nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

San Miguel, nueve de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales, de 23 de abril de 2025, acto que estima vulnera los derechos consagrados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó a través del portal web de la recurrida la devolución de sus fondos previsionales, al amparo de la Ley N°18.156. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada en atención a que no se acompañaron antecedentes suficientes que permitieran dar por cumplidos los requisitos exigidos por la normativa legal vigente, ya que no se acompañó certificación emitida por la propia entidad previsional que de cuenta de la afiliación a dicha institución, debidamente apostillada, junto al documento que acredite la calidad de técnico, a lo menos, también apostillado.

Sostiene que la decisión de la AFP constituye un acto desproporcionado y formalista que vulnera sus derechos fundamentales ya que ha dado cabal cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley Nº18.156, siendo procedente el retiro de los fondos previsionales.

Pide que se acoja el presente recurso en los términos descritos.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado Cristóbal Ramírez Puyol, en representación de la AFP recurrida solicitando el rechazo del mismo.

La administradora sostiene que el recurso de protección no es procedente en este caso, ya que no existe una vulneración de derechos constitucionales, sino un cumplimiento estricto de la normativa vigente. Explica que la devolución de fondos solo es posible si el solicitante acredita su afiliación a un sistema previsional extranjero mediante un documento válido y debidamente legalizado o apostillado, conforme a la legislación chilena.

Refiere que la documentación presentada, no era suficiente para proceder a la devolución de sus fondos previsionales, por “No acompañar certificado de régimen previsional de su país de origen, vigente, firmado y debidamente legalizado o apostillado.” En cuanto a la “Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS”, señala que dicho documento es emitido directamente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no tiene firma ni apostilla o legalización, lo que lo hace inadmisible según la normativa chilena.

Añade que la Ley N°18.156 exige que el trabajador extranjero presente documentación que acredite su afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero y que esta documentación esté legalizada o apostillada, el Código de Procedimiento Civil chileno (artículos 345 y 345 bis) establece que todo documento público extranjero debe ser legalizado o apostillado para tener validez en Chile y la Superintendencia de Pensiones ha reiterado en distintos dictámenes que los fondos solo pueden devolverse si el afiliado cumple con todos los requisitos legales.

Concluye que en el caso particular no hay vulneración del derecho de propiedad del recurrente, ya que sus fondos no le han sido expropiados ni confiscados. Simplemente, no ha cumplido con los requisitos exigidos para acceder a la devolución excepcional.

Además, sostiene que la normativa aplicable es igual para todos los afiliados extranjeros, por lo que no hay discriminación en el trato recibido por el recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que La Ley N° 18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia de Afiliación al IVSS”, que fue considerada insuficiente para acreditar dicha calidad. Asimismo, presentó documentación no legalizada ni apostillada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. La situación del país de origen del actor no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 1805-2025-Protección.