Protección contra Instituto de Seguridad Social

nombre reservado, trece de agosto del año dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 4 comparece don Mauricio Duque González, abogado, domiciliado en domicilio reservado en Santiago, interponiendo recurso de protección a favor de don nombre reservado, trabajador, nacido el NUM000 de 1995, y en contra del Instituto de Seguridad Social, corrigiendo a fojas 24 el nombre del recurrido por el Instituto de Seguridad Laboral, y además en contra del Hospital Barros Luco-Trudeau, por sufrir privación, perturbación y amenaza en el legitimo derecho ejercicio de sus garantías constitucionales, que son: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y el derecho de propiedad. En razón de los siguientes hechos: 1. El recurrente ingresó a trabajar el 19 de mayo de 2014 para nombre reservado

Correa, sufriendo un grave accidente del trabajo el día 29 del mismo mes y año, que se produjo mientras desempeñaba sus funciones, al meter su mano en una maquina llamada "trompo", en el sector de engranajes, sufriendo graves lesiones en su mano izquierda, que implicó la amputación parcial de su dedo medio. 2. Refirió que el día del accidente fue ingresado al Hospital Barros Luco, recibió las atenciones de urgencia y fue trasladado a la unidad de otorrino-laringología donde se encuentra hospitalizado, sin recibir el tratamiento especializado a su lesión.

Explicó que el facultativo tratante decretó: "el traslado del paciente urgente, a un hospital apropiado, sea de la red de salud pública o privada, como el Hospital Traumatológico o alguno de mutualidad, señalándole a la familia del recurrente que si no recibe el tratamiento adecuado, se producirá la amputación de más dedos y de la mano". 3. Agregó, que el propio empleador ha tramitado su traslado en el Instituto de Seguridad Laboral y dicha Institución se ha negado, aduciendo que no procede por cuanto se trata de un "obrero de la construcción", constituyéndose en una situación ilegal y arbitraria, vulnerando las normas de la Ley Nº 16.744 sobre accidentes del Trabajo, en particular el artículo 29 letra b), que establece el derecho del trabajador accidentado de recibir hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. Produciéndose una privación, perturbación y amenaza en el derecho de a la vida e integridad física y síquica del recurrente, quien está en grave peligro de perder sus dedos, mano e incluso su vida.

Por lo expuesto, solicitó que se tomen las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del recurrente, y ordenar que el Instituto de Seguridad Laboral, en su calidad de administrador del seguro de accidentes del trabajo, traslade al recurrente a un centro habilitado para el tratamiento de la lesión del recurrente, sea el Hospital del Trabajador u Hospital Traumatológico, con cargo al seguro de accidentes del trabajo, con costas.

Segundo: Que a fojas 15 evacuó informe el Dr. nombre reservado, Director del Hospital Barros Luco Trudeau, señalando que no es efectivo lo indicado en el recurso, en cuanto a que el recurrente no haya recibido tratamiento especializado, pues, según consta en el informe médico que acompaña efectuado por el Jefe de Servicio de Traumatología del Hospital Barros Luco Trudeau, al paciente nombre reservado se le han proporcionado todas las atenciones médicas requeridas mientras ha permanecido hospitalizado, evolucionando favorablemente. En lo que dice relación con el traslado a un establecimiento privado de salud, corresponde a una decisión exclusiva del paciente, y no ha sido solicitada por el recurrido. Agregó, que el pronóstico del paciente quedó sellado en el momento del accidente, donde resultó con lesiones graves en su mano izquierda, y de ninguna manera imputable al período en que ha permanecido hospitalizado. Finalizó su informe indicando que de lo expuesto se puede concluir que no ha existido acto arbitrario o ilegal de ningún funcionario o del Hospital Barros Luco Trudeau, que haya vulnerado o amenazado garantías constitucionales del recurrente, que hagan procedente el recurso de protección, solicitando su rechazo.

En su informe acompañó un informe médico que describe el diagnóstico: 1.- Mano izquierda gravemente lesionada: a) Fractura expuesta falange media y distal índice izquierdo; b) Atrición severa dedo medio mano izquierda: i) Fractura conminuta falange proximal y media; ii) Sección tendón flexor superficial; y iii)

