nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

1 San Miguel, cuatro de agosto de dos mil veintidós.

Vistos:

nombre reservado, educadora diferencial y ex funcionaria docente municipal, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, representada legalmente por su Alcalde don Luis Astudillo Peiretti, fundado en el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio 7500, de 10 de mayo del presente año, que declara la vacancia de su cargo por salud incompatible por haber hecho uso de licencia médica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, vulnerando a su respecto las garantías constitucionales de los numerales 2º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En lo medular, la recurrente explica que ingresó a trabajar en la Municipalidad recurrida en marzo de 2017 conforme a la normativa del Estatuto Docente, para desempeñarse como educadora diferencial y coordinadora PIE (Programa de Integración Escolar) en la Escuela de Párvulos Rayito de Luz de la referida comuna, en calidad de contratada, con una carga horaria de 44 horas semanales.

Expone que en 2020, a consecuencia de la pandemia, se le diagnosticó depresión moderada y, como parte del tratamiento, se le prescribió reposo médico, además de sesiones psicológicas, medicamentos y controles periódicos, continuando con reposo hasta el presente año.

Sostiene que el 25 de mayo del año en curso recibió una carta que contenía Decreto Alcaldicio 7500, de 10 del mismo mes, que declara vacante su cargo docente por tener salud incompatible con este, ordenando el cese de sus funciones a partir de la notificación. Refiere que este instrumento contenía, además, el Ordinario 22, de 8 de febrero del actual, en que se solicitó a la COMPIN un pronunciamiento sobre la irrecuperabilidad de la salud de los funcionarios que allí se indican; y agrega que mediante Resolución Exenta 142610, de 10 de marzo último, la COMPIN resolvió que la recurrente tiene un estado de salud recuperable, haciendo referencia a la necesidad de contar con personas idóneas para el desempeño del cargo; declarando finalmente la vacancia de su cargo por tener salud incompatible con su desempeño, por haber hecho uso de 10 licencias médicas por un total de 203 días al 8 de febrero de 2022, oportunidad en que se solicitó pronunciamiento a la COMPIN, período que excede los 6 meses en los últimos 2 años, así como un informe de licencias médicas adjunto, indicando que al 29 de abril de 2022, sumaba 16 licencias de ellas, por un total de 296 días, quedando en la hipótesis descrita en los artículos 147 y 148 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y demás normas legales pertinentes.

A juicio de la recurrente el Decreto Alcaldicio 7500 es ilegal, toda vez que no fue examinada por la COMPIN, adoleciendo de falta de motivación necesaria e infringiendo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 148 de la Ley 18.883. Añade que, de todas formas, la COMPIN declaró que su salud es recuperable, lo que determina la arbitrariedad del acto impugnado.

Afirma que la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al no haberse aplicado correctamente el artículo 149 de la Ley 18.883, y además, su derecho a la propiedad al privársele de forma ilegítima de su empleo y de sus remuneraciones.

Termina el recurso, solicitando que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio 7500, se disponga el reintegro a sus funciones y se ordene el pago de las remuneraciones correspondientes por el tiempo que ha estado ilegítimamente separada de su empleo, con costas.

Informa al tenor del recurso el abogado don Marco Zepeda Risso, por la recurrida Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, solicitando su rechazo. Al efecto, aduce –en síntesis- que la recurrente fue contratada como docente diferencial, primero, desde el 1 de julio al 18 de noviembre, ambos de 2009, en reemplazo por causa de licencias médicas; posteriormente, se le contrató por 44 horas cronológicas semanales, a plazo fijo, para el proyecto de inclusión escolar en la Escuela de Párvulos Rayito de Luz, desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018; y luego, tras diversas contrataciones a plazo fijo entre dicha data y el presente año, fue contratada con 44 horas cronológicas semanales a contar del 1 de marzo de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023, según consta de Decreto 04657, de 28 de marzo de 2022, contratación regida por la Ley 19.070, Estatuto Docente, y Ley 19.410.

