Protección contra Inspección Provincial del Trabajo Maipo San Bernardo

Foja: 56 Cincuenta y Seis Santiago, veinticinco de julio de dos mil dieciséis.- Vistos:

A fojas 11, con fecha 24 de mayo del año en curso, comparece Nelson Patricio Carvallo Santa María, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Maipo San Bernardo, representada por su Inspector Provincial, señor nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria de negarse el día 22 de abril de 2016, a recibir la reconsideración administrativa que dedujo en contra de la Resolución Nº 4296/16/14, de 10 de marzo de 2016, que le aplicó una multa ascendente a $3.386.565, recurso que remitió por correo certificado, vía Chile Express, el 22 del mismo mes y año, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Expone que, efectivamente, el 24 de marzo de 2016, la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo le notificó la Resolución № 4296/16/14, de fecha 10 de marzo de 2016, que le aplicó una multa ascendente a $3.386.565 por las siguientes infracciones a la normativa laboral: a) no comparecer en forma personal o por intermedio de mandatario o apoderado, sin causa justificada, a la Inspección del Trabajo, habiéndose verificado que el empleador fue citado bajo apercibimiento legal para el 10 de marzo de 2016; y b) no mantener en el establecimiento o faena, toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, necesarias para efectuar las labores de fiscalización según el siguiente detalle: contrato de Trabajo y sus anexos correspondientes a los trabajadores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; y, comprobante de pago de remuneraciones de enero a noviembre de 2015 del trabajador nombre reservado.

Agrega que estando dentro de plazo, el día 22 de abril de 2016, su parte concurrió a las oficinas de la Inspección del Trabajo, con la finalidad de ingresar una reconsideración administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 511 del Código del Trabajo, negándose la Inspección del Trabajo a recibir la presentación por cuanto no iban adjunto ciertos documentos individualizados en el escrito. De esta manera y con el objeto de cumplir el plazo para interponer el recurso, establecido en el artículo 512 del código mencionado, concurrió a la oficina de Correos Chilexpress y remitió, en forma certificada, la reconsideración administrativa de dicha multa, adjuntando una caja con documentos para acreditar los fundamentos de la misma.

Refiere que tanto la reconsideración administrativa, como los documentos fueron entregados en la oficina de Chileexpress con fecha 22 de abril de 2016, para ser enviado ese mismo día a las oficinas de Inspección Provincial del Trabajo Maipo, bajo el número 358112819282 E, sin embargo la destinataria se negó a recibirlos el 25 de abril de 2016, ordenando su devolución, la que se efectuó el 27 del mismo mes y año.

Agrega que en la reconsideración se indicó respecto de la primera infracción, que producto de una confusión administrativa registró equivocadamente la fecha de la audiencia y por ello su parte no asistió a la citación, haciendo presente que, en todo caso, no se causó perjuicio alguno a los trabajadores; además, indica, acompañó la documentación relativa a la segunda infracción, haciendo presente que el señor fiscalizador incurrió en un error al cursar la infracción, debido a que al momento de la fiscalización su representada contaba con los documentos solicitados.

Señala que el negarse a recibir la reconsideración administrativa ocasiona privación, perturbación y amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y al derecho de propiedad reconocido en el Nº 24 del artículo 19 ya mencionado y refiere que la Inspección del Trabajo por expreso mandato de la Ley se encuentra obligada a recibir los reclamos de multa administrativa y cualquier solicitud que se realice, más aún si su representada se encontraba dentro del plazo legal para efectuar las alegaciones pertinentes, motivos por los que pide se acoja el recurso y se ordene a la recurrida recibir la reconsideración administrativa presentada en contra de la Resolución Nº4296/16/14, ya aludida.

Acompaña a su presentación: i) Comprobante de envío Nº 358112819282 E, de 22 de abril de 2016, con certificado de estado; ii) foto de caja de documentos enviados bajo el Nº 358112819282 E, el 22 de abril de 2016; y iii) escrito de Reconsideración administrativa de 22 de abril de 2016.

