nombre reservado con CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN

San Miguel, diez de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien interponer recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Buin, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, establecidos en el artículo 19 Nº2 y Nº 24 de la Constitución Política de la República, que le causa la resolución de 8 de febrero de 2022, notificada el 7 de marzo de 2022, emitida por la Corporación de Desarrollo Social de Buin, por intermedio de la cual se le comunicó que el 28 de febrero de 2022 terminó el contrato de trabajo que lo vinculaba con la Corporación y por ende, no le renovaron la contratación por el año 2022, de forma arbitraria e ilegal.

Sostiene que ingresó a prestar servicios a la Corporación de Desarrollo Social de Buin para ejecutar las labores de Educadora de Párvulos el 1 de octubre de 2009, dentro de la dotación de atención primaria de salud municipal, materializándose su contratación mediante contrato a plazo fijo, regido por la Ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, según el artículo 15 de la ley 19.378.

Expone que desde su ingreso a la Corporación, la prestación de servicios ha sido continua, sucediéndose renovaciones para ejecutar las mismas labores de Educadora de Párvulos, pero que mediante carta de 3 de diciembre de 2020, notificada personalmente el mismo día, fue informada que con el 31 de diciembre de 2020 terminaría el contrato de trabajo que la vinculaba con la Corporación de Desarrollo Social de Buin y por ende, no se renovaría su contratación por el año 2021.

Explica que tal resolución fue recurrida de protección en autos ingreso N° 1-2021, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el que fue acogido por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol 42795-2021, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2021, la que ordenó a la recurrida: “prorrogar el contrato a plazo fijo de la actora hasta el 28 de febrero de 2022, en las mismas condiciones en que venía prestando sus servicios, conforme con las disposiciones de la Ley N° 19.378, y enterar las remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y hasta el 28 de febrero de 2022”.

Indica que se reintegró a su trabajo el 8 de febrero de 2022, oportunidad en la cual suscribió los respectivos contratos de trabajo en cumplimiento de lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema y que insistió a los abogados de la Corporación que se aclarara su condición laboral con el servicio respecto del año 2022, pues entendía que debía ser contratada por todo el año 2022, dado lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema (Confianza Legítima), a menos que mediara un acto administrativo completo, coherente y suficiente en contrario, en los términos señalados por la sentencia de 9 de noviembre de 2021. Sin embargo, nunca obtuve ninguna respuesta formal e incluso siguió prestando servicios el 1 de marzo de 2022.

Asevera que el 7 de marzo de 2022 tomó conocimiento cierto, que la recurrida había decidido no renovarle el contrato por todo el año 2022.Dicha decisión, según se lee de la carta certificada Nº 1178712025228, no contiene fundamento alguno y se limita a expresar lo siguiente: “Junto con saludarla informo a Ud. Que con fecha 28 de febrero de 2022, termina el contrato de trabajo que la vincula con la Corporación de Desarrollo Social de Buin. La causal legal por la cual finaliza dicho contrato, es la prevista en la letra c) del artículo 48 de la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Esto es, Vencimiento del plazo establecido en el contrato”.

Precisa que ésta última resolución es aquella en contra de la cual recurre, al producir de forma arbitraria una vulneración a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Afirma que sin ninguna evidencia o evaluación previa que justifique la decisión, la única educadora de párvulos a la que se le ha notificado la no renovación de contrato para el 2022 ha sido la recurrente luego de llevar 12 años de desempeño, en los que ha sido calificada en las primeras listas de distinción.

Explica que en su caso se cumplen a cabalidad todos los requisitos para que se configure la confianza legítima, pues ha sido contratada sucesivamente por la Corporación de Desarrollo Social de Buin en los marcos de la ley Nº 19.378, para incorporarse a la dotación de salud del municipio, en condiciones de trabajo similares, habiendo sido todas las contrataciones renovadas, desde la segunda renovación al menos.

Manifiesta que de la mera lectura de la carta notificada el 7 de marzo de 2022, es evidente que no se trata un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan la decisión de no renovar la contratación, es decir, que justifiquen razonablemente el cambio de conducta sorpresivo del servicio público respecto de sus contrataciones.

Estima conculcados el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad y solicita dejar sin efecto la resolución de 8 de febrero de 2022, por intermedio de la cual se le comunica que el 28 de febrero de 2022 termina el contrato de trabajo que lo vincula con la Corporación de Desarrollo Social de Buin y por ende, no se renueva su contratación por el año 2022, ordenando su reincorporación y renovación por todo el año 2022 a la Corporación de Desarrollo Social de Buin y el pago de todas las remuneraciones que le habría correspondido de haber continuado en el cargo, hasta su reincorporación.

