Protección contra Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes del Ejercito de Chile

109/ciento nueve.

En Santiago, a siete de junio de dos mil dieciséis Vistos y teniendo presente:

Comparece don Juan Cárcamo Poblete, abogado, en representación de don nombre reservado, Técnico Forestal, domiciliado en domicilio reservado, y don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes del Ejercito de Chile, representada por su capitán nombre reservado o quien ejerza sus funciones, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Fundamentando su recurso, señala que con fecha 11 de diciembre de 2015, siendo las 12:30 horas se apersonaron dos sujetos con uniforme militar en una camioneta, que tenía el logotipo del Ejercito de Chile, identificándose uno de ellos como el cabo Zarate del cuerpo de Ingenieros de Tejas Verdes, indicando que venían por órdenes del Capitán antes mencionado, también de dicha entidad encargado de los predios del Ejercito para comunicarles que el recinto que ocupaban era del Ejercito. Agrega que se le manifestó que esa parcela era un terreno que pertenecía al Fisco y que se le había arrendado a una corredora de propiedades Sra. nombre reservado.

Refiere que los funcionarios, le mostraron un título de dominio en el cual aparece un señor de nombre nombre reservado como vendedor, en circunstancias que el nombre del anterior dueño era nombre reservado, es decir, una persona distinta a la indicada en dicho título.

Destaca además que con fecha 22 de octubre de 1997 el Consejo de Defensa del Estado ordenó al Sr. Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor, inscribir esta parcela a nombre del Fisco y no a nombre del Ejercito; como lo indica la documentación acompañada.

Hace presente que nombre reservado con nombre reservado tienen una mediería, trabajando la parcela Rol de avalúo N°334-00109 Hijuela cuarta agrícola de 7,8 hectáreas, en la que tienen plantados gladiolos y crisantemos, hortensias y otras variedades de flores, con una inversión de más de $250.000.000, todo documentado, con facturas de compras de las semillas, insumos, tractores, rastras, micro niveladoras, personal y muchas cosas más largo de detallar.

Informa que este campo estuvo abandonado por más de 20 años, sin agua, por lo que tuvieron que pedir a los canalistas del Maipo que construyera un marco de agua para así regar su cultivo por lo que arriendan el agua que éstos les proporcionan.

Expone que son muchos los gastos que han realizado y por eso se preocupan cuando el Capitán Sr. nombre reservado los amenaza de que si no salen pronto, mandará a unos soldados a custodiar la entrada para que sus trabajadores no entren al predio donde se encuentra su fuente laboral, la que no solo es ilegal y produciría pérdidas millonarias, sino que también la fuente laboral de muchas familias que trabajan allí y lo más grave es que ellos se quieren apropiar de un terreno que no le pertenece.

Añade que también han inventado que hay bombas en el terreno, sin embargo cree que son mentiras, ya que cuando arrendaron, nunca vieron algún letrero que indicara peligro de explosivos y que con toda la maquinaria que ocuparon para preparar el terreno habrían encontrado algo, y han trabajado con maquinaria pesada a 50 centímetros de profundidad, sin encontrar nada.

Indica que los recurridos en forma prepotente instalaron un letrero que indicaba recinto militar, señalando que recibían órdenes del Capitán nombre reservado; señalética que fue retirado por el recurrente.

Pide en definitiva para la tranquilidad de su personal que trabaja en el lugar y de los recurrentes, acoger el recurso.

Acompaña contrato de arrendamiento del predio sub-lite, copia inscripción de dominio de la misma propiedad, certificado de defunción de nombre reservado, ord 01255 solicitudes de inscripción que indica, contrato de compraventa de la propiedad y resolución de corrección de deslindes.

A fojas 40 evacua informe el recurrido nombre reservado, Capitán, de la dotación de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, quien señala que el recurrente, no indica cuales serían los actos u omisiones arbitrarias o ilegales que le ocasionan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que hacen procedente su acción, de forma tal que debió efectuar un examen de la presentación para tratar de determinar cuáles serían aquellos supuestamente vulnerados.

