DEPOSITO DE VEHICULOS AEROTRANS LIMITADA C con I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Foja:78 Setenta y Ocho San Miguel, dos de septiembre de dos mil once.

Vistos:

A fojas 7, con fecha 28 de julio de 2011, don nombre reservado, en representación de DEPOSITO DE VEHICULOS AEROTRANS LTDA. (nombre reservado, fs. 19), ambos con domicilio en domicilio reservado, y para estos efectos en Las Brisas de Peñaflor, Parcela 6, comuna de Padre Hurtado, deduce acción constitucional de protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, representada por su Alcalde don José Miguel Arellano Merino, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios de que ha sido objeto y que han ocasionado una grave amenaza, violación, privación y perturbación en el ejercicio de garantías constitucionales de la recurrente, a fin que esta Corte adopte las medidas procedentes en derecho para obtener la protección de las garantías constitucionales privadas y perturbadas por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

Sostiene que la recurrida ha amenazado el derecho constitucional contemplado en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que lo regulan.

Refiere que la acción constitucional se deduce en carácter preventivo, en atención a que existe una amenaza a la garantía antes referida, por la inminente clausura de la sucursal de la recurrente; asimismo, por la vulneración de la misma garantía constitucional, producto del actuar arbitrario e ilegal de la I. Municipalidad de Padre Hurtado, la que con fecha 18 de julio de 2011, en virtud de una comunicación efectuada verbalmente, rechazó la solicitud de patente para apertura de sucursal.

Indica que la sociedad que representa tiene un capital ascendente a $5.000.000, por lo que de acuerdo con el artículo 7 de la ley Nº 20.416 es una empresa de menor tamaño.

Añade que el giro de su empresa está constituido por el depósito de vehículos, y se hizo necesario abrir una sucursal en la comuna de Padre Hurtado, en el terreno ubicado en el Proyecto de Parcelación “Las Brisas de Peñaflor”, correspondiente al rol de avalúo matriz Nº 311-150, de la mencionada comuna. Para este efecto, prosigue, realizaron apertura de sucursal ante el Servicio de Impuestos Internos con fecha 28 de junio de 2011 y concurrieron ante la I. Municipalidad de Padre Hurtado el 1º de julio de 2011 con el objeto de solicitar ante ella la apertura de sucursal.

Expresa que al solicitar la apertura de sucursal en la municipalidad recurrida, aquélla fue denegada por no cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley al efecto, precisamente porque la zonificación del sector es de uso silvoagropecuario exclusivo, a pesar de haber informado que se trata de una pequeña empresa y le resulta aplicable la ley Nº 20.416; además de tratarse de la primera vez que se solicita el otorgamiento de un permiso de funcionamiento ante dicho organismo.

Agrega que el 18 de julio de 2011, mediante comunicación firmada por el Director de Administración y Finanzas, don nombre reservado, que fue entregada el 27 del mismo mes, la Municipalidad de Padre Hurtado negó la solicitud de patente de apertura de sucursal. De esta forma, señala, la recurrida infringe y vulnera la garantía constitucional de su representada, como también vulnera normas de carácter legal.

Argumenta que el actuar de la municipalidad recurrida es ilegal y arbitrario, y con ello vulnera la garantía constitucional referida al no permitir la apertura de la sucursal del negocio que le es lícito realizar; asimismo, dicha garantía resulta amenazada ante la inminente clausura del inmueble correspondiente a la misma sucursal.

Señala que cumpliéndose los requisitos contemplados en el artículo 7 de la Ley Nº 20.416, resultaba procedente que la municipalidad recurrida autorizara la patente de apertura de sucursal de la recurrente, otorgando la autorización provisoria de funcionamiento por un año, para que en el intertanto pudiese cumplir todos los requisitos para solicitar autorización definitiva de funcionamiento.