A fojas 37, informa doña María Eliana Alegría Esteban, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo (San Bernardo), quien solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

En primer lugar alega la caducidad de la acción, fundado en que se dirige en contra de una supuesta omisión de este servicio, al negarse a recibir la reconsideración administrativa presentada por la recurrente el 22 de abril de 2016, ese mismo día. Esta la afirmación que hace la recurrente en la página 2 del libelo, permite concluir que la acción ha sido interpuesta extemporáneamente, esto es, más allá de los 30 días corridos que contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, ya que, atendido el estampado de la Iltma. Corte, el presente recurso fue interpuesto el 24 de mayo de 2016, a las 12:01 horas.

En subsidio de la alegación anterior, alega la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, por cuanto se habría interpuesto en contra de una supuesta omisión en la que habría incurrido la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo, en circunstancias que la reconsideración administrativa de las multas cursadas, está expresamente regulada en el Código del Trabajo, según lo dispone el artículo 511 en relación con el 512 del mismo cuerpo legal, todo ello, con las distintas directrices entregadas por su representada a saber, Circular Nº 46, que en su punto Nº4 letra a), hace referencia al caso de autos, de esta forma, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los intereses del recurrente y que protegen, suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

En tercer lugar, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, ya que no ha existido un acto ni una omisión arbitraria ni ilegal. En efecto, su parte, no se negó a recibir el 22 de abril de 2016 la solicitud de reconsideración administrativa de la multa, ya que lo que realmente ocurrió, es que la recurrente no presentó dicha solicitud, de conformidad lo establece los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, en relación a la Circular Nº 46 de 12 de mayo de 2012.

Indica que la Circular Nº 46, señala expresamente que podrá ingresar la solicitud de reconsideración vía correo certificado, y que dicho servicio solo es entregado por Correos de Chile, y no por la empresa que eligió la recurrente, Chilexpress, pero que sin perjuicio de lo anterior, la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo, siempre recibe las presentaciones realizadas por los interesados, sea admitiendo, rechazando, declarando admisible o no dicha presentación.

Agrega que conforme al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, la Inspección del Trabajo, debe velar por el cumplimiento de la legislación laboral (artículos 503 y 505, ambos del Código del Trabajo) en el caso sub lite, cursando multa si verifica el incumplimiento a la legislación laboral, decisión contra la cual y según lo establecen los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, la infractora, tiene derecho a presentar reconsideración administrativa.

Por último, y en subsidio de todo lo dicho, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección, indicando que el día 7 de enero de 2016, se inició un proceso de fiscalización solicitada por un grupo de trabajadores, debido a que la empresa recurrente paga el sueldo base menor al ingreso mínimo mensual y por este motivo y para constatar las materias denunciadas, la fiscalizadora del servicio concurrió a las dependencias de la empresa recurrente, siendo atendida por el Jefe de la Instalación, quien señaló que no contaba con la documentación solicitada, por cuanto tendría autorización para mantenerla en las oficinas centrales. Se procede, entonces, a confeccionar el Acta de Requerimiento de Documentación y se le cursa citación para el 7 de marzo de 2016, fecha en la que la reclamante no asiste, lo que motiva la Resolución Nº 4296.16.4, de 10 de marzo de 2016, que le aplicó una multa.