Expresa que el recurso intentado deberá ser rechazado, con costas, pues no ha existido ninguna acción u omisión arbitraría o ilegal de su parte, o del Ejército de Chile, que haya significado la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derecho y garantías que protege el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Refiere que el recurrente nombre reservado, celebró un contrato de arrendamiento con una persona que no tiene título alguno sobre la propiedad, y que más aún, expresamente reconoce dominio ajeno, según se lee en la cláusula segunda del referido contrato, en la que se refiere a una futura compraventa, "una vez que se regularice el dominio a favor del arrendador".

Añade que consta de la documentación que acompaña junto a su informe, que con fecha 15 de septiembre de 1976, la Dirección de Inteligencia Nacional compró la Parcela Cuatro de la Hijuela Santa Amalia, a don nombre reservado y mediante decreto ley № 1.874, publicado en el Diario Oficial de 13 de agosto de 1977, se creó la Central Nacional de Informaciones, en tanto que el artículo 11 del citado cuerpo legal dispuso que ésta "será la continuadora legal de la Dirección Nacional de Inteligencia para todos los efectos patrimoniales".

Manifiesta que posteriormente, la ley № 18.943, publicada en el Diario Oficial de 22 de febrero de 1990, disolvió la Central Nacional de Informaciones y su artículo 2º transfirió "por el sólo ministerio de la ley, los bienes y recursos que integran el patrimonio de afectación fiscal de la Central Nacional de Informaciones.” Se acompaña copia del título de dominio correspondiente a la propiedad y anotación al margen en el mismo, con la transferencia en virtud de la ley № 18.943. (Certificado otorgado el 07 de enero de 2016.).

Señala que la propiedad se encuentra exenta del pago del impuesto territorial, según consta de la copia de la Resolución № 7680 de 05 de agosto de 1991, que se pronuncia sobre la exención total y eliminación de cobros por inmueble propiedad fiscal y en su oportunidad se rectificó los nombres y deslindes de la Parcela 4 Hijuela Santa Amalia, según consta de la Resolución del Juzgado Civil de Peñaflor de fecha 22 de julio de 1996, que dio lugar a lo solicitado por el Fisco Ejército de Chile en cuanto a la rectificación de los nombres y deslindes de la Parcela 4 Hijuela Santa Amalia.

Refiere que se acompaña además copia del oficio ORD. № 01255 de 22 de octubre de 1997 del abogado Procurador Fiscal de San Miguel al Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor remitiendo documentos para efectos de reinscripción y posterior inscripción a nombre del Fisco de Chile, copia de certificado de avalúo fiscal para trámite de la posesión efectiva de la Hijuela Cuarta rol 00334 - 00109 comuna de Peñaflor, de fecha 22 de septiembre de 2012, copia de certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor de la Parcela Cuatro de la Hijuela Santa Amalia comuna de Peñaflor, de fecha 07 de julio de 2010.

Expone que todo lo anterior acredita el dominio por parte del Fisco y excluye cualquier posibilidad de actos u omisiones que hayan significado vulneración de alguno de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental. A mayor abundamiento, al no especificar cuál de ellos se vulneró, no se observa que providencias puede adoptar el tribunal para restablecer el imperio del derecho y que se ignora cómo se constituye su infracción al ser indeterminado -.

Pide en definitiva, con el mérito de los antecedentes expuestos, rechazar el presente recurso de protección, atendido que no ha existido de parte del recurrido, de la Escuela de Ingenieros o del Ejército de Chile, actos u omisiones arbitrarias o ilegales que hayan significado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que justifique su procedencia, con costas.

