Protección contra Colegio Baldomero Lillo

97/noventa y siete.

San Miguel, veinte de mayo de dos mil quince.

Resolviendo el otrosí de fojas 52, atendido el mérito de los antecedentes, no ha lugar.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 1 y 12 comparecen doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, y don nombre reservado deduciendo acción de protección de garantías fundamentales en contra del Colegio Baldomero Lillo, representado por su Directora Sra. nombre reservado; y la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo, representada legalmente por su presidenta, la Alcaldesa Sra. nombre reservado. Solicitan que se acoja el recurso interpuesto; se declare que los actos del Colegio Baldomero Lillo y de la Corporación de Educación de San Bernardo son arbitrarios; que el actuar de los recurridos ha infringido el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la honra de la persona y su familia, el derecho a la educación, el derecho a la protección del trabajo y el derecho de propiedad; se adopten todas las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de los derecho fundamentales vulnerados, poniendo fin a los actos arbitrarios; y se imparta la instrucción al Colegio Baldomero Lillo y a la Corporación de Educación de San Bernardo en el sentido de que ajusten su actuar a la Constitución y las leyes.

Indican que son profesores titulares del Colegio Baldomero Lillo de la comuna de San Bernardo, ejerciendo todos ellos labores como docentes de aula, en diferentes asignaturas, salvo la Sra. nombre reservado, quien ejecuta labores como Inspectora General, cumpliendo cada uno de ellos su labor con esmero y profesionalismo. Refieren que a pesar de ello, de un tiempo a la fecha han ocurrido una serie de hechos que han afectado tanto a ellos como al resto del profesorado, situaciones que están fuera del trato digno que cada persona merece recibir. Agregan que tales actuaciones comenzaron al inicio del año académico 2015, esto es, el 4 de marzo de 2015 las que habrían sido desplegadas por la Directora del Liceo, doña nombre reservado, tales como: haberles llamado la atención frente al alumnado, desautorizándolos; haber hablado directamente con el Centro de Alumnos para convenir diversos asuntos, pasando a llevar a la inspectora y dejándola en mala posición para enfrentar situaciones profesionales con los estudiantes, haber permitido que los alumnos se saltaran el conducto regular; no aplicar el Manual de Convivencia especialmente en lo relativo a sanciones graves; haber ignorado la ocurrencia de actos que atentan contra la moral y buenas costumbres, como el consumo de marihuana, desautorizando a la inspectora y dejándola en una posición desmejorada frente a los alumnos; haber cambiado a la Inspectora General por otro profesor, sin cumplir las formalidades; efectuar persecuciones al gremio; haber solicitado que graben a los profesores realizando sus labores o en otras situaciones, con el fin de informar a la rectora, creando una supervigilancia privada del profesorado, lo que violenta la intimidad de estos y los angustia; además de impedirles emitir cualquiera opinión acerca del colegio, bajo amenaza de ser sumariados.

Explican que la recurrente Sra. nombre reservado el día 2 de marzo de 2015 habría llegado a su lugar de trabajo como Inspectora General, encontrando en el mismo, a don nombre reservado y a don nombre reservado, quienes habían sido nombrados como Inspector General e Inspector de Apoyo respectivamente, lo que habría ocurrido sin información o conversación previa con dicha recurrente y por ende de forma arbitraria; que el día 4 del mismo mes la directora públicamente la habría interrogado por el motivo de su presencia, expresándole que no debía estar ahí, mandando cambiar su tarjeta de asistencia y prohibiéndole la entrada al casino. Asimismo mencionan que desde ese momento la recurrida comenzó una persecución en contra de la Sra. nombre reservado, situaciones que fueron puestas en conocimiento de la Corporación de Educación, sin haber obtenido respuesta.

Con respecto de la recurrente Sra. nombre reservado arguyen que la Sra. nombre reservado en el mes de marzo de 2015 intentó sacarla por todos los medios del recinto educacional, intentando adulterar información y que la Sra. nombre reservado fue desalojada del comedor de profesores, por orden de la Directora.

Refieren que todos los profesores recurrentes, desde el inicio de año escolar han sufrido diferentes humillaciones y hostigamientos, se les quitan horas de clases, se les cambia de manera infundada de trabajo, se les amenaza con desvincularlos, se les llama la atención frente a alumnos y apoderados, humillándolos, se les obliga realizar labores distintas a la labor docente como cuidar patios o hacer el aseo, entre otros.

Agregan que la situación descrita fue iniciada tanto por la Directora del Colegio Baldomero Lillo como por la Corporación Municipal de Educación de San Bernardo, ya que ésta última está llamada a supervigilar el funcionamiento del Liceo y sus docentes, y frente a los reclamos del profesorado no ha sancionado las conductas impropias de la directora, por lo que se convierte en cómplice. Señalan que los hechos descritos resultan ilegales y arbitrarios y además vulneran las garantías fundamentales contenidas en el artículo 19 Nº 1, 2, 4, 10, 12 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Acompañan como fundamento de sus pretensiones los documentos custodiados bajo el Nº 60-2015 y aquellos que rolan de fojas 41 a 50.

Segundo: Que a fojas 71, comparece don nombre reservado, en representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo y de doña nombre reservado, Directora del Colegio Baldomero Lillo, e informa al tenor del recurso de protección, solicitando que sea rechazado por carecer de fundamentos, con costas. Además de alegar su extemporaneidad, indica que aquél resulta absolutamente improcedente, haciendo presente que la relación de los hechos es confusa y no es precisa.

Señala que el presente recurso fue deducido con fecha 2 de abril de 2015, de ahí que los hechos que lo fundan no pudieron ocurrir en una fecha anterior al 3 de marzo de este año. Agrega que sin embargo, la documentación acompañada en la presentación de 15 de abril de 2015, en su mayoría data de hechos ocurridos en el año 2014.

