nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, ocho de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de nombre reservado, venezolano, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo, de 17 de marzo de 2026, de la solicitud de retiro de fondos previsionales del afiliado.

Expone que, durante la prestación de sus servicios en Chile, se le descontaron y enteraron cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, pese a haber manifestado por escrito su voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional de su país de origen, conforme a la Ley N°18.156. Señala que, el 12 de marzo de 2026, ingresó ante AFP ProVida solicitud de retiro de fondos en calidad de técnico extranjero, N°3138, acompañando los antecedentes exigidos por la normativa vigente.

Indica que el 17 de marzo de 2026 recibió correo electrónico de AFP ProVida informando que su solicitud se encontraba rechazada. Agrega que, el 18 de marzo de 2026, dedujo reclamo administrativo, acompañando nuevamente la constancia electrónica por ser el único documento que permite demostrar su afiliación al sistema de seguridad social venezolano, junto con carta explicativa sobre la imposibilidad material de apostillar dicho antecedente.

Señala que el 23 de marzo de 2026 la Superintendencia emitió respuesta instruyendo a la AFP mantener su criterio, por estimar insuficiente la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sostiene que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de 6 de mayo de 2015, que acredita su calidad de asegurado activo y la vigencia de su cobertura previsional en Venezuela. Afirma que la afiliación al IVSS importa incorporación automática, obligatoria e inmediata al régimen de seguridad social venezolano, el cual cubre contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, por lo que cumple el estándar exigido por el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156.

Alega imposibilidad material de cumplir la apostilla debido a la inexistencia de representación consular o diplomática venezolana en Chile y a las limitaciones institucionales existentes en Venezuela. Sostiene que tal situación configura caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil, y que debe aplicarse el artículo 17 del mismo cuerpo legal, según el cual la forma de los instrumentos públicos se rige por la ley del país en que han sido otorgados. En consecuencia, afirma que la validez formal de la constancia del IVSS debe apreciarse conforme a la normativa venezolana.

Indica que exigir apostilla o legalización consular constituye una formalidad adicional no prevista en la Ley N°18.156, de imposible cumplimiento en la realidad actual, y que aceptar dicha exigencia como condición de procedencia implica modificar por vía administrativa el contenido y alcance de la ley. Agrega que la constancia electrónica del IVSS es verificable en el sitio oficial del organismo, mediante número de cédula venezolana y código de verificación, por lo que acredita fehacientemente su cobertura previsional activa en el país de origen.

En cuanto a las garantías constitucionales, invoca el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por estimar que se le otorga un trato desigual respecto de otros cotizantes extranjeros que han obtenido devolución de fondos en situaciones análogas; el artículo 19 N°24, por impedirse el ejercicio legítimo del dominio sobre sus fondos previsionales, que considera bienes incorporales protegidos constitucionalmente; y el artículo 19 N°26, por imponerse condiciones o requisitos no contemplados en la ley que afectan la esencia de sus derechos fundamentales.

Solicita declarar que el rechazo de 17 de marzo de 2026 constituye un acto ilegal y arbitrario, ordenar a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, dar curso a la solicitud de retiro de fondos previsionales y efectuar la devolución íntegra dentro del plazo que la Corte determine.

Segundo: Que, Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa informe, solicitando el rechazo en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Sostiene que el recurso de protección resulta improcedente, por cuanto la materia reclamada no es propia de una acción cautelar destinada a tutelar derechos indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios. Afirma que lo pretendido por el recurrente supone discutir un derecho controvertido relativo al retiro de fondos previsionales y a la aplicación de la Ley N°18.156, lo que exige un procedimiento de lato conocimiento administrativo o judicial, no sustituible por esta vía constitucional.

Señala que, con fechas 17 y 23 de marzo de 2026, rechazó la solicitud del recurrente, debido a que para efectuar el retiro debía acompañar certificado de afiliación vigente, apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Precisa que el documento denominado constancia electrónica de cotizaciones no reemplaza el certificado de afiliación y que, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, no basta un documento genérico ni una cartola de cotizaciones, sino una certificación específica de la autoridad previsional competente que acredite cobertura efectiva por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile.

Sostiene que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentran legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, que no señalan las coberturas del afiliado, que no permiten inferir un período determinado de cobertura y que se limitan a mencionar en forma genérica el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera exigido por la Ley N°18.156. Añade que la constancia aportada por el recurrente carece de firma, circunstancia que refuerza su insuficiencia documental.

Expone que, respecto de la apostilla, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, el 30 de agosto de 2016, y considerando que Venezuela también es Estado parte, la certificación debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al artículo 1° del referido Convenio. Agrega que antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile se aceptaba la constancia de afiliación al IVSS emitida por la delegación consular, en representación de la autoridad previsional, para acreditar la cobertura exigida.