Agrega que la multa fue notificada, según lo dispone el artículo 508 del Código del Trabajo, por carta certificada, el 2 de abril de 2016, ya que la fecha de depósito en correos es el 24 de marzo de 2016, entendiéndose notificada al sexto día hábil. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 503 del Código del Trabajo, el reclamo directo de la multa debe ser presentado dentro de los 15 días hábiles de notificada la Resolución, ante los tribunales competentes, y según el artículo 511, en relación con el 512 del mismo Código, la infractora también podrá impetrar un procedimiento administrativo, a través de la reconsideración de la multa, la que deberá presentarse en la Inspección del Trabajo que dictó la resolución, dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Señala que la Inspección del Trabajo, una vez presentada la reconsideración (sea que se encuentre o no dentro de plazo, que se acompañen o no documentos) debe pronunciarse, considerando lo que indica el punto 4 a) de la Circular Nº 46, de fecha 02 de mayo de 2012, a saber:

“a) Que se haya presentado dentro del plazo legal de los 30 días corridos de la notificación. Este es un plazo fatal, es decir, para que se entienda válidamente interpuesta la solicitud de reconsideración debe presentarse antes de la medianoche en que termine el último día del plazo. Lo anterior, se entenderá cumplido si el empleador acredita haber ingresado su reconsideración vía correo certificado, hasta el último día del plazo de 30 que tiene para ello.”

Agrega que debe tenerse presente que el servicio de "Correo Certificado", sólo lo entrega Correos de Chile y no la empresa Chilexpress, tal como dan cuentas las páginas web de las respectivas empresas, pero sin perjuicio de lo anterior, todas las presentaciones que realicen las infractoras, solicitando reconsideración administrativa de multas, sea por correos de chile o por Chilexpress, son recibidas, ingresadas y pronunciadas por la Inspección Provincial del Trabajo.

Indica que jamás la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo se ha negado a recibir la reconsideración administrativa; lo que realmente ocurrió en la especie, es que jamás se presentó.

Por todo lo anterior, pide el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña Acta de fiscalización Nº32, de 7 de enero de 2016; Acta de requerimiento de documentación y citación Nº32, de 7 de marzo último; informe de exposición Nº32, de 10 de marzo de 2016; Resolución de multa nª4296.16.14, de 10 de marzo de 2016, con guía de despacho de correspondencia certificada de Correos de Chile, de 24 de marzo de 2016; Circular Nº46, de 2 de mayo de 2012; pantallazos impreso de la página web de las empresas Correos de Chile y Chilexpress que dan cuenta de los servicios de correos que prestan.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la acción de amparo constitucional procede al existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, carente de fundamento racional o contrario a la ley.

Segundo: Que otro requisito exigido para su procedencia estriba en una conculcación de determinados derechos fundamentales que se busca proteger por esta vía, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho y a dispensar protección a la persona agraviada.

Tercero: Que, de este modo, si dicha afectación o conculcación de derechos no existe, en una relación causa-efecto con los actos u omisiones arbitrarios o ilegales que se denuncian, o bien la Corte no se encuentra en situación de adoptar medida alguna para los fines antes indicados, el recurso carecerá de objetivo.

Cuarto: Que, por último, también se requiere para el éxito de la acción que ella se interponga dentro del plazo de 30 días corridos contados, en este caso, desde que ocurrió el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, condición ésta que es previa a las anteriores por tratarse de un presupuesto de forma de la acción.

Quinto: Que, en la especie, de los antecedentes reseñados en lo expositivo, claramente se desprende que la omisión que la recurrente le atribuye a la recurrida, habría tenido lugar el día 22 de abril del año en curso, cuando se negó a recibir una reconsideración administrativa formulada contra una Resolución que le imponía una multa lo que la condujo a enviarla vía correo, lo que tampoco prosperó porque le fue devuelto su encomienda el 27 del mismo mes y año.

Sexto: Que, atendida la fecha en que se presentó la acción de tutela en estudio, el 24 de mayo último, forzoso es concluir que fue deducida extemporáneamente, esto es, vencido el plazo de treinta días corridos que contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, contados desde que se tuvo conocimiento del acto o la omisión que la motiva, lo que conduce a su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección intentado en lo principal de fojas 11, por extemporáneo.

Redacción de la Ministra señora Sylvia Pizarro Barahona.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Nº1690-2016 Prot.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora Sylvia Pizarro Barahona y la Abogado Integrante señora María Eugenia Montt Retamales.

En Santiago, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.