WATT'S S.A. CON INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MAIPO(SAN BERNARDO)

En Santiago, a once de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece el abogado don Esteban Palma Lohse, en representación de la empresa Watt´s S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone deduce acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipo, representada por su jefe de inspección don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber rechazado por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa presentada en contra de la resolución de multa N°3042/18/193, lo que estima constituye un acto ilegal y arbitrario que conculca la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 20 de noviembre de 2018 por medio de resolución de multa N° 3042/18/193, la Inspección cursó una multa a su representada por diversos conceptos, por un monto total de $5.247.556, resolución que fue depositada en oficina de correos de Chile, para su notificación, el 21 de noviembre de 2018. Indica que el 14 de enero de 2019 la empresa presentó solicitud de reconsideración administrativa y el 12 de febrero del año en curso, la recurrida mediante resolución N° 155/ 2019 señaló que dicha solicitud era inadmisible por cuanto no había sido presentada dentro del plazo de 30 días hábiles que exige el artículo 512 del Código del Trabajo, señalando que “(…) la presentación se realizó con fecha 14.01.2019 y la notificación de la resolución que se reconsidera se verificó con fecha 28.11.2018, de modo que entre un acto y el otro transcurrieron 31 días hábiles; por lo tanto, no resulta posible para este Servicio admitir la tramitación de la solicitud, por haber sido interpuesta fuera del plazo legal”.

Sostiene que la reconsideración administrativa fue interpuesta dentro de plazo, por lo que carece de sentido la resolución emitida por la recurrida configurándose como un acto ilegal y arbitrario que vulnera el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Indica que para efectos del cómputo del plazo, es relevante considerar que el artículo 508 del Código del Trabajo, establece que la notificación se entiende practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, y que dicho plazo es de días hábiles administrativos, esto es, aquellos que van de lunes a viernes, por la aplicación supletoria de la Ley Nº19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que en su artículo 25 concluye que, en consecuencia, la resolución de multa se debe entender notificada a su representada el 29 de noviembre de 2018, y no el día 28 de ese mes, como señala la recurrida, por lo que sólo a partir de dicha fecha, se debe contar el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo, pues el depósito en la oficina de correos respectiva se realizó el 21 de noviembre de 2018.

A continuación manifiesta que, igualmente, el plazo de 30 días consagrado en el artículo 512 ya mencionado es de días hábiles corridos (sic), esto es, de lunes a viernes por aplicación supletoria de la Ley Nº19.880, respecto de lo cual está conteste la jurisprudencia administrativa y judicial. Cita, en tal sentido, Dictamen Nº025891Nº8, de 16 de octubre de 2018, de la Contraloría General de la República y sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol 23996 de 6 de noviembre de 2014.

Por lo expuesto, concluye que el plazo límite para presentar la reconsideración administrativa era el 14 de enero de 2019 y no el día 11 del mismo mes como lo ha entendido la recurrida, y de esta manera, se le ha privado injustificadamente a su representada de ejercer un legítimo derecho, a través de una interpretación que está fuera del ámbito efectivo de regencia de los artículo 508 y 512 del Código del Trabajo y que al no tener fundamento plausible, la torna arbitraria.

Pide, en definitiva, que se deje sin efecto lo dispuesto en la Resolución Nº155/2019 de 12 de febrero de 2019 y se disponga la obligación de la Inspección Comunal recurrida de tener a bien la interposición de la reconsideración administrativa de multa, someterla a tramitación y que, en definitiva, conozca derechamente sobre el fondo del asunto sometido a su resolución, todo ello con costas.

Con fecha 29 de marzo del presente año evacúa informe el abogado don Pablo Andrés Moreira Lumbreira, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, refiere que la acción de protección no es la vía adecuada, por cuanto para los efectos de lo reclamado, esto es, el mérito de lo resuelto en el Ordinario N° 155/2019, la ley contempla como recurso natural la reclamación judicial conforme lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, y lo que está haciendo el recurrente es utilizar el presente recurso como un sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias sin que exista un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger.

En subsidio, señala que la recurrente fue notificada el 28 de noviembre de 2018 de la multa N° 3042/2018/193 cursada en su contra, por aplicación de la presunción legal contemplada en el artículo 508 del Código del Trabajo, pues fue ingresada el 21 de ese mismo mes a las oficinas de correos de Chile; y en contra de esta resolución, la recurrente solicitó reconsideración el 14 de enero de 2019, sin embargo esa presentación no cumplió con lo previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código Laboral, en concordancia con el artículo 25 de la ley 19.880, en tanto debía ser realizada dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos de notificada la misma, razón por la cual no se admitió a tramitación.

Expresa que la presunción legal contenida en el artículo 508 del Código del ramo, se aplica tanto para las reclamaciones judiciales directas de multa según el artículo 503 del mismo cuerpo normativo, como para las reconsideraciones administrativas según el artículo 512 del mismo, por lo que el plazo de días hábiles a que se refiere el artículo 508 precitado, es un plazo judicial y no un plazo de actuaciones administrativas.

Refiere que refrenda su conclusión lo dispuesto en el artículo 435 inciso tercero del Código Laboral, en tanto dispone que los términos de días que establece el Título I del Libro V, se entenderán suspendidos durante los días feriados, por lo que la regla general de plazos judiciales en materia laboral es que se contabilicen para su cómputo los días sábados, pues se trata aquí de una actuación judicial y no administrativa. En concordancia con lo anterior, cita lo dispuesto en el artículo 432 del mismo texto legal, en cuanto a la aplicación supletoria de las normas contenidas en el Libro I y II del Código de Procedimiento Civil, y los artículo 503 y 508 del Código del Trabajo.

