nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE SAN BERNARDO

Certifico que se anunciaron, escucharon relación y alegaron en la Cuarta Sala, por el recurso la abogada doña Yadira Ñanco Núñez, y contra el mismo el abogado don Juan Pablo Pino Collipal. San Miguel, 7 de septiembre de 2023. Diego Muñoz Gaete, relator.

San Miguel, siete de septiembre de dos mil veintitrés.

A los folios 17 y 18: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que los abogados Eduardo Montalva Pérez y Yadira Ñanco Núñez en representación de nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponen acción de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, representada legalmente por nombre reservado, y en contra de nombre reservado, en su calidad de fiscal del sumario administrativo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de la medida de suspensión preventiva de sus funciones docentes, acto que estima vulnera las garantías establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que desde junio de 2022 la persona en cuyo favor recurren se desempeña en el cargo de Director Subrogante de la Escuela Alemania D-774 de la comuna de San Bernardo.

Agregan que el 28 de septiembre de 2022, se presentó una denuncia en su contra por presunto acoso y maltrato laboral por parte de la educadora de párvulo del establecimiento doña nombre reservado, la que en síntesis imputa el mal estado de los baños de prebásica, el incumplimiento de protocolos COVID, un accidente producto del mal estado del portón del establecimiento, cuestionamientos a su horario de salida, falta de apoyo en la recepción de los niños al ingreso, falta de facilidades para acudir a los baños, entre otros. Sobre esa base indica que su salud física y psíquica se ve afectada ya que además desde el 2021 está en tratamiento por sobrecarga laboral en la Asociación Chilena de Seguridad que ha determinado el carácter laboral de sus dolencias.

Afirman que la investigación por tales hechos se inició mediante la Resolución N°538/2022 de 27 de octubre de 2022, mediante la cual el secretario de la Corporación ordenó instruir una investigación sumaria, sin perjuicio de lo cual el 6 de diciembre de 2022, mediante la Resolución Nº1574/2022 se ordenó́ elevar la investigación sumaria a sumario administrativo.

Indican que el 3 de mayo de 2023 el fiscal a cargo del caso le comunicó la suspensión preventiva de sus labores y funciones, prohibiéndole el ingreso al establecimiento y a dependencias de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo.

Argumentan que tal decisión se adopta sin que se señale si existe afectación a la comunidad escolar y sin considerar los hechos descritos por la denunciante que se refieren a problemas internos entre ella y autoridades o colegas del colegio. Asimismo indica que han transcurrido siete meses del inicio del procedimiento sin que se le haya citado o se le haya permitido tener acceso al expediente.

Puntualizan que parte de los hechos denunciados dicen relación con una sobrecarga laboral que es anterior al inicio de funciones como director por parte del recurrente.

En cuanto a las garantías constitucionales citan el artículo 19 Nº3 inciso 6 de la Constitución Política y denuncia que se le está aplicando una sanción que no le es aplicable.

Expresan que le resulta aplicable el estatuto docente contenido en la Ley N°19.070, en particular el artículo 71 refiere que a los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias. Entiende que en ese marco sólo se contemplan dos causales de desvinculación en relación a la conducta del trabajador, las establecidas en los literales b) y c) del artículo 72, del referido texto, en relación a la falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone su funciones.

Entienden que el caso del recurrente se enmarca en el literal b) el cual exige para dar por acreditada la causal que se establezca “fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N° 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”. De esta norma desprende que en su caso no resultan aplicables las sanciones establecidas en el artículo 120 y siguientes del Estatuto Administrativo, teniendo además presente que se encuentra en la fase inicial del sumario administrativo.

Sostienen que en definitiva el Fiscal sólo puede aplicar como sanción el término de la relación laboral fundada en la Ley N°18.883 y no puede establecer las sanciones o medidas preventivas de suspensión de sus funciones o la prohibición de ingresar a todos los establecimientos de educación de la comuna, lo que estiman ilegal y arbitrario.

Asimismo denuncian vulneración a la garantía de igualdad ante la ley ya que desde que se presentó la denuncia no se le han formulado cargos al actor, transcurriendo siete meses en los cuales se ha mantenido en incertidumbre, sin perjuicio de ello se le aplicó una medida disciplinaria.

Por lo anterior solicitan que se deje sin efecto las medidas de suspensión preventiva de sus funciones, la de prohibición de ingreso al establecimiento educacional y la prohibición de ingreso a las dependencias de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, con costas.

Segundo: Que comparece el abogado Juan Pablo Pino Collipal en representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo y nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción cautelar.

