nombre reservado EN REPRESENTACION DEL SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 MIMET S.A. CON INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO nombre reservado

60/sesenta San nombre reservado, quince de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos:

Que a fojas 1 comparece don nombre reservado, como presidente y en representación del Sindicato de Trabajadores №1 de MIMET S.A., e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, representada por su Inspectora comunal doña nombre reservado, por perturbar, vulnerar y amenazar, por actos y omisiones arbitrarias, su legítimo derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que la Ley señale y que se haya establecido con anterioridad por ésta y su derecho de propiedad, en diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, consagrados en el N°3 inciso 4° y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Previo a indicar los fundamentos de su acción, refiere cumplir los requisitos para la interposición del presente recurso en cuanto a forma y plazo y luego expone en cuanto al fondo, que con fecha 14 de Diciembre de 2015, la Inspectora Comunal y la institución fiscal dictó el ordinario N°1516, sobrepasando sus atribuciones, determinando de oficio, la existencia de un litigio pendiente, que supone la suspensión del proceso de negociación colectiva y negándose con ello, certificar que han transcurrido más de veinte días de notificado el proyecto sin contestación por parte de la empresa, interpretación que importa que por la vía administrativa se establezcan derechos, no solicitados por las partes ni puestos en conocimiento y resolución de los Tribunales de justicia, como es la suspensión del proceso de negociación colectiva, coartando a su parte el legítimo derecho consagrado en la Ley de solicitar dicha certificación.

Agrega que la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, al resolver como lo hizo, lesiona la garantía constitucional de que es titular su representado y que se encuentra protegida por el recurso de protección, establecida en el artículo 19 N°3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, lo que hace procedente que dicho acto administrativo sea dejado sin efecto.

Indica que de lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta Fundamental, resulta que, los órganos del Estado, entre los que se encuentran la Dirección del Trabajo y las diversas Inspecciones que funcionan a lo largo del país, actúan válidamente sólo si lo hacen dentro del ámbito de sus competencias, no pudiendo arrogarse otras atribuciones distintas de aquellas que la Ley les señala, lo que es refrendado por lo indicado en el artículo 73 de la Constitución Política de la República, disposición que señala en su inciso 1° que la facultad jurisdiccional, es decir, la de conocer, resolver y ejecutar lo resuelto, es una atribución exclusiva y radicada exclusivamente en los Tribunales de Justicia.

Sostiene que las atribuciones de la Inspección del Trabajo, se encuentran establecidas en la normativa laboral que señala, artículo 2 del Código del Trabajo, en sus incisos primero y último, Decreto con Fuerza de Ley N°2 que contiene la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en su artículo 1° y el artículo 505 del Código del Trabajo.

Añade que de lo expuesto resulta que a la Dirección del Trabajo y a las diversas Inspecciones del país, la ley le otorgó facultades principalmente fiscalizadoras, que la habilitan para aplicar sanciones administrativas sólo cuando se encuentre frente a situaciones objetivas de infracción a las normas laborales. Facultades fiscalizadoras que pueden ser ejercidas a través de las diversas Inspecciones del Trabajo, comunales o provinciales, existentes a lo largo del país y no se extienden, por lo tanto, a la de interpretar hechos con consecuencia jurídica y a la de dar soluciones a controversias entre empleador y trabajador respecto a los mismos temas, porque de ser así, dicho organismo se estaría arrogando potestades propias y excluyentes de los Tribunales competentes en dichas materias, esto es, los Juzgados del Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, que señala que corresponde a éstos conocer de las cuestiones o controversias suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales, o bien, las derivadas de la interpretación de los contratos relacionados con el área laboral, con lo que queda en evidencia que la Dirección del Trabajo no puede extraer de hechos o circunstancias externas, cuya existencia o real alcance no se controvierte entre los propios involucrados, la conclusión en el sentido de determinar la existencia de una suspensión del proceso de negociación colectiva y fijar su sentido y alcance, como ocurrió en la especie.

Manifiesta que, de las normas legales citadas, se concluye que dentro de las atribuciones de la Dirección del Trabajo antes señaladas no existe ninguna que otorgue facultades de interpretación de contratos de trabajo, individuales o colectivos y menos situaciones de hecho sobre cuestiones judiciales y sin que exista controversia entre las partes.