Acompaña a su informe abundante documentación relativa a Copia de la inscripción de la compraventa Dirección de Inteligencia Nacional a nombre reservado, de fecha 04 de diciembre de 1997, copia simple del Decreto Ley № 1874, publicado en el Diario Oficial de 13 de agosto de 1977, que creó la Central Nacional de Informaciones, copia simple de la ley № 18.943, publicada en el Diario Oficial de 22 de febrero de 1990, que disolvió la Central Nacional de Informaciones, copia del título de dominio correspondiente a la propiedad y anotación al margen en el mismo, con la transferencia en virtud de la ley № 18.943. (Certificado otorgado el 07 de enero de 2016.), copia de la Resolución № 7680 de 05 de agosto de 1991, del Servicio de Impuestos Internos, que se pronuncia sobre la exención total y eliminación de cobros por inmueble propiedad fiscal, copia de la Resolución del Juzgado Civil de Peñaflor de fecha 22 de julio de 1996, que dio lugar a lo solicitado por el Fisco Ejército de Chile en cuanto a la rectificación de los nombres y deslindes de la Parcela 4 Hijuela Santa Amalia, copia del oficio ORD. № 01255 de 22 de octubre de 1997 del Abogado Procurador Fiscal de San Miguel al Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor remitiendo documentos para efectos de reinscripción y posterior inscripción a nombre del Fisco de Chile, copia de Certificado de avalúo fiscal para trámite de la posesión efectiva de la Hijuela Cuarta rol 00334 - 00109 comuna de Peñaflor, de fecha 22 de septiembre de 2012 y copia de Certificado de Hipotecas, Gravámenes, Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor de la Parcela Cuatro de la Hijuela Santa Amalia comuna de Peñaflor, de fecha 07 de julio de 2010.

A fs.68 la parte recurrente observa el informe evacuado por el recurrido, indicando que en el caso de autos, la acción arbitraria e ilegal atenta en contra del articulo 19 Nº 21 de la Constitución Policita de la República, toda vez que se impide el ejercicio legítimo de su derecho como arrendador y al de su arrendatario, cuestión que no puede ocurrir, toda vez que cualquier institución perteneciente al Estado debe actuar conforme al marco legal y al ordenamiento jurídico vigente.

Agrega que lo anterior significa que el denunciado, Ejercito de Chile, debe utilizar las herramientas que el Código Civil y el ordenamiento jurídico le concede, es decir si tiene un presunto derecho de propiedad, debe probarlo en un proceso legal previo, utilizando las acciones que la ley dispone para recuperar la posesión material del inmueble en disputa, siendo un acto de fuerza arbitrario e ilegal poner señaléticas que digan propiedad del Ejercito de Chile o poner plazos para desocupar el inmueble, lo que es materia privativa de los tribunales, según el artículo 7 y 73 de la Constitución, más aun si el Ejercito no se encuentra en posesión material de este inmueble y en virtud de un contrato de arriendo legalmente celebrado son los recurrentes quienes están en posesión de este terreno, y a mayor abundamiento, el ordenamiento jurídico chileno incluso establece como válido el contrato de arrendamiento de cosa ajena. Sin embargo esto último no es compartido por quienes recurren, porque según su posición el Ejército de Chile no es dueño del inmueble, pero esto no es materia de esta acción constitucional.

Concluye que el Ejército de Chile con su actuar está perturbando su legítimo derecho de ocupar este inmueble, y ejercer la actividad económica que está desarrollando, toda vez que realiza acciones de fuerza, arbitrarias e ilegales, no utilizando los mecanismos legales existentes para supuestamente recuperar este inmueble como propietario del mismo, consagradas en los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como ya se ha dicho reiteradamente, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar que debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, con el objeto preciso de que se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del afectado. Se trata así de un procedimiento de carácter extraordinario.- SEGUNDO: Que para que pueda prosperar este recurso se requiere que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad denunciados estén comprobados y que la ocurrencia de éstos le hayan ocasionado al recurrente perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de sus garantías y derechos.- TERCERO: Que el acto que se tilda de ilegal o arbitrario en el caso sub lite, es la amenaza efectuada por un funcionario del Ejército a los recurrente de impedir la entrada al predio que éstos ocupan, dado en arriendo desde el mes de agosto de 2014 por un tercero, conminándolos a desocuparlo en un plazo breve, indicando que de lo contrario, mandarían soldados a custodiar la entrada del lugar para impedir que se realizaran labores por los trabajadores, lo que altera su fuente laboral, así como también reprocha la instalación de una señalética del Ejercito de Chile que indica que el inmueble es de propiedad de dicha institución.