Luego de citar los artículos 129 y 134 de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y los artículos 1 y 72 b) de Ley N°19.070 sobre Estatuto Docente, indica que en tal contexto normativo se inició un proceso de investigación por los hechos denunciados descritos por el recurrente en su libelo.

Argumenta que ante la gravedad de la denuncia era deber de la administración iniciar un proceso investigativo, la que desde el 6 de diciembre de 2022, tuvo el carácter de sumario administrativo, fundado en que en opinión de la fiscal a cargo se requerían mayores plazos para diligencias, la gravedad de la denuncia y la eventual necesidad de aplicar una medida preventiva.

Expresa que las medidas preventivas se encuentran reguladas en el artículo 134 de la Ley N° 18.883 que señala: “En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva.”

Alega que de las resoluciones emanadas de la Secretaria General de la Corporación se desprende que se no se trata de actos antojadizos o carentes de fundamento, sino que tuvo como motivación una denuncia grave, la que le permite al fiscal aplicar las normas contempladas entre los artículos 127 al 143 de la Ley N°18.883.

Arguye que el artículo 72 letra b) únicamente refiere o limita la aplicación de las normas de la ley 18.883 en esta materia, bajo el estándar “en lo que fuera pertinente”, lo que a la luz de lo expuesto en las citadas resoluciones se cumple pues la aplicación de la medida preventiva responde a un secuencia de hechos, que determinaron los fiscales que conocieron el sumario.

Indica que la designación del fiscal se realizó mediante la resolución de 26 de abril de 2023, y una vez aceptado el cargo utilizó las herramientas que la ley contempla aplicando la medida preventiva de suspensión del profesional mientras dure la investigación.

En cuanto a las garantías referidas por el recurrente niega la existencia de vulneraciones ya que la decisión cuestionada se adoptó en el marco un procedimiento reglado, que otorga a los funcionarios designado como fiscales sumariantes herramientas como la posibilidad de dictar medidas preventivas mientras dure la investigación, las cuales se encuentran fundadas y responden a los hallazgos y necesidades que cada fiscal he encontrado en su investigación.

Agrega que si bien la investigación se inició en octubre de 2022, no es hasta mayo de 2023 que se aplica una medida preventiva en el proceso sumarial, lo cual difícilmente puede considerarse como vulneratorio de alguna garantía constitucional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para una acertada decisión de la acción deducida, cabe precisar que el recurrente califica de arbitraria e ilegal la resolución de 3 de mayo de 2023, suscrita por el fiscal del sumario administrativo, que dispuso la suspensión preventiva de las funciones del recurrente, la prohibición del ingreso al establecimiento Escuela Alemania D-774 y a dependencias de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, mientras se desarrolla el procedimiento investigativo seguido en su contra.

Quinto: Que, según se desprende de los antecedentes, el fiscal instructor del referido sumario ha dictado el acto reprochado de suspensión preventiva de funciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales y fundado en los antecedentes recopilados en la respectiva indagatoria; acto de carácter preventivo y sin un sentido definitivo y sancionatorio, el que fue notificado por el ministro de fe nombrado al efecto, dando cumplimiento con ello a la normativa que rige esa clase de medida cautelar.

Sexto: Que, junto a lo anterior, es importante destacar que lo obrado por la recurrida constituye un “acto trámite”, esto es, dictado en un procedimiento pendiente y sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva acerca de la responsabilidad administrativa de algún sumariado. En ese carácter, obsta a la revisión que es propia de esta vía cautelar, la cual está concebida para operar en base a la protección de derechos indubitados del recurrente, cuestión que no se aprecia en la especie, dadas las circunstancias antes referidas.

Séptimo: Que, en consecuencia, la suspensión de funciones decretada por el fiscal instructor recurrido en autos ha sido dictada por el órgano competente, en uso de sus facultades legales y en un procedimiento actualmente pendiente, no avizorando esta Corte un actuar ilegal en este caso que vulnere las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso de protección interpuesto será desestimado.

Que lo anterior no se ve interferido por la alegación de la recurrente en el sentido de ser improcedente cualquier suspensión de funciones a quien, como el recurrente, le es aplicable el artículo 72 del Estatuto Docente, que hace improcedente tal medida disciplinaria en un caso como el de la especie. Lo anterior, toda vez que la determinación cuestionada en el recurso tiene un alcance y finalidad cautelar, esto es, no importa una sanción disciplinaria que ponga término a un procedimiento, sino, como se dijo más arriba, que su naturaleza dice relación con la instrumentalidad que una cautela como la que se ha dispuesto representa para el normal funcionamiento del servicio o establecimiento al que pertenece el sumariado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo y de nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°1786-2023 Protección