Manifiesta que tras asumir en junio de 2021, la nueva administración del municipio advirtió que más de un tercio de la dotación docente y asistentes de educación de la comuna se mantenían con licencia médica, por lo que se decidió oficiar a la COMPIN para evaluar la salud de ochenta y cinco de ellos, entre los cuales estaba la recurrente, y que, mediante Resolución Exenta 142610, de 10 de marzo de 2022, dicho organismo resolvió que la actora presenta actualmente un estado de salud recuperable y que al 8 de febrero de 2022, oportunidad en que se solicitó pronunciamiento a la COMPIN, había hecho uso de diez licencias médicas, por un total de 203 días en los últimos dos años, y que desde 2017 a la fecha presenta seis licencias médicas rechazadas, las que suman un total de $3.618.932, período en que se le ha pagado de igual forma el total de sus remuneraciones, por lo que la recurrente las adeuda a la municipalidad.

Seguidamente, señala que, en razón de la continuidad del Servicio, el jefe superior del mismo decidió ejercer la facultad del artículo 72 bis inciso primero del Estatuto Docente, esto es, considerar la salud de la actora incompatible con el desempeño del cargo sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que está en perfecta armonía con los fines perseguidos por las leyes 18.834, 18.883, 19.070 y 18.695.

Finaliza el informe negando que la recurrida haya incurrido en ilegalidad, arbitrariedad y vulneración a las garantías constitucionales en la decisión de la autoridad, sino el legítimo y bien ponderado ejercicio de una facultad legal expresamente establecida en el Estatuto Docente y para Funcionarios Municipales, la cual se encuentra suficientemente motivada.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo;

2º) En síntesis, la acción cautelar interpuesta por doña nombre reservado se endereza en contra de la decisión del Alcalde de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda de declarar vacante el cargo que servía, motivada en la causal de salud incompatible por el tiempo de licencia médica que presentó durante los últimos dos años, en circunstancias que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –COMPIN- informó que su salud es recuperable; dictamen que, en su opinión, haría improcedente la causal de vacancia cuestionada.

A su vez, el recurrido alega que el acto materia del recurso se dictó en ejercicio de una facultad legal, ejercida en conformidad con la preceptiva que la rige y con el fundamento de rigor, referido tanto al período de licencias médicas que ha presentado la recurrente, como a la “necesidad de velar por la continuidad en el ejercicio de las funciones públicas de los órganos de la Administración del Estado y, por ende, satisfacer las necesidades de la comunidad (…) siendo necesario que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño del cargo, pues de no existir idoneidad, se hace imposible el cumplimiento de la función pública”;

3º) Atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

4º) Una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Agaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339);

5º) De lo anotado en supra 2º), se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno al ejercicio que, en el caso de la recurrente, hizo el recurrido de la facultad que tiene prevista en los artículos 72 bis y 72, letra h), ambos de la Ley 19.070, en relación con el artículo 148 de la Ley 18.883, que fija el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, y con el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

El artículo 148 de la Ley 18.883 –que guarda manifiesta armonía con el texto de la última de esas normas- reza como sigue:

“El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

A su turno, el artículo 72 de la Ley 19.070 que Aprueba el Estatuto de los profesionales de la educación estatuye: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: (…) h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter (…)”.

