Protección contra la I

Foja: 71 Setenta y Uno San Miguel, a cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS A fojas 11 comparece don nombre reservado quien recurre de protección en contra de la I. Municipalidad de Puente Alto, representada por su Alcalde. Señala que fue contratado a honorarios por la recurrida en enero de dos mil ocho para desempeñarse como “Apoyo operativo para el Programa de Emergencia” y, que año a año se le renovó el contrato, siendo la última renovación por Decreto N° 2 de fecha dos de Enero de dos mil catorce pero prestando funciones de “Apoyo Operativo para el cuidado de Espacios Públicos para el Programa de Seguridad Humana”. Alega que por Decreto Alcaldicio N° 100 de treinta y uno de Marzo del año en curso, se dispuso poner término a su contrato a contar del tres de Marzo de este año y, que dicho decreto no se le ha notificado formalmente, contrariando por una parte lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado que señala que tales Actos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de Terceros e infringiendo, por otra parte, el artículo 46 del mismo cuerpo legal en cuanto establece que los Actos Administrativos de efectos individuales deben ser notificados a los interesados y solo producirán efectos jurídico desde su notificación o publicación. Que no encontrándose acreditado que el Decreto que puso término a su contrato haya sido notificado, no tiene efecto legal, es nulo absolutamente. Refiere que posteriormente por carta recibida en su domicilio y fechada al dos de junio de dos mil catorce se le comunicó que por Decreto N° 100 de 31 de Marzo de 2014 se pone termino al contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 2 de enero de 2014. Concluye que han sido menoscabados sus derechos constitucionales, específicamente el consagrado en el art 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad de trabajo y su protección y solicita se resuelva su relación contractual y disponga el pago de los honorarios devengados durante el período en que ha estado privado de prestar sus servicios con indemnización de perjuicios por el término de su contratación.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Oficio de la Contraloría General de la República de 19 de Mayo de 2014 que informa a solicitud del padre del recurrente respecto de despido de persona contratada a honorarios en la I. Municipalidad de Puente Alto.- 2) Carta dirigida por el recurrente al alcalde de la I. Municipalidad de Puente Alto, de 4 de junio de 2014, en que solicita ser reintegrado a sus labores normales porque el Decreto que dispuso su despido no tiene efecto legal al no habérsele notificado, contraviniendo las normas aplicables a los Actos Administrativos y que además, se le pague los sueldos de los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2014.- 3) Comprobante de despacho de la carta anterior por correo de fecha 4 de junio de 2014.- 4) Documento notificación fechado dos de junio de 2014, suscrito y timbrado por la jefe de personal de la I. Municipalidad de Puente Alto dirigido al recurrente notificándole que de acuerdo al Decreto N° 100 de 31 de Marzo se pone termino al contrato de prestación de servicios celebrado con fecha 2 de enero de 2014.- 5) Carta suscrita y timbrada por el Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Puente Alto, de fecha 30 de junio de 2014 dirigida al recurrente en la que se le solicita concurrir al municipio a fin de tomar conocimiento de la resolución que ha tomado la municipalidad por su reclamo ante la Contraloría General de la República.

A fojas 43 informa el Alcalde de la I. Municipalidad de Puente Alto, don nombre reservado y solicita el rechazo de la acción constitucional por no existir actuación ilegal o arbitraria que afecte los derechos constitucionales de nombre reservado, por cuanto a la fecha, los hechos alegados han sido subsanados. Hace presente que el último contrato a honorarios que ligó al recurrente con el municipio fue celebrado con fecha 2 de enero de 2014, con duración al 31 de diciembre del mismo año. En éste instrumento se pactó el pago de $321.465 por los servicios incluido el impuesto, contemplándose la facultad de poner término anticipado unilateralmente, por parte de la municipalidad, sin derecho a indemnización. Agrega que se puso término al contrato del recurrente por Decreto Alcaldicio N° 100 de fecha 31 de marzo de 2014, por estimar que sus servicios no eran necesarios para la función contratada y que, a objeto de regularizar la situación de formalización del cese de las funciones, según resolvió el Dictamen de la Contraloría General de la República de 19 de mayo de 2014, se envió al domicilio del recurrente carta certificada que fue despachada el día 3 de junio de 2014 por la Oficina de Correos, con la copia del Decreto Alcaldicio N° 100, en los términos que lo establece el art. 46 de la Ley de Bases y, en consecuencia, como la notificación se entiende practicada de acuerdo a esta misma norma legal, al tercer día siguiente de la recepción de la carta en la Oficina de Correos, el recurrente ha quedado notificado del cese de sus funciones a partir del día 7 de junio, subsanándose el procedimiento por el cual recurre. Hace presente que con la dictación del Decreto Alcaldicio N° 201 de 23 de Junio de 2014 se dispuso el pago de las remuneraciones del recurrente hasta el día 4 de junio de 2014, por la suma de $975.109.- impuesto incluido, lo que se encuentra pendiente por cuanto pese a que se han comunicado con éste a fin de que concurra con la boleta de honorarios respectiva no lo ha hecho. Concluye que el municipio no ha conculcado derechos garantizados constitucionalmente al Sr. nombre reservado toda vez que el término de sus servicios se efectuó de la forma establecida en el contrato, no existiendo necesidad de cautela.

