Protección contra Consorcio Santa Marta S

Foja: 170/ Ciento Setenta En Santiago, a dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que a fojas 1, el 19 de enero de 2016, comparece don nombre reservado, Alcalde de la I. Municipalidad de Talagante, en representación de dicha Corporación, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de Consorcio Santa Marta S.A., con domicilio en domicilio reservado, y en contra de don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, con domicilio en domicilio reservado, quienes de manera ilegal y arbitraria han afectado el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los vecinos de la comuna que representa, en particular de la localidad de Lonquén. Refiere que el relleno sanitario Santa Marta está ubicado en el predio Santa Elena de Lonquén, comuna de Talagante, al que se tiene acceso desde la localidad de Lo Herrera, comuna de San Bernardo, el que pertenece a la empresa Consorcio Santa Marta. Agrega que el viernes 15 de enero se produjo un desplazamiento del terreno, generando una falla en la compactación de los residuos que se encuentran en el lugar, produciéndose una inestabilidad en el mismo, en una superficie aproximada de una hectárea y media, quedando expuestos los residuos que se disponen en el lugar al medio ambiente, sin ningún tipo de tratamiento ni cobertura. Como municipio, se les informó el día sábado 16 de enero, constituyéndose la autoridad sanitaria, SEREMI de Salud, instruyendo un sumario sanitario a fin de esclarecer las circunstancias de dicho desplazamiento y autorizando la reanudación de las faenas del relleno. Agrega que ese fin de semana la zona central del país se vio afectada por condiciones de altas temperaturas, las que provocaron que el día lunes 18 de enero, aproximadamente a las 15.30 horas, por condiciones no precisadas por bomberos, se declarara precisamente en el lugar del desplazamiento un incendio de características muy complejas que afecta la cubierta y subsuelo del relleno, el cual ha generado graves trastornos a una parte importante de la Región Metropolitana. Hace presente que la terraza donde se produce el deslizamiento corresponde a aquellas donde hacen disposición de los lodos que recibe el relleno, los que no pueden compactarse de igual manera. Afirma que de acuerdo a la Resolución de Calificación Ambiental N° 433/2001, y al Decreto Supremo N° 189/2008, del Ministerio de Salud, la empresa debió ejecutar ciertas medidas preventivas que no realizó. Asegura que la falta de atención al deslizamiento experimentado conllevó al posterior incendio, que a la fecha de interposición de la acción no había sido controlado por la empresa y que la autoridad sanitaria también debió prever. Al respecto, señala que la empresa no realizó cobertura diaria del 100% de los residuos dispuestos, respetando los espesores de recubrimiento indicados para la celda; no contaba ni cuenta con un plan de emergencias, no cuenta con los catavientos que le exige su RCA, ni cuenta con detectores de gases, que puedan determinar la magnitud real del daño ambiental que les afecta en estos momentos. La sola existencia del enorme desplazamiento debió poner en acción el plan de contingencia para evitar el incendio que afectó al relleno; por otro lado, el control y fiscalización de los rellenos sanitarios corresponde a la autoridad sanitaria y, en este sentido, la falta de control adecuado por parte de la Seremi de Salud fue condición adicional que dio origen al deslizamiento de tierra y posterior incendio. Indica que la ilegalidad de la empresa recurrida consiste en la explotación de su relleno fuera de las normas legales y reglamentarias; a su turno, de la autoridad sanitaria ha sido la de no ejercer en tiempo y forma sus facultades fiscalizadoras y dejar de ejercer sus atribuciones, conferidas por el artículo 36 del Código Sanitario, avalando una situación del todo grave. Afirma que el acto ilegal de los recurridos menoscaba y perjudica la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que hasta el momento ninguno de ellos ha asumido de manera precisa y concreta la causa de los daños, la magnitud de los mismos y la forma de ponerles fin de manera permanente. Solicita se acoja la presente acción, adoptándose todas las medidas que sean necesarias para reinstaurar el imperio constitucional quebrantado, especialmente ordenando a la autoridad sanitaria decretar la emergencia sanitaria conforme al artículo 36 del Código Sanitario, en tanto no se pruebe que los terrenos cumplen con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto Supremo N° 189/2008 del Ministerio de Salud, y que se impida en forma permanente la recepción de lodos en dicho relleno, así como cualquier otra medida que esta Corte disponga, con costas.