Por su parte, el citado artículo 72 bis –incorporado a ese último ordenamiento en virtud de la Ley 21.093, de 2018, prevé, en lo que ahora interesa: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, y más adelante, en el inciso tercero, la norma prescribe: “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”;

6º) Como se ha visto, la recurrente cuestiona la determinación materia del recurso en atención a que, requerido el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere el inciso final de la disposición legal recién citada, este concluyó que su salud es “recuperable”, razón que, a su juicio, haría ilegal la declaración de salud incompatible efectuada por el edil de Pedro Aguirre Cerda, dejándola sin sustento, toda vez que no se basó en otra cosa más allá de la cantidad de días de licencia médica acumulados en el lapso de dos años, reposo que estaría precisamente en la línea de la recuperación de su salud;

7º) Sobre el particular, es útil recordar que con arreglo a los artículos 146 del Estatuto Administrativo y 144 de la Ley 18.883, el funcionario cesará en el cargo, entre otras causales, por “c) Declaración de vacancia (…)”. A su turno, los artículos 150 del primero de esos ordenamientos y 147 del segundo, prescriben de manera armónica: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (…)”; y también se ha visto –en el apartado 5º)- que el artículo 72 de la Ley 19.070 replica la referida causal;

8º) A la luz de lo antedicho, a partir de esa regulación formulada de modo alternativo por el legislador, queda de manifiesto la existencia de dos constructos distintos entre sí: la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable. La primera, supeditada a un tiempo de licencias médicas continuas o discontinuas del funcionario y entregada a una facultad depositada en el jefe superior del servicio –en la especie, el alcalde-; la segunda, en cambio, entregada a la evaluación que de la salud del funcionario realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente y a la que sigue un procedimiento administrativo en que se encauza la persona cuya salud se califique de “irrecuperable” y que, dentro de un determinado margen de tiempo, prepara el momento del cese definitivo de funciones.

Lo anotado recién queda patente, no solo en la conjunción disyuntiva –“o”- que se contiene en los citados artículos 150, 147 y 72 de los estatutos en referencia, denotando diferencia o alternativa entre la salud incompatible y la salud irrecuperable, sino que en la propia reglamentación independiente que de las mismas se prevé en ambos ordenamientos, a saber, en los artículos 151 y 152 del Estatuto Administrativo Ley 18.834, artículos 148 y 149 de la Ley 18.883, y se ve replicada en los artículos 72, letra h), y 72 bis de la Ley 19.070, incorporado –como se dijo- por medio de la Ley 21.093, publicada el 23 de mayo de 2018;

9º) Ahora bien, igualmente es oportuno considerar que, tanto el artículo 148 de la Ley 18.883, como el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en los que se preceptúa la declaración de salud incompatible con el cargo, fueron modificados por la Ley 21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, en cuyo Mensaje se lee que la iniciativa de ley tuvo por objeto reajustar las remuneraciones del Sector Público, conceder aguinaldos de Navidad del año 2017 y de Fiestas Patrias del año 2018 para el sector activo y pasivo, otorgar otros beneficios que indica y modernizar la gestión del Estado en las materias la señala.

En lo que ahora interesa, el referido proyecto expresó: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N° 18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley N° 18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”.

En principio, podría inferirse que lo perseguido con esa modificación legal de 2017 fue uniformar la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable bajo el único, idéntico e insoslayable fundamento de la condición no recuperable de la salud del funcionario informada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Sin embargo, un objetivo como ese habría ameritado que se reformasen, también, esos otros artículos aludidos en el motivo inmediatamente anterior, en cuanto por ellos se contemplan y regulan de manera distintiva ambas figuras, con independencia la una respecto de la otra. Empero, no lo hizo así el legislador de la Ley 21.050; del mismo modo que resalta que tampoco lo haya hecho a propósito de la dictación de la mentada Ley 21.093, modificatoria del Estatuto Docente, y que precisamente incorporó artículo 72 bis, citado supra 5º);

10º) Colige entonces esta Corte que el sentido o entendimiento de los artículos 148 de la Ley 18.883 y 151 de la Ley 18.834, tras la reforma introducida por la Ley 21.050, conjugados con lo preceptuado en los artículos 72 bis y 72, letra h), de la Ley 19.070, se encuentra en el condicionamiento al que pasó a estar sujeta la jefatura a la hora de ejercer la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, quien solo podrá proceder de ese modo si previamente ha recabado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación sobre la condición de irrecuperable de la salud que pudiera presentar el funcionario y que no le permite desempeñar el cargo. En caso que lo irrecuperable de la salud del funcionario resulte constatado a raíz de dicho informe, será esta la figura que cobre vigencia, con la normativa que le es propia.