Informa que los contratos de trabajo del recurrente, de fechas 5 de diciembre de 2016, 7 de julio de 2023 y 1 de agosto de 2024, nada señalan respecto del régimen previsional. Agrega que solo en anexos de 1 de febrero de 2019, 12 de junio de 2024 y 20 de enero de 2026 el trabajador manifiesta su voluntad de mantener afiliación a un régimen previsional extranjero. Invoca el Oficio N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones para sostener que la cobertura extranjera debe acreditarse por todos los riesgos exigidos durante toda la extensión del tiempo trabajado en Chile, y que la declaración tardía o contradictoria de voluntad de mantener afiliación extranjera impide la devolución de fondos.

Agrega que el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena, residencia permanente y propiedad de un inmueble en Chile, circunstancias que, conforme al Oficio N°21.880 de la Superintendencia de Pensiones, no garantizan su retorno al país de origen y generan riesgo de que, pese al retiro de fondos previsionales, en el futuro su pensión deba ser cubierta con fondos fiscales.

Invoca el DL N°3.500, señalando que los fondos previsionales tienen como destino el financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y que las AFP están impedidas de otorgar beneficios distintos a los expresamente autorizados por la ley. Asimismo, invoca el DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reconoce a la Superintendencia de Pensiones la facultad de interpretar la legislación y dictar normas generales obligatorias para las administradoras. Conforme al Compendio de Normas de dicha Superintendencia, el requisito de cobertura previsional extranjera debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en que conste la obligación de otorgar prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria, ni agravio, ni privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, pues su conducta se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de autorizar la devolución de fondos previsionales.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°7756, de 16 de abril de 2026, evacúa informe y señala que el recurrente ingresó el 12 de marzo de 2026 ante AFP ProVida S.A. la Solicitud de Retiro Técnico de Fondos Extranjeros N°3138, la que fue rechazada el 17 de marzo de 2026, por no acompañar certificado de afiliación vigente, apostillado o legalizado, sino una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Informa que, mediante Consulta Web N°4829/2026, de 18 de marzo de 2026, el recurrente reclamó ante dicho organismo por el rechazo de AFP ProVida a su solicitud de devolución de cotizaciones previsionales. Indica que el reclamo fue respondido mediante EM N°3818/2026, de 19 de marzo de 2026, y que posteriormente se recibió carta de AFP ProVida de 23 de marzo de 2026, en la que la administradora explicó las causales de rechazo del requerimiento.

Señala que, en la legislación de seguridad social chilena, la regla general en materia previsional es la obligación del trabajador que presta servicios en Chile de enterar cotizaciones para su cobertura previsional, cualquiera sea su nacionalidad. Agrega que el entero de imposiciones debe entenderse como parte del sistema de previsión social, y no como un fondo de ahorro susceptible de ser retirado al término de los servicios.

Expone que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos establecidos en su artículo 1°.

Invoca sus facultades legales de interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones, conforme al N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, al N°3 del artículo 94 del DL N°3.500 y al literal i) del artículo 3° del DFL N°101 de 1980. Indica que, en ejercicio de dichas atribuciones, ha emitido jurisprudencia administrativa destinada a la correcta aplicación de la Ley N°18.156 y de los beneficios excepcionales que contempla.

Respecto del requisito de cobertura previsional extranjera, señala que el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que el trabajador extranjero aporte certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en que conste su obligación de otorgar prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez o muerte. Agrega que también se admite certificado de cobertura otorgado por embajada o consulado del país de origen, siempre que expresamente indique que ha sido extendido en representación de la autoridad competente de seguridad social del país respectivo.

Precisa que, para acreditar cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe presentar un documento que demuestre en forma específica que contó, durante la prestación de servicios en Chile, con protección por vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. En relación con la cobertura de salud, sostiene que se exige especificar si comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común. Añade que no basta un documento que describa genéricamente las coberturas del sistema previsional extranjero, sino que debe consignarse de manera específica, por la autoridad previsional competente, que el trabajador contó efectivamente con dicha protección durante todo el período por el cual solicita devolución.

Sostiene que el certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no acredita el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, por no encontrarse firmado, apostillado ni legalizado. Añade que dicho documento no especifica si la cobertura de salud comprende prestaciones médicas y pecuniarias, y que, tratándose de una norma excepcional, la Ley N°18.156 debe interpretarse restrictivamente y aplicarse solo cuando concurren todas las exigencias copulativas establecidas por la ley.

No desconoce que los afiliados al sistema del DL N°3.500 son dueños de los fondos existentes en sus cuentas de capitalización individual obligatoria, administrados por las AFP, y que dicho dominio se encuentra tutelado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, afirma que tal propiedad no puede concebirse de manera aislada o independiente de la naturaleza previsional del bien sobre el que recae, pues dichos fondos forman parte de un sistema de seguridad social también protegido constitucionalmente.

Respecto de los artículos 19 N°2 y N°26 de la Constitución, sostiene que la Ley N°18.156 es una ley especial aplicable únicamente a trabajadores técnicos o profesionales extranjeros que acrediten las condiciones copulativas de su artículo 1°.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1651-2026 Protección