Respecto del Ordinario cuestionado, afirma que la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado, actuó fuera del ámbito de sus facultades fiscalizadoras, pues no tenía la potestad para haber resuelto como lo hizo, toda vez que sólo se debió certificar que habían transcurrido más de veinte días desde la presentación del proyecto de contrato colectivo, sin que hubiera respuesta por parte del empleador, con los consecuentes derechos que señala el Código del Trabajo. Es por ello que se origina la interpretación que el ente administrativo efectúa respecto de una supuesta suspensión del proceso de negociación colectiva no decretada por el Tribunal del Trabajo competente y no solicitada por la contraparte, interpretación que la Ley entrega en forma exclusiva y excluyente a los Juzgados de Letras del Trabajo respectivos, ya que existe una controversia en la que debe existir un período de discusión, de rendición de pruebas y de la ponderación de éstas por el Juez competente, para ser resuelta conforme a derecho.

Señala, en resumen, que el Inspector Comunal y la entidad pública recurrida, al interpretar el estado procesal y con mayor razón, la suspensión de un proceso de negociación colectiva, está resolviendo sobre una materia que es privativa del conocimiento y decisión de los Tribunales de Justicia, lo que implica infringir el principio de bilateralidad y constituirse en una comisión especial, privando al recurrente, de un debido proceso jurisdiccional y de sus derechos entregados por el Código del Trabajo, vulnerando con ello el artículo 19 N°3 inciso 4° de la Constitución Política de la República.

Expresa que, por otra parte, niega a su parte los derechos que establece el artículo 332 del Código del Trabajo, causando con ello un grave perjuicio económico tanto a la organización como a sus afiliados, perturbando con ello su derecho constitucional de propiedad.

Cita jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en relación a la materia y solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y se ordene a la Inspección del Trabajo nombre reservado que deje sin efecto el ORD. 1516 del 14 de Diciembre del 2015 y en su lugar certifique que han trascurrido más de veinte días desde la presentación del proyecto de contrato colectivo, el cual fue recibido por la empresa y que el empleador no ha dado contestación, con las consecuencias establecidas en el artículos 332 del Código del Trabajo, con costas.

Acompaña a su presentación: Certificado de vigencia del Sindicato, emitido por la Dirección del Trabajo, en donde consta su representación y copia del Ordinario 1516, del 14 de Diciembre del 2015, emanado de la Inspección del Trabajo nombre reservado.

Que a fojas 29 informa al tenor del recurso doña nombre reservado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, solicitando su íntegro rechazo, con costas.

Previo a referirse al fondo de lo debatido, señala los presupuestos o requisitos que en forma copulativa deben concurrir para recurrir de protección, para luego indicar que las alegaciones de la contraria carecen de todo sustento jurídico y hacen ineficaz la acción constitucional ejercida, puesto que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios.

Define acto arbitrario como aquel que es fruto del capricho o de la sinrazón, señalando que no ha tenido lugar en este caso, ya que el ordinario N°1516 dictado por la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, que motivó el presente recurso, se dictó razonada y fundadamente. Luego precisa lo que entiende por acto ilegal, como aquel contrario a la Ley, para sostener que, el Ordinario N° 1516 de fecha 14 de Diciembre de 2015, que ha sido impugnado, no puede ser tildado de ilegal o arbitrario, toda vez que está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Servicio por el Código del Trabajo y demás leyes complementarias y fue razonado, argumentado y fundado conforme a derecho, como se aprecia claramente de su texto y redacción. La falta de arbitrariedad se manifiesta en que respecto del presupuesto de autos hay norma expresa que regula este tipo de situaciones, como es el artículo 507 en relación al artículo 329, ambos del Código del Trabajo. De este modo, a su juicio, es insostenible aseverar que el acto administrativo impugnado, sea producto de mero capricho de quien lo dictó y así las cosas, la acción cautelar invocada en autos, carece de objeto y causa, razón por la cual debe ser desechada por improcedente.

Agrega que, conforme al "Principio de Legalidad" o de "Juricidad", la Inspección del Trabajo, debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral (Artículo 503 y 505 ambos del Código del Trabajo) y en el caso sub lite, mediante el pronunciamiento del ordinario N° 1516 de fecha 14 de Diciembre de 2015, su representada actuó en ejercicio de sus facultades específicas, conferidas por las aludidas disposiciones legales y lo que persigue en definitiva la recurrente, es sólo impugnar el ordinario N°1516, legalmente pronunciado, por el sólo hecho de ser desfavorable a sus intereses, por lo que se colige inequívocamente que el presente recurso carece de objeto y causa, por lo que debe ser desechado de plano, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario en el proceder del Servicio.