Dicho con otras palabras, del informe sobre el resultado de la evaluación que debe de obtenerse en forma previa de la mencionada entidad técnica dependerá cuál de las figuras en referencia cobra vigor y habrá de recibir aplicación en el caso que se trate: Si la conclusión es que la salud del funcionario es irrecuperable, esta preferirá y será conforme a sus reglas que procederá la declaración de vacancia. Si en cambio, la conclusión es que la salud del funcionario es evaluada como recuperable, y además se reúne el lapso de licencia médica exigido por la ley, entonces procederá la eventual declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo.

Junto con ello, es menester resaltar que tal declaración se presenta como una facultad discrecional que la ley ha entregado a la jefatura del Servicio respectivo, en la medida que concurran los requisitos que autorizan su ejercicio, como se ha visto: que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y que su salud sea recuperable;

11º) El contexto descrito en el motivo inmediatamente anterior refuerza el entendimiento que se ha venido haciendo sobre el sentido de la reforma introducida mediante Ley 21.050 a las leyes 18.834 y 18.883, y más tarde de la Ley 21.093 a la Ley 19.070, esto es, que la exigencia de contar con el informe previo de la COMPIN que habilita el ejercicio de la facultad de declarar la salud incompatible con el cargo, efectivamente mira por la mejora en el estatuto y condiciones que rigen a los servidores públicos, toda vez que está dirigida a esclarecer a priori, y con ello a excluir, la posibilidad de que sea el empleador quien ejerza su facultad de separar a un funcionario afectado en un caso que –de no mediar ese informe técnico-médico- podría verse claramente perjudicado si su salud no es simplemente incompatible con el cargo para el que ha sido designado, sino que es irrecuperable y, por consiguiente, conducirá a una declaración de invalidez en conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente;

12º) Así también lo ha entendido la Contraloría General de la República señalando que: “la resolución de la evaluación que realice la COMPIN constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado” y que por tanto, “en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal”. De esta suerte, no se considera adecuado interpretar el hecho que un funcionario haya obtenido una resolución que declara recuperable su salud como un impedimento para declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, pues de ser así volvería ineficaz la norma del artículo 148 de la Ley 18.883 y la vacancia por la figura de salud incompatible que ella regula, considerando que para el caso de la salud irrecuperable, se contempló lo propio en el artículo 149 de la misma ley.

También resulta ilustrativo el Dictamen 14.871 de 26 de abril de 2017, en que la Contraloría General de la República distingue entre la facultad del jefe de Servicio de declarar la salud de un funcionario como incompatible con el cargo y la declaración de salud irrecuperable, considerando que, en caso de concurrir esta última, se limita la procedencia de la primera: “No obstante lo anterior, en el evento que la respectiva comisión médica, al momento de emitir su dictamen, señale expresamente que el funcionario padece de una enfermedad invalidante desde una fecha anterior a que se encuentre firme la resolución que declara vacante su cargo por salud incompatible, procede que esta última sea dejada sin efecto y sea reemplazada por la resolución alcaldicia que declara la salud irrecuperable, toda vez que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los diversos sistemas de seguridad social protegen los estados de invalidez, haciéndolos prevalecer por sobre toda otra causal de cese de servicios que eventualmente pueda ocurrir en relación con un determinado empleado, lo anterior, acorde con lo manifestado en el dictamen N° 8.178, de 2017, de este origen”.

