Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por los actos que estima ilegales y arbitrarios

San Miguel, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Sergio Aburto Mayorga, abogado, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y su cónyuge nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, en contra en contra del Servicio Nacional de Migraciones por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en la dictación de las Resoluciones Exentas NUM000 de 30 de octubre de 2025 y NUM001 del 17 de diciembre de 2025 por medio de las cuales se rechazó sus solicitudes de regularización extraordinaria lo que estima vulnera su derecho fundamental garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que las personas por quienes recurre ingresaron al país irregularmente a Chile el 17 de febrero de 2022 por el paso Colchane, provenientes desde Bolivia y se dirigieron a Santiago donde los esperaba su hija nombre reservado, quien es residente definitiva en Chile y se encuentra casada con un chileno, nombre reservado, desde el NUM002 de 2025, con quien tienen un hijo en común.

Indica que el 6 de agosto de 2024 presentaron solicitudes de regularización ante el Subsecretario del interior en virtud de lo dispuesto en el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325 y el 06 de abril de 2026, la recurrida notificó vía correo electrónico a los recurrentes las resoluciones exentas impugnadas donde se señalan que se rechaza las solicitudes de marras pues, “…el mero hecho de señalar que el país de origen de los solicitantes está afectado negativamente en el ámbito económico, social y político, y además de señalar que la nacionalidad de origen sea suficiente para reclamar razones humanitarias, no es procedente al haber otras personas en las mismas condiciones, habiendo utilizado las vías contempladas por la normativa nacional para ingresar de manera regular al país…”.

Refiere que no han tenido la posibilidad de impugnar dentro de un procedimiento administrativo dicho planteamiento y que durante su tiempo de residencia en Chile han sido personas que han acatado la Constitución Política, sus leyes y reglamentos, nunca han faltado el respeto a autoridad alguna, no han cometido falta al orden público ni a la paz nacional, y sólo han tratado de vivir honestamente, buscando ayudar a su hija y yerno que son garantes de condiciones dignas para ellos.

Señala que concurrieron ante el recurrido, pero el guardia del recinto les impidió ingresar y les indicó que sus dudas debían canalizarse mediante el correo electrónico institucional. Señala que, al no haber tomado contacto el Servicio Nacional de Migraciones con los recurrentes para revisar nuevamente su caso ni haberles ofrecido un canal expedito para formular sus alegaciones y acompañar antecedentes sobre su situación familiar, se vieron obligados a interponer el presente recurso, estimando vulneradas las normas del debido proceso señaladas en la Ley 21.325 y su derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

En definitiva, solicita se decrete que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar y reevaluar las resoluciones impugnadas atendido el hecho que no han sido analizada en profundidad sus situaciones personales y familiares ni lo que podría suceder con ellos al regresar a Venezuela, para así seguir la tramitación de sus solicitudes de regularización y obtener visas temporarias.

Igualmente solicita que informe si existe una medida de apremio vigente en contra de los recurrentes.

Segundo: Que informó el Servicio Nacional de Migraciones, señalando que no consta registro del ingreso de los recurrentes al país, por lo que se presume que ingresaron por un paso no habilitado. Agrega que el 6 de agosto de 2024 enviaron una carta solicitando regularizar su situación migratoria mediante el artículo 155 N°8 de la Ley 21.325.

Señala que la Subsecretaria del Interior, como autoridad competente por medio de la Resolución Exenta NUM000, de 30 de octubre de 2025 y Resolución Exenta NUM001, de 17 de diciembre de 2025, resolvió rechazar las solicitudes de permiso de residencia temporal excepcional a los recurrentes, quedando firmado por el Sr. Subsecretario.

Explica que, en este caso, le corresponde informar la cuestión planteada a la Subsecretaría del Interior, órgano competente para conocer y resolver este tipo de solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 21.325.

En atención a lo señalado solicita se rechace a su respecto del recurso intentado.

Tercero: Que informó la Subsecretaria del Interior, señalando que el concepto de regularización de la condición migratoria de personas extranjeras siempre se relaciona con la posibilidad que posee la autoridad de subsanar contravenciones jurídicas en las que voluntariamente han incurrido dichas personas, en relación con su ingreso o estadía en el país.