Que a fojas 33 informa la abogada María de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, en representación de Consorcio Santa Marta S.A., solicitando su rechazo. Afirma que ha dado cumplimiento a la normativa ambiental vigente en la operación del relleno sanitario y producto de la contingencia ocurrida se encuentra temporalmente con prohibición de recibir residuos, siendo entonces improcedente e innecesario lo solicitado en el presente recurso, toda vez que no se ha generado contaminación medioambiental que se deba mitigar en la actualidad. Explica que el funcionamiento del relleno sanitario se encuentra regulado por la normativa ambiental correspondiente y, en especial, por su Resolución de Calificación Ambiental N° 433/2001, de la COREMA, que autoriza a su representada a recepcionar residuos sólidos domiciliarios y asimilables; que, mediante Resolución N° 108.103, de 28 de diciembre de 2015, de la Seremi de Salud, se autorizó la recepción y disposición final de residuos especiales, para residuos provenientes de establecimientos de salud; y que mediante Ordinarios N° 0527, de 16 de marzo de 2011, y N° 0631, de 1 de abril de 2011, del Servicio de Evaluación Ambiental, se autorizó la recepción de lodos. Por causas que a la fecha del informe se investigan, el viernes 15 de enero de 2016, aproximadamente a las 18.40 horas, se produjo un deslizamiento de la masa de residuos en el relleno sanitario que afectó cerca de un 10% del área total de disposición, contingencia en la que no se registraron personas lesionadas. Añade que, producto de este deslizamiento, se activó el protocolo establecido, detallando las acciones ejecutadas. En especial, detalla que el sábado 16 de enero se ejecutó un plan de medidas de seguridad del sector afectado, que involucró la desconexión de las tuberías de recolección de biogás, la detención de la planta de generación eléctrica y la demarcación de un perímetro de seguridad en torno al lugar del deslizamiento para evitar el ingreso de personas y maquinarias hasta verificar la estabilidad de la zona afectada. El mismo día sábado se efectuó un recorrido de todo el perímetro del área afectada, en conjunto con el asesor estructural de Santa Marta, quien constató preliminarmente que no se observaban movimientos de residuos; durante este proceso estuvieron presente funcionarios de la unidad de fiscalización de la Seremi de Salud, quienes dispusieron (acta en custodia) suspender inmediatamente la operación de disposición de residuos en la zona afectada y, con el objeto de dar continuidad a la operación del relleno sanitario, trasladar la operación a otra zona, alejada de los sectores dañados, lo que se hizo el mismo día. El día lunes 18 de enero se realizó una nueva fiscalización del relleno sanitario por parte de la Seremi de Salud, con la finalidad de verificar el control de la condición sanitaria y de operación de la disposición de residuos en la zona segura; el acta confeccionada señala que no se observaron nuevos deslizamientos, se instalaron 8 puntos de referencia para monitorear estabilidad y se determinó la prohibición de ingreso de lodos y residuos sólidos domiciliarios y asimilables provenientes de empresas particulares, dando continuidad a la operación. Pero el mismo 18 de enero, aproximadamente a las 17.00 horas, durante el desarrollo de la inspección por parte de la Seremi de Salud, se produjo un incendio en la zona donde ocurrió el deslizamiento de la masa de residuos, ante lo cual, y de común acuerdo con la autoridad sanitaria, se resolvió en forma inmediata detener la disposición de residuos en la zona segura y se evaluaría la continuidad del servicio dada la dificultad de extinguir el incendio. Agrega que, debido a las características del incendio, el que se concentró en el sector central del lugar afectado por el deslizamiento, se solicitó apoyo de la Gobernación de Talagante para que se ejecutase alguna acción inicial de combate aéreo, alternativa que no pudo concretarse dada la imposibilidad de conseguir alguna unidad aérea que pudiese concurrir en forma inmediata al relleno sanitario. A las 23.20 horas del mismo lunes 18 de enero se constituyó el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Talagante para definir las acciones a seguir en el combate de este incendio, adoptándose como medida inicial el efectuar un acercamiento lateral al lugar del foco de incendio, lo que en definitiva no fue posible debido al perímetro de seguridad establecido en el área de deslizamiento y por la prohibición expresa de la Seremi de Salud de realizar cualquier acción insegura que pudiese poner en riesgo la salud de los trabajadores, lo que impidió que se pudiese realizar cualquier intervención en ese momento, por lo que el incendio se mantuvo activo. Indica que el día martes 19 de enero, mediante Resolución N° 0300, de la Seremi de Salud, se prohibió el funcionamiento del Relleno Sanitario, entendiéndose por cumplida esta medida con la prohibición de recepcionar residuos de toda especie, abocándose a las labores de sofocar el incendio, principalmente el disponer de maquinaria que pudiese acopiar material térreo y ejecutar acciones de volteo de residuos para su sofocamiento (inhibición de oxigeno). Enseguida, el día viernes 22 de enero se le notificó las medidas provisionales decretadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, en Resolución Ex. N° 58, entre las que se ordena la detención inmediata de la recepción y disposición final de residuos, así como las actividades de extracción de biogás, por el plazo de 15 días hábiles. Finalmente, el viernes 22, a las 20.15 horas, el Comandante del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo declaró totalmente extinguido el incendio (informe acompañado a la custodia), cuyo origen, según la propia Resolución N° 300, se puede atribuir al efecto lupa, es decir, al tener residuos expuestos a altas temperaturas, en la mezcla existen elementos metálicos, vidrios o similares que recalientan y provocan la inflamación espontánea. Por lo tanto, sostiene que la contingencia ocurrida se debe a un lamentable accidente, cuyas causas se están investigando, sin embargo, su representada actuó con apego a la normativa vigente, a sus protocolos de actuación y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por las autoridades con competencia ambiental, sin que se produjeran daños personales ni materiales que lamentar. En relación al manejo de lodos, como ya se había señalado, su representada cuenta con la autorización correspondiente para la recepción de lodos en el relleno sanitario, y la disposición del mismo se realiza de conformidad a lo exigido en la normativa vigente. En cuanto a los derechos eventualmente vulnerados, asevera que la recurrente no señala la forma en que se ha producido el supuesto daño, en qué consiste el mismo y cuáles son los antecedentes técnicos con los que cuenta para sostener su afirmación. Este recurso, afirma, debe ser rechazado pues no concurren los presupuestos básicos: no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de Santa Marta, ni se ha sufrido una privación, perturbación ni amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho constitucional de los recurrentes. Afirma que no existe una cuestión de ilegalidad o arbitrariedad de un acto u omisión, sino una contingencia sufrida por su representada, la que fue manejada de acuerdo a los protocolos establecidos y a las instrucciones impartidas por las autoridades competentes. Se ha obrado con estricto apego a la legislación vigente y a lo ordenado por los organismos con competencia ambiental. En este sentido, señala que se pide el cierre del relleno sanitario y que se impida la recepción de lodos en el mismo; sin embargo, se han dictado dos prohibiciones de ingreso de residuos de todo tipo al relleno sanitario por los organismos con competencia ambiental, de modo que el objeto del presente recurso se encuentra ya cumplido, habiendo perdido oportunidad. Además, estos organismos públicos cuentan con las competencias técnicas y las atribuciones legales para determinar las medidas más adecuadas y convenientes para enfrentar esta contingencia. Reitera, por último, su petición de rechazo del recurso deducido en todas sus partes.