Indica que, en el presente caso, con fecha 19 de Noviembre de 2015, el Sindicato de Trabajadores N°1 de MIMET, solicitó a la Inspección del Trabajo, notificar a su empleador, MIMET S.A, del proyecto de contrato colectivo de igual fecha, toda vez que el mismo se negó recibirlo argumentando que había un juicio pendiente en el cual el propio sindicato ya mencionado, era demandante, solicitando la declaración de la unidad económica de un grupo de empresas, en la que se encontraba MIMET S.A. Con la misma fecha, el funcionario dependiente del servicio, notificó a don nombre reservado, en representación de la empresa, del proyecto de contrato colectivo. Posterior a ello, el Sindicato de Trabajadores N°1 MIMET S.A., con fecha 10 de Diciembre de 2015, informó a la Inspección Comunal del Trabajo de San nombre reservado, que el empleador, empresa MIMET S.A., no ha respondido al proyecto de contrato colectivo señalando que en atención a ello, se deberá cumplir lo que señala el artículo 332 del Código del Trabajo.

Expone que, tomando en consideración lo ya descrito, teniendo en consideración el tenor del artículo 332 del Código del Trabajo y el artículo 507 del mismo cuerpo legal, específicamente su inciso 2°, se desprende que el legislador, previendo las dificultades que se suscitan en la praxis, durante el proceso de negociación colectiva, entre el empleador y trabajador, teniendo presente además la imperiosa necesidad de dilucidar in actum, dicho conflicto, puesto que de su pronta solución depende la efectiva protección laboral y en definitiva, la paz social, le ha entregado a la Dirección del Trabajo, la facultad de pronunciarse (más aun, cuando ha sido el propio sindicato el que mediante presentación por escrito, el que ha requerido la manifestación de dicho servicio), conforme a derecho, en lo que dice relación a este tipo de conflictos, por lo que en caso alguno, podrá afirmarse que la Inspectora Comunal del Trabajo de nombre reservado se ha constituido en una comisión especial, al resolver mediante Ordinario N°1516. La recurrente para arribar a la conclusión de la falta de competencia de la Inspección del Trabajo parte de un supuesto equivocado (que la autoridad administrativa, en síntesis, habría resuelto una materia propia del ámbito de los Tribunales de Justicia), llegando a conclusiones que no resultan pertinentes aplicar al caso que nos ocupa.

Señala que, por otro lado, el acto - ordinario N° 1516 - que por esta vía se pretende impugnar no presenta de modo alguno la característica de arbitrariedad, toda vez que ha sido dictado en cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 1° del DFL N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, obedeciendo su dictación, tal y como lo indica la materia de su encabezado, a un acto destinado a velar por el cumplimiento de la normativa, toda vez que, en la dictación del referido ordinario se han tenido a la vista una serie de hechos constatados. Asimismo, tampoco se desprende arbitrariedad de parte del funcionario en la dictación del Ordinario que se pretende dejar sin efecto, toda vez que el pronunciamiento del Servicio, fue requerido a solicitud de la misma parte que en este proceso sostiene que se han excedido sus facultades, lo cual resulta absolutamente contradictorio, si es el propio sindicato el que requiere la manifestación de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, y de ello resulta el sólo cumplimiento de la legislación laboral vigente, contenida en el artículo 12 la letra a) de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en relación a los artículos 332 y 507 del Código del Trabajo y si la actuación de la Inspección hubiese sido diferente, habría representado una falta al deber básico de respetar las instrucciones emanadas de la superioridad del Servicio.

Refiere que luego de todo lo analizado, se aprecia que el acto administrativo que ha motivado el presente recurso de protección se enmarca dentro de la competencia que la Ley claramente atribuye a toda Inspección del Trabajo para conocer de un hecho como el presente, y luego, en base a los antecedentes pertinentes debidamente ponderados, pronunciarse respecto de él y las actuaciones administrativas, como las que se discuten en esta sede de protección, no tienen el carácter de acto jurisdiccional, puesto que pueden ser revisadas a posteriori por el Juez competente, de suyo entonces, no gozan del carácter de cosa juzgada, de donde se aprecia con nitidez la improcedencia del argumento del recurrente en cuanto a fundar su recurso en la afectación de la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 4°, de la Constitución.