Niega que en este caso se aplique en forma supletoria la Ley 19.880, pues el tema del plazo en este procedimiento especial, se encuentra zanjado en el propio Código Laboral, donde se encuentra establecido que aquí se trata de plazos judiciales y no administrativos.

Asimismo, niega haber incurrido en algún acto ilegal o arbitrario al dictar el Ordinario N° 155/2019, pues consta que en el mismo se han expuesto razones de orden legal para rechazar la solicitud del recurrente, por lo que entiende que lo realmente pretendido es que esta Corte resuelva un asunto de fondo (interpretación de la forma de computar los plazos respecto del artículo 508 del Código del Trabajo) y no la cautela de derechos fundamentales que dice conculcados.

Luego, en cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, expresa en primer lugar que aquél fue dictado en atención a las facultades conferidas a ese Servicio por el artículo 508 y 512 del Código del Trabajo, por lo que no se ha actuado de manera contraria a la ley; se trató de un acto razonado, argumentado y fundado conforme a derecho, por lo que la presente acción cautelar debe ser rechazada por carecer de objeto y causa. En cuanto a la arbitrariedad, expresa que el Ordinario ha sido dictado teniendo a la vista la normativa legal y además directrices administrativas otorgadas al efecto.

Por último, en cuanto a la existencia de alguna perturbación, privación o amenaza al derecho que se estima conculcado, señala que la recurrente no ha expresad de manera específica la forma en que supuestamente se habrían vulnerado sus derechos, limitándose a indicar su disconformidad con el hecho de que se declaró inadmisible su recurso de reconsideración administrativo por haber sido presentado fuera de plazo. Agrega que la recurrente no explica cómo existiría un trato diferente al rechazarse su solicitud, negando en todo caso que la Inspección del Trabajo haya vulnerado la garantía de igualdad ante la ley.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio;

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental;

Tercero: Que para desestimar la alegación de improcedencia del recurso de protección, resulta bastante recordar que, conforme a la norma constitucional en comento, éste puede deducirse sin perjuicio de otras acciones que pueda ejercer la parte afectada por el acto administrativo. Por consiguiente, lo argüido por la recurrida a este respecto no puede prosperar;

II. EN CUANTO AL FONDO:

Cuarto: Que según es sabido, para el acogimiento de un recurso de protección es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y, que sean esos hechos los que produzcan perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 antes citado;

Quinto: Que por la presente acción cautelar, Watt´s S.A. se dirige en contra de la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo –la que tilda de ilegal y arbitraria- por la que no dio curso a la solicitud de reconsideración administrativa que su parte dedujo respecto de una multa que le fuera aplicada por dicha institución, en atención a haber sido presentada en forma extemporánea.

Puntualiza que esa extemporaneidad sostenida por la autoridad recurrida se apoya en el modo en que cuenta el plazo de sexto día hábil preceptuado en la parte final del artículo 508 del Código del Trabajo, toda vez que para dicho cómputo incluyó el día sábado 24 de noviembre de 2018;

Sexto: Que la Inspección Provincial del Trabajo informa que su proceder se ajustó a la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable. Explica que la multa aludida en el recurso fue notificada a la recurrente 28 de noviembre del año pasado, quien presentó su solicitud de reconsideración el 14 de enero del actual, esto es, fuera de los treinta días exigidos por el legislador, por las razones ya reseñadas en lo expositivo y en cuyo mérito se dictó el Ordinario N° 155, de 12 de febrero de 2019, declarando inadmisible la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de plazo;

Séptimo: Que, primeramente, conviene tener en cuenta que, según lo ha reconocido la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante la Inspección del Trabajo se compone de días hábiles, no corridos, como lo sostiene la recurrida, entendiéndose por inhábiles los días sábado, domingo y festivos. A modo ejemplar, puede citarse las sentencias de la Excma. Corte Suprema N° 3537-2012, N° 704-2015, N° 4015-2015, 18.432-2016; Rol 16.942-2016; Rol 17.522-2016; Rol 16.288-2016, N° 46.541-2016, N° 20.569-2018 y N° 23.259-2018, así como las de esta Corte de Apelaciones N° 3086-2016, N° 5965-2017, N° 3203-2018 y 6533-2018.

En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo en los términos apuntados en el párrafo precedente. Al existir un plazo “especial” como es el contenido en la predicha ley respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Pues bien, a la luz de lo precedente, resulta manifiesto y directo concluir que el término de seis días hábiles concerniente a la presunción contenida en la parte final del artículo 508 del Código del Trabajo, se encuentra sujeto al mismo estatuto que el plazo para presentar la solicitud reconsideración prevista en el artículo 512 del referido ordenamiento, por responder a los mismos fundamentos y estatuto normativo aplicable;

Octavo: Que constituye un hecho no controvertido que la resolución de la multa impugnada fue notificada mediante carta dirigida a la recurrente depositada en la oficina de correos el 21 de noviembre de 2018 –razón por la que ha de presumirse notificada el 29 de ese mes- y que el recurso de reconsideración fue presentado el 14 de enero del presente año, vale decir, al trigésimo día hábil desde aquella notificación y, por lo tanto, dentro de plazo legal;

Noveno: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que, al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio a la recurrente de autos, actuar que afecta, del mismo modo, el principio de legalidad que vincula a toda autoridad.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recursos de Protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Watt’s S.A. en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Maipo, y se deja en consecuencia sin efecto el Ordinario N° 155 de 12 de febrero de 2019, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N° 3042/18/193-1 de 20 de noviembre de 2018.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redactada por la ministra Alejandra Pizarro.

Rol 1681–2019 Protección.- Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San nombre reservado, integrada por las Ministras señora Adriana Sottovia Giménez y señora María Alejandra Pizarro Soto y el Abogado Integrante señor Manuel Hazbún Comandari.