Informa don nombre reservado, abogado, por la recurrida, Corporación de Desarrollo Social de Buin, quien solicita el rechazo de la presente acción cautelar, con costas.

Expresa que la recurrente tenía una relación laboral con la Corporación recurrida, bajo un contrato a plazo fijo de conformidad al artículo 14 de la ley N° 19.378 y que a entender de ésta, los contratos a plazos fijos corresponderían que fuera traspasado a plazo indefinido; lo que plasmó en el recurso de protección N°1-2021 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual falló rechazando su presentación, pero que la Excma. Corte Suprema revocó y acogió el aludido recurso, estableciendo lo siguiente: “se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, debiendo la recurrida prorrogar el contrato a plazo fijo de la actora hasta el 28 de febrero de 2022, en las mismas condiciones en que venía prestando sus servicios, conforme con las disposiciones de la Ley N° 19.378, y enterar las remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y hasta el 28 de febrero de 2022.”

Indica que su parte cumplió lo señalado por la Excma. Corte Suprema, enterando cada una de las remuneraciones señaladas y celebrando el contrato de plazo fijo en las mismas condiciones y hasta el 28 de febrero de 2002. Indica que fue la propia Corte Suprema quien estableció el plazo y término de relación laboral con la recurrente y no la Corporación recurrida.

Estima que se encuentra justificado y fundamentado, señalando hasta cuando corresponde la relación laboral con la señora nombre reservado, puesto que la Corporación para dar cumplimiento a la normativa vigente envió la carta indicado que se terminaba su relación laboral según lo indicado por su contrato; contrato que nace a la vida del derecho de una resolución de la Excma. Corte Suprema, la cual señala también las condiciones y plazos de este. Por lo cual no corresponde que se renueve el contrato de la señora nombre reservado por el resto del año 2022, como ella lo indica.

Advierte que para ingresar a la Atención Primaria de Salud de Buin, la ley 19.378 indica solo dos formas, las que están reguladas en el artículo 14 de la Ley N°19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone: “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario…….”

La recurrente en este caso celebró contratos de plazo fijo con la recurrida, bajo la ley 19.378, pero nunca ingresó por concurso Público.

Tal como indica la ley, la única forma de celebrar un contrato indefinido en la atención primaria de salud (ley 19.378) es que ingresen a través de previo concurso público, requisito sine qua non y que la señora nombre reservado no cumple dicho requisito.

En lo relativo a la confianza legítima, hace presente que las corporaciones municipales no son órganos integrantes de la Administración del Estado, por lo que la facultad de interpretar, así como la de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen a quienes se desempeñan en ellas, corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, toda vez que dichas entidades constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyos empleados no tienen la calidad de servidores públicos.

Respecto a la falta de fundamentación de la resolución que dispuso la no renovación del contrato, señala que hay norma expresa y administrativa que indica la formalidad para dar por terminado un contrato a plazo fijo de la Ley 19.378, el ORD. N°822/25 de la Dirección del Trabajo es claro en señalar:

“En primer lugar, cabe hacer presente a Uds. que existen dos órganos competentes en materia de interpretación de la ley N°19.378, por una parte la Contraloría General de la República, cuando la atención primaria de salud municipal es operada directamente por la Municipalidad y también respecto del uso, destino e inversión de los recursos financieros, y por otra parte, la Dirección del Trabajo, cuando la atención primaria de salud municipal es operada por las entidades de derecho privado, denominadas Corporaciones Municipales, siempre que el personal ejecute personal y exclusivamente acciones directamente relacionadas con la atención primaria de la salud.

Efectuada esta precisión, cabe señalar que esta Dirección mediante dictamen N°4601/182, de 30.10.03, en lo pertinente, ha señalado que el empleador de la ley N°19.378 no se encuentra obligado a dar aviso anticipado del término de contrato de trabajo, siendo suficiente para estos efectos la resolución corporativa mediante la cual el empleador, invocando la causa legal correspondiente, decide poner término al contrato, debiendo notificar de ello al funcionario afectado para que dicha resolución produzca sus efectos, y para que éste pueda ejercer los derechos que le confiere la ley frente al despido.”

Añade que la Corporación de Desarrollo Social de Buin cumplió plenamente con la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema y notificó a la señora nombre reservado, indicando la causal del término de la relación laboral, la Corporación en todo momento se ajustó a derecho. El contrato tenia fecha de término hasta el 28 de febrero de 2022, plazo (fecha) señalado y justificado por la Excma. Corte Suprema, se dio aviso de la llegada del plazo de término del contrato a plazo fijo, indicando que no se renovaría.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que la parte recurrente refiere que han sido conculcadas las garantías descritas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

En la especie, la actuación ilegal y arbitraria que se atribuye a la Corporación municipal recurrida es que se puso término al contrato de trabajo que la vinculaba con la corporación recurrida, vulnerando las garantías constitucionales indicadas, en atención a que su despido no se materializó en un acto fundado, conculcando el principio de la confianza legítima.