Expresa, en relación a la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República que el Ordinario, que motivó este Recurso de Protección, no viola de ninguna forma dicha garantía, al no amenazar el derecho de propiedad del recurrente, ya que el derecho de propiedad asegura a los particulares la posibilidad jurídica de usar, gozar y disponer sobre toda clase de bienes, sean corporales e incorporales, siempre y cuando, el uso, goce y disposición de dicho derecho, se realice conforme a la Ley, por lo que, para ser afectado un derecho garantizado por nuestra Constitución, éste no puede ser ejercido vulnerando las normas legales.

En subsidio, informa en relación a la causa que se tramitó en el Juzgado de Letras del Trabajo de San nombre reservado bajo el RIT O-321-2015, RUC15-4-RUT reservado, causa en la que a la fecha de presentación de este informe, no existe sentencia ejecutoriada a su respecto.

Expone que, paralelo a todo ese procedimiento judicial laboral descrito, con fecha 17 de noviembre del 2015, la empresa MIMET.S.A., representada por don nombre reservado, presenta a la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, una copia del comunicado que informa la suspensión del proceso de negociación colectiva, relacionado al contrato colectivo vigente de la empresa-periodo 01 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2015- el cual, se ha publicado en toda la empresa con la misma fecha de dicha presentación. En el mismo sentido, informa que paralelamente al acto de publicación del documento antes señalado, la empleadora se habría reunido con los Dirigentes del Sindicato N°1 MIMET, a los que se les comunicó la suspensión del proceso conforme lo indica el artículo 507 inciso 1° del Código del Trabajo. (Adjunta documento que habría sido el estampado en toda la empresa). Posterior a ello, con fecha 19 de Noviembre de 2015, el Sindicato de Trabajadores N°1 MIMET S.A., solicitó a ese Servicio, notificar al empleador MIMET S.A., toda vez que se habría negado a recibir el proyecto de contrato colectivo, argumentando que hay un juicio pendiente por unidad económica. Pues bien, en consideración a la petición formulada por el Sindicato, es que el Servicio con fecha 19 de Noviembre, notificó a la empresa, a través de su represente legal don nombre reservado, al que se le entrega copia del contrato colectivo, pero se niega a firmar el acta de notificación, señalando "No firma por causa suspendida en virtud de dictamen N° 3406/054 del 03.09.2014 y según carta remitida a la Inspección del Trabaja el 17.11.2015".

Con fecha 10 de Diciembre de 2015, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todos en representación del Sindicato ya aludido, realizan una presentación a la Inspección Comunal del Trabajo de nombre reservado, comunicando a la misma que vencido el plazo el día 4 de Diciembre de 2015, y según lo establece el artículo 329 del Código del Trabajo el empleador MIMET S.A. no ha respondido al proyecto de contrato colectivo. En consideración a ello y no habiendo un acuerdo respecto a una prorroga entre las partes, se deberá cumplir lo establecido en el artículo 332 del Código del Trabajo. En ese sentido solicitan se tenga por aceptado el proyecto presentado por la organización, ya que el empleador no había dado respuesta al vigésimo día de presentado el proyecto.

Concluye que la Inspectora Comunal del Trabajo de nombre reservado, en el ejercicio de sus funciones, no se ha arrogado facultad jurisdiccional alguna, toda vez que el ordinario, que por medio de este recurso, se pretende dejar sin efecto, se ha ajustado absolutamente a la normativa laboral vigente, verificando una situación clara, precisa y determinada de incumplimiento laboral, procediéndose a cursar la respectiva sanción administrativa, en conformidad a la doctrina de la Dirección del Trabajo y al mandato legal, no habiendo afectación ni aún en grado de amenaza de los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que la acción deberá ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación, la siguiente documentación: a) Copia de demanda de procedimiento de aplicación general, materia declaración de unidad económica cuyo demandante es nombre reservado, presidente del Sindicato N°1 de MIMET S.A. RIT O-321-2015, caratulada "nombre reservado CON MIMET LIMITADA" del Juzgado de Letras del Trabajo de San nombre reservado. b) Copia de acta de audiencia de juicio de procedimiento ordinario, de fecha 05 de Octubre de 2015 de causa RIT O-321-2015 caratulada "nombre reservado CON MIMET LIMITADA", del Juzgado de Letras del Trabajo de San nombre reservado. Copia de carta enviada por nombre reservado, en representación de empresa MIMET S.A. a la Inspección del Trabajo de fecha 17 de Noviembre de 2015, con copia de comunicado de suspensión de plazos y efectos del proceso de negociación colectiva. c) Copia de presentación enviada al Inspector Comunal del Trabajo enviada por Sindicato de Trabajadores N°1 MIMET S.A., indicando la composición de la comisión negociadora y copia de contrato colectivo, todo de fecha 19 de Noviembre de 2015. d) Copia de solicitud enviada por don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado a la Inspectora Comunal del Trabajo, de fecha 19 de Noviembre de 2015. e) Copia de acta de notificación de proyecto de contrato colectivo de fecha 19 de Noviembre de 2015; f) Copia de presentación enviada por don nombre reservado y nombre reservado a la Inspectora Comunal del Trabajado nombre reservado, de fecha 07 de Diciembre de 2015; g) Copia de presentación enviada por don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado al Inspector Comunal del Trabajo San nombre reservado, de fecha 10 de Diciembre de 2015. h) Copia de certificado de causa ROL INGRESO CORTE N° 335-2015 REF.LABORAL de la Corte de Apelaciones de San nombre reservado, de fecha 02 de Noviembre de 2015; i) Copia de Ordinario N°1516, de fecha 14 de Diciembre de 2015, con acta de notificación de la misma fecha; j) Copia de ordinario N° 3406/054 de fecha 03.09.2014.