Y más recientemente, en el Dictamen E188.441N22, de 24 de febrero de este año, refiriéndose al sentido y alcance de la modificación introducida mediante la Ley 21.050 a los artículos 151 de la Ley 18.834 y 148 de la Ley 18.883, concluye: “(…) en el evento que el informe de la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y en caso contrario, esto es, si esa institución informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente declarar la referida incompatibilidad, pues en tal caso correspondería que la comisión médica pertinente conozca del asunto, a fin de que esta última entidad pondere declarar la salud irrecuperable de dicho empleado.

Como puede advertirse, la conclusión anotada permite darle sentido a la modificación legal introducida por la ley Nº 21.050 a los citados artículos 151 de la ley Nº 18.834 y 148 de la ley Nº 18.883. Ello, ya que entender que una declaración de salud recuperable que haga la COMPIN impide al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que esas normas indican, importa una interpretación que deja sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible”;

13º) Volviendo al caso de autos, es pertinente poner de relieve que la recurrente no refuta el fundamento que, en consonancia con el inciso primero de los artículos 148 de la Ley 18.883 y 151 del Estatuto Administrativo Ley 18.834, en relación con los artículos 72, letra h), y 72 ter de la Ley 19.070, encamina la declaración de vacancia contenida en el Decreto Alcaldicio N° 7500, de 10 de mayo de 2022, esto es, que en el lapso de dos años su parte hizo uso de diez (10) licencias médicas por los doscientos tres (203) días, vale decir más de seis meses, al 8 de febrero de 2022 –oportunidad en que se solicitó un pronunciamiento a la COMPIN- y que, al 29 de abril del actual, suma dieciséis (16) licencias médicas por un total de doscientos noventa y seis (296) días.

Lo anterior, unido al cumplimiento por la parte recurrida de la exigencia preceptuada en esas normas, al recabar el informe de la COMPIN que era de rigor, y sin que corresponda aplicar el estatuto previsto para la declaración de salud irrecuperable, hizo confluir en la especie los requisitos objetivos que admitían la declaración de salud incompatible por medio de la facultad que tiene autorizada el Alcalde recurrido y que, en definitiva, ejerció en la especie;

14º) Todavía cabe agregar a lo anterior que la extensión o prolongación del ausentismo de la recurrente a sus funciones como docente debe ser enfocada no solo desde su propia o particular perspectiva, sino que bajo la óptica y el acento que marca el fin público que orienta el quehacer de los municipios, en especial si se trata de brindar cobertura a las necesidades de educación de los habitantes de la respectiva comuna.

De manera relacionada, esta Corte ha dicho: “(…) el Estado debe contar con el personal adecuado y disponible para el desarrollo de las labores que le son propias bajo el riesgo que, de así no hacerlo, incurrir en responsabilidades por falta de servicio, es decir, el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que como ya se dijo es prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria, no ha permitido sino que obstaculizado la labor permanente y continua a la está obligada la Administración del Estado.

Es así, entonces, que la ley en cumplimiento de este principio, facultó al Jefe del Servicio a subsanar la situación a través de esta vía” (IC San Miguel 5132-2021).

15º) En las circunstancias que se han descrito en las motivaciones anteriores, no es dable afirmar que exista ilegalidad en el Decreto Alcaldicio N° 7500, de 10 de mayo de 2022, en los términos pretendidos por la recurrente, como tampoco es posible advertir arbitrariedad en su dictación, desde que se apoya en el artículo 148 de la Ley 18.883 y las normas pertinentes de la Ley 19.070, cuyos requisitos objetivos aparecían reunidos en la especie, con una base fáctica razonable y proporcional, no una simple voluntad vacía de contenido o el mero capricho de su emisor.

Consecuentemente, no ha podido tener lugar la conculcación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso de la manera que este propone;

16º) Fruto de todas las reflexiones que han sido anotadas en los párrafos que anteceden, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado contra la I. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 16.689-2022 Protección.- Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Adriana Sottovia Giménez y señora M. Alejandra Pizarro Soto y Abogado Integrante señor Roberto von Bennewitz Álvarez. No firma la Ministro señora Sottovia, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.