TERCERO: Que con el mérito de la documental aparejada por la recurrente y recurrida, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible tener por asentado los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1.- La demandante ingresó a prestar servicios a la Corporación recurrida el 1 de octubre de 2009, a través de un contrato de plazo fijo, regido por la Ley N° 19.378;

2.- El 31 de diciembre de 2020, se puso término al contrato de trabajo, por lo que no se renovó su contratación para el año 2021;

3.- La recurrente dedujo un recurso de protección, el que fue acogido mediante sentencia de 9 de noviembre de 2021, disponiendo la Excma. Corte Suprema prorrogar el contrato a plazo fijo de la actora hasta el 28 de febrero de 2022, en las mismas condiciones en que venía prestando sus servicios, conforme con las disposiciones de la Ley N° 19.378, y enterar las remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y hasta el 28 de febrero de 2022.

4.- La recurrida dio cumplimiento a lo ordenado celebrando con la recurrida un contrato de trabajo a plazo fijo, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022;

5.- Luego, le comunicaron que su contrato terminaba el 28 de febrero de 2022, por la causal prevista en la letra c) del artículo 48 de la Ley 19.378, esto es, vencimiento del plazo establecido en el contrato.

CUARTO: Que para resolver el presente arbitrio, resulta útil tener en cuenta las normas legales que gobiernan la materia.

El artículo 1° del Código del Trabajo, señala: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código.”

Por su parte los artículos 1°, 2°, 3° y 14 de la Ley 19.378, prescriben:

Artículo 1°.-“Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, normará los aspectos anteriormente citados, respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”.

Artículo 2°. – “Para los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá por: b) Entidades administradoras de salud municipal: las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria de salud municipal, sean éstas las municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro a las que la municipalidad haya entregado la administración de los establecimientos de salud, en conformidad con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980.”

Artículo 3°.- “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo anterior. De igual modo, se aplicarán a todos los trabajadores que, perteneciendo a una entidad administradora de las que se refiere la letra b) del artículo anterior, ejecuten en forma personal y exclusiva acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud.

A estos efectos, se entienden como acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud tanto las de carácter asistencial, sea que éstas se ejecuten en la propia entidad administradora o a través de rondas asistenciales, como aquellas que no siendo asistenciales permitan, faciliten o contribuyan a la realización de las primeras”.

Artículo 14.- “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta Ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal.

Finalmente el artículo 48, en su letra c) indica: “ Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato;

QUINTO: Que de lo que viene de señalarse, aparece que la recurrente se encuentra sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48 que en la letra c) establece que los funcionarios dejan de pertenecer a la dotación de salud municipal, “por el término del vencimiento del plazo contratado”

Con todo, se advierte que en la especie, la recurrida cumplió con lo ordenado mediante sentencia ejecutoriada de la Excma. Corte Suprema, en orden a prorrogar el contrato a plazo fijo de la actora hasta el 28 de febrero de 2022, sin que ello importe que el contrato mude a otro de carácter indefinido.

SEXTO: Que, por tal motivo, el acto que se cuestiona por medio del presente arbitrio, no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, fundado en el incumplimiento del deber de motivación que se exige en relación con los actos administrativos, toda vez que la recurrida ha ejercido una facultad contenida explícitamente en el artículo 48, letra c) de la ley 19.378, causal de término de la relación laboral que no exige un deber de fundamentación, dado su carácter meramente potestativo, basta con el vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo para que la Corporación Municipal de Buin pudiera finalizar su relación contractual, el que además, encuentra su sustento en lo dictaminado por la Excma. Corte Suprema.

SEPTIMO: Que respecto al principio de confianza legítima, éste resulta aplicable a los funcionarios públicos dependientes de los Órganos de Administración del Estado. La recurrente, nombre reservado, prestó servicios a la Corporación Municipal de Buin, que como se dijo es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro que no forma parte de la administración del Estado; por lo que a ésta no se le puede atribuir la calidad de funcionaria pública y consecuentemente el principio que la recurrente invoca para evitar la aplicación del artículo 48 letra c) de la Ley 19.378.

OCTAVO: Que todo lo hasta aquí expuesto conduce naturalmente a desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Buin.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Claudia Lazen M.

N° 1849-2022-PROT.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por la ministra señora Claudia Lazen Manzur, Fiscal Judicial señor nombre reservado y abogada integrante señora Yasna Bentjerodt Poseck.