Que a fojas 60 se hace parte don nombre reservado, alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín, en representación de la sociedad “Empresa Metropolitana de Disposición y Tratamiento de Basuras Ltda.”

Que a fojas 72 se ordena la vista conjunta con los ingresos 159-2015 PROT y 171-2015 PROT.

Que a fojas 77, según lo ordenado por esta Corte con fecha 11 de febrero de dos mil dieciséis rola copia de resolución del 2º Tribunal Ambiental de Santiago, que con fecha 12 de febrero del año en curso autorizó la medida de clausura temporal de las instalaciones del relleno sanitario pudiendo sólo operar en el área denominada Celda Nº 1, por el plazo de 30 días.

Que a fojas 99 informa la abogada doña María Paz Contreras Maureira, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud R.M., solicitando su rechazo en cuanto se dirige en contra de su representada, con costas. Refiere que el viernes 15 de enero del año en curso, aproximadamente a las 22.00 horas, personal del Consorcio Santa Marta S.A. se comunicó con la funcionaria de la Seremi de Salud R.M. – Jefa del Dpto. de Control Sanitario Ambiental – para informar deslizamiento de la parte central del relleno, afectando la masa de residuos del relleno sanitario, aproximadamente una hectárea y media. Recibida la llamada se consultó sobre trabajadores comprometidos, informándose que ninguno; y también se consultó por la paralización de faenas, respondiéndose que desde el momento del deslizamiento se habían paralizado la totalidad de las actividades operativas. De inmediato se tomó contacto con el funcionario de turno en la Unidad de Emergencias Químicas de la Seremi de Salud, acordando se programarA la inspección correspondiente con luz de día. Agrega que el día sábado 16 de enero, a las 9.45 horas aproximadamente, los fiscalizadores ingresan al relleno y se reúnen con los encargados de la empresa y un experto en Geotecnia, para analizar las causas y la existencia de zonas de seguridad que permitieran continuar con la disposición de residuos en la instalación. Como resultado de la inspección se pudo constatar que el deslizamiento había sobrepasado el sistema de contención, aclarando que la zona bajo el muro no cuenta con impermeabilización, motivo por el cual aguas abajo se encontraba personal de la empresa bombeando líquidos percolados, los que estaban siendo contenidos en un pozo para su posterior envío a la planta de tratamiento de lixiviados de la empresa, sin observar la presencia de líquidos percolados en otras zonas sin recubrimiento. Siendo las 13.30 horas se dio por finalizada la inspección, sosteniéndose una segunda reunión con los encargados de la empresa para conocer las acciones a seguir por esta y recibir un informe del experto en materias de estabilidad estructural, el que señalaba que la magnitud del deslizamiento no había afectado la estabilidad total de la masa de residuos, existiendo dos zonas seguras no afectadas; así las cosas, manifestando la empresa su intención de continuar con la operación en zonas seguras del relleno, los fiscalizadores indicaron que la actividad continuara en el sector sur, dado que es el que presenta mayores condiciones de seguridad, tanto para los trabajadores como para la comunidad. La razonabilidad de la decisión adoptada se fundaba en permitir que la actividad continuara operando, con el normal recibimiento de residuos y evitar males mayores que pudiesen acarrear un eventual foco de insalubridad para la población que involucra a 19 comunas de la Región. Añade que, pese a que la competencia normativa y fiscalizadora en materia ambiental de una actividad con Resolución de Calificación Ambiental radica en la Superintendencia del Medio Ambiente, la autoridad sanitaria dispuso levantar un acta de la visita inspectiva, dando inicio al sumario sanitario correspondiente, disponiendo 13 medidas de índole sanitario inmediatas, con el solo objeto de prevenir y evitar eventuales consecuencias. Eventuales riesgos no existían ni se podía representar o prever que existiesen, al haberse superado la situación del deslizamiento en el sector del relleno afectado; por lo mismo, tampoco correspondía la aplicación de una prohibición de funcionamiento parcial o total porque los hechos no justificaban un riesgo inminente para la salud, en los términos del artículo 178 del Código Sanitario, como sí lo podría provocar la prohibición de disposición de residuos en zonas calificadas seguras. El día lunes 18 de enero, a las 9.00 horas, el Seremi de Salud convocó a reunión con los equipos técnico y jurídicos. Aproximadamente a las 17.00 horas, estando los fiscalizadores de la Seremi en pleno proceso de mediciones, se observa que, en la parte central de la zona deslizada, de manera espontánea, comienza a ascender un pequeño humo, el cual con el correr de los minutos se convierte en un incendio. Siendo las 18.00 horas, luego de verificar que el incendio adquiere grandes proporciones, se procede a la paralización de las actividades de disposición de residuos y el retiro de todo el personal del frente de trabajo. Enseguida, siendo las 15.30 horas del martes 19 de enero se notifica la Resolución N° 0300/2016, dictada en el marco del sumario sanitario iniciado el sábado 16, que establece la prohibición de funcionamiento del relleno sanitario, prohibiendo el ingreso de nuevos residuos a la instalación hasta que ofrezca las garantías necesarias para volver a funcionar. El día miércoles 20 de enero, a las 9.00 horas, se realiza reunión de coordinación para operativo de salud en la población cercana. Luego, a las 20.00 horas, el Seremi de Medioambiente solicita la colaboración de personal técnico de la Seremi de Salud para evaluar situación operacional de otros rellenos, constituyéndose en ellos al día siguiente. Argumenta que, conforme las actas que acompaña, funcionarios fiscalizadores han mantenido la supervigilancia activa, a fin de efectuar revisión de los puntos de marcación de grietas y registrar los posibles deslizamientos; el incendio se encuentra controlado en su totalidad y se ha mantenido la debida supervigilancia para evitar riesgos a la salud de la población, adoptando medidas que garanticen la protección de sus derechos constitucionales. En otro aspecto, menciona que, según la institucionalidad ambiental, Ley N° 19.300, le corresponde a la Superintendencia la fiscalización del permanente cumplimiento de normas y condiciones sobre la base de las cuales se han aprobado o aceptado estudios y declaraciones de impacto ambiental. Así, continúa, cuando el Decreto N° 189/2005, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios, se refiere a Autoridad Sanitaria, debe entenderse que, con la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, solo se limita a las facultades sanitarias que no sean de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente. En el presente caso, la Seremi de Salud decidió dar origen a un sumario sanitario N° 258/2016, el que fue derivado a la Superintendencia del Medio Ambiente para que en uso de sus facultades y en ejercicio de su competencia conociera y resolviera en materia ambiental, manteniendo la Seremi de Salud copia del expediente para continuar conociendo de los hechos y eventualmente sancionar aquellos de competencia sanitaria. En cuanto a la acción de protección deducida, indica que las afirmaciones del recurrente no cuentan con ningún respaldo técnico que avale o demuestre sus alegaciones en relación al Seremi de Salud, quien no ha actuado ni ha omitido, ilegal y/o arbitrariamente, acciones de resguardo de la población, actuando siempre con los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad que fundan cada una de las acciones ejecutadas. Finalmente, afirma que el presente recurso ha perdido oportunidad, por cuanto la Superintendencia del Medio Ambiente como el 2º Tribunal Ambiental ya se encuentran conociendo de las acciones cautelares correspondientes.

