nombre reservado con FISCO DE CHILE( DIRECCION NACIONAL DE PERSONAL CARABINEROS)

Santiago, treinta de abril de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que don Lionel Rojas Maggi, abogado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en representación de nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile, Prefectura Control de Armas y Explosivos O.S.11, por haber emitido, en forma arbitraria e ilegal, la Resolución Exenta N° 38 de 13 de febrero de 2019, notificada con fecha 18 de febrero de 2019, por la que se rechaza en todas sus partes el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 2 de fecha 8 de enero de 2019, por considerar que persisten suficientes motivos para estimar que la solicitante no garantiza la seguridad y uso del arma que pretende inscribir, por lo que se mantiene la suspensión de ésta, lo que a su juicio vulnera la garantía del N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la Ley, solicitando se deje sin efecto la citada resolución y/o se adopten de inmediato las providencias que estime necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente.

Expresa que en contra de dicha resolución presentó reposición conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 19.880, argumentando que la causa RIT 0-11292-2013 del Juzgado de Garantía de San Bernardo aludida por Carabineros y que sirve de fundamento al rechazo, fue objeto de una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de tres años, por lo que cumpliéndose con todas las condiciones impuestas, se dispuso con fecha 8 de agosto de 2018, en el mismo proceso, el sobreseimiento definitivo de la causa, de conformidad con lo dispuesto a los artículos 240 inciso segundo y 250 letra d) del Código Procesal Penal, al haberse extinguido la responsabilidad penal de nombre reservado.

Explica que con fecha 13 de febrero de 2019, la Prefectura de control de Armas y Explosivos O.S.11, Autoridad Fiscalizadora, de Carabineros de Chile, dicta la Resolución impugnada expresando que la Resolución Exenta N° 2, de 08.01.2019, procedió a denegar la inscripción de armas de fuego, fundamentalmente, por cuanto se presume que el arma de fuego no permanecerá en el lugar declarado, dado que había sido detenido por porte ilegal de armas de fuego y el solicitante no adjunta antecedentes que permitan modificar lo resuelto por la Autoridad Fiscalizadora, agregando que, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 5° y 6° de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y lo resuelto por la Contraloría General de la República en los diversos dictámenes que cita, para acceder a una solicitud de inscripción de arma de fuego, la Autoridad Fiscalizadora debe ponderar los antecedentes del solicitante hasta asegurarse que resulta factible presumir que se cumplirán las obligaciones y responsabilidades que dispone la ley en la tenencia del arma y, en particular, que puede garantizar la seguridad de la misma impidiendo que caiga en manos de personas que puedan darle un uso indebido, permitiendo que la Autoridad Fiscalizadora pueda denegar la inscripción cuando exista motivo fundado para ello.

Afirma que al rechazar el recurso de Reposición interpuesto por su parte, la Resolución Exenta N° 38 dictada por la recurrida lo que hace es desconocer el sistema penal actual, ya que el efecto que produce el sobreseimiento definitivo es el término del procedimiento, con la consiguiente autoridad de cosa juzgada, extinguiendo la responsabilidad penal. Por su parte, el hecho que su representado haya sido detenido no da muestra de que sea culpable de algún delito, ya que según se establece en el artículo 4° del Código Procesal Penal, se presume la inocencia del imputado, lo que no ocurrió en este caso.

Sostiene que esta negativa a la renovación de la acreditación para tenencia de arma de fuego solicitada por su representado, produce una perturbación definitiva y permanente pues le impide renovar su acreditación, a pesar de contar con todos los requisitos y no poseer impedimentos legales.

Afirma que este rechazo de Carabineros de Chile, es un acto ilegal pues establece criterios no comprendidos en la Ley 17.798, ni en los Dictámenes N° 22.209 de 2009, N° 27.800 de 2009 y otros, señalando que persisten suficientes motivos para estimar que el solicitante no garantiza la seguridad y uso del arma que pretende inscribir, cuando en realidad su representado, como se dijo, no posee antecedentes legales, y fue sobreseído definitivamente en la causa materia de la detención a que se hace mención.

Concluye solicitando se declare arbitrario e ilegal el acto emitido por Carabineros de Chile, Prefectura Control de Armas y Explosivos O.S.1l, a través de su Resolución Exenta N° 38, que rechaza el recurso de Reposición de su parte, y por consiguiente, mantiene la suspensión de la Resolución Exenta N° 2, que ha vulnerado el derecho consagrado en la Constitución Política de la República de igualdad ante la Ley, ordenando que la recurrida renueve la acreditación para la tenencia de arma de fuego solicitada por su representado, por no contar con impedimentos legales para ello, o bien, adoptar las medidas que se estimen convenientes a fin de restablecer el imperio del derecho.