Sección paquete vasculonervioso radial. 2.-Celulitis mano izquierda. Luego se describe el tratamiento llevado a cabo desde el ingreso al recinto asistencial y en síntesis señala: 1.- Paciente hospitalizado en Servicio de Otorrinolaringología, con visita diaria de especialistas en traumatología de equipo de mano. Dejan indicaciones, receta, evaluación y valoración clínica; 2.- Se solicitó traslado de paciente debido a que su domicilio no corresponde a sector de cobertura del Hospital. En ningún informe se explicitó la necesidad de atención privada, de Hospital Traumatológico o Mutualidad; 3.- En informe médico se describe sin disponibilidad de pabellón actual, refiriéndose a la situación encontrada por el equipo el día lunes 2 de junio a las 8.30 AM., sin embargo se revierte esa situación tres horas después teniendo disponibilidad de pabellón de urgencia, donde se realiza cirugía ese mismo día; 4.-Pronóstico de paciente es sellado en el momento de su accidente, donde resulta con lesiones graves en su mano izquierda, no durante el transcurso de su hospitalización; 5.-Actualmente paciente sin compromiso vital de su mano ni restos de dedos. Consta el nombre del médico Dr. nombre reservado. Jefe Servicio Traumatología, Hospital Barros Luco Trudeau, con firma ilegible y timbre del mismo Hospital.

Tercero: Que a fojas 42, evacuó informe don nombre reservado, Director Nacional y representante del Instituto de Seguridad Laboral, señalando que el Instituto que representa es el sucesor legal de las ex cajas de previsión y del ex Servicio de Seguro Social, para los efectos de la Ley 16.744. Expone que los trabajadores afiliados al ex Servicio de Seguro Social eran todos obreros, según la denominación que se recogía en el artículo 2 del Código del Trabajo de 1931, que rigió hasta 1978. El ex Servicio de Seguro Social era la entidad previsional a la que quedaban adscritos en general los trabajadores obreros, salvo que desempeñaran determinadas funciones o pertenecieran a ciertas instituciones que les permitía quedar sujetos a un régimen de alguna de las cajas de previsión.

Indicó que la Ley 16.744, estable el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en su artículo 8º, entrega la administración del seguro, por un lado del ex Servicio de Seguro Social, y el ex Servicio Nacional de Salud, y por otro a las cajas de previsión, además de las mutualidades de empleadores. Siendo el Instituto que representa sucesor legal de las ex cajas y del ex Servicio de Seguro Social, pero no del Servicio Nacional de Salud, siendo sucesores legales, según el DFL 1/2005 del Ministerio de Salud, publicado el 24 de abril de 2006, en sus respectivos ámbitos, el Ministerio de Salud, a través de las secretarias ministeriales y los Servicios de Salud.

Refirió que la Ley Nº 16.744 estableció una discriminación en el tratamiento de los trabajadores, según fueran afiliados al ex Servicio Social de Salud u otras cajas. Dicha discriminación no ha podido sino ser seguida por el Instituto de Seguridad Laboral, dada la jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO). En efecto, el artículo 9 dispuso respecto de los afiliados al Servicio de Seguro Social, el seguro es administrado por éste (actualmente el Instituto de Seguridad Laboral, en lo referido a pensiones e indemnizaciones), pero que le corresponde al Servicio Nacional de Salud otorgarles las prestaciones médicas (actualmente Servicios de Salud). En cambio, el artículo 10 de la citada ley, establece respecto de los afiliados a cajas de previsión, que el seguro sea administrado íntegramente por Instituto de Seguridad Laboral. Agrega que tratándose de trabajadores de empleadores que estén adheridos a una mutualidad, no existe la discriminación entre quienes son o pueden ser calificados de obrero (ex SSS) y de empleado.

Agregó que parece extraño haber mencionado los artículos 9 y 10 de la Ley Nº 16.744, pues la distinción entre obrero afiliado al ex Servicio de Seguro Social y trabajadores afiliados a otra ex caja de previsión, aparece como obsoleta e incluso aplicable, a lo más, a los trabajadores efectivamente adscritos a los regímenes previsionales de esas entidades previsionales, que hoy son administrados por el Instituto de Previsión Social. Sin embargo, el artículo 83 del Decreto Ley Nº 3.500 de 1980, estableció que "los trabajadores dependientes incorporados o que se incorporen al Sistema que establece esta ley, quedarán afectos a las disposiciones sobre riesgos profesionales contenidas en la Ley Nº 16.744, sólo para estos efectos, seguirán sujetos a las instituciones de previsión que a la fecha de publicación de esta ley estén encargadas de otorgar las prestaciones y recaudar las cotizaciones que correspondan". Es así, como sobre la base de este precepto, aunque de rango legal, anterior a la vigencia de la Constitución Política de la República, se ha determinado por la jurisprudencia administrativa que aunque el trabajador esté afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones, debe considerársele, adscrito a una ex caja de previsión o al ex Servicio de Seguro Social para los efectos de la Ley Nº 16.744, o ello incluso si su afiliación a una AFP o su incorporación al Nuevo sistema de pensiones es posterior al inicio de la vigencia del señalado artículo 83 del Decreto Ley Nº 3.500 de 1980. Siendo este el criterio determinado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUCESO) en distintos dictámenes, los cuales son obligatorios para el Instituto de Seguridad Laboral, el que está impedido de proceder de otra forma, cualquiera sea la opinión sobre la vigencia o alcance o constitucionalidad de los artículos 9 de la Ley Nº 16.744 y 83 del Decreto Ley 3.500 de 1980. Lo que resulta que si un trabajador es calificado como obrero, queda adscrito al régimen del ex Servicio de Seguro Social, y por ende, para los efectos de la Ley Nº 16.744, corresponde a los Servicios de Salud, continuadores legales del ex Servicio Nacional de Salud, otorgarle las prestaciones médicas cubiertas por esa normativa, a diferencia de si fuera calificado como empleado, en cuyo caso tales prestaciones le corresponde que sean proporcionadas por este Instituto. Y que en ese contexto, no se ha amenazado, perturbado ni privado al recurrente del ejercicio de los derechos o garantías constitucionales que señala en su acción de protección.