Que a fojas 56 la recurrente hace presente que la recurrida, al negarse a certificar, tal como lo señala en su Ordinario 1516 de fecha 14 de Diciembre de 2015, está dejando de cumplir con el mandato legal que le impone la Constitución Política de la República en su artículo 6, en relación con el D.F.L. N°2 del año 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, que en su artículo N°1 letra a), le entrega expresamente la función de fiscalización de la aplicación de la legislación laboral.

Agrega que el argumento esgrimido por la recurrida en el citado Ordinario, en el sentido de existir un proceso judicial pendiente (ante el Juzgado de Letras del trabajo de San nombre reservado, causa RIT: 0-321-2015), en la actualidad no tiene sustento, pues dicho proceso ha concluido por resolución que se encuentra firme y ejecutoriada, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por las demandadas sobre la resolución que acogió el desistimiento de la demanda, ya fue resuelto por esta Corte, que con fecha 21 de Enero de 2016, confirmó la resolución apelada, encontrándose también firme y ejecutoriada esta última resolución. Por esta razón, el recurrente formuló nuevamente la misma petición a la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, el pasado 03 de Febrero de 2016, no habiendo emitido pronunciamiento a la fecha y que consultada el 09 de Febrero de 2016, señalaron que los antecedentes estaban en estudio de sus abogados para elaborar una respuesta porque el tema es complicado. Lo que permite pensar que se mantendrán en su negativa y continuarán siendo afectados los derechos de los trabajadores pertenecientes al sindicato.

Y considerando:

Primero: Que para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Segundo: Que, atendido lo anterior, debe analizarse si el acto que se reprocha a la Inspección Provincial del Trabajo, nombre reservado, dictación del Ordinario N°1516 de 14 de Diciembre de 2015, constituye un acto arbitrario o ilegal.

Tercero: Que conforme a los antecedentes reunidos se ha logrado establecer:

a) Que el 19 de Noviembre de 2015, el Sindicato de Trabajadores N°1 de MIMET solicitó a la Inspección del Trabajo, notificar a su empleador, Mimet S.A., del proyecto de contrato colectivo de igual fecha, pues éste se negó a recibirlo argumentando que había un juicio pendiente, en el que el Sindicato demandante solicitó la declaración de unidad económica de un grupo de empresas, en la que se encontraba Mimet S.A.. Con esta misma fecha se notificó a don nombre reservado, en representación de la empresa, del proyecto de contrato colectivo.

b) Solicitud del recurrente de fecha 10 de Diciembre de 2015, a fin que la Inspección Comunal del Trabajo se pronuncie respecto a no haberse dado respuesta al proyecto de contrato colectivo por el empleador, todo ello en cumplimiento al artículo 332 del Código del Trabajo.

c) Ordinario N°1516 de 14 de Diciembre de 2015 dirigido por la Sra. nombre reservado a los Srs. nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, Integrantes de la Comisión Negociadora del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Mimet S.A. Montanari Industrial Metalúrgica, en el que se informa que existe demanda por “declaración de unidad económica” contra la empresa Mimet S.A. y otra, causa RIT 0.321-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo de San nombre reservado, deducida con fecha 15 de Mayo de 2015, causa que se encuentra en tramitación con recurso de apelación pendiente, estimándose que por no existir sentencia ejecutoriada al respecto, el proceso judicial se encuentra subsistente, motivo por el cual no se emitirá certificado alguno ni se fiscalizará por las razones expuestas.

