENAER, empresa autónoma del Estado, en virtud de un contrato de duración indefinida, sin embargo, debido a su condición de ex funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, se encontraba adscrito al régimen previsional de la Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas – CAPREDENA – y al sistema de salud de la Fuerza Aérea de Chile.

Asimismo, resalta que al recurrente, a la fecha de dictarse la Resolución N° 257 que resolvió la investigación sumaria administrativa ordenada instruir a raíz del accidente, ya había hecho uso de su derecho excepcional de reliquidar su primitiva pensión de retiro, a lo cual tuvo derecho de conformidad a lo previsto en el artículo 177 inciso 2º del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1968, vigente en virtud de lo dispuesto en el artículo final del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, procedimiento previsional que permite que solo por una vez se pueda reliquidar una pensión de retiro, agregando que una segunda reliquidación solo resulta posible cuando se trata de una lesión sufrida en un acto determinado del servicio y que haya sido calificada por la Comisión de Sanidad Institucional como de segunda o tercera clase, de acuerdo a las consecuencias que produce al afectado.

Refiere que mediante Acta de Comisión de Sanidad N° 132/2014, de fecha 15 de septiembre de 2014, se emitió un informe en el que se estableció que al trabajador nombre reservado le correspondía, por el accidente laboral sufrido, una inutilidad de primera clase. Reitera que el mencionado trabajador, por Resolución de la Subsecretaría de Aviación N° 0924, de 2 de diciembre de 2003, ya había procedido a reliquidar su pensión de retiro, ya que el recurrente se había acogido a retiro de la Fuerza Aérea de Chile con pensión de retiro y luego de ello se volvió a contratar como empleado de ENAER, bajo las disposiciones del Código del Trabajo, manteniéndose sujeto al régimen previsional de CAPREDENA, lo que le permitió luego de un tiempo acogerse a este beneficio, solo por única vez, en conformidad al artículo 177 inciso 2º del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1968.

Que, consecuente con lo anterior, el Director Ejecutivo de ENAER dictó en primer lugar la Resolución N° 030/2015, de 2 de marzo de 2015, resolviendo que el accidente sufrido por nombre reservado ocurrió en acto determinado del servicio y que correspondía al afectado una inutilidad de primera clase y el otorgamiento de los beneficios previsionales pertinentes, resolución que fue complementada por la N° 257/2015, en el sentido de aclarar que, si bien es cierto el accidente sufrido por el ex empleado de ENAER había sido un acto determinado del servicio, y que por las lesiones que sufrió le correspondía una inutilidad de primera clase, no resultaba menos cierto que dicha inutilidad no le da derecho a recibir beneficios previsionales distintos a los que ya tiene.

Asevera que esta resolución se ajusta completamente a derecho, de acuerdo a los artículos 177 inciso 2º y 178 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1968.

En cuanto a la acción de protección misma, señala que no concurre ninguno de los supuestos para que la misma sea acogida, insistiendo que no existe en la especie acto administrativo que pueda ser considerado como ilegal o arbitrario y tampoco se ha vulnerado garantía constitucional alguna. En especial, respecto a este último punto, afirma que no conoce ningún caso en que un pensionado de CAPREDENA, que habiendo hecho uso de su derecho a reliquidar su pensión de retiro, lo haya podido hacer por una segunda vez, producto de los beneficios que otorga una inutilidad de primera clase, por lo que no imagina dónde se encuentra el tratamiento desigualitario que invoca; y en cuanto al derecho de propiedad, insiste en que el recurrente nunca ha tenido el derecho a reliquidar su pensión en los términos solicitados.

Desde un punto de vista formal, argumenta, además, la improcedencia del recurso, pues este no está destinado a reemplazar procedimientos contemplados en la ley; en particular, el actor no ejerció ninguno de los recursos a que daba lugar la tramitación de estos sumarios administrativos, al serle válida y oportunamente notificadas todas las actuaciones de dicha investigación sumaria. Al efecto, cita el artículo 233 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1997, que establece que las resoluciones una vez emitidas no podrán ser modificadas o dejadas sin efecto en caso alguno, salvo error de hecho.

Finalmente resume el marco regulatorio aplicable y reitera su petición de rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Que a fojas 51 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías o derechos fundamentales del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referidas en el citado artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo que supone la existencia de hechos y derechos indubitados que posibiliten actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronto y eficaz resguardo.

SEGUNDO: Que siendo así, es indispensable para que prospere la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal probado, que provoque alguno de los efectos ya indicados, vulnerando una o más de las garantías protegidas; siendo también necesaria la existencia cierta de un derecho que se vea afectado, por el acto u omisión ilegítima, con las consecuencias referidas, circunstancias todas que son consideración básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha motivado el presente recurso.