CUARTO: Que conforme a los antecedentes proporcionados en estos autos, a juicio de la mayoría de esta Corte, no existen suficientes antecedentes sobre la efectividad de haber existido la amenaza denunciada toda vez que para su acreditación solo aparecen los dichos del recurrente que, en su presentación de fs.15 señala que concurrieron dos efectivo del Ejercito quienes iban en representación de un capitán que individualiza ”que me venían a comunicar que ese predio sería del Ejército..” .

Que tampoco está acreditada la instalación de la señalética denunciada, hecho respecto del cual no se han aportaron otros datos.

QUINTO: Que, en todo caso, de lo expuesto por los recurrentes y el recurrido , aparece establecido que los hechos que motivan el recurso de protección deducido dicen relación exclusivamente con la posesión y dominio de la Parcela Santa Amalia de Peñaflor, propiedad arrendada por uno de los requirentes y dada por éste en mediería al otro.- SEXTO: Que así, en el caso sub lite, se pretende que a través de un procedimiento de naturaleza extraordinaria se resuelva una controversia de naturaleza patrimonial, en que inciden cuestiones que escapan al ámbito constitucional. En efecto, lo planteado es un debate sobre quien es el propietario o poseedor del terreno en disputa, cuestión que debe ser debatida a través de la vía jurisdiccional que declare el derecho de dominio y posesión del predio de marras, siendo necesario que se ejerzan las acciones que la ley contempla para este tipo de controversia, razón por la cual la materia en discusión excede los límites fijados para el arbitrio deducido, sin que pueda pretenderse por esta vía un pronunciamiento declarativo de derechos.

SEPTIMO: Que ello resulta evidente desde, que los propios involucrados se refieren precisamente a la polémica suscitada alegando derechos sobre el predio, acompañando para ello sendos documentos que acreditarían sus aseveraciones, razón por la cual deberá necesariamente desestimarse el recurso .- Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma .Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso deducido por el abogado don Juan Cárcamo Poblete en representación de don nombre reservado y don nombre reservado en contra del Ejercito de Chile, representado por la abogado del Consejo de Defensa del Estado doña nombre reservado, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.- Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Vásquez, quien estuvo por acoger el recurso deducido y disponer se abstuviera el recurrido de cualquier actuación de hecho que pudiera perturbar la tenencia del recurrente respecto de la propiedad de autos.

Tuvo para ello presente que existe un contrato de arrendamiento válidamente celebrado y en cuya virtud el recurrente ha realizado una serie de trabajos e inversiones en la propiedad; como asimismo, que ante la denuncia del recurrente de haberse apersonado al terreno personal de la recurrida, quienes habrían formulado una amenaza y levantado incluso un letrero en la propiedad, sucede que al informar esa parte nada dijo al respecto, refiriéndose solo a ser dueña de la propiedad, en circunstancias que debió expresamente rechazar el hecho atribuido, lo que resulta suficiente para esta disidente, para tener por cierta la perturbación en la actual tenencia del recurrente, con lo cual se ve afectada la garantía constitucional de su derecho de propiedad en relación a los derechos que surgen de su calidad de arrendatario.

Regístrese, comuníquese y archívense estos autos si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Ana María Arratia Valdebenito.

Rol Nº 1708-2015-Pro Pronunciada por la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Liliana Mera Muñoz, señora Carolina Vásquez Acevedo y señora Ana María Arratia Valdebenito.

En Santiago, a siete de junio del año dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.