La recurrida acompañó los siguientes documentos: 1) Copia de contrato de prestación de servicios celebrado entre la municipalidad y nombre reservado de 2 de enero de 2014.- 2) Copia de los Decretos Alcaldicios N° 100 y 201 de fechas 31 de marzo y 23 de Junio, ambos de 2014. 3) Copia de notificación de término de contrato ingresada a la Oficina de Correos con fecha 3 de junio de 2014 y 4) Copia del Dictamen N° 034678 de 19 de mayo de 2014 de la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República informando al tenor del recurso y por denuncia del padre del recurrente en contra de la Municipalidad de Puente Alto por acoso laboral fue resuelta concluyendo que si bien, no había podido establecerse la veracidad de los hechos denunciados, pudo determinarse que el término de la relación contractual del Sr. nombre reservado no se había ajustado a derecho, por cuanto, si bien la municipalidad se encontraba facultada para poner término anticipado al contrato de prestación de servicios del recurrente, lo que hizo a contar del 3 de marzo del año en curso y materializó mediante dictación de Decreto Alcaldicio N° 100 de 31 del mismo mes, ello significó darle efecto retroactivo al acto, lo que vulnera el artículo 52 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos de los Actos de los Órganos del Estado, razón por la que se concluyó que el municipio debía notificar al recurrente el Decreto Alcaldicio N° 100, por el cual dispuso el término de la contratación a honorarios del actor y, a contar de la data de notificación, dicha resolución surtiría efectos jurídicos.

A fojas 69 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

2º) Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o mas de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

3°) Que por la presente acción constitucional se estima como ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida, I Municipalidad de Puente Alto, de poner término a los servicios del recurrente sin que ello haya sido notificado legalmente de conformidad con lo que dispone la Ley Nº 19.880, Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, solicitándose se disponga el pago de las remuneraciones a que se tiene derecho por el tiempo que ha estado privado de prestar los servicios, con indemnización de perjuicios;

4º) Que informando el ente recurrido indica que a instancias de la Contraloría General de la República el decreto Alcaldicio por el cual se comunica la decisión de poner término a los servicios fue notificada por carta certificada despachada el día 3 de junio de 2014 por la Oficina de Correos, con la copia del Decreto Alcaldicio N° 100, en los términos que lo establece el artículo 46 de la Ley de Bases, encontrándose, asimismo a disposición del recurrente, el dinero por el tiempo trabajado hasta la fecha en que se notifica legalmente el decreto antes referido;

5º) Que como puede advertirse, la situación denunciada mediante la presente acción constitucional ha sido resuelta en los términos en que lo solicita el recurrente, con la sola excepción de la indemnización de perjuicios que se solicita, situación esta última, que de proceder, se debe discutir en el procedimiento que en derecho corresponda, estando estos sentenciadores, atendida la naturaleza de la acción incoada, impedidos de pronunciarse sobre el particular;

6º) Que con lo precedentemente razonado, no existe vulneración a alguna garantía constitucional que deba ser amparada por la presente vía;

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el Recurso de Protección interpuesto a fojas 11 por don nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Puente Alto.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redactó Manuel Hazbún Comandari, Abogado Integrante.

Rol Corte Nº 174-2014 PRO.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel presidida por la Ministro señora María Teresa Letelier Ramírez e integrada por la Ministro señora Sylvia Pizarro Barahona y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari. No firma la Ministro señora Pizarro, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse con licencia médica.

En San Miguel, a cinco de agosto de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.