Que a fojas 109 se incorpora ORD N° 370, de 12 de febrero del año en curso, del Superintendente del Medio Ambiente, don Rubén Verdugo Castillo, dando cuenta de lo obrado por dicho servicio en relación a los hechos materia de la presente acción constitucional. Señala que el 21 de enero de 2016 se solicitó autorización al Ilustre 2º Tribunal Ambiental para adoptar la detención de funcionamiento de las instalaciones del relleno, la que fue concedida al día siguiente. Además, luego de realizar visitas en terreno y analizar una serie de antecedentes técnicos, llegó al convencimiento que la empresa recurrida no fue capaz de superar el riesgo asegurando la estabilidad del relleno, enumerando los antecedentes tenidos a la vista para tal conclusión (contenidos en informe de fiscalización ambiental que adjunta). A su vez, de la revisión de los informes técnicos que menciona concluye que la situación de riesgo no se ha superado, por lo que la recomendación es que el proyecto siga paralizado, salvo un pequeño sector denominado “Celda 1”, donde se encuentran las condiciones necesarias para poder disponer residuos sin generar condiciones de inseguridad o inestabilidad. Refiere que, de los hechos constatados en las actividades de inspección ambiental y el posterior análisis de la información, fue posible concluir que se presenta una hipótesis de riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, derivada de la inestabilidad del relleno sanitario, a consecuencia del mal manejo que se ha dado del mismo, tanto en las condiciones estructurales, como en la gestión de residuos, donde, por ejemplo, la tasa de ingreso ha sido mayor a la autorizada. Esta inestabilidad lleva consigo el riesgo que se generen nuevos deslizamientos, lo que podría llevar a repetir los hechos que afectaron a la Región Metropolitana en semanas anteriores. Esta hipótesis de riesgo se mantenía vigente, dado que la empresa no ha sido capaz de asegurar la estabilidad y seguridad del relleno con antecedentes técnicos que lo comprueben, salvo para un área específica denominada “Celda 1”. Indica también que con fecha 9 de febrero de 2016 se procedió a formular cargos a Consorcio Santa Marta S.A., mediante Res. Ex. N° 1/ROL F-11-2016, en la que la fiscal instructora propuso la adopción de la clausura temporal parcial del relleno, así como una serie de otras medidas provisionales. En razón de lo anterior, con la misma fecha se solicitó al Ilustre 2º Tribunal Ambiental autorizar la medida provisional correspondiente a la clausura temporal parcial de las instalaciones del relleno Santa Marta, autorización que fue concedida mediante resolución de 10 de febrero pasado, por lo que solo se podrá disponer y operar el área identificada como “zona de seguridad – Celda 1”, debidamente georreferenciada, y que se concede por el término de 30 días corridos, contados desde la notificación que realice el Superintendente. Al efecto, se dictó la Res. Ex. N° 126, de 10 de febrero de 2016, que ordena a la empresa la adopción de las medidas provisionales que indica latamente.