En definitiva, pide se acoja el recurso, resolviendo que las actuaciones de los recurridos son ilegales y arbitrarias, porque privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio de la garantía constitucional de la recurrente, señalada en la presentación, procediendo en definitiva a ordenar el otorgamiento de la respectiva patente para la apertura de sucursal de su representada, o lo que en derecho se estime amparar o proteger y restablecer el imperio del derecho, con costas.

A fojas 41, informa por la recurrida su asesor jurídico don nombre reservado, quien señala que por Memorándum Nº 76/2011 (a fs. 23), del Jefe de Inspecciones dirigido al Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Padre Hurtado, se dio cuenta de que en rondas efectuadas por inspectores en el sector rural de la comuna, se detectó una empresa que está realizando actividades de estacionamiento y transporte de vehículos livianos; dicha empresa se encuentra ubicada en el sector de Las Brisas Camino Las Violetas, zona que, de acuerdo al PRMS, corresponde a un uso de suelo agropecuario exclusivo.

Añade que mediante Memorándum Nº 24/11, de 7 de junio de 2011, el Director de Obras Municipales informó la zonificación del predio ubicado en domicilio reservado, señalando que el terreno se emplaza en zona de interés silvoagropecuario exclusivo, de acuerdo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, PRMS; que, además, se ubica en área de riesgo de inundación y napa freática superficial; y que los usos de suelo permitidos son actividades agropecuarias, agroindustrias, vivienda una por predio, además se podrá construir una vivienda para el cuidador, desarrollo urbano condicionado, desarrollos industriales y/o empresariales, subdivisión predial mínima 80 hectáreas, considerándose usos de suelo prohibidos todos aquellos que no están permitidos.

Agrega que por medio de Memorándum Nº 513/2011, el Director de Administración y Finanzas solicita a la Dirección Jurídica pronunciamiento legal e instrucciones para proceder. La Dirección Jurídica, a través del Memorándum Nº 165, de 17 de junio de 2011, responde que no encontrándose la actividad de estacionamiento y transporte de vehículos livianos dentro de las actividades permitidas por PRMS, procede la clausura del predio.

Indica que, con el mérito de los antecedentes recabados, el 18 de julio de 2011 se dictó el Decreto Alcaldicio Nº 2195, que ordenó la clausura del establecimiento ubicado en domicilio reservado, por infracción al artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales.

Luego, refiere que el 7 de julio de 2011 se ingresó a la Unidad de Rentas y Permisos de la Municipalidad de Padre Hurtado la solicitud de patente Nº 120/011, solicitada a favor de Depósito de Vehículos Aerotrans Ltda., para el domicilio comercial de Las Brisas de Peñaflor, Parcela 6 lote A1, para el rubro de depósito de vehículos. El día 15 de julio la Dirección de Obras Municipales informa de manera desfavorable, señalando en sus observaciones que giro solicitado no es concordante con uso de suelo del PRMS y sus condiciones de emplazamiento. A consecuencia de ello, se le comunicó al contribuyente, con fecha 18 de julio, que no es posible acceder a su solicitud.

Hace presente que para el mismo lugar y sector, la empresa de transportes Castro y Castro SA, ingresó con fecha 14 de junio solicitud de patente Nº 103/011 para el rubro de “depósito y almacenamiento de vehículos motorizados”, recibiendo idéntica respuesta.

En cuanto a la vulneración de la garantía constitucional que alega la recurrente, sostiene que la misma tiene una limitación, cual es “respetar las normas legales que la regulen”; en este caso, la actividad comercial que se pretende está fuera de la normativa legal, toda vez que solo se pueden desarrollar las actividades contenidas en los usos de suelo permitidos en la Ordenanza del PRMS. En definitiva, agrega, la actividad que pretende desarrollar el recurrente en ese sector le es prohibida porque el destino del uso del suelo no lo permite.

En lo referido a la aplicación del artículo 7 de la Ley Nº 20.416, precisa que dicha norma entrega una facultad al municipio para otorgar patente provisoria, y esta facultad se debe ejercer dentro de las competencias legales, y los permisos se encuentran sujetos al cumplimiento de condiciones generales y objetivas que para cada caso indique la autoridad.