TERCERO: Que en lo referente a los argumentos de fondo expresados en el libelo, si bien es cierto quien recurre de protección ha dado cuenta de su contrariedad respecto de la decisión o aclaración contenida en la resolución que motiva la presente acción cautelar, esto es, la Resolución N° 257/2015, de fecha 25 de noviembre de 2015, dictada por don nombre reservado, en su calidad de General de Brigada Aérea (I), y que le fuera notificada el día 1º de diciembre de 2015, dicha disconformidad no constituye, en concepto de esta Corte, una afectación a los derechos o garantías que denuncia como vulnerados, desde que, de los antecedentes que se tienen a la vista y según se analizará a continuación, la declaración de la categoría de la inutilidad de primera clase que afecta al recurrente con motivo del accidente del trabajo sufrido por él no se encuentra indubitada ni tampoco se ha negado el hecho que éste hizo valer en su momento y en relación a los hechos de esta causa, su derecho a reliquidación de pensión, antecedentes ambos que deben tenerse especialmente en cuenta para la acertada resolución del presente recurso.

CUARTO: Que adicionalmente, no vislumbra este Tribunal una actuación arbitraria o ilegal por parte de la autoridad que dictó la resolución que sirve de fundamento al recurso, puesto que, la condición de inutilidad de primera clase es muy anterior a dicha resolución respecto de la cual el recurrente no se opuso. Luego, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo establecido en los 177 inciso 2º del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1968 (cuyo texto refundido consta en el Decreto 148, de fecha 1 de diciembre de 1986 del Ministerio de Defensa Nacional, el que se encuentra vigente por lo dispuesto en el artículo final del DFL N°1 del año 1997 del Ministerio de Defensa Nacional) “El personal que vuelva al servicio en otras plazas o empleos de las Fuerzas Armadas, Carabineros o Policía de Investigaciones, por un tiempo no inferior a tres años ininterrumpidos y que también otorguen derecho a pensión de retiro, tendrá derecho a que su pensión anterior le sea reliquidada por una sola vez…” derecho que el recurrente ejerció tras la dictación de la Resolución N° 257, vinculada a la investigación sumaria administrativa relacionada con el accidente de este último. Finalmente, el artículo 178 del mismo del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1968, dispone que si el personal que vuelve al servicio “es afectado por inutilidad de Segunda o Tercera Clase, o falleciere en un accidente, circunstancias todas ellas motivadas a consecuencia de acto determinado del servicio, tendrá derecho él o sus beneficiarios de montepío, en sus casos, a reliquidar nuevamente su pensión, sobre la base de lo prescrito en el inciso segundo del artículo anterior…”, situación que al no ser el caso de autos, confirma la legalidad de la actuación de la autoridad que dictó la resolución que motiva este recurso de protección, esto es, de don nombre reservado.

QUINTO: Que por las mismas razones, tampoco parecen como arbitrarias, a la luz de los antecedentes y argumentos antes desarrollados, la actuación de la autoridad antes referida, motivo adicional que justifica el rechazo del recurso de protección interpuesto.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo anterior, la resolución N° 030/2015, de fecha 2 de marzo de 2015, que fuera aclarada por la que es objeto de este recurso, en ningún caso desconoció, otorgó o atribuyó derecho alguno del recurrente desde la perspectiva de la pensión percibida o de la posibilidad de reliquidar la misma, sino que en forma genérica, señaló que por afectarle a éste una inutilidad de Primera Clase, le correspondía el otorgamiento de los beneficios previsionales pertinentes, cuestión que, tras la aclaración ya mencionada, se complementó en el sentido que no le daba derecho a recibir beneficios adicionales respecto de los cuales ya era titular, motivo suficiente para desestimar el recurso desde la perspectiva de la supuesta vulneración al derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que así las cosas, esta Magistratura estima que no ha existido, en este caso, afectación alguna a los derechos o garantías constitucionales reclamadas como afectadas. Tampoco, de las exposiciones del recurrente y el recurrido, aparece suficientemente acreditado que éste efectivamente haya incurrido en alguna actuación arbitraria o ilegal en relación los hechos relatados en el escrito que contiene la acción deducida sino más bien, ellas aparecen ajustadas a derecho, consideraciones suficientes para estimar no existen medidas que adoptar por parte de esta Corte, por lo que se rechazará el presente recurso.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y normas del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 15, sin costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Jorge Schenke Reyes Rol N° 1853-2015– PROT.

Pronunciado por la Segunda Sala de Verano integrada por las Ministros señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Liliana Mera Muñoz y el Abogado Integrante señor Jorge Schenke Reyes.

En San nombre reservado, a nueve de febrero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.