Cuarto: Que, se procedió a la vista de la causa el 12 de agosto pasado, escuchándose la intervención oral de los apoderados de las recurridas.

Quinto: Que la acción de protección ha sido amparado por el constituyente como una acción cautelar destinada a evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarios que produzcan privación, perturbación, aún amenaza, en el goce de alguna de las garantías expresamente señaladas en la Constitución Política de la República a fin der restablecer el Derecho. En consecuencia, deberá identificarse el contenido del derecho cuya vulneración y ejercicio se encontraría vulnerado, para a continuación verificar si la actuación que lo afecta es ilegal o arbitraria, las que son necesariamente consecuenciales.

Sexto: Que, desde el punto de vista formal, es procedente tener por establecido que el recurrente es una persona natural, que acciona en contra de Servicios Públicos determinados, y que los derechos constitucionales que impetra como conculcados se encuentran amparados por la acción de protección, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad, los que se encuentran incluidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que en cuanto al fondo, es procedente distinguir en primer término que el peticionario acciona en contra del Hospital Barros Luco Trudeau, alegando que no ha recibido el tratamiento especializado y que el médico del hospital habría aconsejado el traslado por carecer el Hospital de los medios y del personal necesario que se requieren. Sin embargo, dichos fundamentos han quedado desvirtuados con el informe emitido por el Director de dicho Centro Asistencial y con el documento adjunto, en que se acreditó que se solicitó el traslado del paciente debido a que su domicilio no correspondía al sector de cobertura del hospital y en ningún informe se explicita la necesidad de atención privada, del Hospital Traumatológico o Mutualidad. Por otro lado, se aseguró que al paciente se le prestó la atención especializada que requería mientras permaneció hospitalizado, evolucionando favorablemente a la fecha, sin compromiso vital de su mano ni restos de dedos. A lo anterior, cabe hacer mención a lo planteado en estrado por el abogado en representación del recurrido, el que señaló que el paciente fue dado de alta del 3 de julio del presente año y que ha sido citado a diversos controles en dicho Hospital, concurriendo solo en algunas oportunidades. Antecedentes que apreciados de acuerdo a las reglas de la sana critica dan cuenta que a don nombre reservado, se le ha proporcionado la atención especializada que requería, por lo que su petición carece de sustento y no resulta justificada en los términos que es menester en esta sede constitucional, esto es, la existencia de actos que transgredieran normas legales, ni tampoco acciones de carácter arbitrario que pudieran imputarse al recurrido. Todo lo que es de importancia, a la luz de la naturaleza de las actuaciones que denuncia y de las medidas proteccionales que debiera adoptar esta Corte en el marco de la pretensión incoada.

Octavo: Que, acto seguido, el mismo actor recurre en contra del Instituto de seguridad Laboral, aduciendo que éste se ha negado a realizar las prestaciones de salud que ameritaba su condición de salud, incumpliendo de esta forma las obligaciones legales. Que frente a este Instituto el actor reclama un beneficio que a su parecer se le ha negado, sin embargo esta Corte estima que la petición excede las materias que deben ser conocidas por este arbitrio constitucional, atendido su naturaleza cautelar. Al efecto se requiere de un proceso adversarial de lato conocimiento, lo que no concuerda con el objetivo de esta acción de ser remedio pronto y eficaz que persigue inmediato amparo a un eventual afectado.

Noveno: Que en consecuencia, y al no darse los presupuestos necesarios para acogerse la pretensión formulada, corresponde sea ésta desestimada.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción constitucional deducida en autos, interpuesta por don nombre reservado, en contra del Hospital Barros Luco Trudeau y del Instituto de Seguridad Laboral.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Roberto Contreras Olivares.

Rol N° 164-2014 Prot.

Pronunciada por los Ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora María Stella Elgarrista Álvarez y señora María Carolina Catepillán Lobos.

En nombre reservado, a trece de agosto de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.