Argumenta, además, que en el caso de marras, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 26 inciso 3º de la Ley de Rentas Municipales, en cuanto prescribe que para el otorgamiento de patentes provisorias se exigirá solo la comprobación de orden sanitario y de emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador.

En suma, finaliza, la negativa del Municipio no responde a un acto arbitrario e ilegal, sino al cumplimiento de la normativa legal vigente, toda vez que el acceder a la solicitud del recurrente sería un acto ilegal, que acarrearía la correspondiente responsabilidad administrativa.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Encontrándose la causa en estado, se decretó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión, que afecte a una o más de las garantías protegidas, que revista los caracteres de ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él.

Segundo: Que en la especie el acto denunciado que amenaza el derecho fundamental invocado por el recurrente, lo constituye la respuesta negativa del municipio de otorgar patente a la recurrente, aún en el carácter de provisoria, para abrir una sucursal no obstante estar amparada por la ley N°20.416.

Tercero: Que el municipio fundamenta su decisión al informar, en que el giro solicitado no es concordante con uso de suelo que permite el Plano Regulador Metropolitano de Santiago y sus condiciones de emplazamiento , porque el terreno donde se pretende instalar –y que de hecho se instaló constatándose su funcionamiento- se emplaza en zona de interés silvoagropecuario exclusivo, en un área de riesgo de inundación y napa freática superficial, de modo que la actividad que pretende desarrollar el recurrente en ese sector está prohibida atendido a que el destino del uso del suelo no lo permite.

Cuarto: Que el inciso primero del artículo 19 de la Carta Fundamental dispone que “La Constitución asegura a todas las personas: n°21. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.”

Quinto: Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 26 de la Ley de Rentas Municipales, el contribuyente que requiera del respectivo municipio una patente para ejercer una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad sujeta a contribución municipal, debe cumplir los requerimientos de orden sanitario, de emplazamiento según las normas de zonificación del correspondiente Plano Regulador, y otras condiciones que impongan las leyes especiales. En la especie, el recurrente no cumple con las condiciones de emplazamiento para que el giro propuesto funcione en la comuna de Padre Hurtado, según consta de los documentos allegados a la causa a fojas 23, 30, 31, 32, los que se aprecian de conformidad a las reglas de la sana crítica.

Entonces, la decisión cuestionada del ente edilicio no es ilegal; por el contrario, se sustenta en la ley y tampoco se advierte arbitraria, por cuanto su razonabilidad aparece justificada atendido el uso del suelo permitido en el predio donde se pretende ejercer la actividad de que se trata.

Sexto: Que siendo así, al no existir un acto u omisión arbitrario ni ilegal en que haya incurrido el municipio recurrido, no es posible para esta Corte dar protección al derecho fundamental que se dice amenazado porque ha sido el propio recurrente el que se ha colocado al margen de la ley, ya que la actividad económica a la que postula no está permitida por la ley en el sector pretendido.

Séptimo: Que en nada obsta a lo antes concluido, lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley N°20.416 invocada en su favor por el recurrente, desde que esta norma se refiere al otorgamiento de permisos provisorios de funcionamiento a las empresas de menor tamaño que los soliciten por primera vez en el evento en que los servicios públicos deban entregarlos, supuesto el cumplimiento de las condiciones generales y objetivas que la autoridad exija que no son otras que aquellas que la ley contempla; es decir, entre otras, la exigencia de emplazamiento conforme a la zonificación contemplada en el respectivo instrumento territorial, el que en la especie el recurrente no cumple.

Octavo: Que por las razones antes señaladas, la presente acción de tutela de derechos fundamentales debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas uno.

Regístrese, comuníquese y archívense en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona.

N° 184-2011-PRO Pronunciada por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sra. Inés Martínez Henríquez, Sra. Sylvia Pizarro Barahona y Fiscal Judicial Sra. Ana Cienfuegos Barros.

San Miguel, a dos de septiembre de dos mil once, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.