Que a fojas 115 se alza parcialmente la orden de no innovar dispuesta con fecha 22 de enero del año en curso.

Que a fojas 121 esta Corte de Apelaciones, en la causa 159-2016, la cual debe verse conjuntamente con la de autos, ordena que se oficie a: la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de que informe respecto del estado del sumario sanitario seguido respecto de la recurrida; la Dirección General de Aguas a fin de que de cuenta si se inició alguna investigación relativa al agua y relacionada con los hechos denunciados; y a la SEREMI de Salud a fin de que complemente su informe en cuanto al estado de las aguas en el sector de los hechos. Que a fojas 74 de dicha causa esta Corte de Apelaciones ordena que se oficie a: la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de que informe respecto del estado del sumario sanitario seguido respecto de la recurrida; la Dirección General de Aguas a fin de que de cuenta si se inició alguna investigación relativa al agua y relacionada con los hechos denunciados; y a la SEREMI de Salud a fin de que complemente su informe en cuanto al estado de las aguas en el sector de los hechos.

Que a fojas 78 de los autos cuya vista fue ordenada conjunta ésta, Rol Ingreso de Corte 159-2016, rola informe de la SEREMI de Salud quien indica que atendido los hechos acaecidos en el Relleno Sanitario Santa Marta se inicio un proceso de muestreo de aguas superficiales y subterráneas por parte de la SEREMI y DGA, indicando que los 7 pozos de agua potable autorizados en la zona cumplen los requisitos de calidad exigidos por la normativa en relación al agua destinada al consumo humano, siendo aptos para el consumo; que de los 26 pozos no autorizados, 13 resultaron con parámetros excedidos para agua potable en relación a nitratos, nitritos, cloruros y sólidos disueltos, y varios resultaron con calidad bacteriológica alterada, lo que es atribuible a ausencia de sistemas de desinfección. Añade que cursos de agua no son aptos para el consumo por haber sido afectados por fuentes externas como fertilizantes, aguas servidas y otros, haciendo presente que los problemas en la calidad de agua no pueden atribuirse al derrumbe e incendio en Relleno Santa Marta dado el flujo extremadamente lento de aguas subterráneas y distancia.

Que a fojas 83 de los citados autos rola informe de la Superintendente del Medio Ambiente, refiriendo que la Superintendencia ha realizado una serie de visitas inspectivas al relleno sanitario; que solicitó autorización al 2º Tribunal Ambiental de Santiago autorización para decretar medida provisional de detención de funcionamiento, la que fue concedida; que inició un proceso sancionatorio; que ordenó a la recurrida presentar en 10 días un programa de cumplimiento; y que solicitó al 2º Tribunal Ambiental de Santiago autorización para decretar clausura parcial temporal, la que fue otorgada. Agrega que habiéndose iniciado proceso sancionatorio y habiéndose solicitado programa de cumplimiento aun encuentran pendientes los plazos para presentarlos.

Que finalmente, a fojas 87 de los autos previamente citados, rola informe de la Dirección General de Aguas quien remite dos informes en relación a la calidad del agua en las inmediaciones del relleno sanitario. En el primero se indica que las condiciones de agua subterránea no naturales se destacan concentraciones altas de cloruro y nitratos pero que se requieren estudios específicos para determinar si ello es influenciado por relleno sanitario y además que existe incumplimiento por parte de la recurrida en entrega de monitoreos de calidad del agua, lo que es relevante para observar tendencias. Asimismo el segundo estudio refiere que es improbable que pozos y cuerpos de agua estén dando cuenta de efectos relacionados con emergencias acaecidas en Relleno Santa Marta.

Que a fojas 136 informa la Jefatura Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente, de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes exponen que al 28 de marzo de 2016, se ha llevado a cabo una instrucción particular verbal ordenada por el señor Fiscal del Ministerio Público en causa Ruc N°1600063021-0, don Heriberto Reyes, a la que se le dio respuesta el 22 de enero siguiente. Se informa además que se recibe una segunda Instrucción Particular, relacionada a la misma causa antes señalada, a la que se le dio respuesta el mismo día 22 de enero.

Que a fojas 139 se encuentra allegado informe del Tribunal Ambiental de Santiago de 1° de abril del año en curso, que da cuenta de lo resuelto en dicha sede respecto a las solicitudes de autorización de medidas provisionales, señalando que al 14 de marzo de 2016 se encontraba vigente aquella que renovó la medida provisional de clausura temporal parcial del Relleno Sanitario Santa Marta, por 30 días corridos desde la notificación que realice el Superintendente y que además indica que la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por don nombre reservado y otros, en contra de la recurrida de autos, está en estado de notificarse a la contraria, luego que se ordenara aquello el 28 de marzo pasado.

