nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON

C.A. de San Miguel Certifico que se anunció y alegó en la Segunda Sala, contra el recurso de protección el abogado Braulio Palma. San Miguel, 28 de mayo de 2024. Andrea Roman Bravo, relatora.

San Miguel, veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro.

A los escritos 15 y 16: Téngase presente.

Al folio 17: Atendido lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar en la forma solicitada, por extemporáneo.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, que dispuso un sumario administrativo en su contra, y dictó los Decretos Alcaldicios N° 43 del 9 de enero de 2024 y N° 440 del 13 de febrero de 2024, por constituir dichos actos una perturbación y amenaza de las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s 2, 3 y 16 de la Carta Fundamental.

Expone que el acto ilegal y arbitrario consiste en la dictación del Decreto Alcaldicio N˚ 440 del 13 de febrero de 2024 el que conoce el 2 de marzo de 2024, al regresar a Chile luego de sus vacaciones, el cual rechaza el recurso de reposición que interpone, y mantiene a firme la sanción de suspensión del empleo por tres meses con goce de un cincuenta por ciento de la remuneración, la cual lleva implícita seis anotaciones de demerito en su hoja de vida.

Refiere que el 22 de enero de 2019 inicia sus funciones en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Ramón, como profesional a contrata grado 8°, conforme lo establece la Ley N˚18.883, asumiendo como Secretario Municipal Suplente y luego como abogado de la Dirección Jurídica.

Agrega que en el mes de enero de 2022 se realiza un concurso público para proveer el cargo de Secretario Municipal en calidad de titular, proceso en que quedaron solo cinco postulantes, obteniendo la mayor puntuación en el examen curricular y en la prueba psicológica, no siendo seleccionado, por lo que renunció voluntariamente a contar del día 1 de julio de 2022, luego el 2 de diciembre de 2022, tomó conocimiento formal de un decreto que ordenaba un sumario en su contra, a través de notificación realizada en su nuevo lugar de trabajo, cinco meses después de haber dejado la Municipalidad de San Ramón.

Indica que el sumario, tuvo su origen en una denuncia anónima en la Contraloría General de la Republica, señalando que durante la realización de un diplomado, del cual era alumno regular, habría realizado salidas no autorizadas, y recibido pagos de horas extras durante el año 2019, ya que, mientras asistía a clases en Santiago Centro, habría vuelto a marcar su salida en el reloj control municipal, recibiendo por ello, un pago irregular por concepto de horas extraordinarias.

Señala además que contaba con la autorización de su jefatura directa y la autoridad edilicia de la época, no existiendo pagos de horas extraordinarias, sino más bien, una compensación de horas autorizadas, las cuales nunca excedieron de 45 minutos ciertos días del año 2019.

Precisa que los sumarios administrativos cuentan con una regulación de plazos de carácter estricto, el plazo de 20 días hábiles administrativos se quebranta, y sólo tiene movimiento, cuando el señor nombre reservado, Secretario Municipal titular de la Municipalidad, actuando como Director Jurídico subrogante, impulsó la reapertura del sumario, a través del memorándum N˚ 515 de 30 de septiembre de 2022. Advierte que el nombramiento del señor nombre reservado como como Secretario Municipal ha sido cuestionado, ya que no se respetó el resultado de las evaluaciones de postulación, particularmente en la evaluación psicológica, en que quedó en tercer lugar.

Manifiesta que el señor nombre reservado busca perjudicarlo, ya que en la mencionada evaluación, él tenía la mejor postulación, siendo necesario reactivar este sumario, pasando por alto los plazos legales, desatendiendo su renuncia aceptada por el Alcalde Toro Quintana.

Agrega que una vez designado el nuevo fiscal de la investigación lo notificaron en su nuevo lugar de trabajo, cursando una citación, sin embargo, al no ser funcionario municipal, debió haber sido “invitado” a prestar declaración. Argumenta que al fiscal le basto su inasistencia y la declaración de una sola testigo, para formular cargos y considerar que existe una falta a la probidad.

Explica que la formulación de cargos en su contra fue realizada el 20 de enero de 2023, el 23 de febrero del mismo año efectuó sus descargos, solicitando diligencias básicas como la revisión de los memorándums de la Dirección Jurídica, y la declaración de testigos que conocían su situación y en enero de 2024 es notificado de la sanción de suspensión de tres meses con baja de sueldo, lo que equivale a seis anotaciones de demerito, lo que tiene consecuencia directa en su vida personal y laboral.

Menciona que el acto administrativo terminal contraviene el artículo 145 de la Ley N° 18.883, denominado Estatuto Administrativo Municipal, debido a que su renuncia nunca se retuvo, nunca fue informado formalmente de la existencia del sumario, fue aceptada de plano, y pasados cinco meses de terminada su relación contractual tuvo noticia formal de que existía un sumario.

Arguye contravención al artículo 154 de la Ley 18.883, al haber transcurrido cuatro años y tres meses, contados desde el último hecho reprochable en su contra (noviembre de 2019), hasta la dictación del Decreto Alcaldicio que aplica la sanción, encontrándose la acción disciplinaria prescrita. Asimismo indica contravención al artículo 133 de la Ley 18.883, iniciándose el sumario por instrucción de la Contraloría General de la República, mediante Decreto Alcaldicio N˚ 650 de 11 de mayo de 2022, por lo que debió haber concluido originalmente el 8 de junio de 2022, considerando el plazo legal máximo que señala la norma, esto es, 60 días hábiles administrativos, precluyó el 5 de agosto de 2022.

Solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene dejar sin efecto el sumario administrativo, y los Decretos Alcaldicios N° 43 del 9 de enero de 2024 y N° 440 del 13 de febrero de 2024.

Segundo: Que evacúa informe al tenor del recurso, Braulio Palma Reglá, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, solicitando se rechace la presente acción constitucional de protección, con costas.

Refiere que el recurrente interpone el presente recurso el 1 de abril de 2024, señalando que toma conocimiento del acto que impugna, el Decreto Alcaldicio N°440 de 13 de febrero de 2024, el día 2 de marzo de 2024, aduciendo un supuesto regreso de vacaciones, acompañando un ticket aéreo del día 23 de febrero de 2024 y una copia del correo electrónico enviado por el señor Fiscal del Sumario N°650 de 2022 al recurrente, notificándole del decreto Alcaldicio a la casilla electrónica correo reservado, la que fue fijada con anterioridad en su recurso de reposición.

Previene que la notificación se perfecciona con el envío del correo electrónico, por lo que el presente recurso se encontraría fuera de plazo, ya que el señor nombre reservado tomó conocimiento de los hechos, el 23 de abril de 2024, al recibir en su casilla de correo personal –y fijada por el mismo en el proceso- el acto supuestamente ilegal y arbitrario, expirando el plazo de 30 días corridos el 24 de marzo de 2024, por lo que se debe rechazar de plazo el presente recurso, por extemporaneidad.

En cuanto al fondo, señala que la Contraloría General de la República, en virtud de lo señalado en su oficio N° E208140/2022, que implica un incumplimiento de las obligaciones funcionarias, ordena al municipio iniciar el sumario administrativo correspondiente, el que concluye con la dictación del Decreto Alcaldicio N°43 de 9 de enero de 2024, el que tuvo por probada la participación de don nombre reservado, como autor, en grado consumado, en los hechos consistentes en efectuar un mal uso de la jornada laboral, al haber marcado su salida anticipada los días 15 de mayo, 7 de agosto, 15 de octubre y 7 de noviembre, todos de 2019; haber realizado el marcaje de salida desde la municipalidad aun encontrándose en clases los días 9 y 16 de abril y 30 de junio, todos de 2019; haber marcado su salida desde la municipalidad después de término de clases y de la jornada laboral, respectivamente los días 26 de julio, 14 de agosto, 20 de agosto, y 27 de agosto, todos de 2019.

Destaca que las circunstancias de haberse comprobado por el señor Fiscal los hechos materia del sumario administrativo y haberse aplicado la medida disciplinaria correspondiente por existir responsabilidad administrativa derivada de dichos hechos por la autoridad edilicia, implican necesariamente el ejercicio de facultades exclusivas por parte de la administración municipal, esto es, la llamada potestad disciplinaria.

Añade que no existió acto ilegal y arbitrario en la dictación del decreto N°440 de 13 de febrero de 2024 y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 145 de la Ley 18.883, la renuncia voluntaria no tiene efectos sobre la tramitación de un sumario que tuvo como origen un acto administrativo anterior al acto de renuncia. Lo que está contemplado en el artículo 153 letra b) de la citada norma.

Respecto a la prescripción, que en definitiva el recurrente aclara que se refiere a la extemporaneidad, dice que la acción de protección no es la vía idónea para solicitar la prescripción extintiva de un acto administrativo, sino que, debe ser solicitada, en el marco de un juicio declarativo, en los tribunales ordinarios y el efecto de la suspensión de la prescripción por la formulación tiene un plazo de dos años.

Expresa que por no existir acto ilegal o arbitrario que conculque las garantías constitucionales aducidas por el recurrente el presente recurso debe ser rechazado, con costas, por extemporáneo e improcedente, al faltar uno de los requisitos esenciales de la acción de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza tutelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que en relación a la extemporaneidad alegada, del mérito de los antecedentes consta que el recurrente justificó mediante la documental acompañada en autos, que salió del país el 23 de febrero de 2024, regresando al día 2 de marzo del año en curso, por lo que habiéndose interpuesto el presente recurso el 1 de abril de 2024 se colige que fue presentado dentro de plazo, por lo que se rechaza la extemporaneidad alegada por la recurrida.

Quinto: Que, respecto al fondo de la acción cautelar, se tiene presente que el sumario ordenado por el Municipio ha sido tramitado en conformidad a la Ley N° 18.883, siendo los actos dictados por la autoridad competente y dentro de sus facultades, en un procedimiento legalmente sustanciado con las formalidades correspondientes, no logrando acreditarse las imperfecciones que se denuncian en la tramitación del recurso, por lo que no se evidencia algún acto arbitrario e ilegal que afecte las garantías constitucionales denunciadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la extemporaneidad alega por la parte recurrida.

II.- Que en cuanto al fondo, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Ramón.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°1766-2024 Protección