nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

C.A. de San Miguel San Miguel, veinticinco de marzo de dos mil veinticinco.

Al folio 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la negativa a entregar sus fondos previsionales, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que presentó una solicitud en línea el 3 de enero del presente año para el retiro de sus fondos desde la recurrida. Sin embargo, el 14 de enero de 2025, AFP Habitat rechazó su solicitud argumentando que los documentos aportados por el recurrente no cumplían con los requisitos legales, específicamente se le indicó que el documento acompañado, emitido por la Embajada de Venezuela en Chile, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para Retiro de Fondos”, tiene una validez de 120 días, y fue emitido en diciembre 2023”. Lo anterior, a pesar de, cómo es público y notorio que la Embajada Venezolana lleva un poco más de 6 meses cerrada, anterior a eso está constancia es solamente emitida por esta, aunado a los problemas políticos y vulneración de los Derechos Humanos que se dan en su país de origen, además del “desconocimiento que existe a nivel internacional de la autoritaria investidura al cargo de Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela que existe actualmente”.

Argumenta que la negativa de la AFP constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y que la constancia presentada cuenta con la legalización correspondiente y permite verificar su afiliación al sistema venezolano de previsión social.

Pide ordenar que la recurrida tenga como válida la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada y que le haga entrega de la totalidad de sus fondos previsionales.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado Cristóbal Ramírez Puyol, en representación de la AFP recurrida. La administradora sostiene que el recurso de protección no es procedente en este caso, ya que no existe una vulneración de derechos constitucionales, sino un cumplimiento estricto de la normativa vigente. Explica que la devolución de fondos solo es posible si el solicitante acredita su afiliación a un sistema previsional extranjero mediante un documento válido y debidamente legalizado o apostillado, conforme a la legislación chilena. Explica que la documentación presentada, consistente en una Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), emitido por la embajada venezolana en Chile, utilizado como alternativa a la certificación original, tenía una vigencia de solo 120 días y ya estaba vencido al momento de la solicitud. En cuanto a la “Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS”, señala que dicho documento es emitido directamente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no tiene firma ni apostilla o legalización, lo que lo hace inadmisible según la normativa chilena.

Añade que la Ley N° 18.156 exige que el trabajador extranjero presente documentación que acredite su afiliación a un sistema de seguridad social en el extranjero y que esta documentación esté legalizada o apostillada; el Código de Procedimiento Civil chileno (Art. 345 y 345 bis) establece que todo documento público extranjero debe ser legalizado o apostillado para tener validez en Chile;

y la Superintendencia de Pensiones ha reiterado en distintos dictámenes que los fondos solo pueden devolverse si el afiliado cumple con todos los requisitos legales.

Concluye que en el caso particular no hay vulneración del derecho de propiedad de nombre reservado, ya que sus fondos no le han sido expropiados ni confiscados. Simplemente, no ha cumplido con los requisitos exigidos para acceder a la devolución excepcional.

Además, sostiene que la normativa aplicable es igual para todos los afiliados extranjeros, por lo que no hay discriminación en el trato recibido por el recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: La acción cuestionada como arbitraria e ilegal corresponde a la determinación adoptada por la recurrida de rechazar la solicitud del recurrente respecto a la restitución de sus cotizaciones previsionales, fundamentando su decisión en los aspectos previamente mencionados.

Quinto: En cuanto a la objeción de la recurrida sobre la idoneidad de este recurso como mecanismo para la intervención del tribunal, se debe destacar que la presente acción cautelar tiene por objeto la protección inmediata del afectado frente a un acto arbitrario o ilegal de un tercero. Dado su carácter sumario, su interposición no impide que el recurrente pueda ejercer otras acciones legales ordinarias que estime pertinentes para la defensa de sus derechos.

Desde esta perspectiva, la denuncia planteada por el recurrente sostiene que la recurrida habría incurrido en una conducta ilegal y arbitraria que vulnera una garantía constitucional protegida por el artículo 20 de la Constitución. Por lo tanto, el asunto planteado se enmarca en las hipótesis previstas en dicha norma, lo que hace que la presente acción sea el mecanismo procedente para su resolución.

Sexto: La Ley N° 18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744.

El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) Que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

b) Que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, la norma específica que esta exención no incluye los riesgos cubiertos por la Ley N° 16.744.

Por otro lado, el artículo 7° de la misma legislación permite a los trabajadores extranjeros que hayan realizado cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos acumulados, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1°.

Séptimo: En relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, a través del Oficio Ord. N° 13.661, del 18 de junio de 2019, instruyó a las AFP a reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por los oficios N°s. 24.272, 28.458 y 1.610, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Dicha normativa prevé la devolución de fondos en caso de que el trabajador haya cotizado tanto en Chile como en su país de origen, evitando así una doble cotización. Sin embargo, para acceder a este beneficio, se exige el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la ley, pues las cotizaciones previsionales obligatorias no constituyen un sistema de ahorro personal, como erróneamente lo han interpretado algunos afiliados extranjeros. Cabe señalar que, en su origen, la Ley N° 18.156 regulaba únicamente la exención de cotización. No obstante, mediante la Ley N° 18.726, publicada en 1988, se incorporó la posibilidad de solicitar la devolución de cotizaciones, con el propósito de remediar situaciones en que los trabajadores, pese a haber pactado en sus contratos la mantención de su afiliación previsional en su país de origen, fueron objeto de cotizaciones en Chile por parte de sus empleadores. En estos casos, la ley establece que la empresa debe haber efectuado las cotizaciones en el régimen previsional del país de origen del trabajador.

Finalmente, se destaca que la negativa de devolución de los fondos previsionales no implica la pérdida de los mismos para el recurrente, ya que podrá disponer de ellos en el momento y bajo las condiciones establecidas por la legislación general aplicable a todos los afiliados al sistema previsional, sean nacionales o extranjeros.

Octavo: En este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, presentó una “constancia electrónica de cotizaciones del Seguro Social”, señalando que dicha información podía verificarse a través del portal web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Por su parte, la recurrida argumentó que la normativa exige que este requisito se acredite mediante una certificación expedida por la entidad de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, conforme a la Convención de La Haya sobre la supresión del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros.

Noveno: Sobre este punto, la Superintendencia de Pensiones se ha pronunciado en diversas oportunidades, estableciendo que los documentos provenientes del extranjero deben cumplir con las formalidades de legalización o apostilla para ser válidos en Chile. En particular, mediante el Oficio N° 32.365, de 27 de diciembre de 2016, se abordó la aplicación del Convenio de la Apostilla en relación con la Ley N° 18.156, señalando que los documentos emitidos en el extranjero pueden ser reconocidos en Chile sin necesidad de legalización, únicamente si han sido apostillados por la autoridad competente en el país de origen.

Décimo: Examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas. La situación del país de origen del recurrente no exime a la Administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Considerando lo expuesto, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el deducido por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°169-2025 Protección.