Que a fojas 143 remite informe la Prefectura de Carabineros del Maipo y se señala que no se han instruido diligencias, procedimientos o cualquier hecho de importancia, respecto de los hechos de autos.

Que a fojas 147 informa la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente quien refiere que se inicia investigación de oficio a cargo del Fiscal adjunto, don Heriberto Reyes Carrasco, por el delito previsto en el artículo 291 del Código Penal. Precisa que el origen de la investigación es el incendio de 18 de enero cuya causa aparente sería un deslizamiento de material de relleno, situación que estaría provocando un escurrimiento de líquidos percolados. Expone que por lo anterior, se realizaron diligencias a través de la Policía de Investigaciones y Bomberos, a saber, allanamiento al relleno y las oficinas administrativas de Consorcio, peritajes a los acuíferos colindantes, a la vegetación de la zona y al estado de suministro de agua. Agrega que el laboratorio criminalístico de la Policía de Investigaciones está monitoreando las aguas de los pozos y cruzando los resultados con los monitoreos realizados por la Seremi de Salud y la DGA. A modo de resumen, señala que el fiscal ha impartido una orden de investigar y 7 instrucciones particulares a diferentes unidades de la Policía de Investigaciones y que la causa está en etapa de investigación judicializada y desformalizada, con diligencias decretadas y pendientes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más derechos o garantías protegidas.

SEGUNDO: Que el conflicto planteado en esta causa dice relación con que si se ha infringido el derecho constitucional contemplado en el N° 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y la recurrente pide, en lo medular, que se adopten las medidas que sean necesarias para reinstaurar el imperio constitucional quebrantado, especialmente ordenando a la autoridad sanitaria decretar la emergencia sanitaria conforme al artículo 36 del Código Sanitario, en tanto no se pruebe que los terrenos cumplen con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto Supremo N° 188/2008 del Ministerio de Salud, y que se impida en forma permanente la recepción de lodos en dicho relleno, así como cualquier otra medida que el Tribunal disponga, con costas.

TERCERO: Que la recurrida, Consorcio Santa Marta, no desconoce los hechos expuestos en el recurso de protección y agrega que el relleno sanitario se encuentra regulado y con Resolución de Calificación Ambientan de la COREMA, y que por razones que se investigan el viernes 15 de enero pasado se produjo un deslizamiento de masa de residuos en el relleno sanitario que afectó cerca de un 10% del área total de disposición, lo que activó el protocolo establecido; que al día siguiente se ejecutó un plan de medidas de seguridad del sector afectado que involucró desconexión de las tuberías de recolección de biogás, la detención de la planta de generación eléctrica y la demarcación de un perímetro de seguridad en torno al lugar del deslizamiento para evitar el ingreso de personas y maquinarias hasta verificar la estabilidad de la zona afectada. Añade que el día 18, siguiente, se hizo una nueva fiscalización, no observándose nuevos deslizamientos, se instalaron 8 puntos de referencia para monitorear la estabilidad y se determinó la prohibición de ingreso de lodos y residuos sólidos domiciliarios y asimilables, proveniente de empresas particulares. Luego, el día 18, aproximadamente a las 17 horas, durante el desarrollo de la inspección por parte de la SEREMI de Salud se produjo un incendio en la zona donde ocurrió el deslizamiento de la masa de residuos, ante lo cual y de acuerdo con la autoridad sanitaria se resolvió detener de inmediato la disposición de residuos en la zona segura y se evaluaría la continuidad del servicio, dada la dificultad de extinguir el incendio. Sin embargo, la recurrida afirma que no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte de Santa Marta, ni se ha sufrido una privación, perturbación ni amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho constitucional de los recurrentes.

Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, señala, en lo principal, que pese a que la competencia normativa y fiscalizadora en materia ambiental de una actividad con resolución de calificación ambiental radica en la Superintendencia del Medio Ambiente, la autoridad sanitaria dispuso levantar un acta de la visita inspectiva, dando inicio al sumario correspondiente, disponiendo 13 medidas de índole sanitario inmediatas, con el solo objeto de prevenir y evitar eventuales consecuencias. Enseguida, el lunes 18 de enero, a las 9.00 horas el SEREMI de Salud convocó a reunión con los equipos técnicos y jurídicos, y aproximadamente a las 17.00 horas, estando los fiscalizadores en pleno proceso de mediciones se observa que en la parte central de la zona deslizada, de manera espontánea, comienza a ascender un pequeño humo, el cual con el correr de los minutos se convierte en un incendio. Luego, a las 18.00 horas, luego de verificar que el incendio adquiere grandes proporciones, se procede a la paralización de las actividades de disposición de residuos y el retiro de todo el personal del frente de trabajo. Agrega que atendido lo ocurrido el martes 19 de enero se notifica la Resolución N° 0300-2016, dictada en el marco del sumario sanitario ya iniciado, que establece la prohibición de funcionamiento del relleno sanitario, prohibiendo el ingreso de nuevos residuos a la instalación hasta que ofrezca las garantías necesarias para volver a funcionar, y agrega que, funcionarios fiscalizadores han mantenido la supervigilancia activa a fin de efectuar revisión de los puntos de marcación de grietas y registrar los posibles deslizamientos. Afirma que el incendio se encuentra controlado en su totalidad y se ha mantenido la debida supervigilancia para evitar riesgos a la salud de la población, adoptando medidas que garanticen la protección de sus derechos constitucionales. Reitera que la SEREMI de Salud decidió dar origen a un sumario sanitario N° 258-2016, el que fue derivado a la Superintendencia del Medio Ambiente para que en uso de sus facultades y en ejercicio de su competencia conociera y resolviera en materia ambiental, manteniendo la SEREMI copia del expediente para continuar conocimiento de los hechos y eventualmente sancionar aquellos de competencia sanitaria.