2°) Que, informando la Prefectura Control de Armas y Explosivos O.S.11, solicita, en primer lugar, se declare la incompetencia de esta Corte para conocer de esta acción constitucional desde que las resoluciones que el recurrente indica en su protección, han sido dictadas por la Autoridad Fiscalizadora N° 028, Santiago, función que es desarrollada por la 68° Comisaría Control de Armas y Explosivos, dependiente de la Prefectura Control de Armas y Explosivos 0.S.11, cuyos emplazamientos se encuentra dentro de la competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, esto es comuna de Santiago y comuna de Independencia, respectivamente.

Expresa en cuanto al fondo, que el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 17.798, sobre Control de Armas dispone: “Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando, a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes, haga presumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior.”, por lo que en cumplimiento de lo anterior, la Resolución Exenta N° 02, de fecha 08.01.2019, por medio de la cual se denegó la petición, tuvo por objeto justamente ponderar los antecedentes personales del usuario, con la finalidad de proceder a denegar o autorizar su solicitud.

Expresa que en este caso en particular se denegó lo solicitado por cuanto se estimó, conforme la hipótesis del inciso citado, que el arma no permanecería en su lugar declarado y por cuanto existió por parte del usuario, una transgresión al ordenamiento jurídico, que si bien, extingue la acción penal, puede ser utilizado justamente con la finalidad de ponderar su idoneidad personal, mismos antecedentes que se tuvieron a la vista, a objeto de rechazar el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución Exenta N° 38, de fecha 13.02.2019.

Agrega que en virtud de lo prescrito en los artículos 4° y 6° de la Ley 17.798, las autoridades fiscalizadoras se encuentran facultadas para denegar, suspender, condicionar o limitar las autorizaciones que establece la Ley de Control de Armas, para lo cual puede recabar antecedentes que sean pertinentes, en atención a los bienes jurídicos protegidos.

Hace presente que si bien el artículo 59 de la Ley 19.880, establece los recursos de reposición y jerárquico, los que se pueden interponer en contra de un acto dentro del término de 5 días, uno en subsidio del otro, o uno y otro, el recurrente no dedujo recurso jerárquico, con la finalidad de ser conocido por la Prefectura Control de Armas y Explosivos 0.S.11.

Sostiene por otro lado, que la acción de protección carece de un elemento esencial respecto del cual el recurrente omite hacer referencia, por cuanto no señala cuál es el acto concreto que conculca, perturba o vulnera sus derechos, como tampoco señala la forma exacta en que se habrían conculcado, perturbado o vulnerado, para justificar la ilegalidad o arbitrariedad por parte de la Autoridad Fiscalizadora reclamada.

Indica en cuanto a la falta de igualdad ante la ley, que en atención a lo dispuesto en los artículos 4° y 6° de la Ley 17.798, Carabineros de Chile en su condición de Autoridad Fiscalizadora se encuentra facultado para denegar, suspender, condicionar o limitar las autorizaciones que establece la Ley de Control de Armas, para lo cual puede recabar antecedentes que sean pertinentes, en atención a los bienes jurídicos protegidos, exigencias que se realizan a todos los usuarios del sistema.

Afirma que el ejercicio de las prerrogativas conferidas a Carabineros de Chile, en su condición de Autoridad Fiscalizadora, en el marco de la Ley 17.798 sobre Control de Armas y el Decreto Supremo N° 83 de 22.02.2007, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento Complementario de la citada Ley, se encuentran supeditadas al cumplimiento de esta especial y excepcional normativa, las que responden a la protección de bienes jurídicos esenciales, tutelados por el ordenamiento jurídico, lo cual trae aparejado que el legislador aumente los requisitos o condiciones, a quienes soliciten autorizaciones de conformidad a la citada ley y normativa complementaria, lo que se relaciona directamente con la Seguridad Pública, por cuanto, el fin último perseguido por la labor policial es la protección e integridad de las personas, impidiendo que elementos sujetos a control, se desvíen y entren al círculo del delito, por la entrega o venta ilegal de estos, es por ello que la exigencia de antecedentes adicionales en las solicitudes o autorizaciones, son requeridas para constituir una comprobación objetiva acerca de la misma, en los presupuestos establecidos en la Ley.