En cuanto al fondo, reconoce que los recurrentes son docentes titulares y que ejercen sus funciones en el Liceo Baldomero Lillo, pero niega que los recurrentes hayan cumplido sus labores en la forma que denuncian y que, por el contrario, existen constantes quejas respecto a su comportamiento y manera de ejercer sus funciones, refiriendo situaciones concernientes a 4 de los recurrentes. Explica que la Sra. nombre reservado, tras el concurso público de rigor inició funciones como Directora del Colegio Baldomero Lillo en marzo de 2014, y que en tal calidad le correspondió implementar un nuevo Proyecto Educativo, ya que según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación el rendimiento de la comunidad escolar era deficiente, lo que generó roces y malestar en algunos docentes y que en definitiva es la génesis del presente recurso. En suma, niega cada una de las imputaciones efectuadas respecto de la directora del centro educacional. Agrega que tanto el actuar de la Sra. nombre reservado, como Directora del Colegio Baldomero Lillo, como también el de la Corporación Municipal se ha ajustado a la normativa vigente sin haber incurrido nunca en actos ilegales o arbitrarios Arguye que con fecha 12 de marzo de 2015, la Corporación Municipal ordenó instruir un sumario administrativo para investigar los hechos denunciados en contra de la Sra. nombre reservado, siendo ampliado con fecha 2 de abril de 2015 a fin de investigar la participación de los recurrentes, entre otras personas en actos que alteran el clima laboral y el incumplimiento de las funciones.

Indica que si bien los recurrentes aseguran que los incidentes habrían comenzado con el inicio año escolar, existen múltiples testigos que indican que en el acto de inicio del año escolar no existió altercado alguno; que es función de la Dirección mantener una comunicación expedita con el Centro de Alumnos por lo que no corresponde que se le impute tener conversaciones con estos; que la Sra. nombre reservado, como Inspectora General tiene las funciones propias de ese cargo, pero que se ha arrogado funciones que son propias de la Directora y ha tratado de entorpecer injustificadamente la comunicación entre la Dirección y los alumnos, lo que ha producido una serie de reclamos; que no sería efectivo que permita a los alumnos saltarse los conductos regulares y que no sancione conductas graves, agregando que se tuvo conocimiento de hechos graves ocurridos fuera del establecimiento y que por no estar contenidas dichas conductas en el Manual de Convivencia no fueron sancionadas; y que las denuncias sobre cambios de puesto de trabajo son vagas lo que impide que pueda hacer cargo de las mismas.

Sobre el caso de cambio de puesto de trabajo de la Sra. nombre reservado informa que ello ocurrió en septiembre de 2014 en virtud de facultades legales que indica y que la recurrente, fue debidamente notificada.

Niega lo relativo a instrucciones de grabar a los profesores, de adulterar información, o de amenazar a docentes. Reconoce que es efectivo que el día 6 de marzo de 2015 se cerró el comedor de profesores, pero justifica que ello se debió a la revisión de la instalación eléctrica por constantes fallas en dicho lugar.

Acompaña los documentos custodiados bajo el Nº 68-2015.

I.- En cuanto a la extemporaneidad del recurso Tercero: Que como se adelantó las recurridas alegan que el recurso no fue presentado en tiempo, desde que la mayoría de la documentación que sirve de soporte a los hechos denunciados por la presente vía, dicen relación a hechos acaecidos en el año 2014.

Cuarto: Que atendida la multiplicidad de hechos denunciados en relación a sus correspondientes garantías constitucionales, estos sentenciadores son de parecer de entrar al conocimiento de fondo, por lo que se desestima la extemporaneidad parcial alegada.

II.- En cuanto al fondo Quinto: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo.

Sexto: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Séptimo: Que, en el presente caso, los docentes que recurren dedujeron la presente acción cautelar contra la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo y de doña nombre reservado, Directora del Colegio Baldomero Lillo, ubicado en dicha comuna, denunciando como acto arbitrario o legal una serie de hechos detallados en el motivo primero del presente fallo y que, en síntesis, serían constitutivos de un acoso laboral, por lo que estiman vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 1, 2, 4, 10, 12 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Octavo: Que al emitir informe la entidad y persona recurridas, en una extensa presentación, niegan los hechos denunciados.

Noveno: Que de lo escuetamente expresado, puede concluirse que la materia planteada no es susceptible de ser solucionada por la presente vía, esto es, la acción cautelar de derechos constitucionales, particularmente porque los recurrentes no son titulares de un derecho indiscutido o indubitado. En efecto, la situación jurídica y de hecho presentada por los recurrentes ha sido contradicha, y una controversia así generada, no puede ser dilucidada por medio de una acción cautelar de derechos constitucionales, ya que no constituye la presente, una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

Décimo: Que sobre la base de lo razonado permite concluir que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan a estos sentenciadores otorgar la cautela solicitada, desde que de la apreciación de las pruebas, efectuada de conformidad con las reglas de la sana crítica, no deriva convicción de la ocurrencia de los hechos denunciados sobre los cuales los recurrentes tengan un derecho pre existente y de carácter indubitado vulnerado, toda vez que la situación fáctica en que descansan, se encuentra discutida, de tal manera que el arbitrio procesal deducido no se encuentra en condiciones de prosperar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 1.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministro Sra. Catepillán.

Rol N°172-2015-Pro Pronunciada por la Quinta Sala integrada por la Ministro Titular señora María Carolina Catepillán Lobos, Ministro Suplente señor Cesar Germán Toledo Fuentes y Abogado Integrante señor Diego Munita Luco, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

En San Miguel, a veinte de mayo de dos mil quince notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

.