CUARTO: Que, por su parte, el Superintendente del Medio Ambiente, don Rubén Verdugo Castillo, a fojas 109, informa que el 15 de enero último ocurrió un deslizamiento de la masa de residuos, que en apreciaciones preliminares habría involucrado 2 hectáreas y la remoción de 200.000 toneladas de residuos y material de cobertura; y que, posteriormente, el lunes 18 de enero, se inició un incendio de la masa de residuos expuesta, el cual afectó a la Región Metropolitana por varios días. Indica, además, que estos hechos dieron cuenta de posibles fallas en las operaciones del relleno sanitario en cuanto a diversas variables, como el control de la compactación de los residuos dispuestos, control de espesores mínimos de material de cobertura diaria, intermedia o final de la cerda, y el control, corrección y eliminación de deformaciones y/o grietas superficiales, lo que generó problemas de estabilidad y seguridad del Relleno Santa Marta, por lo que de mantenerse operando en dichas condiciones se genera una hipótesis de daño inminente al medio ambiente y a la salud de las personas. Explica que en su momento la empresa recurrida no fue capaz de superar el riesgo asegurando la estabilidad del relleno, enumerando los antecedentes tenidos a la vista para tal conclusión, contenidos en informe de fiscalización ambiental que adjunta, y que la situación de riesgo no se ha superado, salvo un pequeño sector denominado Celda 1, donde se encuentran las condiciones necesarias para poder disponer de residuos sin generar condiciones de inseguridad e inestabilidad. Añade que los hechos constatados en las actividades de inspección ambiental y el posterior análisis de la información fue posible concluir que se presenta una hipótesis de riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, derivada de la inestabilidad del relleno sanitario, a consecuencia del mal manejo que se ha dado del mismo, tanto en las condiciones estructurales, como en la gestión de residuos, donde por ejemplo, la tasa de ingreso ha sido mayor a la autorizada, lo que puede llevar a que se generen nuevos deslizamientos. También expresa que se solicitó al Segundo Tribunal Ambiental autorizar la medida provisional correspondiente a la clausura temporal parcial de las instalaciones del relleno Santa Marta, autorización que fue concedida mediante resolución de 10 de febrero pasado, por lo que sólo se podrá disponer y operar el área identificada como “zona de seguridad Celda 1”, debidamente georreferenciada.

QUINTO: Que el artículo 2, letra ll, de la Ley N° 19.300, modificada por la N° 20.417, sobre Bases Generales del Medio Ambiente señala que medio ambiente: “Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condicional la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.” Y, en la letra c, señala que contaminación es: “la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.” Por su parte, contaminante es, de acuerdo con la letra d de la misma norma: “todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radicación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.” Y, por último, en esta parte, la letra m nos dice que medio ambiente libre de contaminación es: “aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del matrimonio ambiental.”

SEXTO: Que, por su lado, es necesario señalar que el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República consagra el derecho a vivir en un medio ambiente de contaminación y no el derecho a un medio ambiente no contaminado. El profesor nombre reservado señala en su ponencia “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” que el N° 8 citado: “Literalmente, le da la particularidad de que sea una vida o existencia humana con unas condiciones y cualidades que sólo pueden obtenerse si ésta se desarrolla o se pone en movimiento en un medio ambiente libre de contaminación.”

Por otro lado, es conveniente precisar que lo que el derecho contiene no es vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en términos absolutos, ya que ello no es posible, por lo que el conflicto se reduce a determinar qué grado de contaminación es tolerable sin vulnerar este derecho.

Además, titular de este derecho son las personas naturales y no las jurídicas. El ya mencionado profesor Bermúdez nos indica al respecto que: “Consecuentemente, las posibilidades de amparo judicial de este derecho requieren como presupuesto que exista una afectación en el derecho de una persona natural, no estando legitimados para recurrir quienes no tiene el derecho, por ejemplo, las personas jurídicas, que como tales podrían tener por finalidad la protección del medio ambiente, pero dado que éstas no son titulares del derecho, no podrían esgrimir un derecho subjetivo al medio ambiente. Evidentemente, podrán recurrir en representación del titular del derecho afectado, pero es consecuencia de la aplicación de las normas del Derecho común y no de que sean titulares del derecho subjetivo.”