Cuarto: Que la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema ha sostenido que el artículo 2º del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios. Esta última labor le corresponde cautelar, en representación del Estado, a la Dirección del Trabajo y en su virtud, especialmente en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.

Quinto: Que el artículo 332 del Código del Trabajo señala: “Si el empleador no diere respuesta oportunamente al proyecto de contrato, será sancionado con una multa ascendente al veinte por ciento de las remuneraciones del último mes de todos los trabajadores comprendidos en el proyecto de contrato colectivo.

La multa será aplicada administrativamente por la Inspección del Trabajo respectiva, en conformidad con lo previsto en el Título II del Libro V de este Código.

Llegado el vigésimo día de presentado el proyecto de contrato colectivo, sin que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo prórroga acordada por las partes de conformidad con el inciso segundo del artículo 329”.

Por su parte el artículo 505 inciso primero del Código del Trabajo establece que “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”.

A su vez el artículo 507 incisos primero y segundo de dicho Código señala que “Las acciones judiciales derivadas de la aplicación del inciso cuarto del artículo 3° de este Código podrán ser ejercidas por las organizaciones sindicales o trabajadores de las respectivas empresas que consideren que sus derechos laborales o previsionales han sido afectados.

Estas acciones podrán interponerse en cualquier momento, salvo durante el período de negociación colectiva a que se refiere el Capítulo I del Título II del Libro IV de este Código; si el procedimiento judicial iniciado sobrepasa la fecha de presentación del proyecto de contrato colectivo, los plazos y efectos del proceso de negociación deberán suspenderse mientras se resuelve, entendiéndose para todos los efectos legales prorrogada la vigencia del instrumento colectivo vigente hasta 30 días después de ejecutoriada la sentencia, día en que se reanudará la negociación en la forma que determine el tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.”

Sexto: Que de la manera señalada y conforme a la normativa reseñada en el considerando anterior, no es razonable sostener que la Fiscalizadora a través del ordinario N°1516 de 14 de Diciembre de 2015, se haya excedido en sus atribuciones, puesto que al dictaminarlo lo ha hecho dentro de su facultad de verificar el cumplimiento de la normativa laboral, cumpliendo de esta forma con una obligación que esta misma Ley le impone y cuyo objeto es precisamente tutelar el cumplimiento de la legislación laboral, lo que en ningún caso ha significado una interpretación, como alega el recurrente.

Que al obrar de esta manera la Fiscalizadora, señora nombre reservado, no ejecutó labores propias de un Tribunal, sino que lo hizo dentro de sus facultades administrativas.

Séptimo: Que de lo reflexionado precedentemente aparece de manifiesto que la recurrida no incurrió en una actuación ilegal que perturbe la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº3 inciso 4º de la Constitución Política de la República, en orden a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el Tribunal que señale la Ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, toda vez que la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado al dictar el acto administrativo lo ha hecho conforme a la competencia que la propia Ley le ha otorgado, actuación que no tiene el carácter de acto jurisdiccional.

Octavo: Que, así las cosas, resulta que el Ordinario N°1516 dictado por la Inspectora Comunal doña nombre reservado, de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado, corresponde a actos realizados dentro las atribuciones que le confiere el artículo 507 del Código del Trabajo, motivo por el cual, estos sentenciadores rechazarán el recurso de protección intentado.

Noveno: Que finalmente el derecho de propiedad tampoco ha sido vulnerado ya que los recurrentes no han sido despojados de ningún bien corporal o incorporal de su propiedad, teniendo sólo una mera expectativa de obtener un incremento económico dependiendo ello del resultado de la negociación colectiva.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto a fojas 1 por don nombre reservado, en su calidad de Presidente y representante del Sindicato de Trabajadores N° 1 de MIMET S.A.

Redacción de la Ministro señora Adriana Sottovia Giménez.

Anótese, regístrese y archívese.

Rol N° 1809-2015 – PROT.

Pronunciada por las Ministros Sra. María Soledad Espina Otero, Sra. Adriana Sottovia Gimenez y Abogado Integrante Sr. Carlos Espinoza Vidal.

San nombre reservado, quince de febrero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.