Indica que, la regularización de la condición migratoria de personas extranjeras se regula actualmente en la Ley N°21.325 y contempla dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, a la que se refieren los artículos 69, inciso 2°, y 155 N°8, ambos de la ley N°21.325, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional contemplada en el artículo 155 N°9 de la ley N°21.325, de aplicación particular, para casos calificados o por motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Sostiene que, en estos casos, a diferencia de lo señalado por los recurrentes, si existen otras vías idóneas administrativas del lato conocimiento para estos fines, como lo establece el artículo 139 de la Ley 21.325, que a su vez reconduce a los recursos establecidos en la Ley 19.880 por ello los recurrentes no pueden alegar que no existe la posibilidad de impugnar lo resuelto dentro del procedimiento administrativo, mecanismos que, además, son utilizados continuamente por otros extranjeros.

Expone que, si perjuicio de lo señalado, las solicitudes de otorgamiento excepcional son sometidas a un análisis particularmente exhaustivo, lo que se justifica por la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica otorgar un permiso de residencia a una persona que en principio ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración y extranjería, y además, estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, siendo por tanto requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

Señala que en el caso concreto, la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que respecto de los recurrentes no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, indicando expresamente aquello en la parte considerativa de las resoluciones impugnadas, por cuanto la parte recurrente no fundamenta su solicitud de regularización migratoria en situaciones que constituyan, a juicio de la autoridad, una afectación en concreto, lo suficientemente especial, como para justificar su ingreso a nuestro país por un paso no habilitado y, además, que se regularice su condición migratoria, otorgándole un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional voluntariamente.

Refiere que, en estos casos, si bien se señaló la existencia de un arraigo familiar y laboral acreditado por el hecho de ambos haber contraído matrimonio en su país de origen y tener a su hija y nieto en el país, además de contrato de trabajo, aquello no contribuye a sostener que se este frente a un caso calificado o humanitario. Por ello, hace presente que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria excepcional de los recurrentes no obedece a que no se tuviesen por acreditada las situaciones a las que hacen referencia en su presentación, sino que, a pesar de haberse tenidos como efectivas, no fueron consideradas un caso excepcional, calificado o humanitario.

Finalmente, solicita sea rechazado el recurso de protección presentado en su contra, toda vez que, por todo lo señalado, no ha realizado un acto ni incurrido en una omisión arbitraria ni ilegal y menos ha vulnerado alguna garantía constitucional de la parte recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte dice relación con determinar si las resoluciones exentas que rechazaron las solicitudes de regularización extraordinaria de los recurrentes constituyen una acción arbitraria e ilegal de la autoridad que haya vulnerado la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 21.325, queda en evidencia que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para tramitar ni resolver la solicitud de regularización extraordinaria intentada por los recurrentes, por lo que no se observa algún acto u omisión, arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Séptimo: Que, el mismo artículo antes dicho evidencia que es la Subsecretaria del Interior la única llamada por el legislador a realizar el análisis de la situación específica en estos casos y la determinación de si los solicitantes se encuentran comprendidos en la situación excepcional de que trata el artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, autoridad que, ponderando los antecedentes que fueron puestos en su conocimiento resolvió con fundamento, de modo que las resoluciones impugnadas emanaron del órgano competente, actuando dentro de sus facultades y decidiendo con razonamiento suficiente sin advertir ilegalidad o arbitrariedad en los términos descritos en el recurso de manera tal que no cabe avanzar en las conculcaciones o infracciones constitucionales denunciadas. Octavo: Que, junto con lo anterior, es de relevar que, contando con la vía administrativa habilitada para recurrir con respecto a las decisiones de rechazo referidas en el recurso, ninguno de los recurrentes la ejerció, derivando en que sus argumentos no llegaron a ser considerados por la recurrida, reforzándose con esto que la presente vía cautelar de urgencia no es idónea para revisar lo decidido por la autoridad migratoria.

En consecuencia, en atención a todo lo señalado el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado e nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1736-2026 Protección.