SEPTIMO: Que con relación a la cuestión debatida en esta causa debemos tener presente, en primer lugar, que los hechos ocurridos en el vertedero Santa Marta a partir del día 15 de enero del presente año, en especial, el deslizamiento de material y el incendio que se inicio el día 18, que de acuerdo por lo informado por Bomberos se encuentra extinguido, se encuentran reconocidos, como se dijo, excusándose el Consorcio Santa Marta, en que habría cumplido con la reglamentación vigente y los protocolos del caso. Sin embargo, es un hecho evidente que de haberse tomado todas las medidas que no solamente la ley y la reglamentación vigente le ordena, sino que además exige el sentido común, no se habrían producido los hechos ya señalados, los que de conformidad con lo informado por la Superintendencia de Medio Ambiente la empresa recurrida no fue capaz de superar el riesgo asegurando la estabilidad del relleno, enumerando los antecedentes tenidos a la vista para tal conclusión, y que la situación de riesgo no se ha superado, salvo un pequeño sector denominado Celda 1, donde se encuentran las condiciones necesarias para poder disponer de residuos sin generar condiciones de inseguridad e inestabilidad, a lo que agrega que los hechos constatados en las actividades de inspección ambiental y el posterior análisis de la información fue posible concluir que se presenta una hipótesis de riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas, derivada de la inestabilidad del relleno sanitario, a consecuencia del mal manejo que se ha dado del mismo, tanto en las condiciones estructurales, como en la gestión de residuos, donde por ejemplo, la tasa de ingreso ha sido mayor a la autorizada, lo que puede llevar a que se generen nuevos deslizamientos.

Por su parte, la Seremi de Salud recurrida, ha sido claro en cuanto a que se ha ajustado a la legislación vigente y que tomó las medidas que fueron necesarias para impedir que se produjeran daños a la población, decidiendo incluso la prohibición de funcionamiento del relleno sanitario, prohibiendo el ingreso de nuevos residuos a la instalación hasta que ofrezca las garantías necesarias para volver a funcionar.

OCTAVO: Que, entonces, con los hechos reconocidos y además que fue público y notorio por la población de la región metropolitana la existencia y los efectos del incendio provocado, debido al deslizamiento previo ocurrido en el vertedero, lo que ha infringido los artículos 3 y 51 de la Ley N° 19.300, que se refiere a quien cause daño al medioambiente, y la Resolución de Calificación Ambiental N° 433-2001, de la COREMA, y, además, que se ha lesionado el principio “preventivo, el que es posible extraer de la Ley de Bases del Medio Ambiente, esto es, que quien este expuesto a dañar el medio ambiente en niveles que puede impedir vivir en un medio ambiente libre de contaminación de evitar los problemas ambientales antes que repararlos una vez producidos, y, por tanto, a consecuencia de todo esto, a lo menos se ha amenazado el derecho de los habitantes de la comuna de Talagante a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

NOVENO: Que, sin embargo, a pesar de lo expuesto precedentemente, los recurrentes piden que la autoridad sanitaria decrete emergencia sanitaria, de conformidad con le artículo 36 del Código Sanitario, en tanto no se pruebe que los terrenos cumplen con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto Supremo N° 189/2008, del Ministerio de Salud. Pero dicha norma contiene una facultad de la Presidenta de la República, quien deberá decidir, previo informe del Servicio Nacional de Salud, otorgar al Director General facultades extraordinarias para evitar la propagación del mal o enfrentar la emergencia. Y ya se ha señalado que la autoridad sanitaria ha informado que ha tomado todas las medidas necesarias para evitar que se afecte a la población, incluso, como se dijo, prohibiendo el funcionamiento del relleno sanitario e informando a la Superintendencia de Medio Ambiente, quien de conformidad con el art. 2 de la Ley N° 20.417 tiene por objeto ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley, y también de acuerdo con el artículo 3, que contiene sus funciones y atribuciones. Más aún, los hechos están conocimiento del Tribunal Ambiental, quien de acuerdo con el art. 17 N° 2 de la Ley N° 20.600, tiene competencia para conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado, en conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley N° 19.300, el que en su momento, si corresponde, ordenará lo que estime pertinente sobre la materia.

DECIMO: Que, en consecuencia, el recurso intentado será rechazado respecto de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, sin perjuicio que existen procedimientos en curso para establecer responsabilidades, ya que a lo menos se puede establecer que se ha amenazado el derecho de los vecinos de la comuna de Talagante y de la localidad de Lonquén, por quienes se ha recurrido, a vivir en un medio ambiente de libre de contaminación, por lo que la acción constitucional intentada en esta causa respecto de Consorcio Santa Marta será acogido.

UNDECIMO: Que, sin embargo, el recurso intentado será acogido en los términos que se dirá en lo resolutivo, aun cuando se tiene presente que existen procedimientos en curso para establecer responsabilidades, ya que a lo menos ha quedado demostrado que se ha amenazado el derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto a fojas 1 por don nombre reservado, alcalde de la I. Municipalidad de Talagante, por los vecinos de la comuna de Talagante, en contra de Consorcio Santa Marta S.A., la que deberá, la que deberá a la brevedad proponer un plan de control de los efectos de la contaminación medioambiental, que considere un diagnóstico integral de la situación en las comunas de Talagante y Lonquén en los diversos componentes del medioambiente afectado, su manejo y las acciones que a ella u otros actores públicos o privados le corresponda en ellas, lo que deberá evaluarse y ajustarse a lo que dispongan las autoridades medioambientales de nuestro país.

Además, la recurrida sólo podrá utilizar la denominada “Celda 1”para los efectos de recibir residuos, lo que se mantendrá hasta que se de cumplimiento a lo ordenado precedentemente.

Se rechaza el mismo recurso interpuesto en contra del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Diego Simpértigue Limare.

Rol N° 166-2016.- Prot.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Lya Cabello Abdala, señor Diego Simpértigue Limare y señora Carmen Gloria Escanilla.

En Santiago, dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.