Concluye señalando que las actuaciones del órgano administrativo cuestionado, han sido ejecutadas en ejercicio de las potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico a Carabineros de Chile, en calidad de Autoridad Fiscalizadora, en orden de ser cautelados valores, bienes y derechos sustanciales que, el propio legislador eleva a una categoría esencial, y lo ha sido, en forma debida y objetivamente fundada, por lo que mal puede ser cuestionado y calificado de acto arbitrario e ilegal; que la acción de protección carece de un elemento esencial, al omitir el recurrido en su presentación, cuál es el acto concreto que conculca, perturba o vulnera sus derechos y la forma exacta en que estos se habrían conculcado, perturbado o vulnerado, como medida de justificación de la ilegalidad o arbitrariedad reclamada solicitada reparar; que en consecuencia, la Garantía Constitucional que el recurrente esgrime en su presentación haber sido transgredida o conculcada, queda supeditada a valores sustanciales y superiores que el propio legislador eleva a esa categoría, los cuales deben ser cautelados precisamente mediante las prerrogativas otorgadas a Carabineros de Chile, en su calidad, como bien se ha dicho, de Autoridad Fiscalizadora; que en la especie no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, del artículo 19°, de la Constitución Política de la República, pues el derecho de las personas para el ejercicio, encuentra límites establecidos por la ley, de manera que dichos derechos no permiten eximirse de los requisitos y autorizaciones que establecen las normas jurídicas que regulan cada materia, sino que por el contrario, el legítimo ejercicio de tales derechos, sólo nace cuando el interesado cumple con los requisitos y se le han conferido las autorizaciones pertinentes, por lo que no se advierte falta de apego legal o reglamentario en las actuaciones de las Autoridades Fiscalizadoras de la Ley 17.798, de modo que procede el rechazo de la acción constitucional, por carecer de fundamentos atingentes en su recurso, por cuanto las actuaciones realizadas por la Autoridad Fiscalizadora se encuentran ajustadas a derecho y no resultan ser ilegales ni arbitrarias.

3°) Que la acción o recurso de protección de derechos y garantías constitucionales tiene por objetivo restablecer el imperio del derecho, mediante la adopción de las medidas pertinentes a tal efecto, cuando se ha producido la alteración del mismo en virtud de la afectación del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías constitucionales, señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, por obra de alguna acción u omisión ilegal o arbitraria del recurrido.

4°) Que en la especie la recurrida alega en primer lugar la incompetencia de esta Corte para conocer del presente recurso y por otra parte que ha actuado dentro de las facultades que la ley expresamente le confiere.

5°) Que en cuanto a la incompetencia alegada se debe tener presente que, en lo que aquí interesa, el N°1 del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente…”.

6°) Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que el recurso de protección será conocido por la “Corte de Apelaciones respectiva” se ve complementado por el Auto Acordado antes citado, especificando cuál sería la Corte respectiva, dando un derecho de opción al recurrente entre aquella en que se hubiere producido el acto u omisión impugnada, o aquella en que se hubieren producido sus efectos. En la especie, no existe discusión respecto a que el domicilio domicilio reservado, lugar donde se presume se han de producir los efectos de la negativa a inscribir el arma de fuego, pues es precisamente al recurrente a quien afecta la negativa, de modo que encontrándose dentro de una de las opciones contenidas en el numeral 1 del Auto Acordado antes citado, esta excepción debe ser desestimada.

7°) Que respecto del fondo del recurso y teniendo en consideración que en la acción constitucional se especifica claramente cuál es el acto concreto que conculca, perturba o vulnera sus derechos y la forma en que estos se habrían conculcado, perturbado o vulnerado, tanto es así que se informa precisamente respecto de lo impugnado, cuestionando cada uno de los supuestos esgrimidos por la recurrente, se desestimarán las alegaciones efectuadas en tal sentido.

8°) Que en cuanto a la factibilidad de denegar por parte de la autoridad fiscalizadora la solicitud esgrimida, se debe considerar que el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 17.798 dispone que: “Las referidas autoridades sólo permitirán la inscripción del arma cuando, a su juicio, su poseedor o tenedor sea persona que, por sus antecedentes, haga presumir que cumplirá lo prescrito en el inciso anterior.” inciso que a su turno prescribe que “La inscripción sólo autoriza a su poseedor o tenedor para mantener el arma en el bien raíz declarado correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se pretende proteger.”

9°) Que de las normas antes referidas se deprende claramente que la recurrida cuenta con facultades privativas para acoger o rechazar las solicitudes de inscripción de armas, para lo cual pueden tomar en consideración cualquier antecedente que les permita determinar la idoneidad de la persona que requiere la inscripción, sin que tales antecedentes se limiten a las anotaciones que sobre la comisión de delitos, se mantengan vigentes en el registro pertinente del Servicio de Registro Civil e identificación, más aún cuando en la especie se constató la existencia de una infracción previa a la misma ley que ahora pretende hacer valer en su favor.

10°) Que en consecuencia, teniendo en consideración que la recurrida actuó dentro de las facultades privativas que le confiere la ley 17.798 sobre control de armas, el acto impugnado no puede ser considerado ilegal. Asimismo, de la lectura de la resolución impugnada se constata que esta da suficientes fundamentos del porqué de la decisión adoptada cumpliendo de esta manera de con las exigencias de motivación del acto, por lo que tampoco puede ser considerada arbitraria.

11°) Que habiéndose ajustado el acto impugnado a los parámetros exigidos por la ley, no se puede entender que se haya producido alguna vulneración a las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, menos en lo que se refiere a la igualdad ante la ley, por lo que la acción constitucional debe ser desestimada.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, considerando, además, que esta Corte resulta competente para conocer de esta acción constitucional, se rechaza el recurso de protección deducido en contra de Carabineros de Chile, Prefectura Control de Armas y Explosivos O.S.11.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Mondaca.

N°Protección-1828-2019.

No firma el Abogado Integrante señor Castillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.